Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 123555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara -de oficio- la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Mónica Alejandra Bertoldi por el delito de homicidio culposo que le fuera atribuido (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "d" -conf. ley 25.990- y 84 primer párrafo -según ley 25.189- Cód. Penal).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Héctor J. Bertoncello y Matías L. Bertoncello, en su carácter de representante de los particulares damnificados, en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 4 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, Kogan , Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 123.555, "Bertoncello, Héctor J. y Bertoncello, Matías L. -apoderados del particular damnificado y actor civil- s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 59.126 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Mónica Alejandra Bertoldi".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de mayo de 2014, rechazó el recurso homónimo interpuesto por los apoderados del particular damnificado y actor civil contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que absolvió a Mónica Alejandra Bertoldi en orden al delito de homicidio culposo (art. 84 -texto según ley 25.189-, Cód. Penal; v. fs. 49/65).
Contra esa decisión, los apoderados del particular damnificado y actor civil interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/108), los que fueron concedidos por esta Corte mediante la resolución de fs. 115/118.
El señor Subprocurador General dictaminó a fs. 120/131 aconsejando que los recursos sean rechazados. A fs. 132 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
En caso negativo:
¿Son fundados los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Contra el decisorio del que se da cuenta en los antecedentes, los apoderados del particular damnificado y actor civil interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 88/108).
En el primero, denunciaron violación de los arts. 168 in fine y 171 de la Constitución provincial, por considerar que la decisión recurrida carecía del requisito de mayoría de fundamentos al momento de resolver los agravios sometidos a consideración por esa parte y se apartó del texto expreso de la ley, por lo que solicitaron se decrete la nulidad parcial del pronunciamiento que fue objeto de impugnación (v. fs. 89/95 vta.).
A su vez, por la vía de inaplicabilidad de ley deducida, los recurrentes denunciaron la valoración absurda y arbitraria de la prueba, por contener un fundamento aparente y no constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, en la que -a su entender- habría incurrido el tribunal revisor al ratificar el veredicto absolutorio dictado por el órgano de juicio respecto de Mónica Alejandra Bertoldi, en orden al delito imputado de homicidio culposo (v. fs. 95 vta./98).
Mencionaron que, en razón de la existencia del vicio apuntado, se incurrió en la afectación del derecho de defensa y del debido proceso legal consagrados en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 98).
Puntualizaron que el absurdo invocado quedó configurado al omitirse la valoración de diversos elementos probatorios que resultaban de relevante apreciación por parte del sentenciante, como son los que surgirían del estado de salud "deplorable" en el que arribó la víctima al ingresar al nosocomio de Bahía Blanca donde él fue derivado (v. fs. 100/101 y vta.) y de la historia clínica del "Hospital Interzonal General doctor José Penna" de la mencionada localidad, entre otras pruebas (v. fs. 100 vta./107 vta.).
Añadieron que la decisión emitida en sede casatoria también incurrió en el defecto señalado al prescindir de prueba esencial para la resolución del caso y valorar absurdamente la restante, sin respetar las reglas de la sana crítica, lo que -a su modo de ver- descalifica el pronunciamiento cuestionado como acto jurisdiccional válido a tenor del criterio sentado sobre el particular por la Corte federal (v. fs. 106 vta.).
Concluyeron así, que la falta de detección, diagnóstico y tratamiento del "síndrome compartimental" respecto de la víctima por parte de Bertoldi y su posterior autorización permitiendo el traslado del mismo al hospital de Bahía Blanca, habrían motivado una pérdida de tiempo vital tanto para la salud del paciente como, posteriormente, para salvar su vida, todo lo cual –a su criterio- pondría en evidencia la impericia y negligencia de la imputada (v. fs. 103 vta./105).
II. Pero esta Corte se encuentra imposibilitada de expedirse sobre el delito de homicidio culposo -art. 84 del Código Penal; texto según ley 25.189-, por el que fuera responsabilizada la acusada Bertoldi, ya que la acción penal a su respecto se encuentra extinguida.
El dictado de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) y la consiguiente modificación de las causales de interrupción de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, apdo. cuarto, incs. "b" a "e") hace necesario que este Tribunal analice prioritariamente si a raíz de tal innovación la acción nacida como consecuencia de la comisión del delito impugnado se ha extinguido.
En efecto, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atingente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
III. He tenido oportunidad de señalar con respecto a la sanción de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) que "...la mencionada ley ha implicado un cambio sustancial en las relaciones que está llamada a regir, respecto de las normas anteriormente vigentes, consagrando una solución contrapuesta con la que al amparo de estas últimas mayoritariamente venía sosteniendo este Tribunal que había efectuado una interpretación amplia de la expresión 'secuela de juicio', a la que había definido como 'último acto con entidad suficiente para dar [...] inequívoco impulso [...] al proceso...'" (conf. causa P. 76.237, "Nasario" y muchos otros).
"Ello tenía la finalidad de evitar la impunidad de los actos delictivos, con fundamento legal, y dentro del marco de las posibilidades reales y efectivas que conforme a los recursos técnicos y humanos existía para aplicar la ley penal en el ámbito judicial geográfico de la Provincia de Buenos Aires".
"Más allá del juicio axiológico que la nueva legislación individualmente nos pueda merecer a la luz de los principios de oportunidad y conveniencia -sin perjuicio de la indudable justicia de la aspiración de que los procesos se sustancien en el plazo más breve-, lo cierto es que, así como no nos es permitido a los jueces por ejemplo controvertir la reducción de la pena que corresponda a un determinado delito cuando ella es establecida por medios constitucionales idóneos, tampoco aparece posible efectuar cuestionamientos a la norma sancionada dictada siguiendo iguales carriles" (conf. causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
IV. Sentado ello, en autos se observa que en lo que atañe al hecho investigado por el que Bertoldi fuera absuelta en las dos instancias previas -acaecido el 17 de noviembre de 2001- (v. fs. 9/13 y 49/65), aun tomando como último acto interruptivo el auto de citación a juicio que fuera dictado con fecha 19 de mayo de 2008 (v. fs. 148 -certificación actuarial- y 152 -copia certificada del decreto respectivo dictado en los autos principales n° 4140/656/08), hasta el presente, se encuentra extinguida la acción penal, pues ha transcurrido desde ese momento el plazo legal de cinco años de prisión establecido por el art. 62 inc. 2 en relación con el art. 84 -según ley 25.189- ambos del Código Penal, sin que se produjera, con posterioridad al acto mencionado, ninguno de los supuestos de interrupción contemplados en el art. 67, inc. "a" del Código Penal (ley 25.990, B.O., 11-I-2005). Ello a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia -que luce a fs. 156- y de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -que obra a fs. 167/168 vta.- (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "d" -conf. ley 25.990- y 84 primer párrafo -texto según ley 25.189-, todos del Cód. Penal).
En consecuencia, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar su extinción en la presente causa respecto de la acusada Mónica Alejandra Bertoldi en orden al delito de homicidio culposo que le fuera atribuido (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "d" -conf. ley 25.990- y 84 primer párrafo -texto según ley 25.189-, Cód. Penal).
V. Con relación a la regulación de honorarios y conforme a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871, de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución del caso propuesta por el doctor Pettigiani, por los fundamentos vertidos en los apartados I, II, IV y V de su sufragio.
Por ello, con el alcance precisado, doy mi voto también por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde tratar los motivos de agravios traídos en ambos recursos.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se declara -de oficio- la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Mónica Alejandra Bertoldi por el delito de homicidio culposo que le fuera atribuido (arts. 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 inc. "d" -conf. ley 25.990- y 84 primer párrafo -según ley 25.189- Cód. Penal).
Se regulan los honorarios profesionales de los doctores Héctor J. Bertoncello y Matías L. Bertoncello, en su carácter de representante de los particulares damnificados, en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia