Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Ariel Aníbal Castro por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.193, "del Greco, Luis Walter. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa 112.387 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, mediante decisión del 1 de diciembre de 2015, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa del escribano Luis Walter del Greco contra la sentencia del Juez Notarial que lo había sancionado con una suspensión de seis meses; en consecuencia revocó el fallo dejando fuera de reproche las irregularidades a las que refirió y redujo la suspensión aplicada al término de cinco meses (v. fs. 946/950 vta.).
Frente a ello, el mencionado notario, con asistencia letrada, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 952/959) que la mencionada Sala concedió a fs. 960 y fs. 966, decisiones que fueron anuladas por la resolución de esta Corte de fs. 970/971, dictándose una nueva con arreglo a sus consideraciones (v. fs. 977/978 vta.).
Emitida a fs. 992 la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
Caso negativo:
2ª) ¿Lo es el extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurrente denunció la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires alegando que la Cámara omitió tratar dos cuestiones que estimó esenciales: la denegación de la prueba de informes y la eximente de fuerza mayor postulada.
Sobre lo primero, se limitó a afirmar que "...con el libramiento del único oficio peticionado por última vez a fojas 830 se hubiera comprobado la sinrazón de la sanción impuesta" (fs. 953 vta.).
Respecto del segundo de los motivos por los que requirió la nulidad de la sentencia recurrida, sostuvo que el supuesto de "fuerza mayor" planteado en la expresión de agravios, no fue abordado por el a quo no obstante su "crucial relevancia" para resolver el caso (v. fs. 954).
Complementó lo dicho con desarrollos que, por aludir a la cuestión previa de la admisibilidad de los recursos presentados, devienen de trato inoficioso puesto que ambos fueron concedidos en los términos de la resolución de fs. 977/978 vta.; asimismo criticó que el Tribunal de Alzada haya apreciado que de las actas labradas por escribanos sumariantes surgían elementos suficientes que hacían innecesario ampliar la etapa probatoria. Tildó de arbitraria tal evaluación por hallarse huérfana de justificación jurídica (v. fs. 954/955 vta.).
II. El recurso debe ser rechazado.
En cuanto a lo acotado por el impugnante sobre el pedido de informes que fue denegado por el juez notarial a fs. 830, ninguna explicación ha brindado sobre la forma en que podría acarrear la consecuencia jurídica que pretende, pues, sin nada decir sobre el objeto de esa medida, ni las razones que lo llevan a reputarla una cuestión esencial, en modo alguno ha justificado que dicho asunto formase parte de los propuestos en la expresión de agravios de fs. 936/942 vta. -lo que tampoco surge de su lectura- cuya eventual falta de examen por la Cámara pudiera erigirse en un déficit subsanable por la vía aquí examinada.
De otra parte, no es cierto que la causal de eximición invocada -más allá de que no haya sido siquiera aclarado sobre qué tópico habría tenido efecto- no ha sido motivo de estudio por la Cámara, pues lo contrario se desprende de los fundamentos vertidos a fs. 947 de su pronunciamiento para desestimar que el notario sancionado Luis Walter del Greco se hallara exento de responsabilidad por la sustracción del libro de requerimientos n° 13, merced a la conducta negligente que conforme fue allí descripta, "...no permite que pueda admitirse en su favor la excusa del obrar irresistible de terceros (art. 5612 C. Civil y su doctrina)".
Igualmente, erróneo es lo aseverado a fs. 955 acerca de que la sentencia impugnada carece de acuerdo y voto individual, ya que el cumplimiento de tales formalidades se constata con solo un repaso de su texto luciente a fs. 946/950 vta.
Los comentarios que reprueban las valoraciones probatorias efectuadas en las instancias anteriores no son propias del recurso en trato, tal como reconoce el impugnante con la doctrina que cita de esta Corte, siendo en todo caso materia examinable por la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley que también ha sido deducida y será motivo de abordaje en la cuestión siguiente.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Por la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el impugnante sostuvo que la valoración absurda efectuada de los hechos y su prueba en la instancia de grado habría sido confirmada por la Cámara con fundamentos que descalificó por formalistas (v. fs. 955 vta. y 956).
Con apreciaciones generales acerca del plexo normativo que gobierna el remedio en trato y la competencia de este Tribunal, aludió en particular a la doctrina del absurdo y al necesario tratamiento de los planteos federales denunciados involucrados.
Luego, al especificar sus agravios, manifestó que si se analizan las faltas motivo de reproche se comprueba que ellas no justifican sanción alguna. Sobre la imputación de haber autorizado en su escribanía la cesión de derechos de una persona sobre la que pesaba una inhibición, dijo que para el otorgamiento prestaron conformidad los acreedores de esa medida cautelar (v. fs. 956 vta.); de los formularios de certificados de anotaciones personales, afirmó que lo que se le imputó es la posibilidad de que ocurran errores; en cuanto a los certificados de clausura por cierre del año, señaló que la recriminación era excesivamente formal y dogmática; respecto de las escrituras inscriptas "fuera de término", reiteró que se trató de un período de inactividad del Registro de la Propiedad Inmueble y que la renovación de las inscripciones había sido a su costo, sin que resultase frustrado derecho alguno (v. fs. 957).
En especial, respecto de la "escritura 95 del año 2010" por la que rectificó la parcela y partida objeto de la compraventa sin que comparecieran todos cuantos otorgaron la escritura rectificada, insistió en su descargo anterior de que los datos enmendados surgían de documentos fehacientes e indubitables por lo que podría habérselos rectificado por nota marginal y que sin embargo se lo hizo por escritura pública (fs. cit.); expresó que similar arbitrariedad se constataba con las observaciones relacionadas con el asiento conyugal en la inteligencia de que ninguna razón ameritaba su transcripción en la sentencia; por último, postuló que de no considerarse la sustracción del libro n° 13 como un caso de fuerza mayor, la sanción, por excesiva, debía reducirse a su mínima expresión, dada su falta de antecedentes y la ausencia de perjuicio a los clientes y otorgantes (v. fs. cit. vta.).
Pidió por todo ello que se deje sin efecto la sentencia en cuanto resultó motivo de queja, dado el carácter dogmático que le atribuyó por carecer del razonamiento necesario que sustente el encuadre de las conductas descriptas en las previsiones del art. 35 del decreto ley 9.020/78, como así la sanción impuesta (v. fs. 957 vta./958 vta.).
II. La impugnación debe ser rechazada.
Abierta la competencia de esta Corte para el abordaje de los agravios denunciados como de índole federal, no surge del contenido de la pieza recursiva planteamiento ninguno que haya sido articulado con la suficiencia técnica necesaria para evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o un juicio arbitrario que por apoyarse en la mera voluntad del sentenciante, pudiera habilitar la descalificación de lo resuelto como acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.).
En efecto, el tribunal a quo justificó fundadamente su criterio de convalidar el mérito de lo establecido en el fallo de grado para responsabilizar al notario Luis Walter del Greco por las irregularidades que detalló observadas en la inspección de protocolos, en vulneración de la normativa que gobierna la materia; además de la responsabilidad atribuida por la falta de debido cuidado en la custodia que propició la sustracción del libro de requerimientos n° 13.
A su vez, la decisión revisora acogió favorablemente el reclamo de la parte de excluir del marco inculpatorio las conductas relacionadas con la "escritura 95 de 2010" (fs. 947 vta.); "las observaciones en los poderes" y "certificación de firmas en el protocolo" (fs. 948); "el modo de llenado de los formularios de certificación de anotaciones personales", "la utilización de un certificado de dominio" y la observación hecha a "la escritura 228 de 2008 [...] por no hacerse constar que el bien propio no era asiento del hogar conyugal" (fs. 949), conforme las razones especificadas para cada uno de los ítems analizados.
Sentado ello, en función de la multiplicidad de irregularidades imputadas y dado que la parte no había formulado un planteo concreto respecto de la sanción aplicada, más allá de postular genéricamente el carácter dogmático de lo resuelto, la valoración absurda de los hechos y que la sentencia no constituía una derivación razonada del derecho vigente, el Tribunal de Alzada estimó adecuado reducirla a cinco meses de suspensión, a partir de que su decisorio adquiera firmeza (v. fs. 949 vta. y 950).
Los alcances de la tarea fiscalizadora emprendida por la Cámara con sus consecuencias jurídicas han sido en un todo desatendidos en la pieza que aquí se examina; pues así como las respuestas suministradas en rechazo de planteos similares a los ahora traídos no han recibido objeción alguna con aptitud para ser abordadas por esta Corte en el marco excepcional que fue habilitada su competencia (art. 495, CPP), tampoco el recurrente ha tenido en cuenta aquellos otros puntos que le fueron resueltos favorablemente acorde lo pretendido (art. 481, Cód. cit.), con la incidencia asignada en la sanción determinada que no fuese motivo de censura específica alguna ante la instancia anterior.
Por ende, la impugnación se devela inidónea para demostrar que el pronunciamiento padezca el déficit reprochado, tomando en consideración que la doctrina de arbitrariedad de sentencia posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se reputen equivocados, sino que para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que la descalifique como acto jurisdiccional válido, nada de lo cual aquí se ha justificado.
III. Por último, en el caso, en lo que hace a la regulación de los honorarios profesionales, y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales del doctor Ariel Aníbal Castro por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia