Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 134270
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 2971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.270, "V., I. V. -particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 101.000 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a M. F. V." con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 26 de junio de 2020, rechazó por improcedente el recurso de la especialidad interpuesto por la particular damnificada I. V. V., con patrocinio letrado, contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora, que en el marco de la audiencia de juicio oral contra M. F. V., hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento interpuesta por la defensa oficial y declaró prima facie prescripta la acción penal en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la situación de convivencia (hechos presuntamente ocurridos entre los años 1987/1988 y 1997/1998) y dispuso librar oficios al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia y al Registro Nacional de Reincidencia a fin de actualizar los antecedentes del nombrado (v. fs. 52/60 y 1/16).
Contra lo así decido, la particular damnificada, con el patrocinio letrado del doctor Gabriel Leonardo Camiser, presentó recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 62/78).
El Tribunal de Alzada, el 7 de septiembre de 2020, desestimó la vía del art. 491 y concedió la del 494, ambas del Código Procesal Penal.
En lo que aquí importa, afirmó que la decisión en crisis es asimilable a definitiva en tanto impide que la causa continúe (conf. art. 482, CPP). De seguido, resaltó que no se cumplieron los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo cual, se plantearon cuestiones federales vinculadas con la afectación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso, ambas con la suficiencia y la carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN; v. fs. 114/117 vta.).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 141/145 vta.), presentada la memoria a fs. 155/157 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Previo a ingresar al fondo del reclamo, resulta necesario efectuar algunas consideraciones con relación al juicio de admisibilidad realizado por el a quo (conf. art. 486, CPP).
I.1. En primer lugar, la equiparación a definitiva de la decisión en crisis no resulta acertada (conf. art. 482, a contrario sensu ).
En efecto, conforme surge del pronunciamiento de primera instancia, la declaración de prescripción se hizo prima facie y se dispuso librar oficio al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Registro Nacional de Reincidencia, a fin de actualizar los antecedentes de M. F. V..
Sin que surjan del legajo casatorio que se hubieran incorporado los informes de antecedentes requeridos ni que se hubiera dictado la prescripción definitiva, el Tribunal de Casación Penal, abordó la impugnación de la parte y confirmó la declaración de prescripción prima facie .
Frente a ello, cabe recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que la declaración de prescripción de la acción penal prima facie - más allá de su improcedencia sustancial en razón de que solo es dable disponerla cuando se encuentren reunidos con toda patencia los recaudos exigidos por los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67 apartados 2 y 4 del Código Penal-, carece de esa nota de definitividad por la pendencia de aquella verificación de los antecedentes penales (conf. causas P. 128.095, resol. de 4-X-2017; P. 129.905, resol. de 8-XI-2017; P. 122.827, sent. de 27-VI-2018, entre otras, mutatis mutandi ).
I.2. En segundo lugar, los agravios federales por lo que se concedió (derecho de defensa en juicio y debido proceso) no se corresponden con las problemáticas centrales desarrolladas por la recurrente (v. fs. 62/78).
Cabe destacar que de la lectura del recurso surge que las críticas de pretenso cariz federal, en rigor, se vinculan con la violación de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (art. 7 incs. "b", "c" y "f") y de la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3.1. y 19). Precisamente, estos fueron los puntos abordados por la Procuración General en su dictamen.
I.3. Ahora bien, más allá de los déficits en el análisis de la admisibilidad del recurso (conf. art. 486 a contrario sensu ), lo cierto es que teniendo en especial consideración que los hechos que se investigan se ubican temporalmente entre el mes de enero de 1987 y diciembre de 1988 (primer hecho) y entre el mes de enero de 1997 y el 22 de enero de 1998 (segundo hecho), sumado a la etapa procesal en que se encuentra el expediente, por economía procesal cabe superar esos escollos (cfr., la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal en las causas P. 131.368, resol. de 14-XI-2018; P. 131.620, resol. de 28-XI-2018; P. 131.900, resol. de 10-IV-2019; P. 132.059, resol. de 14-VIII-2019; entre muchas otras), y abordar sin más trámite la procedencia del reclamo (conf. mutatis mutandi, causas P. 129.905, resol. de 8-XI-2017; P. 132.950, resol. de 27-IV-2020, e.o.; art. 2, CPP).
II. Sentado lo anterior, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -única vía admitida por el a quo -, tal como se adelantó, la particular damnificada denunció que la declaración de prescripción de la acción penal prima facie podría generar responsabilidad internacional del Estado por incumplir con la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en particular, con lo dispuesto en el art. 7 incs. "b", "c" y "f", y con la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial, con lo previsto en los arts. 19 y 3.1. (v. fs. 65).
Explicó que si bien no estaba vigente el art. 2 de la ley 27.206 que reformó el art. 67 del Código Penal, las citadas Convenciones ya regían para el momento en que se cometió el segundo hecho (conf. art. 75 inc. 22, Const. nac.; v. fs. 65 vta.).
A su entender, de los mencionados instrumentos internacionales se desprenden los principios que luego fueron receptados por el art. 67 del Código Penal -t.o. según ley 27.206- en lo que respecta al compromiso asumido por el Estado argentino de investigar delitos que afecten a niños y mujeres, y garantizar un efectivo acceso a la justicia frente a lo cual "...la ausencia de una ley local no puede ser obstáculo para su concreción y, menos aún para conceder impunidad bajo la excusa de la prescripción, la cual no podrá ser invocada para incumplir con los tratados, tal como surge del art. 27 de la Convención de Viena" (fs. cit.).
Agregó que no se pretende aplicar retroactivamente la ley 27.206 sino el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, junto con las citadas Convenciones que ya estaban vigentes en el momento en que se cometió el segundo hecho. Destacó que existe una interacción entre la normativa interna y la internacional regida por el principio de operatividad del que se desprende que la ausencia de una ley local no puede ser un obstáculo para el cumplimento de las obligaciones asumidas por el Estado (v. fs. 66 vta. y 67).
Afirmó que es preciso "...armonizar temporalmente los lineamientos del principio de legalidad de nuestra Constitución nacional con los pactos internacionales" de idéntica jerarquía (v. fs. 67).
De seguido, insistió en que la ley 27.206 "...lo único que hizo fue adecuar la legislación a los principios jurídicos fundamentales que surgen de los convenios internacionales aludidos que ya estaban vigentes en nuestro país. Resulta absurdo lo sostenido en la resolución en crisis en cuanto a que 'La consideración de tal posición vendría a representar una solución que no sólo no logra explicar cuál es el sentido de sancionar mediante una ley algo que, a su vez... se encontraba ya expresamente previsto en un tratado internacional'. De hecho, es habitual que localmente se sancionen leyes para reglamentar y/o prever derechos ya vigentes en tratados internacionales" (fs. 67).
Por todo lo expuesto, afirmó que los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del Código Penal deben conjugarse con el art. 67 del citado cuerpo -t.o. según ley 27.206- pues si bien la reforma legal no estaba vigente, las Convenciones mencionadas previamente sí lo estaban al momento del segundo hecho. De este modo, concluyó que la acción penal respecto del delito cometido entre 1997 y 1998 no estaría prescripta pues su curso se suspendió hasta el 3 de noviembre de 2016, fecha en la que se formuló la denuncia. Concluyó que desde dicho momento hasta la actualidad no transcurrió el plazo de prescripción (v. fs. cit.).
Por último, alegó que "La prescripción de la acción penal, como garantía del imputado para ser juzgado dentro de un plazo razonable, conforma una sanción al Estado. Por su demora asume responsabilidad y las consecuencias que de ella deriva. Pero si tal dilación no le es atribuible al Estado, no resulta lógico limitar a la víctima el acceso a la justicia para que ejerza su pretensión punitiva. Menos aún que no lo pueda hacer por otra omisión atribuible al Estado, como es la de no sancionar a tiempo las leyes que le permitían ante los Tribunales su pretensión de pedir que inicie una investigación". A su entender, aceptar la prescripción, generaría una total desprotección de la víctima y daría a quien cometió el delito un instrumento para lograr su impunidad ante víctimas vulnerables (en el caso una menor que sufrió abuso intrafamiliar que no pudo reclamar por sí misma sus derechos; v. fs. 67 y vta.).
III. El señor Procurador General propuso hacer lugar al reclamo (v. fs. 141/145 vta.).
No coincido con lo dictaminado.
IV. El recurso es insuficiente (conf. mutatis mutandi causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
Veamos.
IV.1. Frente a un planteo idéntico al ahora reeditado, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el voto del juez Kohan, que concitó la adhesión simple del doctor Natiello, lo rechazó por considerar acertada la declaración de prescripción de la acción penal prima facie (v. fs. 52/60).
Recordó que los hechos investigados ocurrieron entre 1987/1988 y 1997/1998. A su vez, destacó que la particular damnificada alcanzó la mayoría de edad el 22 de enero de 2004 y que formuló la denuncia el 3 de noviembre de 2016, más de doce años después de haber adquirido esa condición (v. fs. 54).
A continuación, indicó que la ley 26.705, que reformó el art. 63 del Código Penal se promulgó el 4 de octubre de 2011 mientras que la ley 27.206, que derogó la reforma anterior y, a su vez, modificó el art. 67 del citado código, se publicó el 9 de noviembre de 2015. Sentado ello, recordó que las normas que regulan la prescripción de la acción penal están abarcadas por el principio de ley penal más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP y 2, Cód. Penal -v. fs. 54 vta. y 55-).
Destacó que, si bien la parte denuncia la violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, en esta no existe ninguna disposición referente a la prescripción ni al carácter imprescriptible de ciertos delitos. "Por tanto, la inexistencia de una ley previa no puede ser suplida acudiendo a la interpretación que del art. 19 del mencionado instrumento" propone la parte (v. fs. 55 vta.).
Consideró equivocado interpretar que la sanción de las leyes 26.705 y 27.206 reglamentaron lo dispuesto en el art. 19 de la citada convención. Por un lado, por estimar carente de sentido que una ley reglamente algo que ya se encuentra expresamente previsto. Por el otro, porque con ello se encubre la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206 en contra del principio de legalidad. Agregó que en idéntico déficit se incurre cuando se pretende sustentar el pedido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En su apoyo, citó jurisprudencia (v. fs. 56).
Por todo lo expuesto, afirmó que de conformidad con los arts. 55, 59, 62 inc. 2, 63 y 67 -t.o. según ley 25.990- y 119 del Código Penal, las acciones penales en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo y por la situación de convivencia se encuentran prima facie prescriptas por haber transcurrido el plazo de doce años desde el momento de los hechos (1987/1988 y 1997/1998) hasta que se formuló la denuncia (3-XI-2016 -v. fs. 58 vta. y 59-).
IV.2. Tal como se adelantó, las denuncias de violación a los arts. 19 y 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño y del art. 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como consecuencia de la declaración de prescripción de la acción penal, resultan insuficientes (conf. art. 495, cit.).
IV.2.a. En primer lugar, la particular damnificada insiste en que debió aplicarse al caso el art. 67 del Código Penal -t.o. según ley 27.206- por ser este reglamentario de las citadas convenciones sin dar argumentos suficientes que le den sustento ni controvertir eficazmente lo dicho por el a quo .
En efecto, se limitó a citar de manera dogmática las respectivas Convenciones sin explicar de qué manera, de los deberes asumidos por el Estado en los artículos a los que hizo referencia (arts. 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; 3.1. y 19, CDN), puede entenderse que la ley 27.206 -en tanto incorpora al Código Penal una nueva causal de suspensión del curso de la prescripción respecto de los delitos previstos en el art. 119 del Código Penal, entre otros- es meramente reglamentaria de los mismos.
Tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Alzada, de las citadas convenciones no surge referencia alguna al régimen de prescripción de las acciones penales ni a la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual. Sobre este punto la parte no hizo ninguna consideración, dejándolo incontrovertido (conf. art. 495 cit.).
Así las cosas, la impugnante no ha logrado demostrar que las normas convencionales que trae a colación, como determinantes para la solución del caso según pretende, contengan la obligación de perseguir penalmente este tipo de delitos comunes con una intensidad tal que implique que el instituto de la prescripción de la acción penal no sea aplicable de conformidad con las condiciones de su vigencia al momento de los hechos del caso.
VI.2.b. En segundo lugar, la particular damnificada tampoco logró conmover eficazmente el argumento del a quo referido a que bajo el pretexto de que la ley 27.206 es meramente reglamentaria, en rigor, se pretende encubrir la aplicación retroactiva de una norma penal más gravosa para el imputado (conf. art. 18, Const. nac.).
Cabe recordar que tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación Penal, y conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad del que se deriva que no es posible aplicar retroactivamente normas más gravosas para el acusado (conf. arts. 18, Const. nac.; 9 CADH; 15.1., PIDCP; 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015; entre muchas otras. Todo ello, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos 287:76-, en el cual, luego de recordar la que refiere "que esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ‘ex post facto’- que impliquen empeorar las condiciones de los acusados", se afirmó que "el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ‘ley penal’, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción de delito y culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva" -cons. 6° y 7°-; lo cual fuera reiterado en "Arancibia Clavel" -Fallos 327:3312-; e.o.).
Frente al referido alcance dado por la Corte federal los recurrentes no han esgrimido razones suficientes por las cuales cabría otorgar al principio de legalidad, y a su derivado, aquí en juego, un alcance más restringido que el expuesto. De modo tal que el reclamo relativo a la pretensa aplicación retroactiva de las modificaciones introducidas al art. 67 del Código Penal por la ley 26.705, o la actualmente vigente ley 27.206, no puede ser atendido.
Si bien la recurrente alegó que el principio de legalidad debería "armonizarse temporalmente" (fs. 67) con el derecho de acceso a la justicia de la víctima para lo cual propone aplicar la causal de suspensión del curso de la prescripción incorporada al art. 67 del Código Penal mediante ley 27.206, tales manifestaciones resultan ineficaces para conmover lo fallado pues debió demostrar los motivos por los cuales, en función de las particularidades de los hechos -aspecto que mencionó genéricamente tanto en la vía extraordinaria como en la memoria de fs. 155/157 vta.-, el régimen de ejercicio y extinción de las acciones penales aplicado (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15, PIDCP; 2, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 119 y concs., Cod. Penal -t.o. según ley 25.990-; v. sentencia de primera instancia a fs. 10/16 vta.) no resguardó de manera razonable los derechos de la víctima consagrados en las convenciones citadas.
En suma, ante el conflicto que la recurrente plantea entre el principio de legalidad y el derecho de acceso a la justicia de una niña víctima de abuso sexual intrafamiliar, no ha evidenciado que el régimen de ejercicio y extinción de las acciones penales aplicado -en función del cual se declaró la prescripción de la acción-(arts. 62 inc.2 y 67, Cód. Penal -t.o. según ley 25.990-) importase merced a la ponderación a través del juicio de proporcionalidad (art. 28, Const. nac.), un desbalance inadmisible con respecto al resguardo adecuado de los derechos de la víctima. Pues, aun cuando ahora la norma contempla una solución de mayor amplitud a ese efecto, la por entonces vigente establecía un amplio margen temporal (doce años) para el ejercicio de la acción penal de los delitos en cuestión.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la recurrente no demostró que en el sub lite se hubiera configurado un supuesto excepcional que permitiera, en el marco de un Estado de derecho, dejar de lado el principio de legalidad penal -y con ello la declaración de prescripción de la acción penal- en pos de resguardar el acceso a la justicia de la víctima (conf. P. 109.447, sent. de 8-IV-2013; P. 114.826, sent. de 27-IX-2013; P. 122.554, sent. de 7-III-2018; SCBA; "Bulacio vs. Argentina", sent. de 18-III-2003; "Bueno Alves vs. Argentina", sent. de 29-XI-2011; CIDH "Arancibia Clavel", sent. de 24-VIII-2004; Fallos: 327:3312, "Simón", "Derecho", sent. de 11-VII-2007; Fallos: 334:1504; "Espósito", Fallos: 327:5668 CSJN; todos ellos a contrario sensu ).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honora
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