Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138997
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Matías Nicolás Rao, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Franco Martín Gorga, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 139.129-RC, "Rao, Matías Nicolás s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 117.792 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de marzo de 2023, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que -en lo que importa destacar para el caso- condenó a Matías Nicolás Rao a la pena de cuatro años y tres meses de prisión y cuarenta y cinco (45) unidades fijas de multa, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c", ley 23.737).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular, doctor Franco Martín Gorga, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado parcialmente admisible por resolución del Tribunal de Casación del 11 de mayo de 2023, sin que se hubiese deducido queja por la porción no concedida (v. desistimiento de queja en archivo adjunto en oficio de fecha 7-VII-2023 e informe inicial de fecha 20-II-2024).
Oído el señor Procurador General mediante el dictamen del 20 de diciembre de 2023, dictada la providencia de autos el 21 de diciembre de 2023, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad referida en los antecedentes, solo corresponde analizar el planteo relativo a la denuncia de afectación al principio de doble valoración prohibida al considerar que un elemento del tipo fue utilizado para potenciar el reproche, ya que el referido a la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.302 en relación con la ley 23.737, quedó marginado de dicho examen.
II. Al amparo de la denuncia de errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, como derivación de la violación del principio de ne bis in idem, el recurrente objeta por excesiva la pena impuesta. Ello, en tanto ese plus -a su entender- deriva de la improcedente ponderación de una circunstancia ya contemplada en la figura penal establecida. Invoca también violación al debido proceso y la defensa en juicio a través del dictado de una sentencia arbitraria que inobservó los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sobre la individualización de la pena sostiene que, al haberse descartado la peligrosidad como pauta agravante de la sanción, el a quo mutó la severizante aplicada, asentándola en la cantidad de dosis secuestradas y no en su poder vulnerante (relativo a la calidad de la sustancia). Denuncia que tal determinación implicó una doble valoración prohibida, porque justamente el hecho de que hayan sido secuestrados varios envoltorios es la circunstancia que condiciona la ultrafinalidad del comercio que configura el tipo penal endilgado a su pupilo.
Agrega que, ni el hecho de que la sustancia incautada haya sido cocaína, ni que hayan sido varios los envoltorios secuestrados, amerita incrementar la pena, ya que ambos aspectos forman parte de los elementos normativos del tipo objetivo.
En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la circunstancia agravante referida y que se disminuya la pena al mínimo legal.
III. La Procuración General aconsejó rechazar el recurso (v. dictamen digital de fecha 20-XII-2023).
IV. Coincido con lo así dictaminado, en tanto la impugnación resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata, por sentencia dictada el 28 de abril de 2022, en lo que importa destacar para la solución del caso, condenó a Matías Nicolás Rao a la pena de cuatro años y tres meses de prisión y multa de cuarenta y cinco unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 y ley 27.302-.
Al momento de valorar las pautas agravantes, descartó como tales las circunstancias en las que se había producido el secuestro de la droga (en horas de la madrugada) y la fuga que diera lugar a una peligrosa persecución; por otra parte, convalidó con ese cariz la pauta ligada al alto poder adictivo de las sustancias secuestradas.
IV.2. Contra ello, la defensa particular del encartado criticó -sobre el punto en cuestión- el monto de pena aplicado argumentando que, al haberse valorado diversas pautas diminuentes y una única agravante, la sanción debió haberse fijado en el mínimo legal. Asimismo, cuestionó dicha severizante porque el hecho de que la sustancia incautada haya sido clorhidrato de cocaína no ameritaba, por esa sola circunstancia, el incremento de pena debido a que ya estaba abarcada por el tipo penal enrostrado, es decir tenencia de estupefacientes. En torno a ello razonó que "...si dicho aspecto ya forma parte de los elementos normativos del tipo objetivo, en modo alguno puede utilizarse el tipo de sustancia como pauta de valoración en los términos de los arts. 40 y 41 CP sin incurrir en una violación del 'ne bis in ídem' ".
IV.3. El Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso.
En primer lugar, dio cuenta de la materialidad ilícita acreditada del siguiente modo: "...el 22 de enero de 2021, aproximadamente a las 2.40 horas, en ruta nacional 2 a la altura del kilómetro 393, luego de una persecución policial que se inició en Calasanz en las cercanía de Estrada, de Mar del Plata, el imputado tenía bajo su esfera de custodia, dentro del auto en el que se trasladaba, cuarenta y tres (43) gramos de cocaína mezclada con otras sustancias, fraccionada y ensobrada en ciento cincuenta y tres envoltorios plásticos cerrados, los que eran arrojados desde el vehículo hacia la vía pública por el acusado y sus acompañantes mientras se desarrollaba la fuga; también poseía una mochila con cuarenta y siete mil setecientos cuarenta pesos ($47.740) y celulares, y que los estupefacientes hallados estaban dispuestos y destinados a la venta ilegal".
Al momento de tratar el agravio en cuestión, sostuvo que correspondía mantener la agravante referida al alto poder vulnerante de la droga secuestrada, aunque dejó a un lado la peligrosidad aludida en el veredicto, ello debido a que "... más allá de tener un alto poder adictivo lo cierto es que dicha sustancia había sido fraccionada en ciento cincuenta y tres envoltorios cerrados dispuestos para la venta, circunstancia que implica un mayor reproche, que de ningún modo violenta la prohibición de doble valoración...".
En cuanto al monto punitivo agregó que la condena impuesta a Rao, que superó en tres meses el mínimo legal posible de pena de prisión, teniendo en cuenta la agravante mantenida y en función de la escala penal y los indicadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal, no constituye la imposición de una sanción "...desproporcionada, desmesurada e injustificada como pretende el impugnante". Resaltó, además, la insuficiencia recursiva al no demostrar que la condena impuesta haya sido dictada en contra de las disposiciones que dice vulneradas.
Recordó la doctrina que establece que la aplicación de una pena -que en el caso dista del mínimo legal en tres meses de prisión, acorde a la subsunción típica efectuada- con la ponderación de una aumentativa y varias atenuantes, no importa transgresión alguna.
Por último, afirmó que el recurrente si bien alegó falta de motivación a partir de su criterio de que el punto de partida debe ser el mínimo legal posible, desconoció que "...el proceso individualizador no constituye un mero cálculo matemático, y atiende a la apreciación de los aspectos objetivos del hecho y a las calidades del autor (artículos 18 y 75, inciso 22°, de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 40 y 41 del Código Penal; 5 inciso 'c' de la ley 23.737; 448, 451, 454 inciso 1° y 459 del Código Procesal Penal 40 y 41 del Código Penal)".
V. Como adelanté, el recurso es insuficiente (art. 495, CPP).
V.1. Frente a la respuesta brindada por el tribunal intermedio, la defensa particular de Matías Nicolás Rao reproduce ante esta instancia el agravio llevado en el recurso de casación vinculado a la ponderación de la pauta agravante referida al "mayor poder vulnerante y adictivo de las sustancias secuestrada" y la consecuente afectación al principio del ne bis in ídem (v. puntualmente acápite III.a. del recurso de casación), aunque no se ocupa de replicar lo fallado a fin de convencer de su desacierto en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, único test que habilita la competencia revisora de esta Corte en razón del monto de pena establecido.
En efecto, el a quo consideró que la droga secuestrada además de tener un alto poder adictivo, fue fraccionada en ciento cincuenta y tres envoltorios cerrados para la venta, lo que implicaba -por su cantidad- un mayor reproche, sin menoscabo a la interdicción de doble valoración. De esta forma, el recurrente insiste en que la ponderación de dicha pauta agravante hace a la "ultrafinalidad de comercio que configura el tipo penal endilgado", mas no se hace cargo de confrontar con nuevos argumentos la decisión del tribunal revisor en cuanto afirma que el tipo penal permite dentro de la escala penal efectuar esa dosificación atendiendo a los parámetros de calidad y cantidad de la droga fraccionada. De ese modo no logra justificar que lo decidido haya sido violatorio de las garantías constitucionales aludidas (art. 495, CPP).
V.2. Por último, comparto lo dictaminado por el señor Procurador General en que la pena individualizada dentro de la escala penal aplicable al delito por el que fue condenado Matías Nicolás Rao (conf. art. 5, ley 23.737 y según ley 27.302) se impuso por debajo de la solicitada por el Ministerio Publico Fiscal.
Los planteos concernientes a que el quantum punitivo fijado dista de ser razonable, fueron abordados y desestimados por el Tribunal de Casación Penal al considerar que el proceso de individualización de la pena no constituye un "...mero cálculo matemático, y atiende a la apreciación de los aspectos objetivos del hecho y a las calidades del autor"; lo que no ha sido suficientemente rebatido (art. 495, cit.).
En línea con lo resuelto, esta Corte ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal y ha sostenido que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Por lo demás, el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 130.188, sent. de 6-XI-2019; P. 131.375, sent. de 4-XII-2020; P. 132.280, sent. de 13-IV-2021; e.o.). De modo que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (causas, por muchas, P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 73.338, sent. de 25-VI-2003).
Por ello, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Matías Nicolás Rao, con costas (doctr. art. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Franco Martín Gorga, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/05/2024 17:48:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2024 20:03:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/05/2024 09:55:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2024 23:26:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 09:12:05 - OCAMPO Gabriela Amalia Noemi - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/05/2024 11:20:27 hs. bajo el número RS-102-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia