Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134628
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.628, "Villasboa Villagra, Gerardo Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.655 del Tribunal de Casación Penal, Sala II" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 27 de noviembre de 2018, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Martín que condenó a Gerardo Luis Villasboa Villagra a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 112/129).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial adjunta de casación -doctora Ana Julia Biasotti- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/173), que fue parcialmente concedido por la mentada Sala (v. fs. 174/179), sin que por el tramo impugnativo denegado se haya articulado queja (v. fs. 185).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 187/191 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 193) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Conforme surge del auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por las cuestiones federales denunciadas (v. especialmente fs. 177/178), por lo que, en ese marco, serán descriptos y abordados los planteos de la defensa.
La señora defensora oficial adjunta denuncia la desnaturalización de la tarea revisora de la sentencia de condena (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) que importó la transgresión al debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo (v. fs. 143).
Sostiene que el tribunal intermedio no cumplió a cabalidad con ese cometido al limitarse a convalidar lo dicho por el de grado en su decisión, desentendiéndose de los concretos agravios de la defensa, sin realizar un análisis amplio de la totalidad de las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Al respecto puntualiza que el planteo defensista se centró en la falta de certeza sobre la existencia del hecho por el cual fue condenado Villasboa Villagra provocado por arbitrariedad y absurdo en la valoración probatoria, que se circunscribió a la declaración de la menor y al dictamen de las psicólogas de la Fiscalía.
Adiciona que no resulta creíble el relato de la madre de la niña L. A. D. por haber faltado a la verdad en diversas oportunidades, tal cuando dice haber llevado a la menor al hospital municipal siendo que no hay ninguna constancia de ello, que se comunicó con los hijos del imputado habiendo obtenido su número a través del servicio 110, la cantidad de denuncias sin pruebas que radicó en diversas ocasiones, su declaración respecto a que la damnificada tuvo durante una semana fuertes dolores en la vagina y en la cola (v. fs. 143 vta./144 vta.).
Explica que se muestra una matriz de comportamiento de la señora D. en cuanto a endilgar hechos a distintas personas y ocasionar escándalos, acerca de que mandó a su hija a algún lugar y alguien le hace algo.
Asevera que debieron haberse arbitrado los medios necesarios para obtener el testimonio de la hermana de la menor víctima, quien habría sido un testigo presencial de lo ocurrido, y se queja de la desatención de los dichos del hijo del imputado Jorge Alexis Villasboa referentes a que D. le pidió dinero luego de referirle el abuso de su padre hacia su hija, así como del llamado a su hermana de España (v. fs. 145).
Luego de transcribir -en lo que estimó pertinente- la sentencia atacada (v. fs. 143 vta./154 vta.), insiste en que se limitó a justificar el fallo de condena y afirmar la ineficacia de los planteos de la defensa, vulnerando las garantías constitucionales antes denunciadas, fundamentalmente, el beneficio de la duda que, a su criterio, debió aplicarse al caso.
Se queja de la falta de compulsa de los autos principales, así como del DVD que documentó la declaración de la menor en cámara Gesell, como todos aquellos elementos que -en su opinión- generaban dudas pero que fueron minimizados por los sentenciantes de grado y justificados por el revisor (v. fs. 160 vta. y 161).
También realiza consideraciones sobre la valoración de diversos elementos de prueba: la declaración de la madre de la niña y sus posteriores ratificaciones y ampliaciones; el testimonio juramentado de Micaela Analía Zanassi quien expresó que se enteró de lo ocurrido por D. y que esos relatos difieren de los dichos de la menor; el testimonio de la licenciada Susana Garay Gocsilo que se expidió sin contar con los antecedentes del caso preguntando solo lo que la Fiscalía le requería, sumado a que la defensa fue notificada de dicha pericia con solo media hora de antelación, por último que el tribunal intermedio no observó el DVD de la cámara Gesell reeditando, mediante una técnica ineficaz, lo transcripto por el órgano de juicio.
Alude al principio in dubio pro reo como derivación razonada del de inocencia que no hace referencia a un estado anímico del juzgador, sino que, por el contrario, apunta a la existencia de una cierta suficiencia objetiva de elementos de cargo; por lo cual la violación a la noma constitucional que lo consagra (arts. 18, Const. nac. y 14.2, PIDCP) constituye un motivo de casación constitucional (v. fs. 165 vta. y 166).
Finalmente, indica que la sentencia criticada se apartó de los lineamientos de esta Corte referidos al modo en que debe procederse al examen de las sentencias de condena con sustento en los precedentes "Casal", "Descole" y "Martínez Areco" de la Corte federal (v. fs.167/168).
II. El señor Procurador General dictaminó a fs. 187/191 vta., aconsejando el rechazo del recurso interpuesto.
III. Coincido con su opinión.
III.1. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia, según se verá, cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.2. La materialidad ilícita que tuvo por legalmente comprobada el tribunal de primera instancia da cuenta que "...en fecha y hora indeterminada, durante el mes de julio de 2015, en circunstancias en que la menor M. L. S., nacida el 21 de agosto de 2005, ingresó al domicilio de Gerardo Luis Villasboa Villagra, siendo inquilino de la madre de la niña [...], lugar en el que abusó sexualmente de la menor al pasarle la lengua por el cuello de la misma, tocándole con sus manos la zona de las tetillas, introduciéndole su dedo en el ano de la niña, mientras se masturbaba" (fs. 36 vta.).
Al interponer el recurso de casación, la defensa denunció la arbitraria valoración probatoria y, tras el análisis de los elementos de convicción, afirmó que no existe base acreditativa objetiva suficiente para sostener la existencia del hecho ilícito que se le endilgó al imputado. Expresó su disconformidad con el mérito del testimonio de la madre de la menor, señalando variadas inconsistencias. Formuló diversos cuestionamientos respecto de la declaración de la menor recibida en cámara Gesell, por haberse producido a más de cuatro meses de formulada la denuncia; que se realizó minutos después de haber sido notificada la defensa sin oportunidad para proponer perito de parte y de presenciar el acto para sugerir preguntas; que fue extremadamente escueta, sin que la menor brindara referencias contextuales y circunstanciales de sus afirmaciones.
Aludió al testimonio de las psicólogas que dieron cuenta de los encuentros y entrevistas que mantuvieron con la menor (la licenciada María José Manzo, un primer encuentro a los pocos días de la denuncia y otros posteriores en el peritaje psicológico? y la licenciada Garay Goscilo, en la entrevista previa a la declaración en cámara Gesell), y señaló que -a su juicio- la niña declaró a instancias de su madre e influenciada por su actuación y por las imputaciones que le fueron dirigidas al acusado. Consideró que debía computarse que su madre no llevaba a la niña a las citaciones que le cursaban, que durante ese periodo la menor recibió en cinco o seis oportunidades la visita de Zanassi quien le habló para que se decidiera a declarar; que contó una y otra vez a las psicólogas lo que le había pasado; que su madre se presentaba sumamente alterada a la sede de la Fiscalía; que ésta no dejó pasar oportunidad para referir que el imputado había abusado de otras chicas, que tenía en su casa ropa de mujer, "consoladores" y fotos con menores de edad, películas y revistas pornográficas, que se dedicaba a la venta de drogas, y otras tantas imputaciones carentes de la más mínima corroboración.
Marcó divergencias en la declaración de la víctima en la cámara Gessel, con lo manifestado a las psicólogas y a su madre, relativas a la presencia de su hermana F., al momento en que se escaparon del lugar y a los abusos que habría sufrido. Objetó la actuación de la licenciada Goscilo, que recibió la declaración de la menor, por no seguir el protocolo de recepción de testimonios mediante el empleo de cámara Gesell de la Suprema Corte de Buenos Aires: no tomó contacto con las actuaciones y antecedentes del caso, no se entrevistó con la madre de la menor ni diseñó un pliego de preguntas. En sintonía con ello, les restó eficacia cargosa a las apreciaciones de la licenciada Manzo sobre la verosimilitud del relato de la menor, señalando que su intervención fue anterior a aquella y porque no puede certificar si dijo o no la verdad.
Resaltó el reconocimiento médico de la menor, llevado a cabo por la doctora Musso, el cual revelaba que la examinada no presentaba ninguna lesión en zona anal ni en la zona vaginal, presentando su himen intacto. Cuestionó la valoración que se realizó de las conclusiones periciales practicadas en el plano psicológico con relación al imputado con sesgo perjudicial al nombrado. Criticó que el Tribunal le haya asignado "valor neutro" a los elementos de contenido sexual que se han referido como habidos en el interior de la vivienda del inculpado por los testigos L. A. D., M. A. y M. Z.. Concluyó en la inexistencia de elemento de prueba objetivo e independiente que corrobore la hipótesis del ataque sexual.
Apuntó los dichos de Villasboa quien siempre postuló su inocencia. Solicitó su absolución por aplicación de beneficio de la duda (art. 1, CPP; v. fs. 73/89). La señora defensora oficial adjunta ante el órgano intermedio presentó memorial a fs. 97/98.
III.3. La Sala Segunda del Tribunal de Casación comenzó señalando, a partir del voto del doctor Mancini -a quien adhirió la doctora Budiño-, que el magistrado del juicio indicó los elementos que estimó conducentes a la acreditación de la materialidad ilícita y la intervención del acusado, expresando su incidencia en la determinación de ambos extremos, motivó la formación del juicio acreditativo, expuso su razonamiento en términos lógicos y en observancia de los arts. 104, 210, 373 y concordantes del ordenamiento ritual (v. fs. 118 vta.).
Precisó que el extremo discutido surgía de la valoración armónica de los dichos de la damnificada, la menor M. L. S., quien expuso en la audiencia bajo el sistema de cámara Gesell sobre los actos de contenido sexual a los que fue sometida, dio cuenta de las circunstancias en que se perpetraron, e imputó directamente al acusado como la persona que la agredió, declarando a su vez que en la oportunidad le había manifestado que si le contaba a su mamá la mataba.
Descartó el reclamo defensista relativo a que dicha declaración se produjo cuatro meses después de sucedido el hecho, por no haberse precisado, ni advertirse, las consecuencias adversas que ello produjo. Trajo a colación las apreciaciones de la licenciada Susana Ofelia Garay Goscilo quien señaló que "... es muy común en las causas de abuso sexual que muchas veces los menores no están en condiciones de declarar y luego si lo están por lo que no llama la atención el paso del tiempo que hubo desde el hecho hasta la cámara Gesell", afirmando que "...el tema de la contaminación se puede dar en cualquier momento del proceso". Siendo que en este caso "...no advirtió indicación o contaminación alguna" (fs. 119 y vta.).
Para desestimar el agravio referente a que la psicóloga no había tomado contacto con las actuaciones y antecedentes del caso, ni se había entrevistado con la madre de la menor, señaló que "...de las expresiones recogidas en el veredicto no se advierte que la experta encontrara alg[ún] escollo para ello, quien especificó el abordaje y brindó las explicaciones y aclaraciones del caso, señalando que 'nunca le pidieron los fiscales que debía entrevistar a los padres en cámara gesell', que 'no siempre tener los antecedentes del caso es bueno para la pericia', que 'en primer lugar considera pertinente hablar con la víctima' , y que 'producto del estado de angustia que presentaba la menor y el fiscal que decía hasta donde debía preguntar, consideró que no correspondía extenderse en el interrogatorio para no revictimizar'" (fs. 120).
Desestimó que esas circunstancias hayan conspirado contra la idoneidad acreditativa de su contenido, tampoco infracciones formales que afectaran la garantía constitucional de la defensa en juicio (v. fs. cit. y vta.).
Aseveró que haber recibido declaración a la menor media hora después de notificada la diligencia a la defensa, no acarrea ninguna causa de invalidación del acto, ni conlleva, per se , la afectación del derecho de defensa, así como no advirtió que la parte no haya contado con aquella oportunidad desde que fue informada de la misma con suficiente antelación tanto para asistir al acto como para anunciar de su intención de proponer perito, quien tampoco apuntó cuáles serían las preguntas que no tuvo ocasión de sugerir, ni las defensas de las que se vio privado de ejercer (v. fs. 120 vta.).
En orden al valor suasorio del relato de la menor expresó que "...la niña mantuvo a través del tiempo una única versión del hecho, y, si lo hizo en algunas oportunidades con mayor aporte de detalles que en otras, fue sin contradicciones". Explicó que los sentenciantes aludieron a los testimonios de la licenciada María José Manzo quien así lo señaló y de la licenciada Goscilo a quien también la niña le contó "...lo que había pasado", también se invocó la transcripción de la declaración de la menor en cámara Gesell, que aparece en consonancia con puntuales referencias de aquellas acerca de los dichos de la víctima y de su madre (v. fs. 121 vta.).
En cuanto a la alegada existencia de supuestas "variaciones", indicó que no pasan de ser débiles conjeturas que trazó el impugnante, respecto de las cuales no se ocupó de demostrar que las pretendidas disimilitudes contengan la entidad descalificante que les atribuyó.
Afirmó que la presencia en el relato de la niña de alguna diferencia en la manera de describir los ataques -por ejemplo, en decir que el agresor introdujo los dedos en la cola y en la vagina (como habría dicho a su madre), o en la cola (como lo dijo en la Fiscalía)- o sobre datos complementarios -tal como si su hermana vio el ataque o se habría escapado antes- no revisten la entidad para oscurecer su versión o para afectar la veracidad de lo sustancial de su declaración (v. fs. 122).
Ello pues se trata del testimonio de la víctima que padeció los actos de los que dio cuenta, y de quienes supieron de ellos por haber oído su versión, por lo que, "...si no es posible exigir con estrictez absoluta plenas coincidencias entre los testimonios de personas que presenciaron, incluso, un mismo episodio, menos aún podría pretenderse entre los relatos de testigos directos y de quienes dan cuenta de hechos mencionados, resultando lógico que algunos detalles puedan escapar o variar, lo cual no obsta a la credibilidad y conducencia de los tramos centrales de sus relatos" (fs. cit.).
En esa senda describió los contenidos coincidentes relativos al autor de la agresión, al tipo de actos abusivos, sus circunstancias de modo, tiempo, lugar en la que acaecieron y de ocasión, entre otros (v. fs. 122 vta.).
Indicó que, si bien en cámara Gesell la testigo no mencionó la presencia en el escenario de los hechos de su hermana, lo cierto es que no la negó, pero además tampoco se advierte que en esa oportunidad hubiera sido indagada sobre el extremo y que las supuestas divergencias entre los dichos de la menor y lo dictaminado en el informe médico, "...sólo existen en la versión de la defensa" (fs. cit.).
Reseñó que del reconocimiento médico que llevó a cabo la doctora Karina Musso y de sus dichos en la oralidad surgió que al momento del examen la niña presentó una equimosis circular de 1 cm de diámetro en cresta ilíaca y de probable origen traumático (presión de dedo o golpe) sin lesiones en la zona genitoanal, y que la profesional aclaró que la introducción de un dedo en el ano no siempre produce lesiones, toda vez que al ser un esfínter, es elástico y se dilata para poder evitar el daño, siempre y cuando no haya violencia. Así apreció la plena correspondencia existente entre aquellas constataciones y la versión de la menor que indicó que "...me ponía los dedos en la cola y me los sacaba", "...me los sacaba y me los ponía" y gesticuló "...bajando la mano en dirección a la cola", aclarando que "...no me salió sangre", con lo que "...no se advierte de los términos en que expuso, que el agresor haya aplicado en esa maniobra algún tipo de violencia o de fuerza con capacidad para provocar el daño (por ejemplo como dijo la médica, clavando una uña)" (fs. 123).
Subrayó que no resulta del fallo, ni el recurrente ha logrado demostrar, que la menor haya declarado influenciada, por el contrario, las peritos psicólogas se expidieron en sentido inverso, desde que mencionaron no haber advertido "indicación" o "contaminación" (licenciada Goscilo) afirmando que "...no hubo inducción en cuanto a [qué] decir, sino a contar la verdad de lo sucedido" (licenciada Manzo) -ver fs. 123 vta.-.
Resaltó que la credibilidad que irradió el relato de la víctima, se encuentra confirmada por los dictámenes de las peritos intervinientes; el de la licenciada Manzo que brindó un informe, corroborado en el debate, donde expresó no advertir motivos que hubiesen llevado a la menor a relatar una situación falsa, su narración impresionó verosímil, descartó inducción por parte de la madre y fabulación, e incluso dio cuenta de la existencia de indicadores de abuso cuando aludió a la presencia del sentimiento de vergüenza y al empleo de palabras "bien infantiles" por la menor. En igual sentido la licenciada Goscilo quien tampoco advirtió indicación o contaminación alguna (v. fs. 124).
Destacó que la licenciada Manzo participó en el proceso de diagnóstico de la menor, le tomó entrevistas en las que escuchó el relato de lo sucedido y, a partir de allí y de lo que observó, arribó a las señaladas conclusiones y que en su labor pericial no se ocupó de determinar de si la menor dijo o no la verdad, sino que se ciñó a establecer que el relato cumpliera con determinados criterios de credibilidad (v. fs. 124 vta.).
Mencionó que también se tuvo en cuenta que la progenitora de la menor recordó que el día del episodio se encontró a su hija "...muy angustiada, justificándose por ese entonces la niña que la había mordido un perro, pero lo característico fue que no presentaba lesiones con esa particularidad", a lo que enlazó los dichos de la niña referentes a que si ella contaba algo el imput
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