Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135354
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.354, "B., C. C.. Recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley en causa n° 94.849 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan , Soria , Torres .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 31 de octubre de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que condenó a C. C. B. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la condición de encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la convivencia preexistente, hechos reiterados en la modalidad de delito continuado (v. fs. 87/103 vta.).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 110/117 vta.) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/134 vta.). El Tribunal de Casación Penal, por resolución del día 7 de septiembre de 2020, concedió solo el de nulidad (v. fs. 135/139); interpuesta queja contra la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 167/179), esta Suprema Corte la admitió y lo concedió (v. fs. 181/184).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 146/164), dictada la providencia de autos (v. fs. 188) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa oficial a favor de C. C. B.?
Caso negativo
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la misma parte?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Con cita de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, la defensa oficial denunció la omisión de tratamiento de una cuestión esencial que se tradujo en un perjuicio concreto para su asistido, afectando de manera sustancial el derecho del impugnante (v. fs. 115 vta. y 116).
Luego de efectuar una transcripción de lo resuelto por la Casación en relación con el tópico de la determinación de la pena, sostuvo que ese órgano revisor dejó sin tratamiento alguno el planteo formulado por la parte en el recurso casatorio, en virtud del cual había puesto de manifiesto la arbitrariedad del fallo de condena en lo concerniente al monto de sanción fijada al imputado B. y a la transgresión de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ello por haber fijado el mismo monto de pena que había solicitado el señor fiscal sin una motivación o explicación al respecto, cuando debió reducir el quantum punitivo finalmente aplicado luego de proceder al descarte de una agravante –"reiteración de los ataques sexuales"- y a la ponderación de una atenuante adicional a la requerida por el acusador –"buen concepto vecinal"- (v. fs. 115 vta./116 vta.).
Consideró que, con su silencio, el tribunal recurrido dejó sin respuesta un concreto reclamo de esa parte que denunciaba la arbitrariedad de la sentencia de condena en el tramo correspondiente a la dosificación de la sanción penal (v. fs. 116 vta.).
En apoyo de su postura citó distintos precedentes de esta Suprema Corte y señaló que "Una específica causal de arbitrariedad de sentencia es aquella dada por la existencia de omisión de cuestiones planteadas, que se produce -por ejemplo- cuando el órgano jurisdiccional omite pronunciarse, sin razón justificatoria [sic], sobre una cuestión de derecho expresamente articulada [...], generando la afectación de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, y constituyendo -por ende- cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48" (fs. 117).
Por lo expuesto, solicitó se declare la nulidad parcial de la sentencia recurrida en lo atinente a la determinación de la sanción penal y se reenvíen los autos al Tribunal de Casación a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. cit. y vta.).
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso (v. esp. fs. 151/153 del dictamen). Postura con la que coincido.
III.1. El señor defensor oficial, en lo que importa destacar para la solución del caso, denunció en el recurso de casación (v. fs. 37/49 vta.), la falta de fundamentación en el proceso de formación de la pena (v. esp. fs. 44 vta., apdo. 2), y al respecto consideró que existió un supuesto excepcional de arbitrariedad en atención al elevado monto de pena aplicado –diecisiete años de prisión- (v. fs. 44 vta.), debido a que "...pese a que [el juzgador de origen] merituó [sic] atenuantes a la hora de componer la pena (conf. art. 40 y 41 del CP), sin embargo, realizó una cuantificación [...] arbitraria y hasta absurda, toda vez que le impuso NUEVE (9) AÑOS más que el mínimo de la pena que corresponde a esos delitos, esto es 8 (OCHO) AÑOS, en orden a las reglas del concurso real [de] delitos previstas en el art. 55 del CP, sin esgrimir argumento alguno al respecto, ni exponer cuál fue el razonamiento lógico realizado para arribar a dicha cuantificación de la pena" (el destacado figura en el original; fs. 45 y vta.).
Denunció también, en esa oportunidad, la violación del principio de proporcionalidad de las penas (v. esp. fs. 46 vta., pto. 3) y se ocupó de reseñar el tratamiento dado a las circunstancias atenuantes y agravantes planteadas respectivamente por esa parte y por la Fiscalía, y consideró que la pena de diecisiete años de prisión fue manifiestamente desproporcionada (v. fs. cit. vta./48 vta.). Por lo expuesto, solicitó que se valoren como pautas atenuantes: las condiciones personales de B., el buen comportamiento durante la sustanciación de la causa y la extensa duración del proceso y se descarten las agravantes: la corta edad de la víctima, la extensión en el tiempo de los actos reprochados, el daño psicológico ocasionado a la damnificada, la cercana relación familiar y la utilización del estado de vulnerabilidad de la niña; requiriendo la aplicación del mínimo de la pena previsto para el delito objeto de imputación mencionado en los antecedentes -hechos reiterados bajo la modalidad de delito continuado- (v. fs. 48 vta. y 49).
III.2. La señora defensora oficial adjunta ante esa instancia mantuvo en el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal la impugnación deducida y sumó como planteo la crítica al monto de pena fijado bajo el argumento de que el señor fiscal en su alegato había solicitado que se imponga al encartado una sanción de diecisiete años de prisión, valorando como agravantes: la escasa edad de la víctima, la extensión en el tiempo de los actos reprochados a B., la reiteración de los diferentes ataques sexuales, el daño psicológico producido en la víctima, la cercana relación familiar y la utilización de la vulnerabilidad de la niña, y como atenuante: la ausencia de antecedentes (v. fs. 79 vta.). Sobre esa base explicó que el juzgador de la instancia de origen al pronunciarse en su fallo sobre las pautas de mensura de la pena descartó una de las pautas severizantes -la reiteración de los ataques sexuales- y ponderó como atenuante, además de la solicitada por el señor fiscal, el buen concepto vecinal del que resultaba merecedor B. y que, pese a ello, le impuso la misma pena que había sido requerida por el acusador público, lo cual -a su entender- no se compadece con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que debe guiar la determinación de la sanción (v. fs. 79 vta. y 80).
III.3. El Tribunal de Casación, en lo que importa destacar para el caso, desechó el planteo contra la fijación de la pena por indebida fundamentación (v. fs. 99 vta./103 -v. esp. pto. VII-).
Sostuvo, puntualmente, que "El discurso crítico del impugnante no logra demostrar que en dicha decisión del sentenciante se encuentre presente el vicio achacado, como tampoco, arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas en el proceso de dosimetría de la pena, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada, y habilitando de tal manera su control ante esta instancia" y recordó, a su vez, que los jueces de mérito se encuentran facultados para evaluar la incidencia que cada circunstancia tiene sobre el monto de pena a imponer sin que ello resulte un proceso matemático (v. fs. 99 vta. y 100).
Expuso a continuación que "La pena se encuentra dentro de la especie y escala legal del delito por el que se condenó a B. y no es atendible el tardío reclamo que efectúa el impugnante en punto a las postuladas características de buen padre y trabajador del encartado [...] como pautas que debieron llevar a la disminución de la pena. Es que las atenuantes y agravantes deben ser oportunamente planteadas o resistidas para constituir una cuestión pertinente a los fines de su eventual casación" y que, siendo ello así, "...no constando en el acta de audiencia -formalmente inobjetable- que el recurrente hubiera propuesto tales extremos como índices relevantes de atenuación en favor de B., su reclamo en torno a ellas, es inadmisible" (fs. íd.).
Desestimó, asimismo, el pretendido ingreso como atenuantes al cuadro de dosimetría penal de las pautas vinculadas con la excesiva duración del proceso y la buena conducta del imputado durante el trámite del proceso por tratarse de "...situaciones posteriores ajenas al ilícito juzgado, teniendo especialmente en cuenta que la pena debe responder esencialmente al grado de disvalor objetivo y a la culpabilidad respecto del hecho cometido" (fs. 100 vta.).
Expresó, luego de efectuar una reseña de las pautas diminuentes y agravantes que fueron computadas –citó entre las primeras: "...[el] buen concepto vecinal y la condición de primario de B." y consignó respecto de las segundas: "...el efecto psicológico disvalioso ocasionado en la víctima por los hechos enjuiciados", "la corta edad de la niña", "...la cercanía familiar atropellada por la conducta del acusado", "... la situación de vulnerabilidad en la que se movió el sujeto activo para lograr sus ilícitos propósitos, de tal forma facilitados" y "...la extensión en el tiempo de la convivencia de la víctima en la casa del acusado" (fs. 100 vta./102 vta.)-, que el sentenciante de origen "...ha evaluado los extremos relevantes para la determinación judicial de la pena de conformidad con lo dispuesto por la normativa legal, debiendo recordarse una vez más que lo que se fulmina de nulidad es la ausencia de fundamentación y no la circunstancia de que el pronunciamiento pudo ser más explícito en cuanto al tratamiento de cada circunstancia agravante o atenuante en particular. Es que el fundamento republicano exigible a un pronunciamiento judicial se halla satisfecho con la mención de las circunstancias relevantes para la individualización de la sanción, el sentido en el que operan y las sucintas razones de ello" (fs. 102 vta. y 103).
Concluyó, así, en que "...los jueces [de la instancia originaria] han fundado suficientemente el fallo en orden a la fijación del monto de la pena de prisión impuesta [-diecisiete años-,] fijando una sanción que no luce desentendida de la magnitud de los hechos enjuiciados ni las circunstancias atenuantes y agravantes que, en conjunto, confluyeron para establecer la cuantía sancionatoria" (fs. 103).
IV. Cabe precisar que la defensa de B. argumentó -en lo medular- que el tribunal revisor dejó sin tratamiento alguno –"sin respuesta"- el planteo esencial efectuado por esa parte, en virtud del cual había puesto de manifiesto la arbitrariedad del fallo -por falta de motivación- en relación con el monto sancionatorio impuesto a su defendido y la transgresión a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir en el ámbito de la determinación judicial de la pena al haberse mantenido el quantum sancionatorio requerido por el señor fiscal no obstante descartarse una pauta agravante solicitada por este –"la reiteración de los ataques sexuales"- y adicionar la ponderación de una atenuante –"el buen concepto vecinal"-, debiendo todo ello conducir, a su modo de ver, a la reducción del monto punitivo. Frente a ello la Casación, luego de efectuar un análisis de las distintas circunstancias atenuantes y agravantes que había llevado a cabo el tribunal de origen, concluyó en la correcta fijación del monto de pena impuesto dentro de la especie y escala legal del delito por el que se condenó a B. y que lucía acorde a la "magnitud de los hechos" enrostrados. En tal sentido, concluyó en que la penalidad se encontraba debidamente fundamentada y, consecuentemente, desechó la presencia de arbitrariedad o absurdo en la determinación fáctica de las circunstancias evaluadas "en conjunto" en el proceso de dosimetría de la pena, como también una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva o una vulneración de garantías constitucionales (v. esp. fs. 99 vta., pto. VII/103).
Sin embargo, la recurrente insiste con la misma línea argumental que desplegó en el recurso de casación (v. fs. 37/49 vta.), sin lograr demostrar la ausencia de tratamiento de las cuestiones esenciales aludidas y que, a su juicio, hubiesen influido en el quantum punitivo.
De tal modo, las cuestiones que consideran preteridas en realidad han sido debidamente tratadas o bien han resultado implícitamente desplazadas por la decisión adoptada. En rigor, tal como lo puso de manifiesto el señor Procurador General en su dictamen (v. esp. fs. 152/153), los agravios no llevan como destino la "omisión", sino la forma en que ellas fueron tratadas y resueltas de modo contrario a los intereses de la parte, sellando de manera adversa la suerte del reclamo. Es sabido que el acierto o la amplitud con que se resolviera, escapa al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas P. 69.388, sent. de 13-XII-2000; P. 70.628, sent. de 28-VIII-2002; P. 88.249, sent. de 8-VII-2008; P. 115.066, resol. de 12-III-2014; P. 132.314, sent. de 27-VIII-2020; P. 133.179, sent. de 21-II-2022; e.o.).
Finalmente, el fallo se encuentra fundado en ley (art. 171, Const. prov.).
Por todo lo expuesto, no se advierte en el caso ninguna incompatibilidad con los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, de modo que corresponde desestimar por improcedente el recurso extraordinario de nulidad traído (art. 491 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la señora defensora oficial adjunta ante la citada instancia formuló dos agravios (v. fs. 118 vta. y 119):
I.1. Respecto del primero, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal y, en ese contexto, efectuó un repaso de los planteos llevados por la defensa en el recurso de casación vinculados con que: i) la cuantificación de la pena fijada en diecisiete años de prisión, señalando que ella representa un monto nueve años mayor al mínimo legal, considerando atenuantes y agravantes, en transgresión al principio de proporcionalidad de las penas; ii) dentro de las atenuantes, no se ponderó las condiciones personales de B. en cuanto a que es un buen padre de familia y una persona trabajadora, ni fue receptada la extensa duración del trámite de la causa y iii) en relación con las agravantes, cuestionó que se hayan valorado en tal carácter la escasa edad de la víctima, la extensión del hecho en un lapso de un año, el daño psicológico por no encontrarse acreditado que la angustia de la víctima lo fuera por la existencia de un abuso y que esta se encontrara en un estado de vulnerabilidad. Sobre esa base, sostuvo que la respuesta brindada por parte del Tribunal de Casación Penal significó la errónea aplicación de la ley sustantiva citada (v. fs. 126 vta. y 127).
Sostuvo, con relación al primer punto que ha sido reseñado anteriormente, que el órgano revisor contestó tal planteo de forma dogmática y con afirmaciones genéricas, apartadas de las constancias de la causa (v. fs. 127).
Se quejó, en cuanto a la labor de mensura de las pautas atenuantes, de que el rechazo de las aludidas circunstancias lo fue mediante la afirmación de que no fueron oportunamente planteadas o resistidas al no haber constado en el acta de audiencia que el recurrente hubiera propuesto tales extremos como índice relevante de atenuación a favor de B. y adujo que tal respuesta aparece, entonces, como un "...exceso ritual" desentendido del hecho de que el señor defensor suscribió el acta que "...involuntariamente" no consignó expresamente dicha atenuante como tal, pero que sí quedó alcanzada dentro del "...buen concepto informado y escuchado en la audiencia", siendo que -además- tal elemento surgía de los dichos de los testigos incorporados por lectura al debate, los cuales refirieron que el imputado era un "...buen padre de familia y trabajador". Es por ello que entendió que esas circunstancias personales hubieran merecido tratamiento por el tribunal revisor y no ser consideradas simplemente inadmisibles (v. fs. 127/128).
Cuestionó, seguidamente, el rechazo a ponderar como pauta atenuante la excesiva duración del proceso bajo el argumento de que se trató de una situación posterior y ajena al ilícito juzgado y, en sustento de su postura, citó distintos precedentes de esta Suprema Corte -causas P. 110.833 y P. 100.057-; del tribunal casatorio -causas "Cruz", "Méndez" y "Coria"- y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -caso Genie Lacayo , sentencia de 29-I-1997-, en orden a considerar la demora en la etapa revisora como circunstancia de atenuación sobreviniente (v. fs. 128/129).
Criticó, en el rubro de las agravantes, la desestimación del planteo de la defensa en función del cual la doble valoración prohibida colisionó con la decisión de sopesar en tal carácter la corta edad de la niña, con sustento en que la damnificada contó con "...menores posibilidades de resistencia, por resultar más vulnerable y permeable para el enjuiciado llevar a cabo su propósito" (fs. 129).
Indicó, en orden a la valoración como severizante del daño psicológico ocasionado a la víctima producto de los hechos enjuiciados, que no fue debidamente acreditado ni se logró la certeza suficiente que la angustia de la menor lo fuera por el efecto psicológico disvalioso ocasionado por los sucesos investigados ocurridos según el fallo en revisión a los doce años de edad, en tanto de la audiencia de debate se dio cuenta de la existencia de distintos eventos conflictivos sufridos por la damnificada varios años después de la época de comisión del ilícito, por lo que entendió que el tribunal intermedio debió representarse, duda mediante, que el referido daño psicológico pudo obedecer a otras experiencias vitales que también influyeron eventualmente en la niña. Por todo ello, alegó que debió descartarse dicha pauta y no proceder a agregar fundamentación para hacer más explícita su ponderación como severizante (v. fs. 129 vta./130 vta.).
Manifestó, respecto de la decisión de desestimar el motivo de agravio expuesto por la defensa por el que estimó transgredido el ne bis in idem por parte del sentenciante de grado al mensurar con cariz agravante
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.