Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 139271
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.271-RC, "TELLECHEA, HORACIO JAVIER Y ARNEDO, MARCOS GABRIEL S/RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 4.439 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE NECOCHEA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Necochea, a través del pronunciamiento dictado el 17 de mayo de 2023, rechazó sendos recursos interpuestos contra la sentencia del juzgado correccional departamental, que condenó a Horacio Javier Tellechea a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y costas, por resultar autor responsable del delito de defraudación especial e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y a Marcos Gabriel Arnedo a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por resultar partícipe primario del delito de defraudación especial y autor responsable del de incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 54, 174 inc. 5 y 248, Cód. Penal). Asimismo, modificó la pena impuesta a ambos imputados, determinándola en la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para Tellechea, y en la de dos años de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos con relación a Arnedo. Finalmente, mantuvo las reglas de conducta y costas para ambos.
Contra lo así decidido, el abogado de confianza de Marcos Gabriel Arnedo, doctor Carlos Damián Unibase, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. archivos digitales de 2-VI-2023). Por su parte, el doctor Luis Pablo Giampaoli, en su carácter de defensor particular de Horacio Javier Tellechea, interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. presentación digital de 6-VI-2023). Todas las vías deducidas fueron concedidas por el Tribunal de Alzada mediante resolución del 4 de julio de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 10-IV-2024), dictada la providencia de autos en igual fecha, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto en beneficio de Marcos Gabriel Arnedo?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad articulado a favor de Horacio Javier Tellechea?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa particular de Arnedo denuncia la afectación a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, y formula los siguientes agravios.
I.1. En primer lugar, argumenta que en el caso se ha vulnerado la garantía del juez imparcial (arts. 18, Const. nac. y 439 y 440, CPP).
Refiere que los jueces integrantes de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que intervinieron en la sentencia impugnada, ya habían tenido participación en dos oportunidades anteriores durante el trámite de la causa al desestimar el sobreseimiento y denegar un pedido de suspensión de juicio a prueba.
Agrega que la cuestión no se vio saneada con la resolución dictada en su oportunidad por esta Suprema Corte de fecha 2 de noviembre de 2022 al resolver la cuestión de competencia en beneficio del Tribunal de Alzada de Necochea, pues, a su juicio, debió ser integrada con otros jueces mediante los mecanismos habilitados para ello.
I.2. Por último, denuncia la omisión de tratamiento de la cuestión esencial vinculada a la irrazonable duración del proceso penal, postulada en el apartado II.4. de la pieza impugnativa.
Refiere que en el recurso de apelación esa parte había argumentado que, desde el inicio del proceso hasta el momento de la sentencia, se había superado en más del doble a la pena de inhabilitación requerida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que consideró vulnerada la garantía del plazo razonable y solicitó la nulidad del proceso contra el imputado, con mención especial del art. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, dicho planteo no fue desplazado ni subsumido bajo otro aspecto de lo resuelto, según lo advierte la recurrente.
Por todo lo expuesto, peticiona la declaración de nulidad de la sentencia dictada por la Alzada, y que se remita la causa a otro tribunal para que decida nuevamente.
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo del recurso interpuesto (v. dictamen digital de 10-IV-2024).
III. El recurso procede parcialmente.
IV.1. El Juzgado en lo Correccional n° 1 de Necochea, en lo que importa para el caso, condenó a Marcos Gabriel Arnedo a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, conforme se diera cuenta en el apartado antecedentes en la presente causa.
Contra ello, su defensa particular dedujo recurso de apelación formulando los siguientes agravios: a) insistió con la nulidad de la acusación fiscal por haberse mutado la calidad del imputado Arnedo a tenor del rol asignado por el primer fiscal que intervino en la investigación y que requirió la elevación a juicio y luego el rol otorgado por el fiscal del juicio al momento de delinear su línea acusatoria. Así fue que Marcos Gabriel Arnedo pasó de ser requerido como "partícipe necesario de dos delitos en concurso ideal [...], a ser acusado como autor material de sendos delitos" (apdo. II.1. de los agravios); b) cuestionó la pena impuesta por ser superior a la requerida por el Ministerio Público Fiscal (apdo.
II.2.i., ib.); c) se quejó de la calidad de partícipe necesario de su asistido en el delito de defraudación a la Administración Pública (apdo. II.2.ii., ib.); d) solicitó la nulidad de la condena en lo que respecta a su calidad de autor responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248, Cód. Penal; apdo. II.2.iii., ib.); e) invocó la errónea valoración probatoria y argumentó sobre la falta de mención al desarrollo del proceso administrativo de licitación pública, sobre su contexto y circunstancias particulares, todo ello a efectos de concluir en la ilogicidad necesaria para alcanzar un pronunciamiento condenatorio (apdo. II.3., ib.); f) por último, se refirió al plazo razonable del proceso e indicó que en el caso se intentó impartir justicia respecto de hechos acaecidos en febrero y marzo de 2012, y que la pena requerida por el fiscal fue de dos (2) años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que -a su juicio- se trata de un proceso judicial que desde su inicio hasta el momento de la sentencia, superó en más del doble a la inhabilitación requerida por el acusador público, se ocupó de la ponderación de los cuatro criterios que surgen de la jurisprudencia internacional -la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades, la actividad del procesado y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso-.
Respecto del último indicado, resaltó el padecimiento sufrido por Arnedo en el transcurso del proceso, con especial hincapié en su desempeño en el empleo público en el municipio, en tanto llevaba -por entonces- casi una década de sospecha infundada de la comisión de un delito, cuando "ni los ejecutivos de turno posteriores a la Licitación Pública 1/12, ni el HCD en virtud del art. 200 de la LOM, ni el HTC en las rendiciones del primer trimestre del 2012 cuestionaron [su] actuar", poniendo todo esto "en jaque su trabajo de años y su merecida jubilación". Trajo a colación los casos "Genie Lacayo" y "Kawas Fernández" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, por último, concluyó en la nulidad del proceso por violación a la citada garantía (art. 8.1., CADH).
IV.2. Por su parte, la Cámara de Apelación y Garantías de Necochea, en lo que también interesa para el caso, abordó el recurso de la defensa de Marcos Gabriel Arnedo y confirmó la sentencia de condena en cuanto a la actuación que tuvo el nombrado en los hechos calificados como defraudación especial en carácter de partícipe primario, y autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En ese marco, tras expedirse sobre el primer agravio postulado, desechó las nulidades articuladas por la defensa con relación a la situación de indefensión en la que habría quedado expuesto su asistido por haber mutado su rol en los hechos (de "partícipe primario" a "autor" en el delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público"), como también respecto del veredicto. Resueltas las cuestiones que involucraban estas nulidades -apartados II.1. y II.3. de los agravios-, el Tribunal de Alzada trató los agravios sobre la no acreditación del aspecto subjetivo de los delitos imputados, los cuales también rechazó. Por último, se ocupó del planteo sobre la excesiva pena de prisión impuesta a Arnedo, el cual acogió de modo favorable y redujo la sanción impuesta a dos (2) años de prisión de ejecución condicional, conforme fuera peticionado por el acusador público en su oportunidad.
Nada dijo acerca del reclamo relacionado con la vulneración a la garantía del plazo razonable del proceso penal (art. 8.1., CADH), que ni siquiera reseñó entre los agravios formulados por el recurrente.
V. Como anticipé, el recurso procede según lo que sigue.
V.1. Cabe destacar que los vicios relativos a supuestas infracciones constitucionales -verbigracia: la vinculada a que los magistrados de la Cámara hayan resuelto en violación a la garantía del juez imparcial invocada, pues según refirió la defensa de Arnedo, ya habían tenido participación en dos oportunidades anteriores durante el trámite de la causa-, desbordan el marco habilitado por el recurso de nulidad, siendo eventualmente enmendable a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v., en esp. causa P. 135.529, sent. de 15-XII-2022).
V.2. Por otro lado, tal como también lo reconoce la Procuración General en su dictamen -aunque proponiendo una solución diversa a la aquí propiciada- el Tribunal de Alzada omitió dar un tratamiento explícito al planteo sobre el plazo razonable de duración del proceso penal. Aunque, merced al modo en que se explayó sobre el resto de los planteos, tampoco puede considerarse que el tema fue abordado implícitamente, o, al menos, desplazado.
Tiene dicho esta Corte que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquella en la que el tribunal incurre por descuido o inadvertencia (conf. doctr. causas P. 101.608, resol. de 2-XII-2009; P. 109.775, resol. de 9-XII-2010; P. 111.516, resol. de 2-III-2011; P. 110.313, resol. de 16-V-2012; P. 107.598, sent. de 4-XII-2013; P. 114.109, sent. de 16-IV-2014; también aludida en las causas P. 126.165, sent. de 5-XII-2018; P. 132.953, sent. de 16-XII-2021; P. 136.072, sent. de 21-XII-2023; entre muchas otras), lo cual aparece con patencia en el caso. Pues, la alzada departamental, sea por el mentado descuido o por inadvertencia, no se expidió sobre tal agravio sobre el que el defensor de Arnedo se explaya a lo largo de casi tres carillas, lo cual queda puesto en evidencia en la propia reseña que formula de los planteos llevados por dicha parte, en los cuales ni menciona el reclamo por el plazo razonable del proceso (arts. 161 inc. 3 apdo. "b" y 168, Const. prov. y 491, CPP).
Por lo que se lleva dicho, cabe acoger en ese punto el recurso extraordinario de nulidad deducido en favor de Marcos Gabriel Arnedo por infracción al art. 168 de la Constitución provincial (art. 492, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria. Solo dejo a salvo mi criterio según el cual no corresponde anteponer los límites formales que poseen las vías extraordinarias locales si a través de alguna de ellas se introdujo de manera oportuna y suficiente una cuestión federal, ya que su análisis en tales términos corresponde a esta Corte en función de su carácter de Superior Tribunal de la causa, a los fines de posibilitarle al recurrente el eventual acceso al Máximo Tribunal del país (conf. doctr. CSJN causas: "Strada", Fallos: 308:490; "Christou", Fallos: 310:324; "Di Mascio", Fallos: 311:2478 y causa P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.).
Ahora bien, tal como lo indica el ponente, siendo que en el caso la defensa de Arnedo también interpuso la vía de inaplicabilidad de ley, los planteos de pretensa índole federal serán, eventualmente, allí abordados (conf. mis votos en causas P. 113.640, sent. de 13-IX-2014; P. 120.878, sent. de 9-III-2016; P. 121.259, sent. de 17-V-2017; P. 130.227, sent. de 27-II-2019; e.o.).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A través del recurso de inaplicabilidad de ley, la defensa particular de Marcos Gabriel Arnedo denuncia gravedad institucional por vulneración al debido proceso, la igualdad ante la ley y el art. 171 de la Constitución provincial por falta de fundamentación de la sentencia, postulando diversos motivos de agravios (v. recurso digital en informe de la causa del 2-VI-2023).
II. Pero, en razón de lo decidido en la cuestión anterior corresponde declarar por el momento prematuro su abordaje, hasta tanto no se dilucide en la instancia el planteo preterido.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa particular de Horacio Javier Tellechea, a través del recurso extraordinario de nulidad denuncia la violación a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Sostiene que la Cámara de Apelaciones brindó una respuesta aparente al agravio llevado por esa defensa, el cual estuvo vinculado a la petición de nulidad del fallo de primera instancia debido a la omisión del juez correccional de establecer cuál era el delito base en que se habría sustentado la acción de su asistido para configurar el de defraudación a la Administración Pública previsto en el art. 174 inc. 5 del Código Penal.
Refiere que el Tribunal de Alzada validó la decisión del a quo con sustento en que "...el juez de primera instancia lo mencionó en los agravantes", es decir que hizo una referencia al delito de "defraudación por administración infiel" al tratar dicha cuestión, configurando, según esa defensa, un tratamiento meramente aparente. Pues, insiste, no basta que el magistrado haya mencionado en las circunstancias agravantes la figura base, sino que era necesario realizar una expresa remisión a la forma del fraude específico de que se trate, como así también de los elementos del tipo penal en cuestión.
Aduce que el Tribunal tampoco analizó la argumentación ensayada por esa defensa en el escrito de apelación, y solo se allanó a lo probado por el juez correccional con base en la declaración y el informe pericial del perito contador, cuando a juicio de esa parte, no existió un perjuicio, sino todo lo contrario, hubo un beneficio que representó para ese Municipio de Necochea tener una aparatología nueva que permitió obtener una ganancia en su adquisición.
Por lo expuesto, solicitó la nulidad del fallo recurrido y que se remita para el dictado de uno nuevo conforme a las cuestiones planteadas.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede prosperar (conf. art. 493, CPP).
III. En lo que interesa para la solución del caso, el Tribunal de Alzada descartó expresamente el planteo de nulidad llevado por la defensa de Tellechea por falta de motivación de la sentencia (conf. arts. 106 y 201, con relación al 203, CPP), también desechó las críticas sobre los graves defectos de fundamentación en perjuicio del derecho de defensa y la omisión de establecer el delito base que agravaba la figura prevista por el art. 174 inc. 5 del citado Código.
Si bien la Cámara reconoció que el juez correccional no hizo mención alguna al delito previsto por el art. 173 inc. 7 del Código Penal, destacó que sí lo consideró al tratar las circunstancias agravantes en la cuestión sexta del veredicto cuando se refirió al "...total desprecio por el manejo de la cosa pública encomendada a ambos encausados en su calidad de funcionarios públicos" (el destacado figura en el original).
Seguidamente, el a quo se ocupó del encuadre legal sostenido por el juez de mérito dentro de las previsiones del art. 174 inc. 5 del Código Penal, fraude en perjuicio de la Administración Pública, el cual califica la sanción correspondiente a las Estafas y Defraudaciones previstas en el Capítulo IV del Título 6 del Código citado; analizó el delito de administración fraudulenta como una de las formas de "defraudación por abuso de confianza" en el que "...el sujeto activo no entra a la administración de los bienes a través del engaño de la víctima como sucede en la estafa, sino por un acto jurídico o por imperio de ley, quedando comprendido en el concepto de autor cualquier persona que administre, por cualquier título, bienes de otro (TC Sala 2 LP 21856 RSD-799-11 S 30/06/2011)"; e indicó que la norma determina en forma amplia al autor del delito de administración fraudulenta, que supone la realización de dos acciones típicas: la de perjudicar los intereses confiados o la de obligar abusivamente al titular de dichos intereses; que deben realizarse por medio típico específico, consistente en la violación de los deberes a su cargo. Reputó que todos los supuestos del art. 174 son agravantes de las estafas y defraudaciones de los arts. 172 y 173. En el caso del inc. 5 del art. 174, el agravante tiene que ver con que el damnificado no es un particular sino la Administración Pública.
Afirmó que en este caso, nos encontramos ante la conducta de administración fraudulenta, tipificada en el art. 173 inc. 7, el cual sanciona al que "...por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
Concluyó el punto señalando que los hechos relatados resultan típicos del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5, Cód. Penal), la cual -como ya había dicho- resulta ser una agravante de la administración fraudulenta tipificada en el art. 173 inc. 7 del Código Penal.
Por último, abordó los cuestionamientos formulados respecto de la falta de acreditación del aspecto subjetivo de los delitos enrostrados, los que rechazó.
La Cámara comenzó con una reseña de la materialidad ilícita acreditada: "Cometido en la ciudad de Necochea, en sede de su Municipalidad en el marco de la licitación pública Nro. 1/12, mediante una serie de maniobras en claro incumplimiento del proceso administrativo establecido para las licitaciones públicas. Para ello puede advertirse
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.