Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136311
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos en favor de Diego Gabriel Zancai, con costas (arts. 493, 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Marcelo R. Mendy y José Francisco Sánchez Peralta por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 136.311, "Zancai, Diego Gabriel s/ recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 33.105 de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
Conforme surge del expediente radicado electrónicamente, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, mediante sentencia dictada el 22 de junio de 2020, rechazó el recurso de la especialidad deducido a favor de Diego Gabriel Zancai contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 que lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo.
Contra lo así decidido, los defensores particulares, doctores Marcelo R. Mendy y José Francisco Sánchez Peralta, presentaron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley que fueron desestimados por inadmisibles por el Tribunal de Alzada.
Frente a ello, la defensa particular dedujo queja. Esta Suprema Corte hizo lugar a la presentación directa y anuló el juicio de admisibilidad por falta de debida fundamentación (v. causa P. 135.244 Q., resol. de 16-XII-2021; art. 486 a contrario sensu ).
Como consecuencia de lo así decidido, la Cámara, con fecha 9 de febrero de 2022, realizó un nuevo examen. Por un lado, declaró la inadmisibilidad del carril extraordinario de inconstitucionalidad; contra ello, la defensa particular no dedujo queja (v. informe de fecha 22-IV-2022). Por otra parte, admitió el recurso extraordinario de nulidad en lo que respecta a la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión esencial y el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley en lo que hace a las cuestiones federales vinculadas al pedido de pena natural.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la defensa particular denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba por haberse soslayado circunstancias que -a su entender- daban cuenta de la inocencia de su asistido.
Recuerda que en la instancia de apelación se cuestionó que se hubieran considerado creíbles los dichos del coimputado Camarero cuando los testigos Velázquez y Nepote fueron contestes con su asistido respecto a que ninguno vio el camión. "Al respecto, la Cámara omitió analizar esta importantísima cuestión".
La defensa sostiene que el camión venía a exceso de velocidad, no obstante, el otrora acusado Camarero, "...quien teniendo derecho a mentir elaboró una fantasiosa versión de los hechos" ajustada a sus intereses.
Ante tal situación, tacha de arbitrario el fallo al calificar de mentirosa la versión de Zancai y estimar que las contradicciones de Camarero resultaron meramente "errores de apreciación". Según quien recurre, este último mintió para encubrir el modo antirreglamentario en que venía circulando. Alega que "El exceso de velocidad explica que aun estando iluminada la ruta ni Zancai, ni Velázquez, ni Nepote vieron el camión" por lo que insiste en que el fallo es arbitrario.
Agrega que Camarero llevaba 40.000 litros de combustible en el camión lo que resulta determinante para realizar el cálculo de la velocidad. "La lógica y la experiencia, sumado a la ciencia nos muestra que el peso que llevaba el vehículo de mayor porte al momento de frenar era un factor determinante para poder demostrar cuál es el cálculo de la velocidad que llevaba el camión. No obstante, este poderoso argumento esgrimido por el Fiscal para fundar un pedido de condena sobre Camarero ni el a quo ni la Excma. Cámara [lo] abordaron".
Finalmente, en cuanto al pedido de pena natural, recuerda que se demostró con prueba médica la existencia de lesiones psíquicas objetivas y graves en el imputado, extremo que no fue controvertido en el caso. Pese a ello, el sentenciante lo niega.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
II.1. Como se señaló en los antecedentes, la impugnación se admitió únicamente respecto de la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, quedando al margen de la competencia de esta Corte -en lo tocante a esta vía- la tacha de arbitrariedad y los cuestionamientos genéricos vinculados a la falta de aplicación del principio de pena natural (conf. art. 486, cit.).
II.2. Sentado lo anterior, de la lectura de la impugnación se desprende que, en rigor, las críticas se dirigen a cuestionar el acierto o error de lo decidido y el modo en que se ponderaron los hechos y la prueba, extremos ajenos al acotado marco de la impugnación bajo estudio.
II.2.a. Sobre los planteos relativos a que los dichos de Camarero fueron mendaces, pues con su versión pretendió ocultar que iba a exceso de velocidad, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata -mediante la sentencia dictada el 22 de junio de 2020- apreció que el fallo de primera instancia había fundado debidamente su posición al respecto.
En tal sentido, recordó que se ponderó lo expuesto por el Técnico Superior en Accidentología Vial, David Emanuel Larrosa, quien dijo que el camión conducido por Camarero venía a 80 u 81 km/h. A su vez, se hizo referencia a lo expuesto por el perito Ingeniero Mecánico, Gustavo Vallefín, que sostuvo que la velocidad a la que venía Camarero era aproximadamente de 67 km/h y agregó que la versión que dio el nombrado en su declaración es compatible con el bloqueo de neumáticos. Resaltó que también se analizaron los dichos del perito Norberto Lo Cane, en cuanto dictaminó que el camión venía circulando a 111 km/h y se concluyó que dicha afirmación no contaba con razones técnicas suficientes que le dieran sustento.
Refirió que se ponderaron la planimetría, las fotografías de interés, las testimoniales de Héctor Rodríguez, Agustín Sanz, Maximiliano Domínguez y Samuel Tejerina y el certificado de revisión técnica del camión con sustento en lo cual se tuvo por acreditado el correcto funcionamiento del sistema de luces de dicho rodado antes de sufrir los daños de la colisión y que la zona del acceso a la laguna se hallaba iluminada.
Luego, rememoró lo expuesto en las declaraciones de Camarero y Zancai y los argumentos con sustento en los cuales el juez de mérito estimó que la versión efectuada por el primero resultaba creíble.
En función de lo expuesto, afirmó que la sentencia apelada poseía solidez argumental a tenor de la prueba producida en el debate y la incorporada por lectura de la que se desprendía que Zancai "...efectuó una maniobra imprudente e intempestiva de cruce de la ruta 205 para ingresar desde la banquina contraria a la laguna de Lobos, [que] resultó ser la causa de la colisión y en consecuencia de la muerte de Alonso. Nada le impedía -sostuvo el Juez y lo comparto- haber visto el camión que circulaba por la mano contraria. Con su abrupto ingreso a la ruta, introdujo el aumento del riesgo prohibido por la ley. Por su parte, aún en la hipótesis sostenida por la defensa, esto es que el camión hubiera circulado a mayor velocidad que la permitida, fue categórico el ingeniero Vallefín y así lo señaló el a quo , que, atento la maniobra realizada por el conductor del Rover, aún de haber circulado a 60 Km/h -velocidad reglamentaria para la zona-, el hecho igualmente hubiera ocurrido. Es decir que la colisión no se hubiera podido evitar y ello se debió al accionar de Zancai".
II.2.b. De lo transcrito se advierte que el planteo de la parte fue tratado expresamente y descartado, al sostener el Tribunal de Alzada departamental que las contradicciones entre el relato de Camarero y la versión dada por Zancai y sus amigos -Nepote y Velázquez- no conmueven el fallo de mérito. Estimó, contrariamente, que lo así decidido resultaba razonable en tanto una interpretación integral de la prueba permitía confirmar que fue el acusado quien violó el deber de cuidado al ingresar a la ruta de manera intempestiva y que dicho accionar fue el que explica el resultado fatal que tuviera por víctima a Pedro Alonso, agregando que aun cuando Camarero hubiera excedido la velocidad reglamentaria, el hecho no se podría haber evitado por efecto de la maniobra imprudente del imputado.
En definitiva, si bien la defensa denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, tales críticas, en rigor, se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta a la competencia del Tribunal en el acotado ámbito de la vía emprendida (conf. P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; entre otras).
II.3. La denuncia de omisión de tratamiento de las implicancias que en el cálculo de la velocidad a la que se desplazaba el camión conducido por Camero debieron tener los 40.000 litros de combustible que transportaba, tampoco procede.
Más allá de las consideraciones que se podrían efectuar respecto de la esencialidad o no de la cuestión -pues, según lo expuesto previamente, el resultado muerte no se explicó por el exceso de velocidad del camión sino exclusivamente por la maniobra intempestiva realizada por Zancai-, lo cierto es que se advierte un viraje argumental respecto de lo oportunamente planteado por la defensa ante la Cámara. De modo que la denuncia de omisión de tratamiento también acá resulta impróspera.
En efecto, si bien en el recurso de apelación se denunció que Camarero venía a exceso de velocidad, el agravio no se fundó en los efectos que tendría en el cálculo de la velocidad la carga que llevaba el camión sino en las contradicciones entre los dichos de Camarero y los del encausado, Velázquez y Nepote. Asimismo, se hizo referencia a los resultados de las pericias realizadas por Larrosa, Vallefín y Lo Cane, sin ninguna argumentación relacionada con la carga del camión.
De lo expuesto se desprende que no se puede denunciar omitida una cuestión que -insisto, más allá de su esencialidad o no- nunca fue propuesta al juzgador en los términos que ahora la trae ante esta Suprema Corte (conf. art. 493, cit.).
Por último, cabe aclarar que se advierte que en el punto II. "c" del recurso de apelación surge que la parte reseñó la respuesta que brindó el juzgador de mérito respecto de los alegatos fiscales en cuanto a los mayores deberes de cuidado que Camarero debió tener al transportar 40.000 litros de combustible, frente a lo cual, el juzgado sostuvo que dicha circunstancia no estaba relacionada con el hecho ocurrido. Ahora bien, no cabe extraer de ello la existencia de un planteo autónomo que la Cámara haya estado obligada a abordar en tanto la denuncia de exceso de velocidad por la cual la defensa pretendió responsabilizar a Camarero del hecho en cuestión se sustentó en otros argumentos que fueron debidamente abordados y descartados, tal como se expuso en el punto II.2. del presente.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa particular denuncia "...inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida al instituto de la pena natural en favor del señor Diego Gabriel Zancai".
Sostiene que, aunque la pena natural está prevista en el Código de rito como un criterio de oportunidad, lo cierto es que el sustento de tal instituto tiene su anclaje en los principios constitucionales de mínima irracionalidad y de humanidad (conf. art. 41, Cód. Penal).
Manifiesta que el "...núcleo central alrededor del cual gira la idea de la pena natural no es el código de rito de la provincia de Buenos Aires: es el art. 41 del Código Penal".
A continuación, alega que el art. 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe imponer penas crueles e inhumanas tal como -a su criterio- acontece en el caso. Pues, aduce, sobre la conciencia de su defendido pesa el hecho de haber estado involucrado en el suceso que terminó con la vida de su amigo. En su apoyo, cita el fallo "Judiche" de la Corte nacional, entre otros precedentes y doctrina.
Puntualiza que Zancai sufrió la pérdida de un ser querido como consecuencia de la acción reprochada, así como también graves secuelas físicas, entre ellas cicatrices e incluso la colocación de placas de titanio, además de las de índole psicológica.
Entiende que "...todo ese sufrimiento constituye ya de por sí un castigo más que elevado para el imputado y la imposición de las penas de prisión e inhabilitación resultan violatorias del principio de humanidad que emerge del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que la integran".
Refiere que "...el Sr. Zancai tiene derecho a que, en su favor, se apliquen las pautas de atenuación que se encuentran previstas en los artículos 40 y 41 del Código penal, cuando las normas de fondo se refieren a la extensión del daño causado, las circunstancias particulares del hecho y del imputado".
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido. Una vez más, coincido con lo así dictaminado.
III. Las denuncias de violación a los principios de racionalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, con cita de los arts. 18 de la Constitución nacional y 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resultan palmariamente insuficientes (conf. art. 495, CPP).
III.1. De la lectura del fallo en crisis surge que, ante idéntico pedido al ahora traído por la defensa particular, el a quo, en primer lugar, afirmó que la pena natural está prevista en el art. 56 bis inc. 2 del Código Procesal Penal como una facultad del Ministerio Público Fiscal que hace a los criterios especiales de archivo.
Como segundo punto, afirmó que no se demostró ni se discutió en el presente caso, más allá de las afirmaciones de la parte interesada, que Zancai estuviera en una situación extrema física o psíquica como para reemplazar la pena legal por la natural "...pues a los fines de fundar dicha eximente es necesario demostrar las consecuencias que generó el delito en el autor en circunstancias concretas".
III.2. Conforme se desprende de la reseña, la defensa particular se limitó a formular consideraciones dogmáticas sobre el punto sin controvertir eficazmente los motivos por los cuales la Cámara confirmó el rechazo del instituto en cuestión.
De esta manera, en lo que concierne a que la pena natural es un criterio especial de archivo del Ministerio Público Fiscal, la parte hizo consideraciones genéricas sobre su anclaje constitucional y luego, al mismo tiempo, afirmó que está receptado en el art. 41 del Código Penal, argumentos que no logran conmover el primer déficit formal señalado en el fallo.
Por otra parte, las alegaciones de la parte vinculadas a la violación de los principios de razonabilidad, humanidad y proporcionalidad de las penas, en función de los daños psicológicos y físicos sufridos por Zancai como consecuencia del hecho, tampoco rebaten el fundamento del a quo relativo a la falta de prueba sobre tales aspectos. Antes bien, insiste con afirmar tales extremos a nivel discursivo, sin indicar los elementos probatorios que permitirían tener por demostrada a cabalidad su concurrencia.
Los déficits señalados revelan la falta de suficiencia y carga técnica de los embates de pretenso cariz federal (conf. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos en favor de Diego Gabriel Zancai, con costas (arts. 493, 495 y concs., CPP).
Asimismo, se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Marcelo R. Mendy y José Francisco Sánchez Peralta por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2023 15:41:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2023 09:46:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:42:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:02:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 11:11:28 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/03/2023 13:14:23 hs. bajo el número RS-18-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia