Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137129
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el particular damnificado, doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.129, "Dr. Gabriel Alberto Domenech-Achetone -particular damnificado- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 113.202 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que, con fecha 13 de julio de 2021 la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, declaró la prescripción por considerar insubsistente la acción penal ante el vencimiento del plazo razonable de duración del proceso. En consecuencia, sobreseyó a Delia Mirta Saavedra en orden al delito de asociación ilícita (arts. 321 y 323 inc. 1, CPP y 210, Cód. Penal).
El particular damnificado, el doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone, interpuso un recurso de casación contra esa decisión y la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de febrero de 2022, lo rechazó por improcedente.
Dicho sujeto procesal dedujo entonces los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, de inconstitucionalidad y de nulidad.
El tribunal intermedio solo declaró admisible el de inaplicabilidad de ley, desechando los restantes por considerarlos inadmisibles (v. resol. digital de 30-VI-2022) y sin que contra ello hubiese articulado queja (v. informe inicial de 23-IX-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 13-IV-2023), dictada la providencia de autos en igual fecha, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Casación únicamente admitió los agravios de índole federal articulados en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido.
II.1. En tal sentido, el particular damnificado denunció la violación a la garantía del juez natural por considerar que, al dictarse el pronunciamiento de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, votaron los señores jueces Mariano Magaz y Bárbara Halecka, cuando de la propia sentencia, se advertía que la señora jueza María Pía Leiro había señalado que de conformidad con lo resuelto por esta Suprema Corte -en el marco del incidente de excusación en causa P. 129.814-, habían resultado sorteados para intervenir los señores jueces Henricot, Betancur y la propia Leiro.
En virtud de ello, el recurrente sostuvo que no se lo notificó oportunamente de la integración, y de todos modos al momento de dictar sentencia, firmaron otros magistrados diferentes. Por tal motivo -desde su punto de vista- el Tribunal de Casación debió haber anulado el pronunciamiento.
II.2. Por otro lado, denunció que lo decidido por la Cámara y luego convalidado por el Tribunal de Casación Penal, en cuanto se declaró la prescripción por "insustanciabilidad" (debió decir insubsistencia), resultó absurdo y contrario al derecho penal, puesto que esa causal no figura ni en el Código Penal ni en el Procesal Penal.
Por último, hizo alusión a que se encontraría suficientemente acreditado el delito, a partir de la venta de setenta lotes de terreno de la familia Boineau en los que habría participado Saavedra; entre otros detalles que brindó en torno a la actuación de la imputada.
III. El señor Procurador General propició el rechazo del reclamo (v. dictamen digital), postura que comparto.
IV. El agravio relativo a la violación de la garantía de juez natural, debido a que en la sentencia dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, votaron otros jueces diferentes a los designados para integrar el tribunal, no prospera por resultar un planteo extemporáneo (doctr. art. 451, CPP).
En efecto, tal como lo advirtió el señor Procurador General en su dictamen, del recurso de casación interpuesto por el particular damnificado contra la sentencia de la Cámara que declaró la prescripción por extinción de la acción ante la insubsistencia por vencimiento del plazo razonable, no surge planteo alguno direccionado a cuestionar la afectación de la garantía del juez natural respecto de los magistrados del Tribunal de Alzada que dictaron el fallo del 13 de julio de 2021 por el que se sobreseyó a Delia Mirta Saavedra en orden al delito de asociación ilícita.
Es que, en el recurso de mención, el particular damnificado denunció la contradicción del pronunciamiento al entender que se rechazaba el planteo de la prescripción, pero al mismo tiempo, se sobreseía a la imputada. A su vez criticó que en el caso no se hubiese llevado a cabo el nuevo debate conforme lo había resuelto la Sala IV del Tribunal de Casación con fecha 30 de abril de 2013 (v. archivo digital "actuaciones1.pdf" en oficio de notificación de 12-X-2022).
Sin embargo, ninguna alusión formuló respecto a los jueces que suscribieron tal pronunciamiento. De tal modo -como ya se adelantó- la introducción de ese agravio en forma originaria ante esta Sede imposibilita su abordaje por extemporáneo (art. 451, CPP y su doctr.; conf. causas P. 132.774, sent. de 14-X-2020; P. 133.301, sent. de 20-IV-2021; entre muchas otras).
V. El siguiente planteo ligado a la denuncia de autocontradicción, tampoco es de recibo.
V.1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Zárate-Campana, a través del pronunciamiento dictado el 13 de julio de 2021, desechó la solicitud de prescripción efectuada por la defensa de Delia Mirta Saavedra de conformidad con los arts. 59, 62, 67 y 210 del Código Procesal Penal; en el mismo fallo declaró la prescripción de la acción por vencimiento del plazo razonable del proceso (conf. arts. 8, CADH; 14.3., PIDCP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 2, 59 inc. 1 y 210, Cód. Penal) y sobreseyó a la nombrada en orden al delito de asociación ilícita.
V.1.a. Para así resolver sostuvo que, previo a decretar la nueva fecha de juicio que solicitaba el acusador particular, debía analizarse la vigencia de la acción penal.
Con ese objetivo, en primer lugar, se abocó al estudio de la procedencia de la prescripción peticionada por la imputada y su defensa en los términos del art. 59 inc. 3 del Código Penal.
Comenzó por hacer referencia al texto legal aplicable, de conformidad con el art. 2 del Código Penal, para examinar los plazos de la prescripción. En tal sentido se atendió a lo resuelto con anterioridad por el Tribunal casatorio cuando en oportunidad de analizar el caso, estableció que no correspondía la composición del texto legal con base en diferentes leyes, y por tal motivo, se dispuso que regía la redacción del art. 67 vigente al momento de los hechos por resultar más beneficioso para la imputada (en razón de revestir calidad de funcionaria pública).
Consecuentemente, se abordó la cuestión referida al concepto de "secuela de juicio" que formaba parte de la redacción anterior de la citada norma; y el fallo "Farina" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; para sostenerse, en definitiva que, a pesar de la nulificación decretada por Casación, después del veredicto absolutorio se habían cumplido actos procesales que, de conformidad con los criterios interpretativos vigentes en ese momento, transmitían de manera inequívoca la continuidad de la voluntad persecutoria del Estado.
De tal modo se concluyó que no habían transcurrido los diez años previstos por los arts. 62 inc. 2 y 210 del Código Penal para que operase la prescripción de la acción, por lo que, rechazó por improcedente la pretensión de la defensa.
V.1.b. Tras ello y como segunda cuestión, el Tribunal de Alzada se abocó a resolver si en el caso se había afectado el derecho de la imputada Saavedra a ser juzgada en un plazo razonable (conf. arts. 8.1., CADH y 14.3., PIDCP); y para ello, efectuó un racconto de los actos procesales más trascendentes de la causa, los cuales podrían resumirse en los siguientes:
a) La presente causa se inició el 2 de octubre de 1992 a raíz de la denuncia efectuada por el particular damnificado, a través de la cual afirmaba que un grupo de personas -entre los que se encontraba la imputada- se habrían asociado con la finalidad de obtener irregularmente pronunciamientos favorables en numerosos procesos de prescripción adquisitiva ante el Juzgado de Paz de Exaltación de la Cruz.
b) Con fecha 3 de diciembre de 2004, se decretó la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de omisión de deberes del oficio previsto en el art. 249 del Código Penal, delito por el que fuera imputada la nombrada junto con el de asociación ilícita (art. 210, Cód. Penal), convocándola a prestar declaración indagatoria en orden a esta última imputación, la que se concretó el día 22 de diciembre de 2004.
c) El 4 de abril de 2005, el señor juez de transición resolvió no hacer lugar a las prescripciones solicitadas por las partes ni al sobreseimiento, declarando la vigencia de la acción penal respecto del delito de asociación ilícita.
d) El 28 de julio de 2005, la Cámara de Apelación rechazó sendos recursos incoados contra la decisión anterior, aunque resolvió que no existían elementos para continuar imputando el delito y decretó el sobreseimiento provisorio de Saavedra y de las demás personas imputadas.
e) La nombrada presentó un escrito en el cual se quejó del temperamento adoptado y manifestó que deseaba someterse a proceso, y el 14 de octubre de 2005 pidió el pase del expediente en vista de la fiscalía en los términos del art. 215 del Código de Procedimiento Penal (ley 3.589), petición que fue denegada por el magistrado interviniente con fecha 27 de octubre de 2005. Ello fue apelado y el 15 de diciembre de 2005 la Cámara de Apelación resolvió de modo favorable la petición y revocó lo dispuesto en la instancia anterior, al entender que el sobreseimiento adoptado era un temperamento provisorio que debía ser sometido a la aceptación de la persona imputada y que -esta, convencida de su inocencia- podía solicitar que el proceso continuara hasta obtener una resolución definitiva.
f) Luego de distintos recursos y pronunciamientos, que incluyó decisión de esta Suprema Corte, en julio de 2012 se dictó veredicto absolutorio respecto de Delia Mirta Elena Saavedra por el delito de asociación ilícita; dicha decisión luego fue anulada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal con fecha 30 de abril de 2013, disponiendo el reenvío para que se celebre nuevo juicio con nueva integración; ello fue recurrido por la defensa a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el cual fue rechazado.
g) El 12 de mayo de 2017, la imputada y su defensa peticionaron se decrete la prescripción de la acción penal, y se suscitaron cuestiones vinculadas con la integración del tribunal que debía continuar interviniendo, las cuales fueron dirimidas por esta Corte en causa P. 129.814.
h) Con fecha 28 de diciembre de 2017, se le hizo saber a las partes la nueva integración del tribunal y se dio trámite a la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, se corrieron las vistas y se solicitaron los informes de antecedentes de Saavedra.
i) El 24 de mayo de 2018, se resolvió declarar la prescripción de la acción penal; decisión que luego fue nulificada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal que generó el pronunciamiento en estudio de la Cámara de Apelación y Garantías.
Sentado este derrotero procesal, la Cámara de Apelación y Garantías afirmó que el proceso duró "...nada más ni nada menos que 30 años" sin haber obtenido un pronunciamiento definitivo, concluyendo que en el caso existió una grave afectación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, siendo por ello la declaración de la extinción de la acción penal la vía idónea para salvaguardar el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas.
V.2. Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso articulado por el particular damnificado mediante sentencia dictada el 8 de febrero de 2022.
Luego de una extensa reseña de los diversos hitos relevantes del presente expediente, puntualizó que el caso poseía ciertas particularidades, dado que, si bien se advertía la complejidad de la causa, la pluralidad de imputados, las múltiples impugnaciones e incidencias, como así también las anulaciones y consecuentes integraciones, lo trascendente era que apreciaban razonable la decisión de la Cámara de poner fin a la acción penal luego de casi tres décadas sin obtener un pronunciamiento que definitivamente cierre la incertidumbre y la sospecha que recaía en su contra.
Concluyó que luego de un detallado análisis del caso, no resultaba acorde con la normativa y los principios constitucionales aludidos en el pronunciamiento revisado, que la demora judicial recayera sobre la imputada, razón por la cual, homologaron la solución impugnada.
V.3. De la reseña efectuada podemos advertir que la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal fue confirmada por el Tribunal de Casación, al considerar como razonable lo resuelto por la anterior instancia puntualizando que la imputada llevaba casi tres décadas sin obtener un pronunciamiento que pusiera fin a su situación de incertidumbre y sospecha.
En este punto, comparto lo dictaminado por el señor Procurador General respecto a que no existió en ello un supuesto de contradicción, toda vez que más allá de resolver que no correspondía la extinción de la acción penal por prescripción en virtud de la normativa interna de conformidad con los arts. 59, 62, 67 y 210 del Código Penal, sí resultaba viable declarar la prescripción por vencimiento del plazo razonable del proceso conforme los arts. 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, haciendo uso del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
V.4. Al respecto cabe destacar que, ante la falta de una regulación expresa de la duración máxima del proceso penal, el instituto de la prescripción ha sido utilizado, de modo excepcional, como mecanismo para hacer efectivo el derecho a un proceso penal rápido.
De tal forma, que en casos que presenten las suficientes particularidades que permitan constatar la vulneración de ese derecho, se ha resuelto que la declaración de extinción de la acción penal por prescripción constituye la vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal por el transcurso del tiempo y salvaguardar de este modo el derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (conf. Maier, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal , 2da. Edición, Tomo I - Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, pág. 160; Pastor, Daniel; Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, pág. 39; Carrió, Alejandro; Garantías constitucionales en el proceso penal , 4ta. Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2000, pág. 521/3, citados en mi voto de causa P. 79.797, sent. de 28-V-2003).
La propia Corte nacional ya ha consolidado suficientemente esta doctrina que consiste en vincular el instituto de la prescripción de la acción penal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (conf. causas "Amadeo de Roth", Fallos: 323:982; "Barra", Fallos: 327:327; "Egea", Fallos: 327:4815; CSJ 2625/2004 (40-C) /CS1 "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa n° 7621-" de 7-VIII-2007; "Podestá", Fallos: 329:445; "Acerbo", Fallos: 330:3640; "Cuatrín", Fallos: 331:600; entre otros y, más recientemente, en lo que a la violación de la garantía en etapas recursivas se refiere, in re "Santander", Fallos: 331:2319; CSJ 159/2008 "Ibáñez, Ángel Clemente s/ robo calificado por el uso de armas", resuelta el 11 de agosto de 2009; "Salgado", Fallos: 332:1512; "Barroso", Fallos: 333:1639; CSJ 161/2012 "Vilche, José Luis s/ causa n° 93.249", resuelta el 11 de diciembre de 2012 y CSJ 1022/2011 "Salazar, Ramón de Jesús s/ causa n° 105.373" -disidencia del señor juez Maqueda y disidencia del señor juez Rosatti-, resuelta el 6 de febrero de 2018; y más recientemente, "Espíndola", Fallos: 342:584 y CSJ 25/2011 "Escudero, Maximiliano Daniel s/ recurso de hecho", sent. de 23-III-2021).
En definitiva, ambas instancias coincidieron luego de un extenso racconto de la presente causa, en que casi treinta años de proceso -el triple del máximo de la pena prevista para el delito imputado-, no puede recaer en cabeza de la imputada, por lo que resolvieron de conformidad a la normativa internacional mencionada, por tratarse de un supuesto de exceso en el plazo razonable de duración del proceso.
De manera que lo resuelto encuentra fundamento en derecho, a partir de la interpretación brindada a los principios convencionales y garantías constitucionales que regulan el sistema de enjuiciamiento penal, al tiempo que el fallo impugnado brinda argumentos razonables que justifican la decisión adoptada.
Consecuentemente, el agravio por una supuesta contradicción o falta de sustento legal debe rechazarse pues más bien espeja el desconocimiento del recurrente respecto de la consolidada doctrina constitucional aludida.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el particular damnificado, doctor Gabriel Alberto Domenech-Achetone, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:00:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2024 17:07:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:16:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 13:51:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2024 14:10:17 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/02/2024 16:45:28 hs. bajo el número RS-9-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia