Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 124938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al pedido efectuado por Diego Ramón Morales en carácter de apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de ser tenido como Amigo del Tribunal en este caso (arts. 1, 2, 7 y conc., ley 14.736).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 124.938, caratulada: "Maidana, Eduardo Sergio; Lattar, Diego Héctor S/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 48.031 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de octubre de 2014, rechazó -por mayoría- el recurso homónimo interpuesto por los defensores particulares de Diego Héctor Lattar y de Eduardo Sergio Maidana, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que los condenó a la pena de seis años de prisión, cuatrocientos pesos de multa ($ 400), accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y su tenencia con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de un menor de edad (arts. 5, 12, 29 inc. 3 y 55 del Cód. Penal y 5 inc. "c" y 11 inc. "a" de la ley 23.737) (v. fs. 77/90 vta.).
Frente a ello, se alzó la defensa particular de los encartados merced a los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 112/142 vta.). Por su lado, esta Suprema Corte resolvió conceder el segundo de los recursos, con el alcance parcial que se precisó en la resolución de fs. 147/150, y sin que tal decisión mereciera objeción alguna de la parte.
II. A fs. 154 se tuvo por recibida -formándose anexo por separado- a la presentación realizada por Diego Ramón Morales con el patrocinio letrado de la doctora Lucía de la Vega y el doctor Federico Efron, en carácter de apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitando ser admitido en calidad de amicus curiae en los términos del art. 6 de la ley 14.736, para luego -según dijo- acompañar el memorial respectivo previo a resolver el recurso interpuesto por los imputados.
Luego de hacer referencia a su legitimación, se ocupó de los fundamentos y antecedentes relevantes del caso (v. fs. 9/10 vta.).
Puntualmente, sostuvo que el asunto debatido reviste un interés público, ello al encontrase comprometida la protección de la libertad sindical y la vigencia del principio de inocencia.
Señaló que la condena dictada por el Tribunal Criminal confirmada luego por la Casación "…se basó en una serie de elementos probatorios cuya valoración, hizo caso omiso a ciertos indicadores que aparecen como dudosos o generan sospechas y que indican que se podría estar ante la presencia de una causa armada" (fs. 10 vta. y 11).
Finalmente, se refirió a los argumentos jurídicos a plantear en el memorial respectivo (v. fs. 11 y vta.).
III. Cabe señalar que la ley provincial n° 14.736 (Publicada en BO del 15-IX-2015) establece que toda persona física o jurídica que no sea parte de un pleito y reúna las condiciones en ella establecidas, podrá presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en calidad de Amigo del Tribunal, en todos los procesos judiciales en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general (art. 1, ley cit.).
Además, establece que la presentación deberá cumplimentar ciertos requisitos y condiciones que se encuentran establecidos taxativamente en el art. 7 de la mencionada normativa.
IV. Ahora bien, sin perjuicio de que la presentación efectuada por Diego Ramón Morales en su carácter de apoderado del CELS, no reúne los requisitos establecidos por el art. 7 de la ley 14.736, circunstancia que de por sí sola bastaría para rechazar el pedido, lo cierto es que tampoco se da en el caso las condiciones fijadas por la ley en su artículo primero.
Al respecto, esta Corte ha resuelto en la causa A. 69.321, "Bellia Munzón, Gastón Federico y otro contra Municipalidad de San Isidro. Amparo", sent. de 27-VIII-2008 y C. 118.906, "Vivienda 18 de Julio II Etapa contra Rubi, Eduardo. Desalojo por falta de pago" -entre otras-, desestimar solicitudes análogas a la presente, ello por estimar que la decisión puesta en consideración no trascendía el interés de las partes ni se proyectaba sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella (doctr. causa I. 68.116, res. de 16-III-2005 y arg. acordada de la CSJN n° 28/04).
En igual sentido, no se logra vislumbrar que en la decisión a tomarse en las presentes actuaciones, más allá del interés particular de los imputados Diego Héctor Lattar y Eduardo Sergio Maidana, pudiera hallarse involucrado algún supuesto de naturaleza colectiva o interés general que justifique la intervención pretendida.
En efecto, los nombrados fueron condenados a la pena de seis años de prisión, por resultar coautores responsables del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio y su tenencia con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de un menor de edad, decisión confirmada por el Tribunal de Casación Penal. Y, si bien la presentación pretende hacer foco en torno a la libertad sindical y el principio de inocencia, en rigor, sus críticas van dirigidas a la valoración de ciertos elementos probatorios a los que tilda de "dudosos" o que "generan sospechas" (fs. 11, anexo), sin demostrar que ello exceda el mero interés particular de los nombrados en la resolución del pleito como se pretende.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
No hacer lugar al pedido efectuado por Diego Ramón Morales en carácter de apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de ser tenido como Amigo del Tribunal en este caso (arts. 1, 2, 7 y conc., ley 14.736).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2860
Fin de la sentencia