Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128454
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza –por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
Asimismo, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido, se deja sin efecto la sentencia recurrida y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia precedente a fin de que –integrada por jueces hábiles- se dicte una nueva conforme a lo decidido, con la urgencia que el caso requiere, a tenor del tiempo que ya ha insumido este trámite y la importancia de los intereses en juego (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.454, "Martínez, Graciela Dora -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley, en causa n° 37.211 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -integrada por los jueces Natiello, Maidana y Celesia-, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de agosto de 2016 rechazó el recurso interpuesto por la particular damnificada señora Graciela Dora Martínez -con el patrocinio del doctor Ernesto Martín- contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata que absolvió a Ismael Rodolfo Gauna (ya fallecido, fs. 310/311) y a Luján Enrique Martínez del delito de homicidio calificado por alevosía (v. fs. 385/390).
La sentencia mencionada se dictó de conformidad con lo resuelto por esta Suprema Corte, la que el 4 de septiembre de 2013 hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la particular damnificada y dispuso que -por jueces hábiles- se diera tratamiento al recurso de casación interpuesto por esa parte (v. fs. 257/262 vta.).
Contra el fallo indicado en primer término, la particular damnificada interpuso los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 497/403 y 404/438, respectivamente), los que fueron concedidos por la sala interviniente (v. fs. 456/460).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 477/482 aconsejando que se haga lugar parcialmente al recurso. Dictada la providencia de autos a fs. 483 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La particular damnificada solicitó se declare nula la sentencia del Tribunal de Casación de fs. 385/390 por no haberse notificado la nueva integración de la sala que iba a dictarla. Añadió que no se proveyó el ofrecimiento de prueba hecho por su parte. Indicó que al menos debió tratarlo, siquiera para rechazarlo.
Indicó que tampoco se fijó audiencia para informar oralmente, acto que su parte había considerado imprescindible en ocasión de tramitar el recurso por ante la Sala I de Casación, en su integración originaria. Aclaró que en tal oportunidad no fue necesario que ese órgano se pronunciara sobre el punto, ya que declaró inadmisible el recurso, pero afirmó que la audiencia era imperiosa cuando -conforme la resolución de esta Corte de fs. 257/262 vta.- se admitió formalmente el recurso de casación (v. fs. 400).
Sobre la falta de notificación de la integración del tribunal indicó que su parte hubiera recusado al doctor Celesia: "...por la animadversión demostrada en el dictado de la confirmación del sobreseimiento en la causa seguida a Marcela Mabel Lotito (médica de policía) por encubrimiento agravado [...] que a su vez derivó o sumó un fuerte intercambio entre el Magistrado con la titular de la ONG que asiste al aquí particular damnificado 'Asociación Miguel Bru', igualmente en aquel caso, quedando posturas totalmente encontradas de carácter grave, que sé con certeza se pueden trasmitir, aun inconscientemente, a la causa" (fs. 401).
Agregó que "Vale recordar que en esta causa se ventila la muerte de Mauro Martínez, vinculada al testimonio que brindara justamente en la causa de la desaparición y muerte de Miguel Bru" (fs. 401 vta.; el destacado figura en el original).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso debe ser rechazado.
En efecto, las deficiencias que en él se enumeran no son las que habilitan el recurso extraordinario de nulidad. Más allá de citar al comienzo de su presentación los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia (v. fs. 397), la parte formula objeciones que se relacionan con el derecho de defensa y la garantía de imparcialidad del juzgador -ajenas a este remedio-, que por lo demás desarrolla también en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se tratará en la segunda cuestión.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor de Lázzari más allá de que estimo necesario dejar a salvo mi criterio según el cual no corresponde anteponer los límites formales que poseen las vías extraordinarias locales si a través de alguna de ellas se introdujo de manera suficiente una cuestión federal, ya que su análisis en tales términos corresponde a esta Corte en función de su carácter de Superior Tribunal de la causa, a los fines de posibilitarle al recurrente el eventual acceso al Máximo Tribunal del país (conf. doctr. CSJN "Strada", 308:490; "Christou", 310:324; "Di Mascio", 311:2478 y P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; e.o.).
Ahora bien, tal como lo indica el ponente, siendo que en el caso también se interpuso la vía de inaplicabilidad de ley, los planteos comunes imbricados en tales remedios y de pretensa índole federal (afectación de la garantía de imparcialidad, defensa en juicio y debido proceso) serán allí abordados (conf. mis votos en causas P. 113.640, sent. de 13-IX-2014; P. 120.878, sent. de 9-III-2016; P. 121.259, sent. de 17-V-2017; e.o).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el presente recurso la particular damnificada reitera en términos similares los planteos que formuló en el recurso que se trató en la primera cuestión.
Indicó que su parte no fue notificada de la nueva integración de la sala del Tribunal de Casación que debía abordar su recurso. Señaló que tampoco se proveyó la prueba ofrecida ni se fijó la audiencia para informar oralmente (v. fs. 407). Estimó que de ese modo se afectó el derecho de defensa (art. 18, Const. nac.).
Dijo que las omisiones referidas resultan tanto más graves porque en los antecedentes de la primera sentencia (la que fuera revocada por esta Corte a fs. 257/262 vta. -legajo P. 108.244-) se habían consignado las peticiones hechas por su parte (v. fs. 408).
Señaló que de haber tenido la oportunidad hubiera recusado al juez Celesia, y reiteró los motivos que expuso en el recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 408 vta.).
Consideró que las tres omisiones que denuncia provocan la nulidad de la sentencia dictada (v. fs. 409 vta.).
II. Coincido con la Procuración General en que este agravio es procedente.
Debe tenerse en cuenta que la Sala I de Casación interviniente fue integrada -en parte- por jueces distintos a los que regularmente la conforman, en razón de haberse revocado el fallo primigenio. De este modo, no puede salvarse la omisión de notificar esa integración alegando que ella ya era conocida por ser la regular o normal de esa sala.
Además, debe destacarse que la parte no se ha limitado a señalar la omisión de notificarle la nueva integración del tribunal, sino que ha expuesto los motivos por los cuales hubiera procedido a recusar a uno de los jueces (v. fs. 408 vta.). Obviamente no corresponde juzgar ahora la procedencia de esas razones, pero sí advertir que la parte no ha formulado una mera objeción formal referida a la falta de notificación, sino que ha explicado el perjuicio concreto que ella le causa (a contrario sensu : causas P. 93.920, sent. de 20-VIII-2008; P. 103.649, sent. de 13-V-2009; P. 95.977, sent. de 8-VII-2009; e.o.).
A lo anterior se suma la falta de respuesta -sea positiva o negativa- a la prueba ofrecida por la parte, y la omisión de fijar la audiencia prevista en el art. 456 del Código Procesal Penal. Estimo que este cúmulo de incumplimientos ha afectado el derecho de defensa de la parte (art. 18, Const. nac.).
Lo dicho hace innecesario el examen de los demás agravios que la parte desarrolla acerca del fondo de lo decidido en el fallo recurrido (v. fs. 410 vta./437 vta.).
Si lo que digo es compartido, deberá dejarse sin efecto la sentencia impugnada, y reenviar la causa para que -por jueces hábiles- se dicte una nueva, conforme a lo aquí decidido, con la urgencia que el caso requiere, a tenor del tiempo que ya ha insumido este trámite y la importancia de los intereses en juego.
III. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Con el alcance antedicho, voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Coincido con el ponente en que el recurso procede parcialmente.
Hago propia la opinión vertida por el señor Procurador doctor Julio Conte-Grand en su dictamen. Por los fundamentos allí expuestos, considero que la particular damnificada logra -al límite de la suficiencia recursiva- evidenciar la existencia de déficits procesales previos al pronunciamiento casatorio que implicaron la afectación de la garantía del debido proceso, tutela judicial efectiva e imparcialidad.
Ello así, pues considero que el derecho a ser juzgado por un juez imparcial es un elemento de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio y rige sin distinción de parte, incluyendo a quien ejerce la acción penal -en este caso, la particular damnificada Graciela Dora Martínez- (conf. dictamen de la Procuración General de la Nación en causa P.676 L. XLVIII "Patti, Luis Abelardo y otros s/ causa n° 15438").
Es que la omisión de la notificación de la integración del tribunal que le impidió de tal modo ejercer los mecanismos procesales pertinentes (la recusación de uno de los magistrados, de quien señaló la recurrente la existencia de una concreta causal que no pudo realizar) como así también la posibilidad de ser oída (conf. audiencia del art. 458, CPP), abastece en el caso para tener por cumplida la presencia de un agravio federal suficiente. Pues "...el derecho a un tribunal imparcial es un elemento del derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio (Fallos 257:132, considerando 3°, entre muchos otros), derecho que el artículo 18 de la Constitución garantiza a todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio, incluyendo, naturalmente, a quien ejerce la acción penal (Fallos 268:266; 331:2077)" (conf. dictamen de la Procuración General de la Nación antes mencionado y sus citas).
Por ello, y con tales agregados, doy también mi voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del Juez ponente, con las consideraciones adicionales expuestas en el emitido por la doctora Kogan.
Por ello, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza –por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 493, CPP).
Asimismo, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido, se deja sin efecto la sentencia recurrida y, en consecuencia, se remiten los autos a la instancia precedente a fin de que –integrada por jueces hábiles- se dicte una nueva conforme a lo decidido, con la urgencia que el caso requiere, a tenor del tiempo que ya ha insumido este trámite y la importancia de los intereses en juego (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 segundo párrafo, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia