Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 125816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, por improcedentes, los recursos extraordinarios de nulidad admitidos en relación a Gamietea y Segales Salvador, con costas (arts. 493, 491 y ccds. del C.P.P.; 31 bis de la ley 5827.).
2Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por el defensa particular de Segales Salvador (arts. 486 -t.o según ley 14.647- 494 y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de los doctores José Luis Puricelli, Jonatan Wajswajn Pereyra y Daniel Andrés Corniola (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 125.816 RC - “Gamietea, Pablo Sebastián s/ Recurso extraordinario de nulidad y Segales Salvador, Julio Rafael s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causas N° 21.684 y su acum. 21.699 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala II”.-
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 125.816, caratulada: “Gamietea, Pablo Sebastián s/ recurso extraordinario de nulidad y Segales Salvador, Julio Rafael s/ recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causas N° 21.684 y su acum. 21.699 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala II”,
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, luego de que esta Corte anulara por falta de fundamentación el juicio de admisibilidad efectuado por dicho órgano jurisdiccional y ordenara la realización de uno nuevo (cfe. art. 486 según ley 14.647, v. resolución de fs. 112/113 vta. del incidente 21.684), en cumplimiento de lo allí dispuesto, el 23 de febrero de 2016, declaró la admisibilidad del recurso extraordinario de nulidad deducido por la defensa particular de Pablo Sebastián Gamietea y de los carriles extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por la defensa particular de Julio Rafael Segales Salvador, contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 que condenó al primero a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y nueve años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, con costas y, al segundo, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, con costas, por resultar ambos “coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo” (fs. 134/135).
Parar arribar a tal decisión, afirmó que la vía extraordinaria de nulidad articulada en favor de Gamietea debe concederse en tanto se denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, la falta de debida fundamentación y la arbitrariedad de la sentencia, con cita del precedente “Casal” de la Corte nacional.
Por su parte, en lo que concierne al carril extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de Segales Salvador, refirió que se planteó la violación a la doctrina legal, arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba por no surgir del fallo en crisis la causa del deceso de la víctima lo que debió derivar en la absolución de su asistido. A su vez, afirmó que en el remedio extraordinario de nulidad se denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales.
II. Soslayando las consideraciones que cabría formular sobre las reiteradas falencias de la Cámara en lo que hace a la motivación del juicio de admisibilidad y a los fines de no continuar dilatando el trámite de la presente (cfe. art. 2 del C.P.P.), se analizará, sin más, la procedencia de los recursos extraordinarios de nulidad incoados en relación a Gamietea y Segales Salvador (art. 31 bis de la ley 5827):
a. De la lectura del recurso extraordinario de nulidad presentado por la defensa de Gamietea (v. fs. 1/32 vta. del incidente N° 21.684) se advierte que si bien se denunció la omisión de tratamiento del planteo referido a la imposibilidad de imponer una pena superior a la exigida por el fiscal lo cierto es que -contrariamente a lo allí manifestado- la Cámara lo abordó y lo descartó con fundamento en que “la cota de máxima está dada por la pretensión punitiva del particular damnificado” (v. sentencia a fs. 44 vta.). De ahí que lejos de dejar sin respuesta el planteo, el a quo lo trató expresamente (art. 168, Const. prov.). Cabe recordar que la amplitud o el acierto con que lo hizo es materia extraña al recurso extraordinario de nulidad en tratamiento (cfe. P. 104.848, res. del 28/IV/2010; P. 115.421, res. del 10/VII/2013; P. 120.959, res. del 3/XII/2014; P.120.524, res. del 15/IV/2015, e.o.).
A su vez, las críticas vinculadas con la supuesta falta de fundamentación, arbitrariedad en la valoración de la prueba y apartamiento de los lineamientos fijados en el precedente “Casal” del Máximo Tribunal federal, tampoco pueden tener acogida favorable en tanto dichos tópicos están detraídos del acotado marco del recurso en examen (cfe. P. 117.639, res. del 27/XI/2013; P. 118.373, res. del 9/IV/2014; P. 119.574, res. del 5/XI/2014; P.120.743, res. del 20/V/2015, P. 124.503, res. del 14/X/2015 entre otras).
b. Por otro lado, el defensor particular de Segales Salvador, cuestionó la omisión de tratamiento de la recusación del Juez Daniel Alberto Leppen, titular del Juzgado en lo Correccional N° 1 de Morón (v. recurso a fs. 69 vta./71 del incidente 21.684).
Al mismo tiempo, denunció que la Cámara omitió vincular el hecho material con el resultado dañoso y con el deber objetivo de cuidado, todo lo cual -a su entender- quebrantó el art. 168 de la Constitución provincial (v. recurso a fs. 71 vta. del incidente 21.684).
Ahora bien, en lo que concierne a la falta de tratamiento del planteo de recusación, lo cierto es que la Cámara no estaba obligada a expedirse sobre el punto pues ya lo había abordado y desestimado con anterioridad a la confirmación del fallo de condena. En efecto, a raíz del pedido de recusación del citado magistrado efectuado por la defensa particular con fecha 12/XI/2013 (fs. 547/548 de la causa principal), se formó el incidente N° 21.182 en el marco del cual el juez, el 13/XI/2013, en el informe del art. 51 del C.P.P. afirmó que no se encontraba afectada su independencia ni su imparcialidad (fs. 3/5 vta. del incidente). Por su parte, la Cámara, el 21/XI/2013, rechazó la petición por extemporánea (fs. 9). Frente a ello, la defensa dedujo recurso de apelación (fs. 13/vta.) que fue rechazado por la Alzada con fecha 12/XII/2013 con fundamento en que las resoluciones dictadas por dicho órgano no son susceptibles de ser impugnadas por esa vía (fs. 19). Contra lo así decidido, la defensa no articuló ningún otro recurso tendiente a mantener su pretensión.
Ante tal situación, se concluye que la reedición de dicho planteo recién en la impugnación contra el fallo de condena incoada el 3/X/2014 (v. recurso de apelación a fs. 1/18 vta., en especial fs. 1 vta./2 vta. del incidente 21.699) no obligaba a la Alzada a expedirse al respecto pues -como se dijo- dicho embate había sido abordado y rechazado con anterioridad y, por ende, había quedado consentida su intervención por la falta de impugnación tempestiva (cfe. P. 111.751, resol. del 21/XI/2012; P. 119.555, res. del 17/XII/2014, P. 123.562, resol. del 4/VIII/2016; P. 120.726, sent. del 26/X/2016, mutatis mutandi ).
Asimismo, las manifestaciones relativas a la omisión de vincular el hecho material con el resultado dañoso y con el deber objetivo de cuidado tampoco son de recibo. A pesar de que el recurrente citó el art. 168 de la Constitución provincial, sus alegaciones, en rigor, se dirigen a cuestionar la falta de motivación y el mérito de la prueba, extremos que -como se expuso con anterioridad- se encuentran detraídos del acotado marco del recurso en examen (conf. doct. cit. de los arts. 168 cit. y 491 del C.P.P.).
III. Finalmente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado respecto de Julio Rafael Segales Salvador fue mal concedido (art. 486 y 494 del C.P.P. -v. recurso a fs. 73/89 vta.-).
a. Tomando en consideración las críticas por las cuales el Tribunal Intermedio declaró la admisibilidad (v. punto 1. del presente), cabe afirmar que la denuncia de violación a la doctrina legal resulta manifiestamente inadmisible ya que al no encontrarse abastecido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del C.P.P., los embates vinculados con la violación a la doctrina legal o a la ley sustantiva no pueden ser revisados por esta Corte. Cabe recordar que en tales casos, sólo se debe examinar si la parte trajo algún agravio de índole federal y, en su caso, si éste se desarrolló con la suficiencia y carga técnica necesaria para excepcionar las exigencias del art. 494 cit. (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional).
b. Sentado lo anterior, lo cierto es que la tacha de arbitrariedad fundada en la falta de demostración de negligencia, imprudencia o impericia en el proceder de su asistido y en la inexistencia de un nexo causal entre el accionar médico y la muerte de la víctima de autos (v. fs. 75 vta./89 del incidente) no cumple con tales recaudos y, por lo tanto, no resulta apta para soslayar las exigencias formales del art. 494 cit. (art. 15 de la ley 48 a contrario sensu ).
La Cámara al confirmar la condena de primera instancia, analizó los elementos de convicción valorados por el órgano de mérito y concluyó que “la negligencia en el proceder de Segales Salvador no se circunscribe al requerimiento y suministro de productos hemáticos, sino -atento la gravedad del cuadro- a la omisión de cualquier intento de derivación hacia algún centro de mayor complejidad, sobre todo si se tiene en cuenta que en las inmediaciones de la cínica Tachella se ubica el Hospital Interzonal de Agudos ‘Dr. Luis Güemes’ y sólo unas cuadras más allá, el Policlínico “Prof. Alejandro Posadas” (v. fs. 43 vta./44 del incidente 21.684).
Frente a ello, la defensa se limitó a formular afirmaciones genéricas y a sostener un mero criterio discrepante con la valoración de la prueba sin hacerse cargo de los argumentos expuesto por el órgano intermedio. En definitiva, no evidenció la relación directa e inmediata entre la arbitrariedad intentada y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
c. Por todo lo expuesto, mantienen plena aplicación los límites de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P., en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretensa índole federal permiten descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que imponga -en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya citada- que tal precepto local sea dejado de lado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, por improcedentes, los recursos extraordinarios de nulidad admitidos en relación a Gamietea y Segales Salvador, con costas (arts. 493, 491 y ccds. del C.P.P.; 31 bis de la ley 5827.).
2. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por el defensa particular de Segales Salvador (arts. 486 -t.o según ley 14.647- 494 y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de los doctores José Luis Puricelli, Jonatan Wajswajn Pereyra y Daniel Andrés Corniola (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia