Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 120877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe repone el auto de admisibilidad dictado a fs. 260/261.
Se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 168 y 171, Const. prov., 491 y concs., CPP).
Se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el apoderado del particular damnificado y actor civil, se revoca la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, y se devuelve la causa para que, integrada con jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente (art. 496, CPP).
Se declara abstracto el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad también interpuesto (art. 488, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios de los letrados intervinientes (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 120.877, "Astorga, Carlos Eugenio s/ recurso extraordinario de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad en causa nro. 53.047 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced al pronunciamiento dictado el 5 de agosto de 2021, al compartir y hacer suyos -en lo pertinente- los fundamentos y conclusiones manifestadas por el señor Procurador General de la Nación Interino, cuyos términos dio por reproducidos en razón de brevedad, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, devolviendo las actuaciones para que por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo fallado (v. fs. 103 y vta., legajo CSJ 413/2017/RH1).
Cabe señalar, brevemente, que esta Suprema Corte de Justicia, por decisión del 9 de noviembre de 2016, revocó la resolución que había admitido los recursos extraordinarios incoados por el apoderado del particular damnificado y actor civil (v. fs. 260/261), al entender que la sentencia impugnada no era definitiva ni un supuesto de equiparación a ella (v. fs. 285/287 vta.).
Vuelta la causa a esta sede, cabe recordar que la Sala I del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa, declaró admisible el recurso de la especialidad y revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca que -en lo que interesa para el presente- había rechazado el planteo de esa parte sobre conflicto de poderes y cosa juzgada constitucional. En consecuencia, ordenó el archivo de las actuaciones (v. sent. de Cámara de fs. 81/97 vta., de 23-IV-2012 y sent. de Casación de fs. 184/190 vta., de 12-III-2013).
Contra esa decisión, el doctor Héctor J. Bertoncello, en su calidad de apoderado del particular damnificado y actor civil, con el patrocinio letrado del doctor Matías L. Bertoncello, dedujo recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 238/256).
El señor Subprocurador General dictaminó a fs. 267/275 vta., aconsejando que sea declarado procedente únicamente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, dictada la providencia de autos (v. fs. 276) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es necesario reponer el auto de admisibilidad dictado a fs. 260/261?
2. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
3. ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
4. ¿Lo es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
El fallo del Máximo Tribunal de la Nación, de acuerdo a las conclusiones y lineamientos del dictamen del Procurador General de la Nación Interino, dejó sin efecto el anterior decisorio de esta Corte que, brevemente, había revocado el juicio positivo de admisibilidad efectuado a fs. 260/261 bajo el entendimiento de que el decisorio objetado no reunía la calidad de sentencia definitiva ni de auto equiparable a ella (v. fs. 285/287 vta.).
De los términos del dictamen del doctor Casal, emerge con claridad que esa afirmación tiene solo un fundamento aparente que, con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, debe ser invalidada como acto jurisdiccional válido (v. fs. 100/101 vta.).
Por lo tanto, toda vez que el único aspecto enmendado del auto de fs. 260/261 fue aquel vinculado al recaudo contemplado en el art. 482 del Código Procesal Penal, extremo que fue específicamente dejado sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe reponer el decisorio mencionado y, por ende, mantener la admisibilidad de los remedios extraordinarios oportunamente efectuada.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Sin perjuicio de que oportunamente participé de la sentencia (v. mi adhesión al voto del entonces Ministro de esta Corte, doctor de Lázzari, sent. de 9-XI-2016), a través del cual se estimó que la decisión del Tribunal de Casación no revestía los caracteres de definitividad ni se daba un supuesto de equiparación por imposibilidad de continuación procesal (v. fs. 285/287 vta.); tal como lo señala mi colega el doctor Torres, la Corte federal a través de su fallo (CSJ 413/2017/RH1, sent. de 5-VIII-2021) ha dejado sin efecto el criterio indicado (v. fs. 103).
En consecuencia, en el estado actual del trámite, adhiero al presente, debiendo mantenerse la admisibilidad de los recursos originariamente efectuada por resolución del 9 de abril del 2014 (v. fs. 260/261).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso de nulidad, el apoderado del particular damnificado y actor civil sostuvo que la sentencia atacada no se fundó en el texto expreso de la ley aplicable al caso, en particular en los arts. 1.104, 1.105 y 1.106 del Código Civil entonces vigente.
Estimó que, al hacer lugar a la petición de la defensa y mandar a archivar la presente causa, el órgano intermedio violó las reglas referidas y, a su vez, al privilegiar una norma provincial, desconoció lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución nacional, que obliga a las provincias a conformarse a las leyes de la Nación (v. fs. 245).
Expuso que en el Código Civil se establecen taxativamente los supuestos de prejudicialidad y que, a su juicio, tales normas han dejado de ser aplicadas en el caso (v. fs. 245 vta. y 246). Con cita de doctrina, sostuvo que las autoridades locales no pueden crear nuevos motivos prejudiciales al margen de los previstos en el cuerpo legal citado. Añadió que la cosa juzgada administrativa receptada en el tribunal intermedio era irrelevante en el caso, por lo que no podía fundar el archivo de la causa (v. fs. 246/250).
Concluyó que, en el caso, cualquier acción impugnativa en sede administrativa se encontraría prescripta y, por lo tanto, ello no puede implicar la impunidad en sede penal como se pretendió en la sentencia recurrida (v. fs. 250).
II. Coincido con el Subprocurador General en que este recurso debe ser rechazado.
III. En efecto, más allá del acierto o error en la selección de las normas legales, o en la interpretación de ellas hecha por la Casación, lo cierto es que el fallo cuestionado se fundó en las disposiciones que ese órgano estimó aplicables.
Debe recordarse, en ese sentido, que el recurso extraordinario de nulidad tiene por objeto la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, la falta de acuerdo y voto individual, la falta de mayoría de opiniones o la carencia de fundamentación legal (arts. 168 y 171, Const. prov.).
Sin embargo, la crítica del encuadre jurídico o del entendimiento que el tribunal ha hecho de la ley es un tema propio del recurso de inaplicabilidad de ley también interpuesto en el presente, en el que incluyó una crítica de similar tesitura a la descripta.
En ello radica el rechazo del remedio de nulidad interpuesto.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, la parte reiteró varios de los planteos que hizo en el de nulidad. En tal sentido, señaló que la cosa juzgada administrativa invocada por la defensa y receptada por la Casación era irrelevante a los efectos de la continuación de la causa penal.
Estimó que la sentencia atacada se equivocó al interpretar que la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia del ejercicio del Municipio de Puán del año 1997 -período correspondiente a los hechos denunciados- impide que la justicia penal intervenga en el caso, salvo que se revoque o anule la resolución administrativa aludida (v. fs. 251).
A su juicio, el yerro residió en haber dejado de aplicar lo normado en los arts. 1.104, 1.105 y 1.106 del Código Civil entonces vigente. Así, explicó que la primera norma citada establece solamente dos motivos de prejudicialidad, y que las provincias no pueden crear otros. Argumentó que, incluso si se interpretara que nos encontramos ante una causa prejudicial, el proceso penal podría seguir porque el trámite ante el Tribunal de Cuentas ya había terminado (v. fs. 251 vta.).
Citó el art. 1.106 del mismo digesto para sostener que, así como la sentencia civil conserva sus efectos cualquiera sea el resultado del posterior juicio penal, lo mismo debe ocurrir con la invocada cosa juzgada administrativa derivada de la aprobación del ejercicio fiscal. No existe entonces, a su entender, el obstáculo que alegó la defensa y que motivó la decisión de la Casación (v. fs. 252).
Finalmente, señaló que se trata de un caso de gravedad institucional porque se encuentran comprometidas instituciones básicas de la Provincia, el suceso ha adquirido trascendencia pública, y la solución dada al caso se proyecta sobre otros futuros, así como también afecta la administración de justicia y la confianza en las normas jurídicas (v. fs. 252 vta./254).
II. Coincido con el señor Subprocurador General en que el recurso es procedente.
III.1. En primer término, no hay ninguna norma que asigne a la aprobación del ejercicio fiscal el efecto de impedir la persecución penal por hechos cometidos durante ese período. Semejante consecuencia, en delitos que además son de acción pública, no puede derivarse -como lo hizo la sentencia recurrida a fs. 188- de una alusión de carácter doctrinario a la unidad del ordenamiento jurídico.
El desajuste normativo introducido por el efecto asignado a la aprobación de las cuentas se extendería además al caso inverso, es decir, a los eventuales efectos penales de la sentencia de condena o cargo contra determinado funcionario. Debe tenerse en cuenta que la sentencia del Tribunal de Cuentas tiene por consecuencia un cargo cuyo monto deberá devolver el funcionario hallado responsable, y en caso de omisión, la ley prevé el cobro por vía de apremio (arts. 32 a 35 de la ley 10.869, orgánica del Tribunal de Cuentas). Esta Suprema Corte ha decidido que el Tribunal de Cuentas no integra el Poder Judicial ni cumple cometidos jurisdiccionales, sino que despliega funciones de índole administrativa (art. 166 in fine , Const. cit.; causa A. 70.481, resol. 15-V-2013, con remisión a causa B. 64.745, resol. 23-X-2002).
Así las cosas, con la interpretación que asigna a la decisión del Tribunal de Cuentas efectos sobre el juicio penal, por un lado, se trastocarían los plazos de prescripción de la acción penal establecidos por el digesto sustantivo en tanto se acotarían al vinculado a la aprobación de la cuenta por el órgano administrativo; y, por el otro, se crearía un procedimiento distinto para los delitos que puedan cometer los funcionarios provinciales en la administración de los fondos que le son confiados.
Ahora bien, cuando se verifican tan graves desarmonías legales como resultado de un criterio interpretativo, cabe indagar si ese entendimiento no es equivocado, y si las contradicciones están presentes en la ley o acaso solo en el razonamiento del intérprete.
III.2. En ese sentido, resulta indudable que la inteligencia dada a los textos legales en el fallo dictado por la Casación es errónea. Ello, no solo por la falta de coherencia que exhibe con el resto del ordenamiento, sino porque además la propia ley orgánica antes citada dispone que la decisión del Tribunal de Cuentas "hará cosa juzgada, en sede administrativa "(art. 37, ley 10.869, el destacado me pertenece).
Este es el único artículo del Capítulo VIII titulado "Efectos del Fallo" de la ley aludida. Por lo tanto, es claramente improcedente interpretar esa norma como si dijera "hará cosa juzgada, en sede administrativa (y también penal)" sin reparar en el texto expreso de la ley ni en las graves anomalías que así se generarían, y con el solo apoyo de una mención general a la unidad del ordenamiento jurídico.
En conclusión, no hay cosa juzgada, ni conflicto de poderes, ni impedimento de ninguna naturaleza derivado de la decisión del Tribunal de Cuentas para que continúe la causa penal. Claro está que la presente no juzga sobre el fondo del asunto, ni sobre obstáculos independientes -no resultantes de la actuación del Tribunal referido- que pudieren oponerse a la persecución penal.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la tercera cuestión también por la afirmativa .
A la cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En razón de la respuesta que he sostenido para la cuestión anterior, el abordaje de la presente deviene abstracto, tal como señala correctamente el dictamen del señor Subprocurador General (v. fs. 275 vta.).
En efecto, este recurso pretende resolver una contradicción constitucional que resulta en verdad -como creo haberlo demostrado- de una interpretación errónea de los textos legales aplicables al caso, y no de la ley misma. Removido el pretendido obstáculo para la continuación de la causa penal, ya no hay agravio que atender en esta cuestión (art. 488, CPP).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuarta cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se repone el auto de admisibilidad dictado a fs. 260/261.
Se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (arts. 168 y 171, Const. prov., 491 y concs., CPP).
Se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el apoderado del particular damnificado y actor civil, se revoca la sentencia dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Penal, y se devuelve la causa para que, integrada con jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente (art. 496, CPP).
Se declara abstracto el tratamiento del recurso de inconstitucionalidad también interpuesto (art. 488, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios de los letrados intervinientes (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/11/2021 19:39:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2021 20:50:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/11/2021 08:02:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2021 13:25:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2021 14:06:57 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2021 14:57:37 hs. bajo el número RS-139-2021 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia