Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128089
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.089, "C., A. y Z., E. N. s/ Recurso extraordinario de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 29.589 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el pronunciamiento del 7 de julio de 2016, hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las señoras defensoras oficiales de A. G. A. C. y E. N. Z. contra la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental que los había condenado, a cada uno, a la pena de quince años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales, sin costas, por encontrarlos coautores responsables de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, abuso sexual calificado por acceso carnal y por su comisión por dos o más personas o con arma, y privación ilegal de la libertad calificada por haber sido cometida con la participación de tres o más personas, todos en concurso real. En consecuencia, con relación al joven C., por mayoría, redujo la pena a doce años de cumplimiento efectivo, dejando incólumes las restantes declaraciones del fallo originario; mientras que respecto del menor Z., la opinión mayoritaria resolvió condenarlo en calidad de partícipe necesario responsable del delito de abuso sexual calificado por acceso carnal y por ser cometido por dos o más personas o con arma, manteniendo las calificaciones de los demás delitos y su forma real de concurrencia, y disminuyendo la pena a diez años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales, sin costas (v. fs. 96/127 vta.).
Frente a ello, la señora defensora oficial de A. G. A. C. interpuso los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 136/149); y la señora defensora oficial de E. N. Z. los de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley en subsidio (v. fs. 150/177), todos concedidos por la sala interviniente mediante resolución de fs. 212/221.
La Procuración General aconsejó que los recursos sean rechazados (v. fs. 265/276); dictada la providencia de autos (v. fs. 277) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de nulidad interpuestos respecto de A. G. A. C. y E. N. Z.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de A. G. A. C.?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad articulado con relación a E. N. Z.?
4ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también incoado a su respecto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Las defensas oficiales de los acusados A. G. A. C. y E. N. Z. interpusieron sendos recursos extraordinarios de nulidad cuyo tratamiento conjunto se realiza en esta cuestión, pues con similar base argumental, ambos reclamaron que se declare nula la sentencia de primera instancia por carecer de la firma de uno de los tres integrantes del tribunal, quien -según se indicó en el propio texto del pronunciamiento cuya nulidad se pide- se hallaba en ejercicio de licencia compensatoria (v. fs. 138 vta./140 vta. y fs. 155/157, respectivamente).
Tanto se señaló que el requisito destacado como preterido resulta impuesto por el art. 168 de la Constitución de la Provincia, tratándose de un elemento de carácter constitutivo de aquel acto jurisdiccional; como fue criticada la forma en que la objeción resultó desestimada por la postura mayoritaria del Tribunal de Alzada, no obstante que, en opinión de las recurrentes, la ausencia de la firma en cuestión afectaba el debido proceso, con lo que adhirieron al voto de la minoría. La defensa del joven C. invocó además el precedente de esta Corte P. 85.290, sentencia de 19-XII-2007 (v. fs. 139 vta.).
II. Los recursos deben ser rechazados.
Las censuras de las recurrentes no refieren a la sentencia de Cámara que se pronunció sobre los extremos de la imputación que motivan los agravios que ambas partes decidieron someter al escrutinio de esta sede extraordinaria a través de las vías que serán examinadas en las cuestiones siguientes; sino a la de primera instancia. Ha dicho esta Suprema Corte que solamente resultan habilitados en el carril recursivo utilizado aquellos planteos destinados a denunciar el quebrantamiento de las formas, solemnidades y deberes de actividad, que constitucionalmente deben observar las sentencias definitivas dictadas por los jueces de los tribunales de apelación o colegiados de única instancia (causas C. 95.206, sent. de 12-XI-2008; A. 70.972, sent. de 15-V-2013; A. 71.012, sent. de 22-V-2013 y A. 70.838, sent. de 22-V-2013). En sentido coincidente - mutatis mutandis - que es inadmisible el recurso extraordinario de nulidad si la omisión de tratamiento se refiere al proceder del tribunal de primera instancia y no al pronunciamiento del órgano revisor (causa P. 118.223, resol. de 11-IV-2014).
Por otra parte, la defensa de C. desatiende las diferencias relevantes que distinguen este caso de lo acontecido en el precedente de esta Corte causa P. 85.290 que invocó, pues allí se declaró oficiosamente la nulidad de la sentencia de casación (no la de primera instancia como aquí solicita la defensa), además de que el defecto no consistía meramente en la falta de firma de uno de los tres integrantes de la sala, sino que se habían dictado sucesivamente dos sentencias sobre el mismo recurso, situación bien disímil de la aquí examinada.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Sostuvo la señora defensora oficial de A. G. A. C. que la decisión de las instancias anteriores sobre la necesidad de imponer pena al nombrado carece de fundamentación suficiente, además de haber sido fijada en un monto extremadamente excesivo, en violación de lo normado por el art. 4 de la ley 22.278, las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios del uso de la pena privativa de la libertad como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; con inobservancia asimismo, de la doctrina emanada del precedente federal "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343).
Expresó en concreto su discrepancia con el Tribunal de Alzada que, por un lado, avaló la necesidad de imponer pena con el objeto de profundizar la reinserción social del joven y concluir con el proceso en ese sentido iniciado; y luego resuelto que correspondía reducir su cuantía, en razón del resultado positivo del tratamiento tutelar y la impresión que aquél le causara.
En opinión de la defensa, esas consideraciones debieron conducir a la absolución de su asistido o en todo caso a la aplicación de la escala penal reducida para la tentativa; dijo que lo contrario significó haber vulnerado lo dispuesto por el citado art. 4 y apartarse de los cánones fijados en el aludido precedente "Maldonado" con reproducción de los párrafos que más adelante acompañó. Trajo a colación el voto minoritario de la Cámara que en función de los informes obrantes en la causa propuso una pena de siete años de prisión por considerar satisfactorio pero no suficiente el tratamiento tutelar (v. fs. 144).
Adujo que a efectos de fundar la necesidad de imponer pena no basta la cita de doctrina y jurisprudencia sobre el tema, ni la argumentación -a su entender sin sustento alguno- sobre la falta de arrepentimiento, o las modalidades comisivas del hecho que resultan subsumibles en los tipos penales involucrados, sino que la Cámara debió analizar concreta y objetivamente el resultado del tratamiento tutelar que llevó a cabo C. (v. fs. 145).
Citó un precedente de esta Suprema Corte conforme el cual, en la tarea de mensurar la sanción en el proceso minoril los criterios tienen como norte que la pena sea la ultima ratio , para lo que deben ponderarse -conforme lo dispone el art. 4 antes mencionado, las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez (v. fs. 145 vta.; causa P. 72.517, sent. de 29-IX-2004).
Transcribió párrafos del caso Villagrán Morales (niños de la calle) en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que:
"... cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad " (fs. 146 vta.; el destacado figura en el original).
En suma, en la comprensión de la señora defensora oficial, si hubiesen sido considerados adecuadamente los informes acerca de la evolución del joven, debió habérselo absuelto, o en su caso, aplicarle la reducción de la escala según lo previsto por el art. 4 de la ley 22.278 (v. fs. 148).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado.
La sentencia de la Cámara justificó la revisión de la decisión del tribunal de mérito en cuanto a la necesidad de imponer pena, formulando a la defensa el reproche de no haber efectuado una crítica razonada que evidenciara violación normativa alguna ni falta de fundamentación suficiente en lo resuelto sobre dicho extremo de la imputación.
Por el contrario, señaló que esa decisión tuvo basamento en el resultado del tratamiento tutelar, que fue considerado satisfactorio pero no bastante incluso por el voto minoritario en la Cámara, aunque más favorable a las peticiones de la defensa, como admite la recurrente a fs. 144. Además de tenerse en cuenta las modalidades comisivas, pauta que la defensa cuestiona pero que está expresamente prevista entre las que debe considerar el juez conforme el art. 4 de la ley 22.278:
"...si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa".
La Cámara desechó también por errado el postulado de que "...a los menores se les debe imponer la mitad del mínimo del delito que se le impute, so pena de caer en arbitrariedad", compartiendo los motivos por los cuales la judicatura de grado entendió que no correspondía la reducción para el delito tentado, entre los cuales resaltó, las consecuencias personales y psicológicas sobrevenidas para ambas víctimas, sin que ello hubiese sido controvertido por la recurrente (v. fs. 115 vta.).
El precedente federal "Maldonado" no modifica las anteriores consideraciones ya que al señalar que la necesidad de pena no puede equipararse a la gravedad del hecho, no excluyó la pauta de la modalidad de comisión, que está expresamente prevista en el art. 4 de la ley 22.278, norma que ese fallo no invalidó. Ciertamente, no es la única pauta prevista sino que deben apreciarse las demás que indica esa disposición, por lo que es indubitable que ninguna de ellas puede -de modo aislado- equipararse a la necesidad de imponer una pena.
Lo dicho sin perjuicio de advertir que en el referido precedente la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia que había decidido no aplicar la reducción que de modo facultativo prevé el art. 4 de la ley 22.278. Lo hizo por cuanto a su entender la Cámara no había dado fundamentos suficientes para ello, pero no declaró que la norma citada sea inconstitucional, ni interpretó que la facultad referida pase a ser obligatoria en todos los casos (v. cons. 41).
En el presente, en cambio, las instancias ordinarias formularon los motivos que tuvieron en cuenta para imponer la pena, y como fue señalado en párrafos anteriores, no se limitaron a la pauta de la modalidad de comisión, sino que atendieron al resultado del tratamiento tutelar y a la impresión directa obtenida del imputado.
En cuanto al monto de pena impuesto, la Cámara compartió los indicadores valuados por su antecesor relativos a la gravedad de los hechos que conformaron el raid delictivo de los imputados, desde la privación de la libertad ambulatoria a mano armada, el apoderamiento indiscriminado de varios bienes de valor y fundamentalmente la ofensa a la libre elección sexual de una mujer; la falta de escrúpulos al utilizar estos mecanismos para satisfacer necesidades económicas injustificadas como también la satisfacción de instintos sexuales de modo violento, valiéndose de varios intervinientes más un arma de fuego (v. fs. 115 vta.).
No obstante, el sentenciante tuvo en cuenta el resultado satisfactorio del tratamiento tutelar y la impresión recogida en la audiencia preliminar ante esa sede para rebajar la pena, que mensuró en doce años de prisión (v. fs. cit./116).
La defensa tildó de excesiva dicha cuantía, pero fuera de manifestar su discrepancia en tal sentido no ha demostrado que a tenor de las concretas circunstancias del caso apreciadas en las instancias anteriores, lo resuelto haya importado la violación de la normativa y jurisprudencia que invocó; en particular, ninguna consideración le ha merecido que la pena de doce años de prisión ha sido determinada en razón de los delitos -robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, abuso sexual calificado por acceso carnal y por ser cometido por dos o más personas o con arma, y privación ilegal de la libertad calificada por ser cometida con la participación de tres o más personas-, que en calidad de coautor son imputados a C. bajo la modalidad del concurso real, cuyas escalas son, respectivamente, de tres a diez años, ocho a veinte años y diez a veinticinco años (arts. 166 inc. 2 último apdo.; 119 apdo. 3 inc. "d" y 142 bis inc. 6, Cód. Penal).
Con lo cual, la postura de la defensa de que la sanción debió ser menor no hace más que reflejar un criterio disidente del proceso de mensura llevado a cabo por el órgano revisor, sin que ello signifique violación legal alguna (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa de E. N. Z. objetó por inconstitucional la norma del art. 368 parte final del último párrafo del Código Procesal Penal -según ley 13.943- que ante el desistimiento de la parte acusadora oficial, confiere al particular damnificado la posibilidad de sostener la acusación que hubiere formulado la fiscalía en la oportunidad que señala el art. 334 del mismo Código.
Ello por cuanto la señora fiscal, al momento de formular los alegatos, desistió de acusar al joven mencionado por el delito de abuso sexual agravado -manteniendo a su respecto las demás imputaciones-; en tanto que el particular damnificado sostuvo ese tramo de la acusación haciendo uso de la facultad que es impugnada en el presente recurso (v. fs. 3 del acta de debate y fs. 7 y vta. de la sent. originaria).
Opinó la recurrente que esa habilitación legal "...resulta contraria a nuestra Ley Suprema provincial que consagra de manera implícita la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal", en tanto el art. 189 de aquella establece que dicho órgano es desempeñado por fiscales que conforme estatuye la ley de Ministerio Público 14.442, gozan de la autonomía e independencia que le otorga la Constitución local para el debido cumplimiento de sus funciones (v. fs. 157).
Argumentó que:
"...el desistimiento de la acción pública que se verifica en autos por parte de su titular, ha dejado huérfano de Órgano acusador al proceso, vacancia procesal que no puede ser subrogada, ni legítimamente asumida, por quien carece de la condición de titular de la acción pública, por imperativo constitucional y de acuerdo a taxativas previsiones infra constitucionales que reglan su ejercicio" (fs. cit. vta.).
Aseveró que la norma que critica implica un retroceso hacia el sistema de justicia privada inspirada en el sentimiento de venganza; y que la labor de la fiscalía no está confinada a la etapa preliminar, entendiendo que la interpretación del a quo implica una forzada partición del proceso, cuando se trata de una única actividad desplegada a lo largo de una serie concatenada de actos inconciliable con la postura que relega a un segundo plano el rol del órgano acusador (v. fs. 158 vta.).
De allí que en su criterio, el desistimiento de la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal impone, sin más, la absolución del imputado ya que el tribunal de mérito carecía de una pretensión sobre la cual expedirse, lo que le impedía dictar condena conforme los requerimientos del particular damnificado, so pena de incurrir en parcialidad (v. fs. 159 vta. y 160).
Citó párrafos del voto de la minoría en el precedente federal "Amodio" (CSJN Fallos: 330:2658, disidencia de los Jueces Lorenzetti y Zaffaroni), y añadió referencias doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la improcedencia de dictar condenas cuando el fiscal ha pedido la absolución.
II. Al igual que dictamina la Procuración General, considero que la petición encaminada a que se declare inconstitucional el art. 368 último párrafo (parte final) del Código Procesal Penal no puede prosperar.
Dicha cuestión fue abordada y desestimada por la postura mayoritaria de la Cámara que partió de la consideración de las etapas que integran el procedimiento penal: así dijo que en la inicial dedicada a la investigación penal preparatoria, es competencia exclusiva del agente fiscal promover y ejercer la acción penal -respecto del particular damnificado el Código de forma determina el modo y oportunidad de su constitución, como enumera taxativamente sus derechos y facultades-; mientras que la siguiente fase del debate propiamente dicho, desde la sanción de la ley 13.943 -en consonancia con lo resuelto por la Corte federal en los precedentes "Santillán"; "Del Olio" y "Quiroga"- contempla la posibilidad de que el particular damnificado formule una acusación y abra así autónomamente el juicio; más aún, precisó el a quo , "...en el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público representante del estado (CPP. art. 368)" (fs. 116 vta.).
Tal la situación suscitada en el caso, en que ante el desistimiento expresado durante el debate por la señora fiscal, con relación al delito de abuso sexual agravado imputado al menor Z., el representante del particular damnificado sostuvo la acusación formulada en la oportunidad del art. 334 del Código Procesal Penal permaneciendo igualmente incólume el control de legalidad a cargo del tribunal. Refirió el sentenciante que en el marco del espíritu que inspiró la reforma, el fiscal conserva en exclusividad el monopolio de la investigación, mientras que el ofendido puede hacer valer sus derechos en la etapa plenaria independientemente de la labor de aquél, a tenor de los principios que hacen de la víctima una protagonista frente al delito, obteniendo amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales conforme la normativa internacional que citó.
En conclusión, el Tribunal de Alzada, en
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