Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73905
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.905, "Merlo Ocampo, María Rosaura contra Municipalidad de La Plata sobre Amparo por Mora. Recurso Extraordinario".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, por mayoría, revocó el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, desestimó el amparo por mora promovido por la parte actora, con costas a la vencida (v. fs. 70/73 vta.).
Disconforme con tal pronunciamiento, la accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 78/87 vta.), cuya concesión fue denegada por la Cámara interviniente con fundamento en la falta de definitividad de la sentencia impugnada (v. fs. 85/90).
Frente a ello la parte actora ocurrió en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 125/129). Por resolución de fecha 4-V-2016, este Tribunal hizo lugar a la queja y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 134/136).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 170) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La señora María Rosaura Merlo Ocampo dedujo amparo por mora, en los términos previstos en el art. 76 del Código Contencioso Administrativo, contra la Municipalidad de La Plata, en atención a la falta de resolución en tiempo y forma del reclamo tramitado en el expediente administrativo 4061-922260/2014 , en el que se agregaron otros efectuados en los años 2012, 2013 y 2014, no resueltos, relativos a la inseguridad (automotores abandonados), limpieza de basural, bacheo y luminarias (v. fs. 19/21 vta.). Invocó su condición de vecina directamente afectada y perjudicada por la situación de abandono y de contribuyente.
I.2. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata (v. fs. 41/43 vta.) acogió la pretensión deducida. En virtud de la mora acreditada, hizo lugar a la pretensión de amparo y condenó a la demandada a impulsar, dentro del plazo de tres (3) días, el expediente administrativo mencionado y a resolver los reclamos referidos, dentro de los plazos prescriptos por el art. 77 de la ordenanza general 267/80. Ello, previa emisión de los dictámenes correspondientes y de la realización de las medidas preparatorias y de planificación necesarias para el dictado de la resolución que responda a los reclamos planteados (arts. 76, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 48, 50, 71, 77 y 131 y concs., ord. gral. 267). Con costas a la demandada en su condición de vencida (art. 51, ley 12.008 -según ley 14.437-).
I.3. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, en lo que aquí interesa, revocó el pronunciamiento de grado y desestimó el amparo por mora promovido (v. fs. 70/73 vta.). Para así decidir:
I.3.a. Entendió que la actora no revestía la condición de parte en las actuaciones administrativas, como lo exige el art. 76 del Código Contencioso Administrativo, en tanto el caso "...se reporta a una fuente de requerimiento por obras y servicios que se ubica en el contexto del art. 10 del Decreto Ley 7647/70 (art. 10 Ord. Gral 267/80)". Destacó que dicha intervención no superaba el derecho de petición consagrado por el art. 14 de la Constitución nacional, por lo cual el estado comunal no tenía el deber que se le impuso en primera instancia.
I.3.b. Consideró que el mentado art. 10 excluía la situación de la actora de la base de sostén del art. 76 del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, la ausencia de aquella condición en el trámite administrativo abierto frustró el pedido de pronto despacho, lo cual no obstaba a la legitimidad de su acción de petición ante la autoridad municipal.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 78/88, la parte actora denuncia violación del principio de congruencia por exceso de jurisdicción y errónea interpretación y aplicación de los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial; 10 de la ordenanza general 267/80 y 13 del Código Contencioso Administrativo. También acusa la vulneración de la doctrina de este Tribunal emergente de las causas B. 64.202, "Laluk", sentencia de 16-VII-2003 y B. 64.984, "Verchick", sentencia de 14-V-2003.
II.1. En primer lugar, se agravia porque la Cámara ha actuado en exceso de jurisdicción por haberse adentrado en un tema precluido, tal como su legitimación para actuar, vulnerando de este modo su derecho de defensa en juicio. Entiende que la sentencia incurre en el vicio de incongruencia y que resulta arbitraria al desconocer los escritos postulatorios de las partes y quebrantar los arts. 31 incs. 1 y 2, 35 inc. "g" y 76 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo; 266 (aplicable por remisión de los art. 59 inc. 4 y 77 inc. 1, CCA) y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, arguye que el Tribunal de Alzada ha desconocido el principio pro actione.
Aduce que la configuración de la infracción legal denunciada queda al descubierto con la simple lectura del escrito de interposición del recurso de apelación de la demandada obrante a fs. 50/54 que, al cuestionar la sentencia del juez de grado, se limitó a sustentar su fundamentación en la ausencia de mora y la innecesaridad de emitir pronunciamiento, ya sea por entender que había respondido el reclamo o porque se encontraba configurado el silencio de la Administración en los términos del art. 16 del Código Contencioso Administrativo, lo que debía entenderse como una respuesta denegatoria. Aclara que la demandada en ningún escrito argumentó la falta de legitimación de la actora para actuar en sede administrativa o judicial.
Se agravia porque la Cámara, sorpresivamente, introdujo el argumento de la falta de legitimación de la actora, sin que ello le estuviese permitido. Cuestiona también que el tribunal se haya expedido sobre las costas, cuando no formaba parte de la materia de agravio.
Aduce que no puede soslayarse que el primer valladar que ajusta la labor jurisdiccional del Tribunal de Alzada está dado por los límites que el propio apelante impuso a su recurso y que el órgano de apelación incurre en incongruencia si juzga cuestiones no propuestas o consentidas.
II.2. Por otra parte, sostiene que la Cámara ha realizado una incorrecta interpretación y aplicación de las normas relativas a la legitimación, vulnerando la doctrina legal, con una concepción incorrecta y extremadamente restrictiva, disociando equívocamente el derecho de peticionar en sede administrativa con la posibilidad de urgir el pronto despacho judicial .
Entiende que, aun aceptando que la Cámara pudiese oficiosamente expedirse sobre cuestiones no introducidas, la ausencia de legitimación que se basa en el art. 10 de la ordenanza general 267/80 que declara el a quo , implica no solo desconocer, sino interpretar erróneamente y desaplicar los contenidos superadores incorporados por la reforma constitucional de 1994 a través de lo dispuesto en los arts. 15 y 166 de la Constitución provincial que garantizan la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia y el derecho al debido procedimiento en sede administrativa y judicial para la defensa de su persona y sus derechos frente a las acciones u omisiones de corte formal o sustancial en el ejercicio de la función administrativa.
Refiere que el art. 13 del Código Contencioso Administrativo ha abandonado la clasificación tripartita de las situaciones jurídicas subjetivas de carácter activo y contempla la posibilidad de una legitimación amplificada, superadora de las viejas restricciones normativas, entre ellas las previstas en las normas del procedimiento administrativo provincial y municipal, que solo se mantiene por la mora del legislador en derogar su letra.
Arguye que, en ese marco, el texto del art. 10 de la ordenanza general 267/80 no se ha adecuado a los nuevos cambios objetivos producidos en la legislación bonaerense con la reforma constitucional de 1994 (arts. 15, 20, 55 y 166, Const. prov.) aunque no ha impedido que, por vía de una interpretación jurisprudencial, se supere hacia una situación de lesión, afectación o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, independientemente de si los mismos pertenecen en grado de exclusividad a un sujeto o son compartidos con otros, lo cual indudablemente permite también incluir en dicha expresión a los derechos de incidencia colectiva en sus distintas variantes, donde a su vez, pueden coexistir todas las situaciones referenciadas. Ello, en la medida en que la acción u omisión en el ejercicio de la función administrativa, genere agravios con grado de afectación y entidad suficiente (arts. 18, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 15 y 20 inc. 2, Const. prov.).
Invoca el precedente sentado por esta Corte en la causa B. 66.095, sentencia de 7-III-2007, sobre la interpretación que debe dársele al art. 10 de la ordenanza general 267/80 en concordancia con el art. 15 de la Constitución provincial y en referencia al art. 13 de la ley 12.008.
II.3. Respecto de los alcances del derecho a peticionar, denuncia que se ha vulnerado la doctrina legal recaída en las causas B. 64.202, "Laluk", sentencia de 16-VII-2003 y B. 64.984, "Verchick", sentencia de 14-V-2003. En ese sentido arguye que existe el derecho a obtener o, en su defecto, a exigir respuesta por parte de las autoridades administrativas, a todas las peticiones que se le efectúen. No importa lo que se pida, se debe dar respuesta en tiempo razonable garantizando lo estatuido por el art. 18 de la Constitución nacional. Agrega que idéntica tutela se encuentra prevista en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Aduce que la Administración tiene la obligación de expedirse acerca de las peticiones que se efectúan aun cuando considere que son completamente infundadas, absurdas o manifiestamente inadmisibles (arts. 10, 48, 50 y 54 y concs., ord. gral. 267/80 y 14, 15 y 56, Const. prov.), pues las referidas normas constitucionales garantizan el acceso a la justicia y la tutela judicial continua y efectiva contra la actuación y omisión administrativa (arts. 15, 20, 56 y 166, Const. prov.). Tal proceder, cuando es asumido por la autoridad resulta violatorio de la garantía de la defensa que se integra con el derecho a obtener una decisión, no solo fundada, sino también oportuna.
III.1. En lo que respecta al primer agravio expuesto por la recurrente habré de darle la razón en su línea argumental, pues considero que el Tribunal de Alzada ha violado el principio de congruencia (cfr. art. 272, CPCC) al resolver la falta de legitimación de la actora, cuestión que no fue objeto de controversia en el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Veamos.
La Cámara, luego de considerar que el núcleo de la queja del municipio apelante consistió en que la sentencia de grado no había valorado el impulso del expediente con curso pendiente y que éste habría acogido los requerimientos formulados por la actora, abordó el tema referido a la condición de parte de quien insta el procedimiento administrativo y consideró que la interesada no la revestía (v. voto del doctor De Santis al que adhirió el doctor Spacarotel).
Advierto que la sentencia impugnada no guarda congruencia con el planteo efectuado por la Municipalidad, quien ni en el recurso de apelación (v. fs. 50/54 vta.) ni en ninguna otra oportunidad procesal ha cuestionado la condición de parte de la actora en el procedimiento administrativo o en el proceso judicial. Su discurrir se centró en la falta de mora en resolver de la Administración, en la exclusión del deber de pronunciarse en virtud de la existencia del mecanismo del silencio negativo de la Administración (art. 16, CCA).
Sentado ello, tiene dicho esta Corte que el principio de congruencia -establecido por el art. 163 inc. 6 y reiterado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial- significa, como regla general, que debe existir correspondencia sobre la acción promovida y la sentencia que se dicta, la que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se le pide, o sea, sobre todas las demandas sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos (conf. causas Ac. 66.897, "Bellinza", sent. de 16-II-2000; C. 99.214, "Sejas", sent. de 2-III-2011; C. 93.177, "Viarengo", sent. de 1-VII-2015; C. 120.946, "Andaluz", sent. de 8-XI-2017; e.o.).
También ha sostenido que los tribunales de apelación reconocen un doble límite: el que surge de la traba de la litis y el marco de los cuestionamientos que ante ellos se exponen (arts. 163 inc. 6, 266 y 272, CPCC; cfr. causas Ac. 83.006, "Tarca", sent. de 24-III-2004; C. 101.736, "Anton", sent. de 22-XII-2008; C. 97.896, "Folguera S.A.", sent. de 18-II-2009; e.o.). En el caso, la Cámara extralimitó su decisión apartándose del agravio planteado por la Municipalidad.
Es que el Tribunal de Alzada debe ajustar su competencia decisoria a la extensión de los agravios expresados por las partes (cfr. causa A. 70.506, "Guillén", sent. de 4-IX-2013), ya que, en el campo recursivo, tanto ordinario como extraordinario, tiene vigencia desde antiguo la premisa de que la restricción de la competencia del superior está dada por la medida del recurso donde se fija el thema decidendum : tantum devolutum quantum apellatum , brocárdico que tipifica el agravio como válvula de apertura del recurso. Si el interés es la medida de la acción, el agravio lo es del recurso (cfr. causas Ac. 93.950, "Esains", sent. de 5-VII-2006; C. 100.904, "Ciancio", sent. 2-VII-2008; C. 103.161, "Horane", sent. de 10-VIII-2011 y C. 117.732, "Calonia", sent. de 29-IV-2015).
En este trance, recuerdo que esta Corte ha sostenido que, si bien es dable estudiar oficiosamente, en ciertos casos, las cuestiones relativas a la legitimación (cfr. causa Ac. 85.798, sent. de 10-VIII-2005), ello deja de ser aplicable cuando dicho aspecto se encuentra firme (cfr. causa C. 97.896, cit.), como entiendo ha ocurrido en el caso.
Por lo expuesto, concluyo que el a quo vulneró los arts. 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial, pues desconoció el principio de congruencia, en tanto excedió sus facultades al expedirse sobre la legitimación de la actora para ser parte en las actuaciones administrativas y, por ende, para actuar en la vía judicial, tema que no había sido sometido a su decisión por el apelante en su exposición de agravios.
III.2. Si bien lo expuesto en el punto anterior es suficiente para acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, he de referirme -a mayor abundamiento- a la falta de legitimación para deducir la pretensión en autos tratada en el fallo impugnado.
La Cámara consideró que la actora, quien invocó su calidad de vecina y contribuyente, no revestía la condición de parte requerida para iniciar e instar el procedimiento administrativo y, consecuentemente, para promover el amparo por mora tendiente a lograr la terminación de aquél. Ello así, pues entendió que los reclamos que la interesada formuló en sede administrativa incluían requerimientos por obras y servicios, comprendidos "en el contexto del art. 10 del decreto ley 7.647/70", disposición que no es aplicable al procedimiento administrativo municipal y cuyo contenido normativo difiere de la que rige en ese ámbito -art. 10 de la ordenanza general 267/1980-, que solo alude, para excluir como parte del procedimiento, a quien peticionare con el objeto de lograr una decisión de la administración municipal comprendida en las facultades potestativas. Sobre esa base, resolvió que, por no ser la actora parte en un procedimiento administrativo, no estaba legitimada para solicitar judicialmente que se libre orden de pronto despacho.
Más allá del yerro en el que incurriera la Cámara al homologar dos disposiciones diferentes y basar su decisión en lo previsto en aquella que no era aplicable al caso, corresponde analizar la cuestión a la luz de las restantes normas y principios que rigen el procedimiento y el proceso administrativo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
En este orden el art. 13 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101), establece que "Está legitimado para deducir las pretensiones previstas en el presente Código, toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico". La norma abarca a la acción de amparo por mora normada en el art. 76 del mismo ordenamiento.
Observo que los importantes avances experimentados en el plano jurisdiccional en orden a la legitimación activa no se compadecen con los apreciados en el procedimiento administrativo local (arts. 20, Const. prov.; 43, Const. nac. y 13 de la ley 12.008, texto según ley 13.101).
Ello exige una interpretación, tanto del art. 10 de la ordenanza general 267/80 como del art. 10 del decreto ley 7.647/70, que guarde armonía con los cambios que, en punto al acceso a la justicia, ha impulsado la reforma constitucional del año 1994 que, sin lugar a dudas, ha de proyectarse en el seno del procedimiento administrativo (art. 15, Const. prov.). Resulta paradójico que, por aplicación de disposiciones restrictivas que regulan el procedimiento administrativo, como las mencionadas, se vede el acceso a un proceso judicial, como el diseñado por la ley 12.008 y sus reformas, que consagra una regla de amplia legitimación (arts. 15, Const. prov.; 13 y conc., CCA; cfr. causa B. 66.095, "Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos", sent. de 7-III-2007).
La conclusión a la que arriba la Cámara en cuanto considera que la actora no ha podido ser parte en las actuaciones administrativas, sino que solo ejerció su derecho a petición estatuido en el art. 14 de la Constitución nacional no se condice con los mentados postulados. La solución debe adoptarse en el marco de una hermenéutica amplia de las normas adjetivas que en punto a la legitimación activa garantice el ejercicio del derecho de defensa de los administrados y que -como es sabido- ha recibido en el ámbito del procedimiento administrativo expresa consagración constitucional (art. 15, Const. prov.), de modo tal que la solución a la que se arribe guarde armonía con los significativos avances que en este tópico ha experimentado el acceso a la instancia jurisdiccional (arts. 18, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 15 y 20 inc. 2, Const. prov. y doctr. causa B. 66.095, cit.). Lo contrario configuraría la situación paradójica a la que antes aludí.
En virtud de las consideraciones precedentes resulta aplicable al caso también la doctrina de esta Corte que expresa que el principio in dubio pro actione es rector en materia contencioso administrativa, en tanto es el que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art. 15, Const. prov.). En tal sentido, debe rechazarse toda hermenéutica que limite y/o cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (doctr. causas B. 55.392, "Rusconi", sent. de 4-VII-1995; B. 54.239, "González", sent. de 28-III-1995; B. 51.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.