Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.816, "González, Jesús Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 91.594 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de octubre de 2018, rechazó el recurso deducido por la defensa de Jesús Alberto González contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul que -con integración unipersonal y mediante juicio abreviado- condenó al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y aborto calificado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal (v. fs. 99/108).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor José María Hernández- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/121 vta.), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 123/126 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 134/140 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 141), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa se agravia de la subsunción legal de los hechos objeto de condena, denunciando la errónea aplicación de los arts. 41 bis, 42, 54, 79, 87 e inobservancia del art. 84 del Código Penal (v. fs. 119 vta.).
Argumenta que el fallo en crisis se sustentó en una interpretación de los elementos de prueba contraria a las reglas de la sana crítica y la certeza necesaria para acreditar el obrar doloso del imputado Jesús Alberto González respecto de la muerte de Mariela Rojas Camacho y su hijo por nacer, como del intento homicida respecto de Valuis Rojas Paredo.
Afirma que la problemática implicaba analizar si el acusado González, al efectuar un solo disparo podía ser condenado como autor de una tentativa de homicidio respecto de Valuis Rojas Paredo, y, a su vez, de homicidio con dolo eventual de su hija Mariela Rojas Camacho, quien se encontraba embarazada.
Desde su punto de vista existen sólo dos soluciones posibles: el sujeto activo o bien quiere la muerte de uno de los sujetos (en el caso, la de Valuis Rojas Paredo) y no quiere la de la femenina embarazada (Mariela Rojas Camacho); o quiere alternativamente la muerte de uno u otro (resultándole indiferente cuál) en cuyo caso hay dolo de homicidio sólo con respecto a quien recibe el único disparo (v. fs. 119 vta. y 120).
Desarrolla luego en el acápite "a" el primer supuesto, el cual queda comprendido en el llamado "error en el golpe" o aberratio ictus: quien dispara no confunde a la víctima con otra persona, sino que se produce una desviación del curso causal que provoca la muerte de un tercero a quien no quería matar. En esta hipótesis la solución propuesta por la doctrina es la de calificar el suceso como tentativa de homicidio en concurso ideal con homicidio culposo, siempre que la identidad de la víctima no carezca de relevancia para el autor (v. fs. 120).
Para el caso en análisis, entiende que ese supuesto era el aplicable, e implica que González quiso matar de un disparo a Valuis Rojas Paredo, lo que no pudo lograr pues la bala impactó en su hija y provocó su deceso (v. fs. 120 vta.).
Sostiene que el órgano intermedio eludió la solución propiciada bajo el fundamento de la existencia de prueba suficiente de un obrar doloso -cuanto menos eventual- respecto de la muerte de Mariela Rojas Camacho, pero considerando elementos que a su modo de ver nada aportaron, como lo fue la corta distancia entre los sujetos activos y pasivo, y que los testimonios valorados no eran contestes en aseverar que Mariela se encontraba "abrazada" a su padre en el momento del disparo (v. fs. cit.).
Explica que hay datos que inciden en el conocimiento y aceptación del resultado final que no fueron evaluados por los sentenciantes, entre ellos que Mariela se encontraba en el interior de la vivienda e irrumpió en la escena que se desarrollaba en el exterior (patio), cuando su padre es apuntado, produciéndose el disparo que llegó a rozar el abdomen del nombrado pero que impactó en su hija. Aseveró que en este desarrollo no puede inferirse certeza sobre la efectiva representación del resultado como posible.
Colige que existió entonces un error de puntería o bien se interpuso en la trayectoria otra persona (v. fs. 121).
Plantea su hipótesis en los términos en que su asistido intentó herir a Valuis Rojas Paredo por el conflicto suscitado con sus perros, pero su accionar tuvo un resultado distinto al buscado ya que la hija de éste se interpuso, resultando herida con lesiones que desencadenaron en su óbito. De este modo la hipótesis descripta encuadra en lo que en doctrina se dio en llamar aberratio ictus o "desviación del golpe", el cual debe resolverse mediante el concurso ideal de delitos entre la tentativa de homicidio doloso, homicidio culposo y aborto (v. fs. 121 cit.).
En el punto "b" desarrolla el segundo supuesto que parte de aceptar la existencia en el caso de un "dolo alternativo": si existió un único disparo, solo era posible un resultado, esto es, lesionar o matar alternativamente a uno u otro (resultándole al autor indiferente cuál), pero no a ambos, porque resulta materialmente imposible -o al menos improbable- poder matar a ambos (más al nasciturus) con un solo disparo.
Por ello en el caso de elegirse esta segunda solución, la calificación legal aplicable, a su entender, es la de homicidio doloso, pues el resultado efectivamente producido excluye al otro (v. fs. 121).
Solicita en consecuencia que se declare erróneamente aplicada la ley sustantiva, se anule el fallo y se dicte o mande a dictar un nuevo pronunciamiento acorde a derecho (v. fs. 121 y vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no prospera (v. fs. 134/140 vta.) ya que considero que la solución jurídica aplicada al caso en las instancias anteriores es la correcta. Veamos.
III. El Tribunal de Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos "...el día 16 de febrero de 2016, siendo entre las 21.00 y las 21.30 horas, Jesús Alberto González se hizo presente en el exterior del domicilio sito en calle Las Hortensias n° 2501 de Olavarría y con el unívoco fin de causar la muerte del propietario Valuis Rojas Peredo -que en la ocasión se encontraba en el sector del patio junto a su hija Mariela Rojas Camacho que intentaba protegerlo tomándolo del cuerpo para ingresarlo al interior de la casa-, portando en una de sus manos un arma de fuego similar a una carabina, representándose y aceptando como resultado la muerte de esas dos personas[,] disparó al menos en una oportunidad contra las mismas[,] impactando el proyectil en el cuerpo de Mariela Rojas Camacho, causándole la muerte como consecuencia directa de la acción, al ingresarle el proyectil en la línea media axilar izquierda[,] describiendo una trayectoria de izquierda a derecha levemente hacia atrás, que le produjo fractura de la octava costilla izquierda, lesión del pulmón izquierdo, lesión del pulmón derecho, fractura de la octava costilla derecha y desgarro parcial de la aorta toráxica descendente, hemotórax bilateral masivo, shock hipovolémico agudo, paro cardio-respiratorio y muerte[,] y mediante la acción dolosa y violenta anteriormente descripta, causó el aborto del feto que la víctima tenía alojado en el útero[,] que resultó ser de aproximadamente 200 gramos de peso[,] compatible con cuatro-cinco meses de gestación, estado de gestación que presentaba signos objetivos de notoriedad para el común de las personas" (fs. 101 y vta.).
Los hechos fueron encuadrados en los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y aborto calificado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal.
Luego de la evaluación de los medios de prueba examinados por el juez de primera instancia, el juez ponente del Tribunal de Casación, doctor Daniel Carral -a quien adhirió el doctor Ricardo Maidana-, concluyó que el acusado ingresó al patio de la finca de calle Las Hortensias n° 2.502 de Olavarría, apuntó, desde una distancia aproximada de 4/5 metros, con un arma de fuego a Valuis Rojas Paredo y a su hija, Mariela Rojas Camacho, y, mientras ésta estaba abrazaba a su padre, efectuó un disparo que, posteriormente, provocó el fallecimiento de la nombrada, "...resultando, por ende, razonable la conclusión probatoria arribada por el juzgador" y que la sentencia "...constituye una unidad lógico-jurídica, razonada y autosuficiente" (fs. 104 y vta.).
En orden a la calificación legal del evento indicó que coincidía con la pactada por las partes en oportunidad de celebrar el acuerdo de juicio abreviado.
Aseveró, en concordancia con lo determinado por el órgano de la instancia, que el fallecimiento de Rojas Camacho, resultó indiferente para el plan concreto del autor, dado que, "...incluso cuando el imputado quiso matar una persona determinada, en tanto conocía las particularidades del [riesgo] que administró -deviene indistinto que no haya querido el resultado-" (fs. 104 vta.).
No obstante, destacó que "...en el contexto situacional ya examinado y de acuerdo a parámetros razonables que el agente no pudo ignorar (la dirección del disparo, la escasa distancia que lo separaba de las víctimas y la existente entre ellas), es decir, contando con la información del caso, su intelecto abarcó el riesgo que asumía. El dolo encuentra basamento en el conocimiento que tal conducta pone en peligro concreto bienes jurídicos" (fs. cit. y 105).
Explicó que, en la estructura del dolo eventual, resulta basal que el sujeto incluya el dato cierto de la probabilidad de producción del resultado lesivo, y que ese conocimiento forma parte de la aprehensión global de la situación.
Subrayó, en lo referente al homicidio tentado, que "...la circunstancia que el acusado, luego de haber efectuado el disparo, no haya continuado con su agresión hacia Valuis Rojas Paredo [...] solo explica por qué razón la conducta, a su respecto, no se consumó, pero en modo alguno modifica el contexto en el que se produjo aquel disparo, el cual [...] resulta demostrativo de una conducta configurativa de una decisión de provocar la muerte de la víctima" (fs. 105 vta.).
En lo que hace al pretendido encuadre del hecho como un "error en el golpe" -aberratio ictus- destacó que "...en tanto el disparo habría estado dirigido a Rojas Paredo y no a su hija, entiendo que el riesgo exteriorizado en la conducta desplegada por el agente -la cual podría ser sintetizada como un disparo, a corta distancia, contra dos personas que se encontraban abrazadas- importó la creación de dos dolos, alternativos, siendo que la concreción de uno excluía al otro, por lo que, en definitiva, nos encontramos frente a un supuesto de dolo alternativo" (fs. 105 vta. y 106).
IV. La defensa de González, superada la doble conformidad condenatoria, acude a esta sede extraordinaria atacando la aplicación de la ley sustantiva y refiriendo la solución doctrinaria de la aberratio ictus (tentativa de homicidio doloso en concurso ideal con homicidio culposo y aborto; v. fs. 121), o en su caso, una lectura del dolo alternativo que conduzca sólo a la subsunción del hecho en un homicidio doloso.
Por fuera de las apreciaciones y críticas que realiza el recurrente a cuestiones de valoración probatoria expuestas en la sentencia atacada que, por regla son ajenas a la competencia de esta sede y sólo revisables con casos excepcionales de absurdo o demostración de supuestos de arbitrariedad; de todos modos, el discurso impugnativo es ineficaz porque sólo expresa una posición doctrinaria discrepante sin evidenciar que la impuesta en el caso sea errónea.
Por el contrario, considero que la elegida para el supuesto fáctico ya descripto, es la que corresponde, de conformidad con la doctrina de esta Corte, que ha establecido que si el autor tenía a la vista el segundo objeto sobre el que se produce efectivamente el resultado, se trata de un caso de dolo alternativo y no de aberratio ictus (conf. causa P. 123.395, sent. de 26-IX-2018).
Los casos de aberratio ictus deben distinguirse de los de dolo alternativo, según que el resultado se haya producido sobre un segundo objeto que el autor no tenía a la vista o que el resultado haya tenido lugar en un objeto que también tenía a la vista. En este último caso "...se debe admitir el llamado dolo alternativo cuando el desarrollo causal no era improbable" (conf. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal Parte General, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2da. ed. 1999, p. 331, quien cita a Günther Jakobs), cuya postura también es seguida por el Tribunal de Casación.
En efecto, en autos quedó demostrado que González -según los relatos de los testigos- efectuó un disparo, a corta distancia, contra dos personas que se encontraban abrazadas, hiriendo a una de ellas y causándole la muerte a la otra.
De esta manera mediante el ataque al objeto sobre el cual el autor dirigió su accionar (dolo directo, víctima Valuis Rojas Paredo), también creó un riesgo para objetos que se encontraban en el ámbito de dispersión del medio comisivo, siendo consciente de ello y, al menos, indiferente respecto de sus consecuencias (dolo eventual, víctimas Mariela Rojas Camacho y su hijo por nacer).
Así, bajo la plataforma fáctica que se describiera, el reproche formulado a Jesús Alberto González en los términos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y aborto calificado por el uso de arma de fuego en concurso ideal, debe confirmarse
V. Por lo demás resta señalar que el planteo referido a la existencia de dolo de homicidio solo respecto de quien recibió el disparo (v. fs. 120) es extemporáneo desde que no fue llevado ante el tribunal intermedio tal y como ahora lo esgrime (doctr. art. 451 tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; e.o.).
Aún más allá de lo tardía de su introducción, con lo explicado párrafos arriba, también quedó descartada esa opción.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia