Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139479
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.479-RC, "Santiesteban, Pedro Ramón Julio s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 84.841 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala II del Departamento Judicial de San Isidro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El día 26 de octubre de 2021, el Juzgado en lo Correccional n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, condenó a Pedro Ramón Julio Santiesteban a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, cinco años de inhabilitación especial para timonear todo tipo de embarcaciones, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia, todos ellos en concurso real.
La defensa particular interpuso un recurso de apelación y, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, mediante sentencia dictada el día 23 de mayo de 2023, hizo lugar parcialmente a la impugnación.
En consecuencia, dejó sin efecto la agravante del delito de amenazas relativa a la utilización de arma, readecuó la pena en un año y once meses de prisión de efectivo cumplimiento, e inhabilitación especial para timonear todo tipo de embarcación por el término de cinco años, dejando incólumes las restantes declaraciones contenidas en el fallo de mérito.
Contra lo así decidido, el defensor particular, doctor Marcos Alvelo, dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley.
La Cámara, mediante el pronunciamiento dictado con fecha 8 de agosto de 2023, admitió ambas impugnaciones. En lo que respecta al carril extraordinario de nulidad, consideró que se cumplieron los recaudos de admisibilidad en tanto la parte denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y la falta de fundamento legal; en lo que atañe a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, admitió el embate vinculado a la arbitrariedad.
Oída la Procuración General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor particular, doctor Marcos Alvelo, denunció que el fallo en crisis omitió el tratamiento de cuestiones y reeditó lo expuesto por el juez de mérito.
Afirmó que se desestimaron los planteos de la defensa mediante afirmaciones dogmáticas, incumpliendo con la revisión integral del fallo y con lo dispuesto en los arts. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución de la Provincia y 491 del Código de rito.
I.1. De seguido, alegó que, con respecto al homicidio culposo, esa parte había planteado que su defendido, producto de un golpe contra el volante de la embarcación que comandaba, perdió el conocimiento lo que provocó la colisión contra el muelle.
Cuestionó que la Cámara descartara el planteo bajo el argumento de que dicha circunstancia no se había acreditado. A su entender, de ese modo se invirtió la carga de la prueba, en contra del principio in dubio pro reo y las reglas del debido proceso.
También destacó una serie de circunstancias fácticas que, afirmó, debieron ser consideradas o, en su caso, ser descartadas previo un análisis.
Continuó en la misma línea enunciando que el examen del revisor se realizó desde una perspectiva posterior y no anterior, quebrantándose así el derecho a la revisión del fallo de condena e insistió en una versión opuesta sobre lo acontecido (golpe y pérdida de conciencia como causa de la posterior colisión).
Agregó que no se determinó cuál habría sido la conducta alternativa conforme a derecho que debería haber observado Santiesteban y cuestionó la fundamentación de la Cámara por considerarla contradictoria.
Finalmente, estimó que desde que el imputado advirtió la avería en la embarcación hasta el momento en que habría perdido la conciencia producto de un golpe, no transcurrió el tiempo necesario para permitirle a su defendido analizar las circunstancias y detener la embarcación, tal como lo habrían afirmado los jueces, lo que consideró un apartamiento de las constancias del caso. Concluyó que el accionar de su cliente quedó dentro del riesgo permitido. Alternativamente solicitó que se aplique el principio de duda razonable y se revoque el fallo en crisis.
I.2. Con respecto a la imputación por amenazas, sostuvo que no se produjeron pruebas suficientes para acreditar el ilícito y se omitió el tratamiento de todos los planteos de su parte en el recurso de apelación, lo que derivó en la violación del derecho al recurso y de la tutela judicial efectiva.
Puntualizó que en la impugnación había expuesto pretensas incongruencias entre el testimonio de la víctima, Mónica Carreras (declaración incorporada por lectura) y Gisela Caffarena (hija de la damnificada), sumado a las contradicciones en que -a su entender- habría incurrido esta última con respecto a sus dichos durante la investigación penal preparatoria y en el juicio.
Indicó que debió limitarse la valoración de Caffarena por ser testigo de oídas, como cuestionó que se haya valorado la denuncia de Carrera para pretender fundar los hechos y descalificó por arbitraria la sentencia al tiempo que resaltó que no fue posible reconstruir los supuestos dichos amenazantes proferidos por Santiesteban dado que las testigos no recordaron con exactitud lo dicho.
Por tales motivos, solicitó la absolución de su asistido con fundamento en el principio in dubio pro reo y agregó que las supuestas amenazas se dieron en el marco de una discusión, contexto que hace que el hecho reprochado a su defendido no tenga la entidad suficiente para encuadrarse en la figura de amenazas.
I.3. Por último, se refirió al delito de desobediencia en el marco del incumplimiento de las restricciones oportunamente impuestas por el Juzgado de Familia n° 1 de Tigre a su asistido.
Con cita del art. 7 bis de la ley 12.569 propició su atipicidad dado que la norma prevé sanciones específicas, pero -a su modo de ver- ello no resulta suficiente para tener por configurado el delito en cuestión.
Agregó que la Cámara afectó la congruencia fáctica toda vez que se formuló una imputación respecto a un hecho de incumplimiento de una medida dictada por el titular del Juzgado de Familia n° 1 de Tigre, y no respecto de una prohibición dictada por el juez de garantías en base a lo que se habría condenado.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación.
III. Coincido con lo así dictaminado.
III.1. Los fundamentos de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley fueron expuestos en un mismo escrito y de modo promiscuo. Esta deficiencia -al límite de la inadmisibilidad-, demanda un esfuerzo en el deslinde de los reclamos que corresponden a cada vía, lo que claramente atenta contra la correlación discursiva de la impugnación.
III.2. Aclaradas estas falencias, corresponde señalar que ninguno de los agravios del remedio extraordinario se corresponde efectivamente con alguno de los motivos tasados de nulidad.
De la exposición de los planteos que se hizo en el punto I, si bien se anuncian omisiones o falta de fundamentación en el fallo del revisor, queda en evidencia que la defensa en rigor cuestionó el modo en que se valoraron los hechos y la prueba para tener por acreditada la autoría de su asistido en los delitos que integraron la condena, al tiempo que también cuestionó el alcance o la profundidad de las respuestas brindadas por el revisor.
En definitiva, ningún agravio se condice estrictamente con causales puras de nulidad (art. 491, CPP; conf. doctr. causas P. 95.797, sent. de 31-X-2007; P. 93.939, sent. de 25-III-2009; P. 108.232, resol. de 4-VIII-2010; P. 106.347, resol. de 16-XI-2011; P. 123.902, sent. de 4-V-2016; P. 125.988, sent. de 14-VI-2017; P. 126.826, sent. de 11-IV-2018; P. 123.706, sent. de 13-VI-2018; e.o.).
De modo que, tales planteos serán abordados en la siguiente cuestión.
Consecuentemente, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En virtud del monto de la pena, la competencia quedó abierta únicamente respecto a la denuncia de arbitrariedad dirigida contra el fallo de la Cámara, sin que corresponda efectuar ninguna manifestación sobre los planteos referidos al derecho de defensa, al principio de congruencia y al debido proceso porque el órgano de Alzada no otorgó autonomía a los mismos, de modo tal que no fueron admitidos como agravios de pretensa índole federal (conf. art. 486, CPP).
II. En cuanto al hecho referido al homicidio culposo, la defensa de Santiesteban expuso básicamente un criterio divergente con respecto a la valoración de los hechos y de la prueba, pero no logró demostrar que hayan existido defectos graves que, en los términos de la doctrina citada, permitan descalificar el fallo de Cámara como acto jurisdiccional válido.
En síntesis, insistió con una tesis diversa a la de la acusación (tenida por probada por el juez en su sentencia y ratificada por la Cámara) consistente en que el imputado se habría golpeado -previo a la colisión- contra el volante de la lancha, lo que le habría hecho perder la conciencia y esto explicaría la posterior colisión con el muelle, a causa de lo que falleció la víctima.
De la lectura del fallo del revisor, se desprende el hecho que el órgano de mérito tuvo por probado -y que, en definitiva, resultó corroborado por el Tribunal de Alzada- en estos términos: "El día 1 de enero del año 2017 siendo aproximadamente las 9:40 hs., en circunstancias en que Pedro Julio Santisteban se encontraba conduciendo la embarcación, tipo semirrígido con motor fuera de borda de 40 HP, denominada 'RAMBLA' Mat. TIGR03161, y en momentos en que se encontraba navegando por el Canal Gdor. Arias, con la negligencia que implica no haber mantenido una eficaz vigilancia de la navegación colisionó la proa de la embarcación contra el muelle denominado 'Paso a Paso' el cual se halla emplazado sobre el ya mencionado Canal Gdor Arias próximo a la confluencia con el Arroyo Leber, de la Primera sección de Islas del Delta del Partido de Tigre, Provincia de Buenos y como consecuencia del suceso la embarcación se incrustó en el muelle mencionado produciendo dicho accionar el fallecimiento de su concubina Delia Esther Leyes, quien viajaba sentada en la proa de la embarcación. Por otra parte, el imputado violó los reglamentos a su cargo en circunstancias de llevar adelante la conducción náutica en tanto no mantuvo una eficaz vigilancia visual de su embarcación para evitar el riesgo de ingreso de agua por la avería en el sector de popa que ya presentaba la embarcación previo al momento de zarpar (art. 5 del Reglamento Internacional de Prevención de abordaje)".
La Cámara destacó que la violación del deber objetivo de cuidado por parte de Santiesteban se apoyó en la circunstancia de no haber mantenido la vista hacia el frente de su embarcación, conforme lo establece la Regla 5 del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes.
A su vez, afirmó que se tuvo por legalmente acreditado un incremento del riesgo por parte del imputado a partir del hecho de que, conociendo que la embarcación no estaba en condiciones óptimas -le entraba agua de modo incesante- emprendió el viaje siendo que, justamente esta avería impidió que mantuviera una eficaz vigilancia (visión) de la navegación. La conducta libre y voluntaria asumida por el imputado, de continuar la marcha a pesar de la avería, constituyó -tanto para el juzgador de primera instancia, como para la Cámara- una condición del resultado lesivo, que era evitable.
La Cámara de San Isidro verificó que la tesis imputativa que volcó el juez en su sentencia, tuvo apoyo en el testimonio de Gabriela Beatriz Moyano y Oscar Omar Aguiar Menciones, quienes escucharon el golpe de la embarcación con el muelle y, entre otros datos, dieron cuenta de las buenas condiciones climáticas, así como también de las características del canal. También se valoraron los testimonios de Graciela Lorena Romero (hija de la víctima), quien hizo referencia a la actitud defensiva y hostil del imputado luego de los hechos, a lo que agregó que aquel tenía mala visión en un ojo.
También se corroboró la suficiencia de la prueba incorporada por lectura: la declaración de Silvana Romina Romero (hija de la víctima); el testimonio de Ulises Armando Marín (escuchó la explicación del choque de la embarcación en el muelle y luego vio al imputado en estado de shock y a una mujer ensangrentada en la proa); los testimonios de Diego Ariel Berdún y Claudio Fabián González (prefectos, dieron cuenta de las buenas condiciones climáticas el día de los hechos, de las características del canal, constataron rastros de sangre en la parte del comando de la embarcación); el informe de inspección ocular, croquis, fotografías.
En particular, se citó el informe de Prefectura Naval Argentina en el que se constata que, la embarcación comandada por el imputado, salió a navegar con una avería en popa que provocaba un ingreso de agua. En tales términos, dicha fuerza estimó la responsabilidad de Santiesteban por no haber verificado, previo a la zarpada, que la embarcación se encontrara idónea para el viaje, y por no haber mantenido en todo momento una eficaz vigilancia de la navegación (de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 5 del Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes).
En cuanto a la declaración de Santiesteban en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, los magistrados del órgano revisor descartaron la versión introducida unilateralmente por el imputado, en la que refirió haber sufrido un impacto anterior a colisionar. Esta circunstancia quedó descartada por no haber tenido corroboración en ningún elemento objetivo (más que, como se dijo, la declaración del imputado).
La Cámara ratificó el incumplimiento de la Regla 5 del Convenio sobre el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes que exige mantener en todo momento la vigilancia de la embarcación. Sostuvo que el canal donde sucedieron los hechos poseía una amplitud de veinte/veinticinco metros (20/25 m) y la visibilidad era buena, por lo que la colisión encuentra explicación en la inobservancia de Santiesteban en ese trayecto.
Rechazó los planteos de la defensa y refrendó lo resuelto por el órgano de mérito en cuanto a que la pérdida de dominio de su bote obedeció exclusivamente a la distracción que le provocó atender el sector por donde ingresaba agua.
Resaltó que, tal como se expuso en el fallo de mérito, la única razón que pudo determinar el abordaje contra el muelle fue que dejó de atender la trayectoria de su navegación, lo que implicó que no advirtió que la lancha se desviaba hacia una de las márgenes del canal (que tenían entre veinte y veinticinco metros) lo que provocó que impactara directamente contra el muelle. Concluyó entonces que no estaba mirando en el sentido en que se desplazaba su embarcación. Por todo lo expuesto, confirmó la condena por ese hecho.
De lo expuesto, se advierte que la Cámara tomó en consideración la versión de la defensa, efectuó un análisis de la prueba valorada por el juez de primera instancia y la rechazó al corroborar la acreditación de los hechos y la subsunción típica de conformidad con lo resuelto en la instancia de mérito.
De este modo, las manifestaciones de la defensa insisten en esta instancia extraordinaria en aspectos que hacen a la estimación de cuestiones fácticas (como, por ejemplo, que la avería en la embarcación no era perceptible, o que la colisión se produjo por una pérdida de consciencia previa del imputado) que ya fueron objeto de análisis y descarte en las instancias que poseen la competencia amplia y apta para conocer tales aspectos (conf. art. 495, CPP).
III. Lo mismo sucede con los restantes hechos que integraron la condena.
En lo referido al delito de amenazas, en ambas instancias también se tuvo por probado: "Que el día 22 de agosto de 2020, siendo aproximadamente entre las 18:00 y las 21:30 horas, en el interior de la vivienda sita en calle Martín Coronado nro, 1352 -fondo- de la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, el aquí imputado, Pedro Julio Raúl Santisteban, tras humillar y denigrar a su esposa y conviviente, Mónica Marcela Carreras, le profirió amenazas con dichos tales como 'te voy a prender fuego la casa', valiéndose para ello de su condición de género y de la posesión de la pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre .40, serie F88452, la cual tenía a su alcance y en condiciones inmediatas de uso; causando de este modo fundado temor en la víctima, quien tenía conocimiento de la posesión del arma de fuego por parte del imputado".
La Cámara descartó los agravios de la defensa que se vinculaban con supuestas contradicciones entre la versión de los hechos brindadas por las testigos y afirmó que el delito en cuestión había quedado debidamente acreditado.
En tal sentido, recordó que la figura típica de amenazas protege el bien jurídico libertad y se sancionan las acciones que producen alarma o amedrentamiento en las personas. Sostuvo que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos del delito de amenazas sobre la base de los contundentes dichos de la víctima, reafirmados con el resto de la prueba analizada.
A su vez, refrendó la decisión del órgano de mérito de analizar este hecho, no de manera aislada sino en el marco de un contexto de hostigamiento reiterado ejercido por Santiesteban hacia Carreras, lo que permitió sostener que la damnificada, el día del suceso, se sintió atemorizada por la conducta desplegada por el acusado.
Se recalcó que la denunciante había requerido la presencia de su hija ante el encuentro previamente pactado con el imputado para que le devolviera objetos personales, lo que, a modo de ver de los magistrados, tendió a corroborar el temor que le infundía Santiesteban.
Concluyó que, las frases proferidas en el marco del contexto de violencia de género que se tuvieron por probadas con las pruebas rendidas en la instancia, justificaron la intervención judicial en el fuero de familia. Este aspecto también fue ponderado a los fines de otorgar aptitud suficiente para provocar el amedrentamiento típico del delito reprochado, pues los dichos del imputado anunciaron un mal futuro, grave, cierto, posible que dependía de la acción de la persona que la amenazó.
La defensa aquí insiste en idénticas críticas a las llevadas ante la Cámara sin hacerse cargo de controvertir los argumentos expuestos en el fallo en crisis para tener por debidamente acreditadas las amenazas en un contexto de violencia de género.
En efecto, el revisor explicó que la circunstancia de no poder determinarse la exactitud de los dichos proferidos por Santiesteban, no impedía la concreción del delito ya que resultaba lógica esa falta de precisión en razón del tiempo transcurrido y la pluralidad de episodios padecidos por la damnificada.
En definitiva, el recurrente pretende circunscribir la conducta de su defendido a una discusión del ámbito privado, al tiempo que expresa un parecer divergente sobre el modo en que -a su criterio- se debieron valorar los testimonios de Carreras y Caffarena sin conmover lo expuesto por la Cámara que, luego de reseñar lo dicho por cada una de ellas, tuvo por probado el tipo objetivo y subjetivo de las amenazas, así como también el contexto de violencia de género en el que se enmarcaron.
El
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