Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138351
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 138.351, "Planiscig, Miguel Ángel s/ recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 31.661 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
Conforme surge del expediente radicado electrónicamente, el Juzgado Correccional n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata (causa 4.924), condenó a Miguel Ángel Planiscig a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento al considerarlo autor de los delitos de estafa -cuatro hechos-, en concurso real, imponiendo en definitiva la pena única de cuatro años de prisión y costas, comprensiva de la antes señalada y la pena única de un año de prisión de ejecución condicional impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental en causa 8.643 el día 19 de mayo de 2014 (sent. de 11-IX-2018).
Frente a ello la defensa del imputado presentó recurso de apelación.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental mediante sentencia dictada el día 7 de diciembre de 2018, no hizo lugar a los planteos de nulidad articulados por la defensa, confirmó parcialmente el fallo en cuanto condena a Miguel Ángel Planiscig como jurídicamente responsable de los delitos de estafa (art. 172, Cód. Penal) -cuatro hechos-, en concurso real; y la revocó parcialmente en lo que se refiere a la individualización de la sanción y a la acumulación de penas dispuesta, en consecuencia, impuso la pena de dos años y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento y, aplicando un criterio composicional, lo condenó, en definitiva, a la pena única de tres años y seis meses de prisión, integrativa de la señalada y la de un año de prisión de ejecución condicional impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental en causa 8.643 (IPP 08-00-023729-12) el día 19 de mayo de 2014.
Contra lo así decidido, la señora defensora oficial de la Unidad Funcional de Defensa n° 11 de Mar del Plata, presentó recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que fueron concedidos por el Tribunal de Alzada (v. resol. digital de 22-II-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de nulidad, la defensa denuncia omisión de tratamiento de cuestiones esenciales.
Expresa que se transgredieron los arts. 106 del Código Procesal Penal; 1 y 18 de la Constitución nacional y 10, 168 y 171 de la Constitución provincial.
Argumenta que se omitió el tratamiento del agravio vinculado con la atipicidad de la conducta por falta de acreditación del "ardid" requerido por el tipo penal atribuido (art. 172, Cód. Penal), inobservando las reglas sobre apreciación de la prueba, principio de inocencia y favor rei . Y que tal déficit torna imposible la crítica de la sentencia ante la ausencia de razones sobre dicho tópico, siendo un planteo esencial para la solución del caso.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
II.1. El magistrado de la instancia tuvo por acreditados los siguientes hechos:
Hecho I: entre los días 28 y 30 de junio de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, mediante el ardid consistente en fingir llamarse Lucas Adrián Ledesma, aparentar ser un empresario con solvencia económica y entregar un formulario bancario que falsamente informaba el depósito de la suma de $128.000 en la cuenta n° 5140692 de la sucursal 6.190 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, titularidad de Celeste Micaela Cuesta, el imputado Miguel Ángel Planiscig hizo incurrir en error a la referida y logró que la señora Cuesta, en la falsa creencia de haberse efectuado el pago pactado, le hiciera entrega como contraprestación del rodado marca Peugeot, modelo 406, dominio DEV 298. El día 9 de julio siguiente, Planiscig vendió a un tercero de nombre José María Barrio el rodado, materializando el perjuicio en el patrimonio de Celeste Micaela Cuesta.
Hecho II: el día 26 de julio de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, mediante el ardid consistente en fingir llamarse Lucas Adrián Ledesma, aparentar ser un empresario con solvencia económica (socio gerente de la empresa Proyectos del Mar S.R.L.) y entregar a sabiendas de la imposibilidad de su cobro dos cartulares n° QB97380979 y QB97380981 por las sumas de $29.500 y $10.000, respectivamente, ambos librados contra la cuenta 4200-50770/9 del Banco Provincia de Buenos Aires cuyo titular era la empresa mencionada, el imputado Miguel Ángel Planiscig se presentó en el local comercial "Punto Quad" e hizo incurrir en error al señor Christian Daniel Petroantonio, logrando que le hiciera entrega de repuestos para cuatriciclos, resultando perjudicado en las sumas mencionadas, atento a que sobre dichos cartulares pesaba orden de no pagar en virtud de que habían sido denunciados como robados por el verdadero gerente de la empresa, señor Jorge Daniel Salin.
Hecho III: el día 28 de julio de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, mediante el ardid consistente en fingir llamarse Lucas Adrián Ledesma, aparentar ser un empresario con solvencia económica (socio gerente de la empresa Proyectos del Mar S.R.L.) y entregar a sabiendas de la imposibilidad de su cobro un cartular n° QB97380995 por la suma de $20.800, librado contra la cuenta 4200-50770/9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuyo titular era la empresa mencionada, Miguel Ángel Planiscig hizo incurrir en error a Carlos Alberto Forero, logrando que le hiciera entrega de mobiliario (juego de living, mesa ratona y lámparas), resultando perjudicado en la suma mencionada, atento a que sobre dicho cartular pesaba orden de no pagar en virtud de que había sido denunciado como robado por el verdadero gerente de la empresa, señor Jorge Daniel Salin.
Hecho IV: el día 28 de julio de 2016 en la ciudad de Balcarce, mediante el ardid consistente en fingir llamarse Lucas Adrián Ledesma, aparentar ser un empresario con solvencia económica (socio gerente de la empresa Proyectos del Mar S.R.L.) y entregar a sabiendas de la imposibilidad de su cobro dos cartulares n° QB97380996 y QB97380997 por las sumas de $40.000 y $46.000, respectivamente, ambos librados contra la cuenta 4200-50770/9 del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuyo titular era la empresa mencionada, Miguel Ángel Planiscig hizo incurrir en error a la señora Ana Paula Thomas, quien le hizo entrega como contraprestación de un rodado marca Chevrolet, modelo Astra, dominio EET 097, viéndose perjudicada en la suma convenida de $86.000, toda vez que los mencionados cartulares no pudieron ser cobrados por poseer orden de no pagar en virtud de que habían sido denunciados como robados por el verdadero gerente de la empresa, señor Jorge Daniel Salin.
Encontró a Miguel Ángel Planiscig autor de los delitos de estafa (art. 172, Cód. Penal) -cuatro hechos-, en concurso real, y lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.
II.2. Frente a ello la defensa del imputado presentó recurso de apelación en el que denunció tres motivos de agravio: a) la violación de la garantía de imparcialidad del juzgador con la consecuente afectación del derecho de defensa y las formas esenciales del proceso, con más la violación del principio de inocencia; b) subsidiariamente, la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación en punto a la acreditación de la existencia del hecho y autoría penal responsable, como así también la arbitraria valoración de la prueba en lo tocante a la acreditación del ardid y c) la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y deficiente fundamentación en la determinación de la pena.
En lo que interesa respecto de la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría penal responsable de Planiscig, sostuvo que el juez arribó a una conclusión condenatoria con base en un material cargoso insuficiente y carente de la debida fundamentación (arts. 210 y 373, CPP), lo que torna en arbitrario el decisorio, con violación de las reglas de la sana crítica y del principio de in dubio pro reo . Denunció que la autoría responsable decidida se basó únicamente en los huérfanos testimonios de las supuestas víctimas de cada uno de los hechos, declaraciones que resultaron insuficientes y sin un debido contraste con los restantes medios de prueba. Sumó que en ningún momento se acreditó que quien estaba sentado en la sala de audiencias acusado de los ilícitos haya sido el autor material, menos aún cuál fue el medio escogido para consumarlos. Señaló que las víctimas del hecho I no actuaron con la debida diligencia en la operación que se entendiera como defraudatoria, y que ello exime de responsabilidad a su asistido, pues el error tuvo su lugar en esa falta de cuidado y no en un supuesto ardid desplegado por el imputado para hacerse del automotor. Entendió, en la misma dirección, orfandad probatoria en la acreditación de los hechos II, III y IV, concluyendo que no resultaba posible alegar la propia torpeza en estos supuestos y que la sentencia condenatoria era producto de una derivación meramente subjetiva de la voluntad del juzgador y divorciada de las conclusiones que arrojaría una valoración objetiva de la prueba.
II.3. La Sala II del Tribunal de Alzada luego de repasar los hechos que se tuvieron por acreditados, indicó con relación a la materialidad ilícita del hecho I, que se había hecho "...una correcta valoración de los testimonios coincidentes de Cuesta y Sosa, quienes relataron en juicio que habían publicado para la venta en OLX y en la revista De todo, un Peugeot 406 de su propiedad y que se hizo presente en su vivienda una persona que dijo llamarse Lucas Adrián Ledesma interesado en la compra del rodado. Señalaron que Ledesma concurrió a su domicilio con una boleta de depósito que reconocieron en el debate, forzando la situación para que estos le entregaran el vehículo, constatando con posterioridad que la boleta era 'trucha' y que el sujeto se había llevado el formulario 08 firmado". A ello sumó las declaraciones de Esteban, Barrio, Lobadino, Argañaraz y Recalde.
Destacó que para el hecho II se valoraron los dichos de Christian Petroantonio quien señaló que una persona de apellido Ledesma se apersonó en su negocio de repuestos para cuatriciclos y compró una cantidad de repuestos pagando con dos cheques que estaban firmados, los que aceptó previo consultar con sus clientes por la empresa titular de la cuenta corriente, consultando en su banco sobre el número de esa cuenta, donde le dijeron que podían tomar los cheques que eran girados sobre ella. Sin embargo, al intentar "vender" los mismos al Banco le dijeron que no los podían aceptar porque a su respecto existía una orden de no pagar.
En orden al hecho III se meritan los dichos de Carlos Forero, quien dijo poseer un local comercial denominado "Forero Interiores" y que al presentarse una persona que dijo llamarse Lucas Adrián Ledesma, le compró varios muebles, entregándole un cheque a cambio, el cual firmó en su presencia y el cual a la postre resultó que tenía orden de no pagar por denuncia de robo.
En cuanto al hecho IV, destacó la valoración del juez de la declaración de Ana Thomas, quien señaló haber ofrecido a la venta en grupos de Facebook un rodado Chevrolet Astra de su propiedad y se contactó una persona que dijo llamarse Lucas Ledesma, socio gerente de la empresa Proyectos del Mar S.R.L., quien le compró el rodado, dando a cambio dos cheques que firmó en su presencia; precisó los recaudos adoptados para constatar que sobre la cuenta y la empresa no pesaba ningún obstáculo y que estaban "impecables" por lo que firmó el boleto de compraventa y entregó el rodado junto con una carpeta con la documentación incluido el formulario 08 y el título, reconociendo en juicio el boleto de compraventa y los cheques recibidos en pago, los que no pudo cobrar atento a que pesaba sobre aquellos denuncia de haber sido robados.
También se valoraron los dichos de Jorge Salin y Daniela Vicente, gerente y empleada de la empresa Proyecto del Mar S.R.L., quienes fueron coincidentes en señalar que ninguna persona llamada Lucas Adrián Ledesma perteneció a esa empresa y que ni bien advirtieron la ausencia de las chequeras denunciaron su extravío, habiendo recibido numerosos llamados de personas que se vieron perjudicadas por cheques pertenecientes a ellos.
Indicó que para acreditar la autoría responsable de Planiscig en los hechos, se analizaron los mismos elementos valorados para acreditar el extremo de materialidad infraccionaria. Además, se sumaron los reconocimientos fotográficos efectuados durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y que fueran incorporados por lectura, en los cuales las víctimas de los hechos I, III y IV - Cuesta, Sosa, Forero y Thomas-, reconocieron a Planiscig como la persona que se presentó ante ellos como el supuesto empresario Lucas Adrián Ledesma, habiendo aportado en juicio también Barrio, Forero y Recalde descripciones de dicha persona coincidentes con las del imputado.
Asimismo, se tuvo en consideración que todos los hechos acaecieron casi coetáneamente, que se utilizó el mismo nombre supuesto de Lucas Adrián Ledesma, el cual se presentó en los hechos II, III y IV como socio gerente de la empresa Proyectos del Mar S.R.L, utilizando chequeras de dicha empresa, con firmas y sellos idénticos. Es decir, que hubo una cercanía temporal entre los hechos y similar modalidad en su ejecución.
Descartó el revisor que haya habido credulidad o extraordinaria indolencia de Cuesta y Sosa en el hecho I, pues si bien las víctimas "...tomaron recaudos, fueron superados por el engaño desplegado por el causante". Agregó que Petroantonio declaró que consultó a sus clientes sobre la solvencia de la empresa y a su banco acerca del estado de la cuenta corriente sobre la que se giraron los cheques que recibió.
Destacó los dichos de Forero, en cuanto a que primero recibió el número de cuenta corriente para poder verificar su estado; y que Thomas indicó que consultó la página del Banco Central para certificar el estado de la cuenta corriente y que bajó una constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la empresa Proyectos del Mar.
Desestimó, asimismo, el agravio vinculado con la escasez probatoria "...conforme a la cantidad de elementos probatorios brindados en el juicio e incorporados por lectura que fueron valorados correctamente por el Magistrado para acreditar cada extremo de la imputación".
Resaltó que se dio trato a la prueba de descargo, la que quedó desvirtuada frente a la prueba incriminatoria descripta, no observando ningún quiebre lógico ni déficit valorativo.
III. De lo transcripto se advierte que el Tribunal de Alzada se detuvo expresamente en responder las objeciones llevadas en el punto "b", en cuanto a la prueba de la materialidad infraccionaria, la modalidad ardidosa, la intervención del imputado en los hechos, lo que descarta su preterición.
En rigor, bajo el planteo de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, las críticas de la defensa se vinculan al modo en que el órgano revisor valoró la prueba y al acierto jurídico de lo decidido, todo lo cual resulta ajeno a la competencia del Tribunal en el acotado ámbito de la vía emprendida (conf. causas P. 124.038, sent. de 27-IX-2017; P. 126.886, sent. de 6-VI-2018; P. 130.363, sent. de 20-III-2019; e.o.).
De otro lado, la referida infracción del art. 171 de la Constitución provincial decae.
El planteo siquiera viene acompañado de la mínima justificación que lo sustente. Pero, además, el fallo expresa las citas legales en que se funda quedando satisfecha la pertinente exigencia constitucional (conf. doctr. causas P. 71.751, sent. de 22-VIII-2007; P. 74.401, sent. de 12-XII-2007; P. 98.716 cit.; entre muchas otras).
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que concierne a la vía en trato la defensa denuncia arbitrariedad de la sentencia en punto a la valoración de la prueba colectada y producida en el debate.
Asevera que no se efectuó una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, ya que omitió analizar en forma debida los agravios formulados en el recurso, desbaratando de ese modo la garantía de revisión de la condena (arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.; conf. doctr. CSJN in re "Casal", Fallos: 328:3399).
Señala que el Tribunal de Alzada no dio adecuado tratamiento al agravio llevado en el recurso de apelación referido a la violación del principio de imparcialidad de los jueces, la que se habría concretado con la ocurrencia de diversas irregularidades que ubica en los inicios del debate oral.
Suma que el revisor no se adentró adecuadamente en el planteo que criticaba por arbitraria la sentencia de condena en relación con la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría responsable de Planiscig.
Rememora que había planteado ante la Cámara la atipicidad de la conducta atribuida al imputado al no haberse probado el ardid que requiere la figura prevista en el art. 172 del Código Penal, como así tampoco, el error en el que merced al supuesto ardid, habrían recaído las víctimas del hecho. Insiste en la omisión de tratamiento de tales agravios. Y que, bajo el pretexto del límite de la inmediación en la apreciación de los testimonios, el tribunal del recurso acotó su competencia revisora, inobservando la ley, y la doctrina legal que emerge del citado precedente "Casal" de la Corte federal.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido. Una vez más, coincido con lo así dictaminado.
III.1. Como se reseñó en el punto II.2. de la cuestión anterior la defensa en el recurso de apelación denunció tres motivos de agravio: a) la violación de la garantía de imparcialidad del juzgador con la consecuente afectación del derecho de defensa y las formas esenciales del proceso, con más la violación del principio de inocencia; b) subsidiariamente, la arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación en punto a la acreditación de la existencia del hecho y autoría penal responsable, así como la arbitraria valoración de la prueba en lo tocante a la acreditación del ardid y c) la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y deficiente fundamentación en la determinación de la pena.
a) En cuanto a la violación de la garantía de imparcialidad del juzgador, mencionó que en oportunidad de proceder a la apertura del debate oral, el juez ocupó un rol de acusador que no le correspondía, pues "oralizó" el requerimiento de elevación a juicio que constaba en el expediente, pese a no hallarse incorporado por lectura, lo que ocasionó que el fiscal, al momento de establecer los lineamientos de la acusación se remitiera sencillamente a lo dicho por el juzgador momentos antes, violentando este proceder lo establecido en el art. 354 del Código Procesal Penal.
Entendió también vulnerada tal garantía por la presencia en la sala de audiencias de los testigos Cuesta y Sosa (damnificados del hecho I) y del ingreso a la misma de la testigo y damnificada del hecho IV. Con tal circunstancia, alegó que esos testigos que luego tendrían que brindar sus dec
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