Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128125 RC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a fs. 125/129, con costas (arts. 493 del C.P.P.; 31 bis de la ley 5827.).
2Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gustavo Germán Rapalini (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 128.125-RC - “Lutteral, Liliana Beatriz y Tévez, Jorge Adolfo s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 68.600 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.125 RC, caratulada: “Lutteral, Liliana Beatriz y Tévez, Jorge Adolfo s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa Nº 68.600 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. Liliana Beatriz Lutteral y Jorge Adolfo Tévez, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Gustavo Germán Rapalini, en lo que aquí interesa, presentaron recurso extraordinario de nulidad contra el pronunciamiento de la Sala II del Tribunal de Casación Penal que, el 1° de septiembre de 2015, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Quilmes que los condenó como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, imponiéndole a la primera de los nombrados, en forma conjunta, la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos (fs. 125/129).
En ese marco, denunciaron el incumplimiento de las formas prescriptas en los arts. 168 de la Constitución provincial y 107 del C.P.P. (fs. 126 vta.).
Puntualizaron que no existe una total identidad entre los magistrados que emitieron sus respectivos votos y las rúbricas y sellos identificatorios al pie de la resolución (fs. cit.).
Trajeron a colación los precedentes L. 48.590 (sent. del 9/VI/1992), L. 66.887 (sent. del 14/VII/1998) y L. 70.604 (sent. del 29/IX/1998) y alegaron que en todos ellos, esta Corte resolvió que la ausencia de firma de uno de los magistrados que figuraba en el veredicto como integrante del Tribunal y emitiendo su voto, constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución provincial por no emanar el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional estructurado por ley (fs. 127).
Agregaron que también este Tribunal juzgó que se afectó el art. 168 cit. en un caso en el que el pronunciamiento fue emitido sin cumplir con la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces que lo integraban ante la ausencia de firma de uno de los magistrados (L. 100.677, sent. del 9/XII/2010). En tales supuestos, según los quejosos, no hay mayoría de opiniones pues un voto quedó sin emitirse. En lo que se refiere al fuero penal, citó la Ac. 103.359 (res. del 21/V/2008 -fs. 127/vta.-).
De seguido, aclararon que si bien los jueces Ordoqui y Celesia estaban a cargo de la Sala V y fueron seleccionados para integrar la Sala II, tal circunstancia, a su entender, de ningún modo subsana la irregularidad ocurrida. Resaltaron que aunque el primero de los nombrados “hubiera, a todo evento, emitido su opinión… no resulta válida ya que no surge del auto su rúbrica al pie del fallo” (cfe. art. 107 cit. -fs. 127 vta.-).
Luego, afirmaron que como consecuencia del error señalado, no existió ni acuerdo ni mayoría de opiniones. Destacaron que según doctrina de esta Corte “la formalidad del acuerdo es requisito esencial para la validez del decisorio pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional que impone la exigencia del acuerdo previo y voto individual de los jueces, a fin de dejar establecida la mayoría de las opiniones que determinará su sentencia definitiva, por lo cual su omisión acarrea la nulidad” (fs. 128).
Concluyeron que se quebrantó el art. 168 cit. al no existir identidad entre uno de los magistrados que emitió su voto por adhesión y quien, en definitiva, estampó su firma por lo que solicitaron se declare la nulidad del fallo por haberse incumplido con la exigencia de voto individual y por falta de mayoría de opiniones (fs. 128 vta.).
II. La Alzada, el 5 de mayo de 2016, en lo que aquí interesa, concedió el recurso extraordinario de nulidad (fs. 143/146).
Para arribar a tal decisión, recordó las causales en las que procede el carril extraordinario en cuestión (cfe. arts. 161 inc. 3 apartado b, 168 y 171 de la Constitución provincial y 491 del C.P.P.) y aseveró que las críticas desarrolladas por la defensa encuadran en ellas en tanto se agravió de la violación del art. 168, segundo párrafo, de la Constitución provincial (fs. 143 vta./144-).
III. El recurso extraordinario de nulidad ha sido bien concedido.
Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto I. -como bien lo advirtió el a quo en el punto II-, en el caso se hallan reunidos los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 482, 483, 484 y 491 del Código Procesal Penal.
En función de ello, corresponde analizar sin más trámite la procedencia del reclamo (art. 31 bis de la ley 5827).
IV. El remedio impugnativo no puede prosperar.
a. Como se adelantara, la vía extraordinaria de nulidad sólo es procedente si se alega omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, falta de fundamentación legal o incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o la no concurrencia de mayoría de opiniones (arts. 161 inc. 3° letra "b", 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 491 del C.P.P. -ley 11.922 y sus modif.-; y conf. doct. Ac. 82.367, 19/II/2002; Ac. 91.374, 20/X/2004; Ac. 93.862, 18/V/2005; Ac. 100.082, 18/VII/2007; P. 74.467, sent. del 21/V/2008; Ac. 104.341, 25/II/2009; RP. 103.257, 4/IX/2009; RP. 106.687, 17/III/2010, RP. 107.662, 24/II/2010; P. 105.206, sent. del 11/IV/2012; entre muchos otros).
Más allá de la afirmación de los apelantes referida a que en el fallo impugnado no se cumplió con el mandato constitucional que impone exigencia de acuerdo previo, voto individual de los jueces y mayoría de opiniones, de la lectura del mismo no se advierte que los integrantes del tribunal hayan omitido pronunciarse del modo establecido en el texto constitucional pues existió acuerdo, voto individual y concurrió mayoría de opiniones (conf. P. 73.444, sent. del 8/VII/2008).
b. En efecto, el recurso es insuficiente en tanto no demuestra que lo que se denuncia no sea otra cosa que un error material en el estampado del sello bajo la rúbrica del juez Ordoqui, en especial, teniendo en cuenta todo el texto de la sentencia (encabezado en el que se menciona a los doctores Mancini y Ordoqui, orden de votación y adhesión del segundo al voto del primero -v. fs. 88/98 vta.-) y que en la copia certificada del fallo obrante a fs. 148/159 que mandó agregar el propio Tribunal (fs. 144 vta.) no se observa tal déficit.
En suma, los impugnantes pretendieron magnificar los efectos de un evidente yerro material que -como tal- resulta ineficaz para demostrar la trasgresión de la Constitución local pues los magistrados intervinientes concordaron plenamente en el sentido de sus votos, abasteciendo así la mayoría exigida por el texto constitucional, por lo que no surgen razones que lleven a nulificar el pronunciamiento atacado (art. 168 de la Constitución local; cfe. mutatis mutandi P. 117.883, res. del 11/III/2013 y P. 120.458, sent. del 2/IX/2015, e.o. de esta Corte).
c. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, resulta pertinente señalar que dicho defecto formal, en su caso, debió argüirse ante el a quo mediante el recurso previsto en el art. 109 del C.P.P, vía idónea para la corrección de errores como el acontecido en el presente que una vez rectificados no modifican el contenido jurídico de la resolución.
d. Por otra parte, el sindicado error material no implica una afectación del debido proceso legal que amerite descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (art. 18, Const. nac.; cfr. doctrina causas P. 80.121, sent. de 25/VI/2003; P. 73.922, sent. de 27/IV/2004; P. 79.099, sent. de 12/V/2004; P. 85.290, sent. de 19/XII/2007, entre otros). (P. 113.869, res. del 6-III-2013; P. 85.290, sent. del 19-XII-2007, a contrario sensu).
Tampoco reviste una entidad tal que impida el ejercicio pleno del derecho de defensa ni el análisis del fallo, circunstancia que se evidenció con claridad ante la articulación del recurso extraordinario de inaplicabilidad a favor de los imputados en el que se cuestionó la valoración de los hechos, prueba y calificación legal (v. fs. 130/139 vta.).
Cabe recordar que es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, no concurren estas circunstancias (art. 203 del C.P.P. y conc.; doct. P. 65.404, sent. del 29/IX/2004; P. 96.779, sent. del 17/VIII/2007; P. 103.649, sent. del 13/V/2009; P. 94.876, sent. del 10/VI/2009; P. 72.430, sent. del 7/X/2009; P. 98.7690, sent. del 3/III/2010; P. 103.201, sent. del 28/V/2010; P. 109.062, resol. del 18/V/2011; P. 109.012, resol. del 6/VII/2011; P. 108.312, resol. del 3/X/2012; P. 111.879 y P. 113.311, resols. del 19/XII/2012; P. 113.098 y P. 113.947, resols. del 10/IV/2013; P. 114.236 y P. 117.397, resols. del 3/VII/2013; P. 114.637, resol. del 25/IX/2013; P: 113.880, resol. del 16/X/2013: P. 112.706, resol. del 6/XI/2013; P. 103.251, resol. del 4/XII/2013; P. 112.700, resol. del 11/XII/2013; P. 112.879, resol. del 18/XII/2013; P. 117.101 y P. 117.712, resols. del 3/III/2014; P. 113.572, resol. del 26/III/2014; P. 118.379, sent. del 3/IV/2014; P. 119.599, resol. del 16/IV/2014; P. 118.682, resol. del 23/IV/2014; e./o.).
En conclusión, no se advierte ningún perjuicio en concreto que amerite la anulación de la sentencia (cfe. P. 119.120, sent. del 20/V/2015, mutatis mutandi).
e. Por último, los fallos de esta Corte citados por la parte para dar sustento a su petición no resultan aptos a tales fines.
En efecto, los quejosos no se hacen cargo de las diferencias causídicas existentes entre cada uno de ello y el presente y pretenden su aplicación de forma genérica y dogmática.
En tal sentido, no realizaron ningún esfuerzo tendiente a evidenciar de qué manera los numerosos precedentes del fuero laboral (v. notas al pie de fs. 127/vta.) serían aplicables al presente, teniendo en especial consideración que en dicho fuero de instancia única, se exige en todos los casos la intervención de los tres jueces (cfe. arts. 44 de la ley 11.653 y 168 de la Carta local; causas L. 62.813, sent. del 19/V/1998; L. 66.802, sent. del 16/III/1999; L.78.296, sent. del 6/XI/2002 y L.74.704, sent. del 19/III/2003, L. 117.963, sent. del 2/III/2016, e.o.) mientras que en el procedimiento penal pueden resolver -en la instancia revisora- solo dos de los tres jueces cuando haya mayoría de opiniones en todas la cuestiones (cfe. P. 124.657, resol. del 22/VI/2016; P. 125.434, sent. del 9/XII/2015; P. 120.458, sent. del 2/IX/2015; P. 73.444, sent. del 8/VII/2008, e.o.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a fs. 125/129, con costas (arts. 493 del C.P.P.; 31 bis de la ley 5827.).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gustavo Germán Rapalini (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia