Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.909-RC, "Balmaceda, Leopoldo Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 20.304 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de julio de 2021, rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa de Leopoldo Daniel Alberto Balmaceda contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 del mismo departamento judicial, que lo había condenado a la pena de tres años de prisión, con más las costas y declaración de reincidencia, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de hurto reiterados (dos hechos).
Contra esa decisión se alzó el doctor Germán Kiefl, defensor oficial de la Unidad de Defensa n° 1 de Bahía Blanca, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el Tribunal de Alzada para el abordaje de las cuestiones de índole constitucional.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 20/30 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 32), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor defensor denunció la violación al debido proceso y a los derechos de defensa y del imputado a estar presente en el juicio en el que se lo condenó.
Explicó que ante la Cámara había formulado agravios concretos relacionados con la denegatoria al imputado de consultar por su propia cuenta la causa a través de la Mesa de Entradas Virtual (MEV); el hecho de haberse dejado sin efecto la audiencia preliminar primigeniamente dispuesta por el juez y solicitada expresamente por el imputado y su defensa; la demora injustificada e irrazonable en la fijación de la fecha para la realización del debate oral; la denegatoria del registro de audio y fílmico del juicio; y, por último, la decisión de no permitir la presencia del imputado en la sala de audiencias, debiendo escuchar el desarrollo del juicio mediante un teléfono celular desde la Unidad Penitenciaria en la que estaba alojado.
Cuestionó que la Cámara hubiera entendido que no demostró el concreto perjuicio que esas irregularidades provocaron en los derechos de Balmaceda.
Sostuvo que el órgano a quo omitió tratar estas cuestiones de manera conglobada, en tanto la sumatoria de cada una de estas transgresiones resultó en una violación más grave y distinta a cada afectación en particular, lo que habría redundado -según su opinión- en la ausencia de un "juicio justo".
Adujo que el pronunciamiento fue arbitrario en tanto los argumentos esgrimidos se apartan de las constancias de la causa, de las normas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado argentino.
En esa dirección, sostuvo que no se brindaron las razones por las cuales se impidió a Balmaceda acceder a la consulta de la causa a través de la MEV, ni los motivos para denegar la audiencia preliminar que es obligatoria cuando la solicitan las partes.
En cuanto a la fijación del debate, alegó que el Tribunal de Alzada se apartó de las constancias de la causa al sostener que se guardó silencio respecto de una cuestión crucial como es la pandemia Covid-19, cuando en el recurso de apelación se destacó que la demora no era atribuible a los inconvenientes relativos al Covid-19, sino a la mera voluntad del juez de primera instancia.
Expresó que, aunque el debate no haya sido secreto, la publicidad y el control que genera la videograbación que peticionó hubiesen proporcionado un poco de transparencia a una etapa de juicio que -dijo- empezó, transitó y terminó en el más espeso oscurantismo. Puso de relieve que no había razones de índole epidemiológica para celebrar el debate oral sin la presencia de Balmaceda, y sostuvo que sobre estas circunstancias la Cámara no se expidió.
Agregó que resultaba irrazonable que a un año de comenzada la pandemia, no se hubiesen adaptado las instalaciones para que un juicio oral, principal faena del fuero penal, pudiera llevarse a cabo con la presencia del imputado.
Concluyó que, por haberse apartado de las constancias de la causa e inaplicado normas de rango constitucional y supranacional, resultó arbitraria la resolución que consideró que no debía anularse el debate oral llevado a cabo sin que el imputado estuviese en la sala de juicio (conf. los arts. 18 y 33, Const. nac.; 15, Const. prov.; 14.1, 14.3.c y 14.3.e, PIDCP; 8.1, 8.2.d y 8.2.f, CADH; 202 inc. 3, 203, 345 y concs., CPP).
I.2. En subsidio planteó otros reclamos:
I.2.a. Arbitrariedad en la valoración de la prueba.
Sostuvo que, contrariamente a lo afirmado por el órgano a quo , la requisa de la Fiat Fiorino no había sido llevada a cabo conforme lo plasmado en el acta de procedimiento, y que lo fue por un agente policial que luego fue sorprendido en flagrante delito de extorsión y armado de causas.
Expresó que no es cierto que la identificación en el video, por parte de la víctima Álvarez, de la mochila sustraída y la Fiorino en la que se trasladaba el presunto autor, constituyera un cauce independiente de investigación pues, para conectar esa identificación con Balmaceda, primero fue necesario interceptarlo y requisarlo ilegítimamente, aprehenderlo y tomarle la declaración en la cual Balmaceda, según el órgano intermedio, se autoincriminó al decir que la persona que se ve en el video con la mochila es él y que la Fiorino es la suya.
I.2.b. Se refirió a la violación al doble conforme y a la arbitrariedad por falta de fundamentación en cuanto a las pautas atenuantes por haber omitido el juez de grado referirse a ellas, y argumentó que si el Tribunal de Alzada entendió que había sido un rechazo y no un olvido, debió haber anulado por falta de fundamentación en función de la obligación de revisar integralmente la sentencia condenatoria que se deriva de la doctrina del fallo "Casal".
I.2.c. Por último, alegó falta de imparcialidad y de fundamentación en la fijación de la sanción.
Explicó que, a su entender, resultó insuficiente el argumento de que no implicaba una violación al debido proceso y al principio de imparcialidad la aplicación de una pena superior a la requerida por la acusación con sustento en un antiguo fallo de esta Suprema Corte.
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el remedio extraordinario articulado (v. fs. 20/30 vta.).
III. Concuerdo con esa postura.
III.1. Debo rememorar, inicialmente, que es doctrina reiterada de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia resultan ajenas a la instancia extraordinaria ya que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (conf. causa P. 77.838, sent. de 18-XI-2009; e.o.). Y que tampoco, en principio, en razón de su carácter procesal, importan cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria prevista en el art. 14 de la ley 48, salvo supuestos de arbitrariedad según doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 324:1994; 331:2077 -por remisión al dictamen del señor Procurador General-; e.o.).
También cabe decir que el recurso fue admitido al efecto de tratar las cuestiones federales desarrolladas en el mismo. Con ese marco, las diversas aseveraciones formuladas no logran evidenciar en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.). En definitiva, no se advierte que la sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la tacha denunciada.
III.2. En efecto, frente a idénticos planteos que los ahora traídos, el órgano a quo expuso -en primer lugar- que la parte no había evidenciado los perjuicios concretos que le habrían irrogado los vicios del procedimiento alegados, requisito indispensable para la declaración de nulidad pretendida.
Luego, sostuvo que no se afectó el derecho de defensa ni el debido proceso legal, a partir del análisis detallado de cada uno de los agravios que fueron llevados a su conocimiento.
En esa dirección, señaló que no advertía -ante la efímera y genérica invocación de la defensa-, de qué forma el haberse denegado a Balmaceda el acceso a la MEV pudo haber afectado el derecho de defensa, en tanto los actos procesales disponibles por esa vía bien pudieron ser conocidos y transmitidos fielmente al nombrado por parte de su defensor.
En cuanto a la falta de celebración de la audiencia preliminar, expuso que el impugnante no señaló cuál fue la prueba que no pudo contrarrestar, ni aquella que se habría visto privado de ofrecer y hacer valer en el juicio, para el supuesto de haberse llevado a cabo la reclamada audiencia.
Tras ello enunció el derrotero procesal y las consecuentes resoluciones que se fueron dictando, las que entendió cumplidas con la debida bilateralidad.
Y el a quo dijo aún más en cuanto a que uno de los planteos nulificantes giró en torno de la oposición a que se incorpore por lectura la declaración indagatoria del imputado, circunstancia que "en pleno debate" el señor defensor abogó por su incorporación.
En cuanto a la denunciada demora injustificada en fijar fecha de debate oral, la Cámara explicó que -en principio- la defensa lo relacionó con el estado de privación de libertad de Balmaceda, cuestión que tuvo otros carriles procesales por los que fue ejercida -ver incidente de Habeas Corpus IPP n° 20.148/II-. No obstante, también detalló que el apelante había vinculado tal demora con el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y que, planteada de ese modo, no se advertía cómo la circunstancia apuntada podría proyectar sus efectos para invalidar el juicio oral, pues en todo caso la temática estaba relacionada con la insubsistencia de la acción penal, cuestión que el defensor ni siquiera había peticionado.
En orden al agravio sobre la denegatoria de registrar el debate oral mediante audio y video a cargo de la defensa, el Tribunal de Alzada manifestó que el argumento era aparente al hacer a un lado que se llevó a cabo una audiencia oral, aun en el marco de las contingencias derivadas de la pandemia Covid-19, de modo que lo actuado no fue secreto. A su vez, afirmó que el impugnante omitió relacionar la denegatoria de grabación mediante video con alguna prueba que excediera la realización solo a través del audio, conforme llevó a cabo el órgano del juicio (de la que da cuenta el acta de debate), con incidencia en la garantía del doble conforme.
En atención al último motivo por el cual se pretendió la nulidad, vinculado con la incomparecencia de Balmaceda al debate oral, nuevamente la Cámara indicó que la defensa no demostró "...de qué modo la presencia del imputado en persona en la sala de audiencias (en lugar de su presencia virtual), hubiera incidido en el desarrollo del debate y en la recepción de las pruebas. Por el contrario el acta de debate revela que en todo momento se resguardó su derecho de defensa [...] Y en ese mismo sentido, emerge del acta de debate que el señor Defensor Oficial, presente en la audiencia oral, se retiró de la sala con el teléfono de soporte para consultar con su asistido si le interesaba hacer preguntas a los testigos, respondiendo negativamente en relación a una de las víctimas -García Acevedo-, a los preventores Sergio Mancini y Patricia Salcedo, a los policías Dupré y Delgado, al funcionario policial Arévalo y a las testigos Pamela Muñoz Altamirano y Rocío Tebes; en tanto que lo hizo afirmativamente respecto de Romina Salguero quien dijo ser madre de los hijos de Balmaceda. Todo lo expuesto da cuenta que, aún en el marco de la audiencia oral mixta, hubo un contacto fluido entre el señor Defensor Oficial y el imputado Balmaceda, que éste presenció los testimonios recibidos en la audiencia, como así que no se trató en el caso de un juicio en ausencia del encausado como en algún pasaje del recurso sostiene la Defensa. Y finalmente cobra relevancia, en el punto, que en ocasión de alegar el doctor Kiefl en ningún momento sostuvo que la celebración mixta del debate le hubiera impedido tomar efectivo contacto, tanto a esa Defensa como al imputado, con la prueba que se produjo en el seno del debate...".
El a quo agregó: "Por lo demás también aquí la Defensa nada dice de la RP nro. 12/21 (SPL), de las RC nros. 1250/20 y 1251/20 y en particular de la RC nro. 655/20 y la ‘Guía de actuación para el desarrollo de audiencias total o parcialmente remotas’, Anexo Único de la RC 816/20, lo que reafirma la conclusión anticipada en cuanto a que la Defensa sólo ha expresado, de modo genérico, el perjuicio que en su opinión esa parte ha sufrido, más no ha demostrado de qué defensas se vio privado y de qué manera el cumplimiento del acto del modo que propone hubiera variado su suerte en la causa. De allí que también resulte irrelevante lo acaecido en otros procesos -que bajo el rótulo de nueva prueba alude la Defensa-".
III.3. Ahora bien, ante lo así decidido se advierte que en la impugnación en análisis la defensa reeditó los planteos llevados ante la sede intermedia, manifestando mera desconformidad con las razones que concluyeron en sentido adverso a sus reclamos a través de desarrollos que se muestran como una opinión discrepante, carente de una crítica razonada y concreta con aptitud para evidenciar aquello que intentó denunciar (art. 495, CPP).
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), circunstancia que no se advierte en el caso de autos.
Así entonces, quedó indemostrada la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que se denunciaron como afectadas y lo debatido y resuelto en el caso.
IV. Los planteos articulados en forma subsidiaria también deben ser rechazados.
El relacionado con la incorporación de la prueba al inicio de la investigación (apdo. I.2.a.), en primer lugar -y como ya fuera expuesto- se vincula con aspectos procedimentales anteriores a la sentencia atacada y, por tanto, ajenos al recurso en examen (conf. art. 494, CPP).
A todo evento, vale señalar que la defensa se desvinculó de lo sostenido por el revisor en lo relativo a que "[l]as nulidades que la Defensa introdujera en el debate, y que, en lo esencial trae en el recurso, ya habían sido planteadas y rechazadas en la instancia de garantías, tanto ante el Juzgado de primera instancia como a través del recurso de apelación que motivó la intervención de la Sala I de [esa] Cámara [...] Ese devenir procesal indica que la cuestión ya fue tratada y resuelta con carácter de definitivo en las presentes actuaciones, con lo cual resulta extemporáneo el planteo introducido en oportunidad de debate oral (argumento art. 338 quinto párrafo inc. 2 del Código Procesal Penal)".
Sin perjuicio de ello, el a quo también expresó que, conforme resultaba del veredicto, el sentenciante originario "...para arribar a la condena formó su convicción acerca de la autoría de Balmaceda -entre otras- en prueba ajena a aquellas cuya nulidad solicitara la Defensa...", la que de seguido detalló y sin que ese aspecto de la decisión haya recibido un embate eficaz, más allá del mero disenso expresado en el recurso en tratamiento (conf. art. 495, CPP).
Con relación a la crítica dirigida contra el tramo de la decisión en el que se trató la denunciada falta de consideración de atenuantes, defecto que la defensa había imputado al juez originario (v. apdo. I.2.b.), corresponde destacar que la Cámara rechazó ese agravio entendiendo que "...a la impropia pretensión de nulificar un todo, sólo con base en la falencia de una parte del mismo perfectamente escindible; se añade, también aquí, que el recurrente sólo ha invocado el perjuicio (reducción de la pena impuesta, el que resulta aparente, como explicitaré al tratar el siguiente agravio) más no ha demostrado su concurrencia en autos. Pero lo central es que, a mi ver, la cuestión no fue omitida por el a quo, como parece ver la Defensa, pues en el considerando cuarto el Sentenciante expresamente sostuvo que no concurrían atenuantes, siendo esa su convicción sincera, con cita de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y 209, 210, 371 tercer párrafo inc. 4 y 373 del Código Procesal Penal. No hubo entonces olvido del Magistrado sino denegatoria expresa".
Es decir, para el a quo en el fallo condenatorio existió "denegatoria expresa" de la cuestión referida a las atenuantes que la parte pretendía hacer valer para obtener una disminución de la sanción. De modo que expuesto el agravio en los términos traídos se advierte, una vez más, que el impugnante solo esboza su desacuerdo con la decisión desde su óptica particular, pero sin que ello baste para poner en evidencia que la Cámara haya incurrido en una incorrección legal apartada de las garantías constitucionales enunciadas en el recurso (art. 495, CPP y su doctr.).
Asimismo, también se advierte de lo reseñado, que el recurrente, alegando falta de fundamentación, no hace otra cosa que insistir en la expresión de su criterio divergente con la incidencia que lo decidido sobre las pautas atenuantes y agravantes tuvo sobre el quantum de la pena, lo cual no implica ni significa violación legal alguna (conf. doctr. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 77.983, sent. de 11-VI-2003; entre muchas).
Finalmente, también corresponde desestimar el embate vinculado con la falta de imparcialidad y de fundamentación en la fijación de una pena mayor a la requerida por el fiscal (v. apdo. I.2.c.), pues la parte vuelve a reiterar su postura sin rebatir todos y cada uno de los argumentos expuestos por la Cámara para rechazar idéntico planteo.
Una vez más, sus desarrollos solo trasuntan una mera opinión discrepante, desentendidos de lo debatido y resuelto en el caso, dejando indemostrada la alegada arbitrariedad y la conculcación de las garantías constitucionales invocadas.
V. Por todo lo expuesto, y en concordancia con el señor Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial de Balmaceda (art. 495, CPP y su doctr.).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.