Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130135
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos a la Cámara interviniente para que, con nueva integración, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.135, "Barrientos, Cristian Gabriel. Recurso Extraordinario", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó -aunque con diversos argumentos- la sentencia del Juzgado Correccional n° 4 del mismo departamento judicial en cuanto había rechazado la acción de amparo promovida por el señor Cristian Gabriel Barrientos contra Rosetti de Argentina Ingeniería e Infraestructura S.A. (v. pronunciamiento de fecha 23-VIII-2022).
Se interpuso, por la legitimada activa, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-IX-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución del 18 de octubre de 2022.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó la acción de amparo que promoviera el señor Cristian Gabriel Barrientos con fundamento en el decreto de necesidad y urgencia 329/20 y sus prórrogas, a fin de que se declare la nulidad de su despido resuelto por Rosetti de Argentina Ingeniería e Infraestructura S.A. y se disponga la reinstalación en el empleo.
Con la prueba producida -testimonial y documental aportada-, y sin mediar controversia al respecto, concluyó que el actor había prestado servicios para la empresa demandada hasta el cese, que le fuera comunicado el 17 de julio de 2020 en los términos del art. 17 y concordantes de la ley 22.250.
En cuanto a la sustancia de la cuestión debatida, a partir de la declaración testimonial del señor Maximiliano Ariel Casco, quien dijo haber sido empleado de la firma accionada en los parques eólicos de Tres Picos y de Chubut Norte, y -por ende- compañero de trabajo del actor, tuvo por cierto que la empresa había sido desvinculada de los señalados proyectos en el mes de septiembre de 2020, y que en octubre se había producido el despido del personal, sin que tal circunstancia hubiera tenido relación con la pandemia.
Con tal base fáctica, concluyó la extinción de la relación laboral con el señor Barrientos -al igual que los demás trabajadores en paridad de situación- encontraba sustento en la conclusión de la obra que había dado origen a su contratación, así como a la ruptura del vínculo contractual entre la empleadora con la firma Nordex Wind Power S.A.
Con todo juzgó que la cesantía del accionante resultaba ajena al contexto de la pandemia y a las previsiones del decreto de necesidad y urgencia 329/20, inaplicable en la especie.
Ponderó que la actividad de la construcción imponía, por sus particularidades, un tratamiento excepcional respecto del régimen general, y que su exclusión de la normativa de emergencia señalada no se observaba irrazonable ni podía ser tildada de arbitraria.
I.2. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la decisión de la instancia anterior, por considerar que la acción de amparo debía ser rechazada in limine litis por inadmisible. En consecuencia, ordenó el archivo de las actuaciones.
En lo sustancial, resolvió que para el supuesto bajo examen existían remedios ordinarios idóneos y aptos para resguardar y reparar de manera efectiva el derecho cuya vulneración había sido alegada; de allí la falta de pertinencia de la vía excepcional incoada (arts. 2 inc. 1 y 8, ley 13.928).
Señaló que, en el escrito de la demanda, al igual que en la apelación, la parte actora había justificado la promoción del amparo alegando el comportamiento lesivo de la demandada, la afectación de los derechos constitucionales que entendía afectados, y la urgencia y necesidad del tratamiento de la cuestión, sin dar mayores explicaciones sobre tales extremos.
II. Contra esta última decisión, el legitimado activo interpone "recurso extraordinario de casación", en el que denuncia la inobservancia y errónea aplicación del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y de la ley 13.928 (y modif.), así como de los precedentes jurisprudenciales que cita.
II.1. En lo sustancial, justifica la procedencia de la acción de amparo en razón del grave daño irrogado por el desempleo en el contexto de la pandemia, a su juicio, de índole irreparable.
En este marco, alega que la acción ordinaria implicaba una dilación que tornaba abstracta la reparación del derecho vulnerado.
Aduce que la decisión dictada por el Tribunal de Alzada desconoce la propia competencia asignada en el art. 3 de la ley 13.928 (y modif.), desde que no puede delegar injustificadamente en la justicia provincial del trabajo una cuestión llevada a su conocimiento.
Más adelante, señala que, contrariamente a lo expuesto en el pronunciamiento aquí atacado, el actor demostró las razones por las que el derecho invocado podía tornarse ilusorio en el eventual supuesto de que su reconocimiento se obtuviese a través de una vía adjetiva diferente a la incoada.
Defiende la aptitud de la vía para obtener adecuada tutela del derecho a trabajar, que, en su opinión, fue vulnerado por el despido sin causa dispuesto por la accionada durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/20 y sus prórrogas, que sancionan la nulidad del acto.
II.2. Cuestiona que la Cámara actuante de modo infundado declarase inadmisible la acción. Alega apartamiento de la jurisprudencia del propio Tribunal de Alzada; como también, de la resolución adoptada en el expediente con fecha 19 de agosto de 2020 -esto es, más de dos años antes- por la magistrada de primera instancia, quién declaró formalmente expedita la vía del amparo y confirió traslado de la demanda. Añade falta de tempestividad de la decisión y apartamiento del art. 8 de la ley 13.928 (y modif.).
Censura la decisión en cuanto implica retrotraer el camino recorrido en la causa, situación que, desde su perspectiva, solo puede tener como objetivo enmendar un acto anterior gravemente viciado.
Sostiene que la controversia suscitada en el caso hace viable la presente acción, que debe analizarse a la luz de los principios protectorio y de irrenunciabilidad, en el contexto de las normas que integran el orden público laboral.
II.3. Por último, refuta los motivos sustanciales expuestos en la sentencia de primera instancia para declarar improcedente la demanda instaurada.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Para dar respuesta al planteo ensayado, considero necesario detenerme en la reseña de lo actuado en la causa.
Conforme surge de los antecedentes, el Juzgado Correccional de primera instancia, según lo establecido por el art. 8 de la ley 13.928 (y modif.), declaró formalmente admisible la acción de amparo incoada, rechazó la medida cautelar peticionada y confirió traslado de la demanda por el plazo de cinco días (v. resolución de fecha 19-VIII-2020).
En oportunidad de contestarla, la empresa Rosetti de Argentina Ingeniería e Infraestructura S.A. se limitó a responder los puntos expuestos en el escrito de inicio, sin controvertir la vía elegida por el trabajador para efectuar el reclamo destinado a que se declare la nulidad del despido dispuesto por el empleador (v. escrito electrónico de fecha 11-XII-2020).
Luego, producidas las pruebas ordenadas con el proveído del 5 de enero de 2021 (pericia, informes y audiencias), la señora jueza de primera instancia procedió al dictado de la sentencia de mérito (de 9-VIII-2022). En esa faena, expuso los motivos de la improcedencia de la pretensión anulatoria del acto rescisorio, en el contexto de las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 329/20, ya citado.
Contra esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación (v. escrito electrónico de fecha 12-VIII-2022). Luego de justificar la vía de amparo elegida, impugnó la sentencia adversa en la que se estableció que las circunstancias fácticas comprobadas y las modalidades de las tareas que desempeñaba el trabajador no quedaban alcanzadas por el referido decreto, que consideró inaplicable en la especie.
III.2. Las particulares y específicas circunstancias del caso exponen que, tras una temprana e incontrovertida admisión formal de la acción de amparo en el contexto de pandemia, se dio curso a la sustanciación del proceso seleccionado que derivara en un pronunciamiento desfavorable a las pretensiones del accionante.
Así pues, en la primera sentencia se examinó con detalle el fondo del asunto enjuiciado, resolviendo su improcedencia, merced al resultado de la prueba y el derecho invocado.
Con la apelación deducida, la Cámara actuante renovó el análisis sobre la pertinencia de la vía elegida y, apartada de la actividad procesal antes relevada, rechazó el amparo ordenando el archivo de las actuaciones, sin expedirse sobre la fundabilidad de los argumentos vertidos por el recurrente contra los aspectos sustanciales de la decisión.
La privación de la revisión en tales términos se observa impropia frente a la actividad procesal que permitió arribar sobre una definición de la pretensión instaurada.
Subyace una colisión entre los actos cumplidos y relevantes mediante los cuales se obtuvieron los elementos de juicio necesarios para poder dirimir el derecho invocado, con el pronunciamiento estrictamente formal que derivó, sin más, en el archivo de las actuaciones.
De suyo, el temperamento adoptado por la Cámara conspira con la firmeza del trámite cumplido y los actos procesales que permitieron discernir el quicio de lo demandado, en franca colisión con los principios de economía procesal y el derecho a la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.).
A la par, reporta un dispendio jurisdiccional innecesario.
Conviene memorar que la firmeza de los actos procesales -en el ámbito formal- es, en efecto, una necesidad jurídica que justifica su validez, pese a los vicios que pudieran presentar (causas C. 100.180, "Ohaco", sent. de 2-III-2011; C. 119.585, "Ciocchini", sent. de 15-VI-2016 y C. 122.596, "Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 6-XI-2019; e.o.). Asimismo, es pertinente señalar que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es, la seguridad, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (causas C. 98.405, "Bernal de Grattia", sent. de 3-IV-2008; C. 117.988, "Duche", sent. de 15-VII-2015 y C. 110.618, "Cooperativa de Provisión de Servicios Termales de Lago Epecuén", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
III.3. Todo lo dicho me conduce a declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ensayado y a proponer la revocación de la sentencia impugnada, a fin de que el órgano anterior en grado, una vez devuelta la presente causa, emita nuevo pronunciamiento.
III.4. La solución que propongo al acuerdo me exime de abordar los demás planteos que porta la réplica.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar -con el alcance indicado- al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la decisión del Tribunal de Alzada. En consecuencia, los autos deberán remitírsele para que, con nueva integración, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto.
Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos a la Cámara interviniente para que, con nueva integración, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:29:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:25:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:57:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:08:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:54:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:07:15 hs. bajo el número RS-105-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia