Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138223
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.223, "Alcasena, Jorge Luis s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 463/2020 de la Cámara de Apelación y Garantías de Junín" y acum. causa P. 138.235-Q, "Alcasena, Jorge Luis s/ Queja en causa n° JN-463/202 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Juzgado Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Junín, mediante sentencia del día 26 de septiembre de 2022, condenó a Jorge Luis Alcasena a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión a cumplir, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales, costas e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos autopropulsados a motor por el término de diez años; por considerarlo autor responsable de la comisión del delito de doble homicidio culposo calificado por conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad -1,08 gr/l alcohol en sangre- (art. 84 bis, primera y segunda parte, Cód. Penal). Asimismo, ordenó requerir a la Dirección de Tránsito provincial y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si Alcasena ha tramitado una nueva licencia de conducir. En caso negativo, se le descontará el tiempo que lleva sin esa habilitación para conducir.
La Cámara de Apelación y Garantías de Junín rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa particular del imputado (v. sent. de 29-XI-2022).
Contra lo así decidido, la doctora Natali Zlatar y el doctor Darío De Ciervo, defensores particulares de Jorge Luis Alcasena, presentaron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. La Cámara recurrida desestimó el recurso extraordinario de nulidad y concedió la vía de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 29-XII-2022). Esta Suprema Corte por resolución del día 24 de mayo de 2023, declaró la nulidad de la concesión referida y ordenó devolver las actuaciones al Tribunal de Alzada para que, con carácter de urgente, dicte una nueva decisión acorde a lo resuelto.
El día 13 de julio de 2023 el tribunal a quo dictó nuevo auto y declaró la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Frente a la denegatoria del recuro extraordinario de nulidad, la defensa particular articuló queja (causa P. 138.235-Q), que fue admitida por este Tribunal, declaró mal denegada la vía deducida (art. 486 bis, CPP), habilitando su concesión (art. 491, Cód. cit.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa denuncia omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en relación con la cooperación del imputado y su buen concepto personal como pautas minorantes en la determinación judicial de la pena, afirmando que no se sabe cuáles son las razones por las que el juzgador se corrió del mínimo unos veinte meses.
A continuación, sostiene que la agravante de la "madurez", por tener el imputado treinta y dos años, constituyó una exteriorización subjetiva cargada de prejuicios y apartada de la información proporcionada por el propio imputado.
Recuerda que en el debate Alcasena hizo referencia a la terapia psicológica y psiquiátrica emprendida con motivo del accidente de tránsito y por su adicción a las drogas. Aduce que no hay una edad ideal para equivocarse, para consumir alcohol, para ir al boliche, y que pensar lo contrario es incurrir en un preconcepto de índole moral, que no alcanza el mínimo estándar probatorio objetivo para considerarlo fundado.
De seguido, postula que cuando el juez correccional ordenó descontar de la pena de inhabilitación aplicada el tiempo transcurrido desde que se le retuvo la licencia de conducir (enero de 2020), reconoció implícitamente que se trató de una sanción anticipada, vulnerando el principio de inocencia.
Por ello, entiende que el juez de ejecución deberá evaluar las reglas que se cumplieron durante el estado de inocencia, siendo -a su entender- esta otra cuestión esencial omitida.
Por otra parte, asevera que el juez al determinar la sanción punitiva no debió apartarse injustificadamente del mínimo de la escala prevista para el delito de homicidio culposo agravado y recuerda que la Corte federal tiene dicho que carece de fundamentación la sentencia que impone una sanción fundándose únicamente en pautas objetivas, sin postular cuáles serían las subjetivas que justifican la individualización de la pena. Cita en apoyo tramos de algunos fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
III.1. El Juzgado Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Junín tuvo por acreditado que: "En localidad de Germania, partido de General Pinto, el día 17 de agosto de 2019, siendo aproximadamente las 6:45 horas, en circunstancias en que Jorge Luis Alcasena, circulaba por el acceso a dicha ciudad en dirección hacia la localidad de Juan Bautista Alberdi, al mando de un automotor marca Volkswagen modelo Bora, dominio GWJ 086, haciéndolo en forma imprudente dado que conducía con 1,08 gramos/litro de alcohol en sangre, embiste en ese estado de exceso del nivel de alcoholemia permitido, a una moto marca Motomel dominio 467 JDG, que le precedía en la misma dirección, quien lo hacía en su correcta mano de circulación y con las luces delanteras y traseras encendidas, al mando de Rodrigo Esteban Zárate, a quien acompañaba Miguel Ángel Torrilla. A consecuencia del impacto y por las lesiones que sufrieron, se produjo el inmediato fallecimiento de los nombrados Zárate y Torrilla".
Encontró a Jorge Luis Alcasena autor responsable de la comisión del delito de doble homicidio culposo calificado por conducir un vehículo automotor en estado de ebriedad (art. 84 bis, primera y segunda parte, Cód. Penal) y lo condenó a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, accesorias legales, costas e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos autopropulsados a motor por el término de diez años.
En lo que aquí interesa, valoró como atenuantes de la sanción la falta de antecedentes penales del imputado y su arrepentimiento; y como pautas agravantes la edad del imputado (32 años), el daño causado, ya que interrumpió la vida de dos jóvenes y la nocturnidad, "...sumado a una persona alcoholizada, con falta de reflejos y sabía que debía conducir en la oscuridad de la noche".
III.2. En el recurso de apelación la defensa se agravió por la dosificación de la pena impuesta, con el incremento en veinte meses por encima del mínimo legal, alegó falta de fundamentos solventes sobre las circunstancias agravantes y atenuantes que fueron admitidas, y sobre el rechazo de otras propuestas en carácter de diminuentes.
Planteó discrepancia con el pronunciamiento en lo referido a las siguientes cuestiones alegadas como falencias de las víctimas: ausencia de cascos, de licencia de conducir y mal estado de conservación de la moto siniestrada. Adujo que se trata de elementos que debieron ponderarse como factor de atenuación en términos del art. 41 del Código de fondo, y no de un supuesto negativo de imputabilidad objetiva, como lo sostuviera el a quo . En dicha senda, la defensa insistió en que es insoslayable que el uso de casco protector disminuye la posibilidad de un resultado letal, y dado que las víctimas presentan heridas en sus cráneos, resulta imposible establecer la medida en que tal desacierto contribuyó en el deceso de ambos.
A su vez, indicó que la carencia de licencia habilitante, el deficitario estado de la moto, con más el grado de alcohol en sangre, son indicadores de la indiferencia de las víctimas a los cuidados mínimos que deben tomarse en la planificación de la salida de un boliche nocturno, en un viaje por ruta. Adunó la falta de constancia de luz en la motocicleta en el momento preciso del impacto. Asimismo, expresó que cuando el magistrado hace referencia al correcto funcionamiento de las luces, remite a otros momentos del trayecto. En tanto tal carencia de iluminación surge de las declaraciones de los testigos que circulaban a escasos metros detrás de la moto. Por lo expresado, estima que fueron soslayadas las reglas de los arts. 1, 3 y 210 del Código Procesal Penal, que obligan a computar en favor del imputado cualquier circunstancia dudosa, además de imponer una interpretación restrictiva cuando se encuentra en juego la libertad de un individuo. Sostiene la defensa que no resulta atendible el argumento de que los elementos mencionados "hipotéticamente" no influyeron en el resultado porque ello jugaría del mismo modo que la presunción contemplada en las agravantes del art. 84 del Código Penal. Sostiene que la posición colaborativa del imputado con la investigación y su voluntad para facilitar la prueba aún en su contra son las circunstancias posteriores del art. 41 del Código Penal, cuya falta de ponderación como atenuante configura una omisión de cuestión esencial.
Añade que no fue tenido en cuenta como atenuante el concepto personal de Alcasena, considerándose interesado el testimonio de su primo Obert, sin que las afirmaciones del testigo fueran controvertidas o carentes de objetividad o sinceridad, hallando falta de fundamentación en esa decisión. También, reputa infundada y arbitraria la ponderación como agravante de la edad de treinta y dos años, pues ello forma parte de un prejuicio que se enrola en una exigencia moral, una vara genérica que responde a un preconcepto personal y subjetivo dado que no se cuenta con ningún dato sobre su vida privada, familiar, sus fortalezas, debilidades, etcétera, con excepción de lo que el mismo imputado manifestó en el debate sobre su terapia psicológica y psiquiátrica, motivada en las secuelas del accidente y en su adicción a las drogas, por lo que reclamó su desconsideración. Peticionó la exclusión como agravante de la valoración del daño causado ya que interrumpió dos vidas jóvenes, en el entendimiento que ello infringe la garantía del non bis in idem . En la misma línea pidió la supresión de la justipreciación de la nocturnidad, pues abarca a todos los concurrentes, y se encuentra incluida en las circunstancias de tiempo y modo del art. 41 del Código Penal. Sostuvo que se está intentando agravar una conducta -cuya responsabilidad penal fue reconocida-, con los propios elementos del tipo penal, intentando sobrevalorar circunstancias del elemento objetivo del delito imprudente. Realzó, como otra omisión que impacta la defensa en juicio y el debido proceso, la falta de explicación y fundamentación del juez de las proporciones de las minorantes y agravantes valoradas en la sentencia, impidiendo de esa manera cualquier discusión en torno a la dimensión asignada a cada una. Por último, alegó falta de legitimación del sentenciante para descontar de la pena de inhabilitación especial impuesta el tiempo que transcurrió desde que se le retuviera al imputado la licencia de conducir, en el mes de enero de 2020, oportunidad en que fue eximido de prisión y se le impuso esa regla como una de las condiciones para mantener su libertad. Tras citar profusa jurisprudencia y doctrina aplicables al caso, solicitó se revoque la pena impuesta y se imponga la de tres años de prisión en suspenso y máxima de inhabilitación; y se deje sin efecto la resta de inhabilitación cumplida por ausencia de legitimación.
III.3. El Tribunal de Alzada, luego de exponer los agravios llevados a su conocimiento, detalló el hecho que se tuvo por probado y destacó que la controversia se centraba en la selección del quantum sancionatorio, pues se especificó en el debate y fue ratificado por la parte en la pieza impugnativa, que la materialidad ilícita, así como la responsabilidad que le cupo al imputado en el siniestro no formaba parte de la discusión en esta oportunidad.
Desestimó la petición defensista en cuanto afirma que las circunstancias objetivas del caso, sumadas a las atenuantes y agravantes valorables en el contexto en que sucedió el hecho, no justifican un agravamiento de la pena -cuyo mínimo legal imponible arranca en tres años y concluye en un máximo de seis, más inhabilitación-, proponiendo su imposición en el inicio de la escala.
Para así resolver, en primer lugar, relató que el órgano de juicio dio por probado que Alcasena, "...con sus 32 años de edad, que marcan su ingreso en la adultez (agravante genérica) circulaba en su automóvil, a una velocidad alta, que si bien no hizo que se agravara la calificación en el segundo párrafo del art. 84 bis del C. Penal, fue muy superior -en la pericia accidentológica surgió como mínimo 132km/h +-10 km/h- (agravante genérica) a la que corresponde por la zona rural en la que estaba emplazado el Acceso; en horario nocturno y sin iluminación artificial, que dificulta su visibilidad (agravante genérica), con grados de alcohol en sangre, a la hora que se le extrajo la muestra, de 1,08 gr./l, que sí determinó esa calificante, en un acceso donde algunos concurrentes al bar Cocodrilo se iban retirando a sus lugares, ya que iban en dirección hacia la ruta nacional n° 7, que es demostrativo que su conducta fue desaprensiva y notoriamente imprudente (disvalor de acción) en la que no hizo ninguna maniobra de esquive, sino que de lleno impactó contra la motocicleta, que circulando por su correcto carril, con las luces reglamentarias encendidas, delantera y trasera, arrastró por 296 metros, incrustada en su parte delantera derecha, expulsando a sus ocupantes, uno a los 88 metros y el restante a los 109,80 metros, le produjo el inmediatoóbito de Rodrigo Zárate y de Miguel Ángel Torrilla (disvalor del resultado)...". Señaló que, para la determinación de la pena, tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes ponderadas en el veredicto: falta de antecedentes penales y el arrepentimiento de Alcasena.
También se meritó la edad del imputado, desde el momento que no se trata de un joven adolescente que recién obtiene su primera licencia, sino de alguien que hace tiempo que transita, que sabe los riesgos de la conducción automotor, y que no puede desconocer los peligros que un accionar como el que le cupo puede generar (peligros que en el caso devinieron en un resultado lesivo con consecuencias irreparables).
Se refirió a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el incidente, en un contexto de nocturnidad, de madrugada y luego de egresar de un boliche, lanzándose a la ruta incluso con exceso de velocidad, a lo que sumó la presencia de alcohol en sangre, con un guarismo por encima del doble de lo permitido.
Resaltó que no todos los delitos imprudentes son iguales, de lo contrario la pena a imponer se encontraría taxativamente tabulada. Explicó que en esa oscilación entran en juego lo que el doctor Barbera denomina "agravantes genéricas", "...que no son otras que las prefijadas en el art. 41 incs. 1 y 2 del C.P. Las cuales deben ser mensuradas con especificidad, a fin de encontrar el punto considerado adecuado" al caso.
En relación con los planteos de la defensa vinculados con la carencia de casco, mal estado del motovehículo y falta de licencia de conducir habilitante, atribuidos al conductor, compartió con el a quo que no tuvieron influencia en el hecho. Pues, quedó acreditado que medió un obrar negligente del acusado, decisivo para la producción del resultado letal.
Destacó que, en la justicia penal, a diferencia de lo que ocurre en el fuero restaurativo, no existe concurrencia de culpas y cada uno responde exclusivamente por su accionar.
Puntualizó que, si bien no contaba el conductor con licencia habilitante, ello no fue el motivo de producción del accidente. Indicó que, en el caso de Zárate, el deceso se produjo por traumatismo cráneo encefálico grave con shock hipovolémico secundario a traumatismo cerrado de tórax y abdomen; en tanto respecto de Torrilla, la pericia reza: traumatismo cervical grave con traumatismo cerrado de tórax y abdomen.
Concluyó que, ante la contundencia de los resultados, la presunta inevitabilidad del accidente surge diáfana, aún pese a que la falta de licencia implique un caso de conducta antirreglamentaria de la víctima, no habiéndose además aportado prueba en contrario. Desestimó así el pedido de reducción de la pena por las causales alegadas.
Desestimó también la pretensión referente al regular estado de conservación de la moto -por ausencia de acreditación-, así como la supuesta carencia de luces al momento preciso del accidente, cuya prueba en contrario surge de la grabación proporcionada por las cámaras de seguridad del lugar, así como las fotografías agregadas -material incorporado por lectura al debate-, las cuales dan cuenta que aún postimpacto aquellas continuaban en funcionamiento.
Recordó que, en el sistema de escalas penales adoptado por nuestro Código, los jueces deben ineludiblemente ingresar en un ámbito valorativo al momento de traducir las circunstancias agravantes y atenuantes en términos de pena, terreno en el que no existen parámetros precisos para establecer una proporcionalidad empíricamente verificable o lógicamente comprobable entre el acto ilícito y la sanción.
Señaló que este espacio valorativo que la ley acuerda al órgano jurisdiccional al no fijar objetivamente una forma de asignar cantidades numéricas a las circunstancias atenuantes y agravantes "...no es sinónimo de arbitrariedad, sino de relativa discrecionalidad, bien entendida ésta como calidad referida a la labor que deben ejercer los jueces prudencialmente, y que reclama de ellos templanza, moderación, sensatez y buen juicio".
Resaltó que cuando el juez de grado valora atenuantes y agravantes y, a partir de ello, selecciona el quantum punitivo, fuera de los casos en los que tal determinación resulta evidentemente desproporcionada, para no caer en el sinsentido de pretender sustituir la valoración del a quo por otra potencialmente igual de arbitraria, el agraviado debe brindar las razones por las que considera que lo decidido no es razonable, siempre atendiendo a los límites dentro de los cuales es posible ejercer un control de razonabilidad sobre ese extremo de la sentencia.
A fin de desestimar la alegada incompetencia del magistrado resolvente para el cómputo de la pena aplicada -lo referido al conteo de la inhabilitación para conducir vehículos-, indicó que "...resultan claros al respecto los términos del art. 500 del código de forma sobre la materia, estableciendo la competencia del juez de sentencia para dicho trámite".
Concluyó, atendiendo fundamentalmente a las circunstancias particulares del hecho, que debía confirmarse el fallo en todo lo que fue materia de apelación y agravio por encontrarse ajustado a derecho.
IV. Como adelanté el recurso no progresa.
Corresponde mencionar que el juez correccional entendió que no correspondía valorar como pautas atenuantes de la pena la actitud cooperadora del imputado y su defensa al reconocer la materialidad ilícita y la responsabilidad penal, por entender que el reconocimiento no fue tal "...dado que, bajo otro título, le asignaba a las víctimas una autopuesta o asunción del riesgo, que intentaba excluir aquella"; y agregó que "...un reconocimiento expreso se hubiera plasmado en un juicio directísimo, con los alcances de los arts. 378 y 403 bis del CPP, y no como ocurrió. Igualmente, aún sin ese reconocimiento, de algún modo condicionado, había prueba suficiente para acr
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