Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133279
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en causa P. 133.279, "Díaz Rodríguez, Enrique Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.695 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguida a Rodríguez, Facundo Sebastián", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado del pronunciamiento de 25 de septiembre de 2018, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Enrique Fabián Díaz Rodríguez -luego del reenvío dispuesto por esta Corte en el marco de la causa P. 128.920, resolución de 11-VII-2018- contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de General San Martín que confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, en cuanto había denegado el pedido de excarcelación del nombrado en los términos del art. 169 inc. 11 del Código Procesal Penal (v. fs. 2/3 vta. -resol. de Cámara-, 102/104 vta. -resol. de esta Corte- y 131/138 -sent. de Tribunal de Casación Penal-).
Frente a lo resuelto por el órgano casatorio, el señor defensor oficial ante ese tribunal, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/162 vta.), el que fue concedido por el tribunal a quo en razón de entender que los agravios de índole federal (afectación del plazo razonable de la prisión preventiva, presunción de inocencia y proporcionalidad de la medida de coerción -arts. 18, Const. nac y 7.5., CADH-) así como la tacha de arbitrariedad se plantearon con la suficiencia y carga técnicas necesarias para superar la etapa de admisibilidad, conforme los casos "Strada", "Di Mascio" y "Casal" de la Corte federal (v. fs. 176/179).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 189/194), dictada la providencia de autos (v. 195) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor defensor oficial denunció la existencia de arbitrariedad en el fallo dictado por el tribunal intermedio por contener afirmaciones genéricas y abstractas en lo concerniente al tratamiento del pedido de excarcelación y afectación de los principios de plazo razonable, presunción de inocencia, proporcionalidad y excepcionalidad -arts. 18 de la Constitución nacional y 7.5. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- (v. fs. 155).
Destacó que la prisión preventiva que pesa contra su asistido lleva más de quince años a la fecha de la interposición de la vía impugnativa en trato, en tanto se encuentra detenido desde el 10 de julio de 2003 -sin sentencia firme-, circunstancia que evidencia la afectación del art. 7.5. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los mencionados principios de inocencia, proporcionalidad y excepcionalidad de la medida cautelar -art. 18 de la Constitución nacional- (v. fs. 155 y vta. y 158 vta.).
Alegó que el a quo reprodujo de modo arbitrario los argumentos empleados por la Cámara, en tanto pretendió justificar el mantenimiento y la razonabilidad de la medida cautelar con sustento en los delitos imputados, la pena impuesta por sentencia no firme, la pluralidad de intervinientes en los hechos y la participación de Díaz Rodríguez. Sin embargo, a criterio del recurrente, "Ningún análisis existe del órgano jurisdiccional que explique cómo esos parámetros deben ser leídos en el caso concreto" (fs. 158 vta.).
Frente a ello, indicó que "...la intervención de Díaz [Rodríguez] en el proceso" es un dato que ninguna relevancia tiene para examinar la violación al plazo razonable de la prisión preventiva y que resultó ser una simple afirmación genérica –el destacado figura en el original- (v. fs. 159).
Agregó que "...la pluralidad de intervinientes" es un parámetro que -a su entender- exige explicar de qué manera, en atención a las particularidades de la presente, legitima continuar manteniendo en el tiempo la medida cautelar -el destacado figura en el original- (v. fs. 159 y vta.).
En cuanto a los restantes baremos tenidos en consideración por el órgano revisor referidos a "...los delitos imputados y la pena en expectativa [fijada al procesado Díaz Rodríguez]", quien fue condenado a la pena de prisión perpetua por resultar autor responsable de los delitos de homicidio criminis causae, tentativa de homicidio criminis causae y robo calificado por el uso de armas, adujo que ellos no resultan ser indicadores suficientes para avalar -por si solos- la prolongación de la prisión preventiva y destacó que afirmar lo contrario implicaría justificar la aplicación de un pena anticipada incompatible con el principio de inocencia (v. fs. 159 vta.).
En lo que respecta a la imposición de "...la sentencia de condena y su revisión", manifestó que Díaz Rodríguez está ejerciendo su derecho al recurso y que "...más allá que se haya cumplido con la doble instancia, lo que indicaría un mayor grado de certeza sobre los aspectos probados, el juez debe explicar cómo esa circunstancia incide en la justificación del mantenimiento de la prisión preventiva" -el destacado figura en el original- (v. fs. 160).
De seguido, puso de manifiesto que el Tribunal de Casación sostuvo que "...no se han constatado dilaciones indebidas ni la defensa [las] ha demostrado" (fs. 160 vta.). En oposición a ello, consideró que el sentenciante "Sigue sin explicar [...] c[ó]mo se corresponde ello [...] con el riesgo procesal que se alega. El tiempo de detención (más de quince años) ha diluido cualquier hipotética intención de eludirse a la acción de la justicia" y, en su apoyo, trajo a colación el informe 12/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 160 vta. y 161).
Por otra parte, hizo saber que su asistido solicitó salidas transitorias y un cambio en el régimen penitenciario al que estaba siendo sometido, extremos que demostrarían -a su criterio- que está cumpliendo una pena de manera anticipada (v. fs. 161).
Por último, manifestó que la arbitrariedad del fallo casatorio "...se advierte de su sola lectura" por valerse de fórmulas genéricas y abstractas, sin reparar en las constancias de la causa y citó la doctrina fijada por la Corte nacional en los precedentes: Fallos 320:2105 y L.196.XLIX RHE "Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ p.s.a. estafa reiterada -causa 161070-", sentencia de 6-III-2014 (v. fs. 161 vta. y 162).
II. Coincido con el dictamen del Procurador en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
Sin perjuicio del acierto o error de lo fallado, las genéricas y dogmáticas denuncias de arbitrariedad y violación de los principios de plazo razonable, presunción de inocencia, excepcionalidad y proporcionalidad, resultan insuficientes para cambiar la suerte de lo decidido.
Veamos.
III. Luego de que esta Corte revocara la decisión de la Sala II del Tribunal de Casación Penal -integrada en ese entonces por los señores jueces doctores Mancini y Ordoqui (v. resol. de 6-IX-2016, fs. 55/62)- y ordenara el reenvío de las actuaciones para que se abordara nuevamente la impugnación contra la desestimación del pedido de excarcelación (causa P. 128.920, resol. de 11-VII-2018; v. fs. 102/104 vta.), el señor defensor oficial al notificarse de lo así resuelto solicitó que -una vez integrada la Sala examinadora- se le corriera nueva vista para actualizar los agravios y poner en consideración posibles circunstancias sobrevinientes, recordando la importancia del contacto de visu y del derecho a ser oído en procesos prolongados (v. fs. 111 y vta.).
Conformada la nueva integración de la Sala II -jueces Mancini y Kohan-, se corrió vista a las partes (v. fs. 123). En esa oportunidad, la defensa oficial se notificó sin actualizar agravios ni solicitar la celebración de audiencia (v. fs. cit. y vta.).
Cumplido con dicho trámite, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 25 de septiembre de 2018, luego de reseñar los planteos llevados en el recurso de casación deducido oportunamente por la defensora oficial de la instancia (v. fs. 8/14 vta. -recurso de casación de 27-IV-2016- y 25/33 vta. -memorial presentado el 1-VII-2016-) y rememorar lo acontecido en la audiencia de visu realizada el 18 de agosto de 2016 (v. fs. 42, 43 y 134 vta.), estimó que la decisión de la Cámara de fs. 2/3 vta. que confirmó el rechazo de la excarcelación se encontraba debidamente fundada (v. fs. 135). Recordó que en dicho decisorio se puso de manifiesto que no existe un término fijo de duración de la prisión preventiva y que para la determinación del plazo razonable de duración de la misma se deben ponderar la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, las posibles dilaciones indebidas y la proporcionalidad de la pena (v. fs. cit.).
Indicó que la Cámara tomó en consideración, a los fines de arribar a su decisión, los delitos imputados (en el caso: homicidio criminis causa, tentativa de homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma, en concurso real), la pena de prisión perpetua impuesta en primera instancia y confirmada en la etapa casatoria así como la pluralidad de partícipes y la propia intervención de Díaz Rodríguez en el proceso (v. fs. 135 y vta., en referencia al fallo del Tribunal de Alzada de fs. 2/3 vta.).
Sentado ello, estimó que el pronunciamiento de la Cámara interviniente contaba con fundamento razonable y que la impugnación de la parte no había logrado evidenciar error alguno en tanto se remitió a citar principios dogmáticos generales y referencias jurisprudenciales vinculados con las medidas de coerción, sin hacer referencia a datos concretos del caso que permitiesen cambiar la suerte de lo decidido (v. fs. 135 vta. y 136).
Trajo a colación doctrina plenaria de ese cuerpo en lo concerniente a que el plazo razonable de duración de la prisión preventiva no es susceptible de ser fijado en abstracto, siendo incumbencia de los jueces su determinación en cada caso particular (v. fs. 136).
Luego, puntualizó que el único plazo concreto que prevé nuestro Código Procesal Penal es el de dos años para las causas criminales que no revisten complejidad (art. 141, primer párrafo, CPP), quedando exceptuados de ese término aquellos supuestos -como el presente caso- en que, debido a la pluralidad de imputados o por la naturaleza y/o circunstancias de los hechos en juzgamiento, resultan ser de suma complejidad. En este último supuesto y en consonancia con lo previsto en el segundo párrafo del citado art. 141 estimó que debía estarse al plazo razonable al que alude el art. 2 del digesto procesal sujeto a la apreciación judicial. De acuerdo con ello, entendió que la situación del encausado Díaz Rodríguez no quedaba comprendida por el término fatal del primer párrafo del art. 141 del Código Procesal Penal, sino que la determinación de la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva requería de una concreta apreciación judicial (v. fs. 136 y vta.).
Sobre esa base reiteró que no era posible fijar judicialmente en abstracto un término para el plazo máximo razonable de duración de la prisión preventiva, siendo de incumbencia de los jueces su determinación en cada caso particular y, en razón de ello, postuló que para establecer la legitimidad del encarcelamiento en su extensión temporal, debían tomarse en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales referidas a: la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, la conducta de las autoridades judiciales en cuanto hayan implicado dilaciones indebidas y la proporcionalidad con la pena (v. fs. 136 vta. y 137).
Bajo tales premisas, concluyó que no se habían constatado dilaciones indebidas y que la defensa tampoco las había demostrado, por lo que no advirtió violación al plazo razonable de la medida cautelar ni de la duración del proceso penal, en tanto -a su entender- el tiempo que el encausado llevaba detenido, con relación a la pena impuesta mediante sentencia no firme, autorizaba a sostener que la medida de coerción no excedió la razonabilidad que reclamó el impugnante (v. fs. 137).
Finalmente, resaltó que contra el acusado recayeron dos pronunciamientos condenatorios en su contra -sentencia del órgano de mérito y confirmación de la Casación (v. fs. 2/3 vta.)-, lo que demostraba que se garantizó una efectiva tutela judicial y se abasteció su derecho al recurso y la doble instancia -conforme arts. 2 del Código Procesal Penal; 7.5., 8.1. y 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, pues más allá que esos pronunciamientos no se encuentran firmes "...no debería soslayarse que ello ocurre en atención a encontrarse tramitando la causa en una vía de carácter claramente excepcional como es un recurso extraordinario ante la S.C.J.B.A." (fs. 137 y vta. y, en particular, fs. 202 y vta. -informe actuarial que da cuenta de la interposición de un recurso de queja ante la CSJN, en trámite, por parte de la defensa oficial del imputado Díaz Rodríguez en el marco de la causa P. 119.228 y su acumulada P. 122.557 del registro de esta Corte-).
IV. Sentado lo anterior, cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico carece de una regla preceptiva que fije un tope exacto de duración de la detención preventiva sino que son los jueces los que deben evaluar, en cada caso, si la prolongación del encierro ha sido o no razonable, en función de la gravedad del delito, la pena probable y la complejidad del proceso (art. 169 inc. 11, CPP; conf. causa P. 105.748, sent. de 12-III-2014).
Ahora bien, como se adelantara, la decisión del a quo no fue controvertida debidamente por la defensa oficial, pues sus agravios adolecen de los mismos vicios que le achaca a la decisión en crisis al incurrir en argumentos genéricos y dogmáticos que -como tales- no logran vincular la denuncia de arbitrariedad y la afectación de las garantías constitucionales invocadas (plazo razonable de la prisión preventiva, presunción de inocencia, excepcionalidad y proporcionalidad) con las particularidades del caso.
Ello así en tanto, por un lado, ante la afirmación del tribunal intermedio referida a que no se demostraron dilaciones indebidas y que tampoco fueron advertidas en el caso (v. fs. 137 y vta.), el recurrente se limitó a insistir en el excesivo transcurso del tiempo (más de quince años de duración de la prisión preventiva), pero sin hacer un esfuerzo idóneo por vincularlo con las constancias propias de la presente causa. Es que para cambiar la suerte de lo decidido debió demostrar que durante ese lapso las autoridades judiciales actuaron de manera negligente, que existió mora procesal o indicar períodos en que el trámite hubiera permanecido inactivo de manera injustificada.
Por otra parte, la defensa en la presentación recursiva en abordaje no hizo ninguna referencia concreta sobre las circunstancias personales de Díaz Rodríguez para intentar -de este modo- contrarrestar la subsistencia del riesgo de fuga sopesada por el órgano revisor, no obstante haber requerido a ese tribunal -en su nueva integración- ser notificada para actualizar agravios sobre esa cuestión (v. esp. fs. 111 y vta.). En efecto, no se encargó de actualizar su impugnación -ni siquiera de mencionar- con datos y circunstancias pertinentes relativos a la existencia de un núcleo familiar y las posibilidades laborales que podría llegar a tener el encausado para el supuesto hipotético de acceder al medio libre, circunstancias éstas que fueron expresamente mencionadas por los testigos que asistieron a las audiencias celebradas el día 18 de agosto de 2016 ante el juez de Casación, doctor Mancini (v. fs. 42/43 -actas-).
Por último, el recurrente dejó huérfana de explicación la vinculación directa e inmediata -que entendió presente en el caso- entre la denuncia de afectación de la garantía de la presunción de inocencia y el fundamento dirimente empleado en el fallo del tribunal casatorio que hizo mérito, a fin de desestimar la queja llevada ante su sede, en la gravedad del cuadro de delitos atribuidos al procesado Díaz Rodríguez (homicidio criminis causa, tentativa de homicidio criminis causa y robo calificado por el uso de arma, en concurso real) y en la pena en expectativa (prisión perpetua), aspectos basales que se constituyeron -junto a otros elementos- en indicadores de riesgo de fuga y que cobraban mayor fuerza ante la confirmación de la sentencia de condena -a criterio del órgano revisor- a pesar de que no haya adquirido firmeza.
Por todo lo expuesto, y sin abrir juicio sobre el acierto o error de lo decidido, corresponde desestimar las denuncias de arbitrariedad y afectación de los principios de plazo razonable de la prisión preventiva, presunción de inocencia, excepcionalidad y proporcionalidad, por estar sustentadas en afirmaciones genéricas y dogmáticas que no logran demostrar su vinculación directa con lo debatido y resuelto en el caso (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia