Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128495
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y se declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada a partir del nivel correspondiente a la determinación de la pena; y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- se dé respuesta sobre los planteos preteridos por haberse configurado infracción del art. 168 de la Constitución provincial (arts. 492 y concs., CPP y 168, cit.).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.495, "Romero, Silvio Leonardo. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en la causa 64.959 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 4 de diciembre de 2014, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora que condenó a Silvio Leonardo Romero a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada, manteniendo la declaración de reincidencia y unificándola con la pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, declarando la reincidencia, que con fecha 13 de septiembre de 2013, dictó el Tribunal en lo Criminal n° 8 departamental, en la causa 35.047-13, por ser coautor responsable del delito de robo agravado por el empleo de un arma cuya aptitud no fue acreditada y, en definitiva, condenando al nombrado a la pena única de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la declaración de reincidencia, omnicomprensiva de ambas penas (v. fs. 60/73 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación -doctor Mario Luis Coriolano- interpuso recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 76/84 vta. y 85/89), siendo concedido solamente el recurso extraordinario de nulidad por el órgano intermedio (v. fs. 113/116 vta.). Presentado el recurso de queja ante la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el mismo fue concedido por esta Corte (v. fs. 161/164 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 168/171), dictada la providencia de autos (v. fs. 172) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial, con invocación de los arts. 161 inc. 3 apartado "b", 168 y 171 de la Constitución provincial y, 479 a 488 y 491 a 493 del Código Procesal Penal (ley 14.647), denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (v. fs. 85 y sigs.).
Alegó que el a quo no resolvió los planteos referidos a la acreditación de las pautas agravantes consideradas por la instancia y que cuestionara en el remedio casatorio (v. pto. II.b., fs. 69/72 del fallo atacado).
La omisión planteada se basa en que, pese a agraviarse acerca del cómputo como pautas aumentativas de pena de los antecedentes condenatorios y la extensión del daño causado -violencia ejercida a las víctimas, daño patrimonial y el impacto emocional-, no encontró ninguna respuesta en la sentencia del tribunal intermedio sobre tales tópicos (v. fs. 88).
En apoyo de su reclamo trajo a colación doctrina de esta Corte (v. fs. 87 y vta.), y solicitó -en definitiva- que se anule la sentencia en crisis y se reenvíe a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento que aborde las agravantes no tratadas (v. fs. 88 vta.).
II. El señor Procurador General propició en su dictamen el acogimiento de la impugnación (v. fs. 170 vta. y 171; pto. IV.b.).
III. Coincido con ese temperamento, pues a mi juicio el reclamo deducido debe prosperar.
En efecto, en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -que luce a fs. 11/28 vta.- se dispuso la valoración como pautas agravantes de las condenas anteriores, la extensión del daño causado por exceso de violencia y el "grave impacto emocional" que el hecho produjo especialmente en dos de las víctimas. Luego, en el recurso de casación obrante a fs. 34/42 vta., la defensa oficial del imputado cuestionó esa ponderación con fundamento en que las condenas anteriores resultan violatorias de la garantía del non bis in idem pues "...cualquier persona que se la declare reincidente se le está agravando notablemente la pena, toda vez que por tal circunstancia, y conforme lo normado en el art. 14 del código de fondo, pierde los derechos del art. 13 del mismo"; por otro lado afirmó que no ha existido otra violencia ni afectación patrimonial que la mínima que tipifica la figura del robo calificado; y que lo atinente al impacto emocional, no fue acreditado en forma fehaciente.
Sin embargo, como acertadamente señala el señor defensor oficial, sobre tales planteos no hubo pronunciamiento por parte de quienes conformaron la Sala V del Tribunal de Casación (v. voto del doctor Ordoqui con adhesión del doctor Celesia; fs. 69/72 vta., pto. II . b.).
Surge de las constancias del presente legajo que el órgano revisor, a tenor de las consideraciones que expuso en función de la doctrina del fallo "Casal" de la Corte federal acerca del alcance del derecho al recurso (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), refrendó lo actuado por el a quo en lo concerniente a la ponderación de la prueba con la que tuvo por acreditado el hecho y la autoría de Silvio Leonardo Romero, dando razón de sus dichos, refiriendo a la queja sobre los principios que regulan la apreciación de la prueba. Luego, y en lo concerniente a la individualización de la pena, se explayó en generalidades relativas a que no puede ser producto de la discrecionalidad del juzgador y a las pautas generales que fijan las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 69 y vta.), acerca de cómo juegan los fines preventivos de la pena "frente al proceso concreto de individualización" (fs. 70), y otras apreciaciones sobre la cuantía (v. fs. 70 vta.) y la queja referida a la imposición de una pena superior al mínimo legal (v. fs. 71 y vta.), para culminar aludiendo a consideraciones vinculadas a la inconstitucionalidad de la reincidencia, que rechazó (v. fs. 72), sin dar tratamiento -ni expreso ni implícito- a las peticiones de la defensa sobre las referidas pautas aumentativas de pena, pese a que pudieron haber incidido en la ecuación final del monto punitivo.
Se ha infringido, entonces, el art. 168 de la Constitución provincial (conf. causas P. 87.640, sent. de 15-XI-2005; P. 78.237, sent. de 8-II-2006; P. 98.299, sent. de 14-XI-2007; P. 107.823, sent. de 10-XI-2010; e.o.).
En consecuencia, deberá anularse parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a la determinación de la pena, y devolverse los autos al tribunal de origen, a sus efectos (art. 492, CPP).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En primer lugar, la defensa denunció la violación del derecho de defensa material y del debido proceso en los términos de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 8.1 y 8.2 incs. "c" y "d" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 y 14.3 inc. "d" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 79).
Cuestionó que el órgano casatorio haya dictado sentencia sin realizar la audiencia peticionada por su asistido, quien había solicitado tener contacto con los jueces con anterioridad al pronunciamiento del revisor.
Trajo a colación el precedente de esta Corte P. 108.851, sentencia de 11-XII-2013, del que surge la imposibilidad de considerar un desistimiento tácito de la audiencia por parte del imputado, cuando en la propia causa consta su expresa voluntad de ser escuchado por los jueces que efectuarán la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 80 vta.).
Señaló que la celebración de la audiencia oral para informar constituye un trámite esencial en el marco del procedimiento del recurso de casación que hace a la garantía del debido proceso y a la defensa en juicio (v. fs. cit.).
Afirmó que el tribunal no puede omitir la celebración de la audiencia, puesto que se trata de un límite al ejercicio del poder penal del Estado y de una garantía individual. Aseveró que su defendido no renunció a ella, siendo que la solicitó y su pedido fue rechazado en el entendimiento que no constituía un supuesto del art. 458 del Código Procesal Penal, por lo que le causó un perjuicio que consistió en que de haberse realizado la audiencia se hubiera hecho efectivo su derecho a ser oído y la posibilidad de explayarse personalmente respecto de los puntos planteados en el recurso y de su situación actual y "...los señores Magistrados podrían haber arribado a una solución distinta" (fs. 83 vta.).
Adujo que, al prescindir el a quo de un trámite que garantiza la defensa en juicio y el derecho a ser oído (art. 18, Const. nac.), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 202 inc. 3 y 203 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad del fallo y reenviar para que por medio de jueces hábiles se proceda a la correcta tramitación en aquella sede (v. fs. 84).
II. Con el preciso alcance sintetizado fue admitido el recurso por esta Corte, y respecto del cual circunscribió su dictamen la Procuración General (v. esp. fs. 161/164 vta. y 169/170 vta.).
III. Sentado ello, los pretendidos planteos constitucionales traídos por la parte -violación del derecho de defensa material y del debido proceso- intentan poner en evidencia supuestos déficits procedimentales anteriores al dictado de la sentencia, que -además de vincularse con cuestiones típicamente procesales- impiden tener por demostrada la afectación de las mencionadas garantías. Ello, en tanto no han sido articulados con una específica descripción del concreto gravamen irrogado a la parte.
En efecto, la lesión a la garantía de la defensa en juicio requiere, para su procedencia, la demostración de perjuicio, circunstancia que no se advierte aquí plasmada, en tanto no se especifican concretamente cuales argumentos se habría visto impedido de expresar el imputado en ejercicio de su defensa material, ni la manera en que ellos podrían haber variado la solución que impugna (conf. doctr. CSJN Fallos: 307:1131 y 303:167).
Lo dicho pone en evidencia que el caso lejos está de poder asimilarse a la situación del precedente P. 108.851, sentencia de 11-XII-2013, cuya doctrina invoca inobservada. Pues, en ese otro legajo, luego de fijarse la audiencia oral ante el órgano casatorio, el abogado de confianza del imputado solicitó la comparecencia de aquel para el día de su celebración, disponiéndose su cumplimiento por parte del tribunal enviando un oficio al Servicio Penitenciario provincial; y además de la presentación del memorial por el defensor particular conforme lo autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, el día que había sido fijado para la audiencia, constaba un oficio del Servicio Penitenciario anoticiando al tribunal que por razones operativas no pudo cumplir con el comparendo del imputado. Y ante la insistencia de la defensa solicitando otra fecha de audiencia, reforzada por el pedido del propio imputado desde su lugar de alojamiento exponiendo las razones que deseaba expresar en forma personal, la casación ignoró ambas peticiones y dictó sentencia, pese a tales contingencias. Frente a tal irregularidad del trámite desplegado en sede casatoria y ante esas particularísimas circunstancias, que ponían en jaque el derecho de defensa y el recurso, se casó el pronunciamiento recurrido y dispuso la remisión de las actuaciones al Tribunal de Casación Penal a fin de que con jueces hábiles dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Acá, sin embargo, la defensa hizo saber que ante una comunicación telefónica con el imputado este le habría solicitado que arbitre los medios a efectos de materializar un pedido de audiencia con los jueces del Tribunal de Casación (v. fs. 57), siendo previo a la sentencia de fondo desestimado por el a quo por no encajar en las previsiones del art. 458 del ritual, ni del art. 41 del Código Penal, ni haber explicado la parte razones suficientes que justifiquen la petición (v. fs. 58).
Bajo tales premisas, no se advierte que el caso sea asimilable al citado, a fin de poder reputar desoída la doctrina elaborada por esta Corte al amparo de aquellas singulares circunstancias.
Sin perjuicio de lo cual, a tenor de lo decidido en la cuestión anterior y el reenvío dispuesto a efectos de que la casación aborde las cuestiones preteridas vinculadas a la etapa de determinación de la pena, la parte podría eventualmente hacer valer su interés sobre el punto de estar relacionado.
En consecuencia, voto por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Negri dijo:
Adhiero al doctor Soria con el siguiente alcance:
Considero que el agravio del recurrente no puede ser considerado como una mera cuestión procesal pues fue fundamentado por la defensa en el art. 41 del Código Penal, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
No obstante, el art. 41 inc. 2 del Código Penal condiciona la exigencia del contacto directo y de visu con el acusado, a través de la locución "en la medida requerida para cada caso" -esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento (conf. doctr. causa P. 79.495, sent. de 15-III-2002)-, a lo que se aduna lo dispuesto en el régimen procesal local al estipular el art. 458 que "no será necesaria la comparecencia del imputado, salvo expreso pedido de éste o su Defensor".
En autos, como lo señala el colega a quien adhiero, el recurrente no ha demostrado ni las defensas que se habría privado de esgrimir, ni evidencia la existencia de un perjuicio concreto ni el modo en que habrían transgredido las garantías que menciona precisamente por las diferencias entre este supuesto y el fallado en el precedente que invoca (art. 495, CPP; conf. causas P. 109.016, resol. de 31-X-2012; P. 109.167, resol de 10-X-2012; P. 126.664, sent. de 5-IV-2017; P. 122.421, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y se declara la nulidad parcial de la sentencia impugnada a partir del nivel correspondiente a la determinación de la pena; y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- se dé respuesta sobre los planteos preteridos por haberse configurado infracción del art. 168 de la Constitución provincial (arts. 492 y concs., CPP y 168, cit.).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia