Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129971
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.971, "Degiacomo, Alejandro Marcelo y Machado, Carlos Matías. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.175 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana que condenó -mediante el procedimiento de juicio abreviado- a Alejandro Marcelo Degiacomo a la pena de seis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas con más declaración de reincidencia por considerarlo coautor de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por ser cometido en poblado y en banda (causa n° 3.673) y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda, y autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad agravada y abuso de armas criminis causae (causa n° 3.740), todos en concurso real entre sí; a Carlos Matías Machado a la pena de seis años y diez meses de prisión, declaración de reincidencia, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por ser cometido en poblado y en banda (causa n° 3.673); y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda (causa n° 3.740), en concurso real; y a Mariano Nahuel Carzeo a la pena de seis años y nueve meses de prisión, declaración de reincidencia, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda -causa n° 3.740- (v. fs. 68/83 vta.).
El señor defensor oficial ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Alejandro Marcelo Degiacomo y Carlos Matías Machado (v. fs. 106/118), el que fue concedido por el órgano casatorio (v. fs. 116/118).
Oído el señor Procurador General a fs. 127/129 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 130) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial denunció la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal por afectación del principio de culpabilidad por el acto y del ne bis in idem (arts. 18, 19, 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH y 14.7, PIDCP; v. fs. 107 vta. y 108).
Con relación a la afectación al ne bis in idem , expuso que "...contrariamente a lo afirmado en el fallo impugnado, el instituto de la reincidencia, sí importa un agravamiento de la pena de un segundo hecho (por vía del art. 14 del CP), que incuestionablemente hace foco sobre otro hecho ya juzgado y condenado, y en esa medida, su consideración representa la imposición de consecuencias que no responden al nuevo hecho en juzgamiento" (fs. 109 vta.).
Añadió, además, que los arts. 50 y 14 del Código Penal, "...en la medida en que permiten imponer consecuencias en virtud de un hecho anterior ya condenado, vulneran claramente la prohibición de la doble punición, de acuerdo a lo establecido por los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la C.N., en relación con el art. 8.4, C.A.D.H. y 14.7 del P.I.D.C. y P" (fs. 110).
Señaló que declarar reincidentes a sus asistidos implica agravar las consecuencias del hecho por una mayor peligrosidad, dado el precedente condenatorio con el que cuentan en su historia vital y las características peculiares que adoptaron en su comportamiento (v. fs. 110).
Agregó que la peligrosidad, como fundamento de agravantes de pena "...es un pronóstico de conducta que se formula intuitivamente, tanto por el legislador al reglar los arts. 50, 14 y 41 del C.P., como por el juez al establecer dicho pronóstico sin base en un serio estudio o peritaje psicológico" (fs. cit. y vta.). Concluyó que "En definitiva, la peligrosidad como fundamento de la declaración de reincidencia es tributaria de un derecho penal de autor, de claro corte autoritario, mediante el cual se pena al sujeto por lo que es y no por lo que hizo, abiertamente incompatible con el principio de culpabilidad por el hecho que recoge nuestra Carta Magna (arts. 18 y 19)" (fs. 111).
Finalmente, desarrolló la afectación al principio de culpabilidad por el acto y criticó el argumento dado en el fallo impugnado en cuanto a que la reincidencia agrava la pena, no en virtud de la violación al principio ne bis in idem sino a raíz de una mayor culpabilidad del sujeto en el segundo hecho cometido (v. fs. 111 vta.)
Así, explicó que "La mayor culpabilidad derivaría, conforme se afirma en la sentencia, del mayor desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Es decir, del hecho de que el autor tiene un cuadro más vívido de qué es lo que ocurre si no cumple con lo ordenado por la norma..." (fs. cit.), postura conocida en doctrina como la fórmula de la advertencia.
En esa senda, expuso que dicho principio de culpabilidad "...cumple su función limitadora del poder penal no sólo estableciendo que nadie puede ser penado sin culpabilidad por el hecho cometido, sino que también extiende esa función a la determinación de la pena señalando que nadie puede ser penado más allá de la medida de su culpabilidad" (fs. 112). De tal modo, afirmó que el contenido y los alcances del principio de culpabilidad por el acto "...se da de bruces con los fundamentos que se brindan en la sentencia recurrida que no son otros que los lineamientos de la 'teoría de la advertencia', según la cual el autor merece un mayor reproche de culpabilidad por el nuevo hecho porque ‘denota una actitud de mayor desprecio y rebeldía frente a los valores jurídicos que aquel tuvo ocasión de apreciar no sólo en su formulación abstracta e impersonal por parte de la ley, sino sobre sí mismo...’" (fs. 112 y vta.).
Concluyó que "...la declaración de reincidencia de un sujeto, en el caso, de Degiacomo y Machado, no evidencia una culpabilidad agravada del segundo hecho, por lo que el incremento de la sanción o el cumplimiento más severo de la misma que a partir de aquélla se opera (arts. 14 y 41 C.P.) importa un porcentaje de pena que no responde a la culpabilidad del autor por el hecho que nuestra Ley Fundamental recoge, y en esa medida, determina una pena que supera la culpabilidad del sujeto" (fs. 114).
Solicitó en consecuencia, que se case el pronunciamiento dictado por el Tribunal de Casación, se declare la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal pues contravienen la prohibición del ne bis in idem (arts. 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH y 14.7, PIDCP), y resulta incompatible con el principio de culpabilidad por el hecho (arts. 18 y 19 de la ley fundamental; 11 y 57, Const. prov.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 127/129 vta.).
III. El planteo defensista, por el cual se reclama la declaración de inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal no es de recibo.
III.1. En primer lugar, corresponde destacar que el impugnante, a pesar de transcribir una porción de la respuesta otorgada por el Tribunal de Casación a la cuestión que es aquí objeto de su recurso (v. fs. 109 y vta.), no se encarga de rebatir los argumentos expuestos.
Pues, en lo que aquí es de interés, el magistrado que votó en primer término, el doctor Kohan, señaló que "...al analizar el sistema penal argentino, se advierte que el mismo considera la recurrencia delictiva en un marco de progresividad compatible con los principios de igualdad y razonabilidad..." (fs. 77 vta.). Para ello examinó lo establecido en los arts. 26, 27, 41, 50, 52 y 53 del Código Penal, y concluyó que "Son los propios actos del agente, entendidos como una exteriorización de su voluntad contraria a derecho, los que otorgan fundamento a la mayor severidad de la sanción y no su personalidad" (fs. 78 y vta.).
Enfatizó que la reincidencia al no "pertenecer" a la estructura del hecho típico, no puede vulnerar de ningún modo la garantía del ne bis in idem , situándose en la esfera de culpabilidad, lo que sirve para adecuar la pena a una reprochabilidad cuya conciencia del injusto contiene, como elemento para el juicio de punibilidad, la medida de la desobediencia a la ley. Consideró que "...la declaración de reincidencia no representa la renovación del castigo del primer hecho ilícito ni se funda en la personalidad del imputado" (fs. 79)
Señaló que no se viola el ne bis in idem por cuanto el trato procesal más gravoso que se dispensa en el caso del reincidente, no mira hacia el pasado del imputado, ni al modo en que conduce su vida; sino por el contrario, "...simplemente analiza si la hipótesis de una condena elimina la posibilidad de que sea liberado condicionalmente...", tomando entonces, para ello el dato objetivo de la realidad, según el cual, de ser la persona condenada y mantenerse el régimen jurídico vigente, no podrá obtener la libertad condicional (v. fs. 79 y vta.).
Fundó su postura en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 311:1451; 311:552 y 248:232) y agregó que la misma fue reafirmada en el fallo dictado sobre el punto in re "Arévalo, Martín Salomón s/ causa nº 11.835", A.558.XLVI., de 27 de mayo de 2014, donde, por remisión a los precedentes "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451 ya mencionado) y "Gramajo" (Fallos 329:3680) -especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del señor Juez Petracchi- (v. fs. 81).
Finalizó la fundamentación, tomando en consideración el criterio de la Corte norteamericana (invocó el precedente "Moore v. Missouri", 25-XI-1895, US Reports Vol- 159, pág. 673), que concluyó que "...la norma que establece que una persona condenada anteriormente debe ser penada con más severidad por un segundo delito, no viola la garantía contra el doble juzgamiento" (fs. 82).
Frente a ello, el impugnante se ha limitado a controvertir genéricamente el instituto de la reincidencia, sin cuestionar la respuesta concreta por la cual se confirmó la aplicación al presente caso del art. 50 del Código Penal (doctr. art. 495, CPP).
III.2. Por lo demás, cabe recordar que esta Corte se ha pronunciado afirmando que el instituto de la reincidencia no vulnera la garantía constitucional del ne bis in idem como así tampoco el principio de culpabilidad (conf. causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008; P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P. 103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.353 y P. 112.597, resols. de 16-II-2011; e.o.).
En igual sentido la Corte federal estableció en distintas oportunidades (Fallos: 311:1451; 311:552 y 248:232) un criterio del cual puede inferirse que no existe el agravio constitucional denunciado pues el principio ne bis in idem "...no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal" (en referencia al art. 14, Cód. Penal). Pues es extraña al ámbito de dicha tutela constitucional la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior (Fallos: 248:232).
Y agregó que "Ello es así, aun cuando se pudiere considerar que la pérdida de la libertad condicional comportase una mayor pena, pues lo que sancionaría con mayor rigor sería, exclusivamente, la conducta puesta de relieve después de la primera sentencia, no comprendida ni penada -como es obvio- en ésta. A lo que cabe añadir que la mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito" (íd., segundo párrafo).
También ha resuelto in re "Gago, Damián Andrés s/ causa Nª 2.175" (sent. de 6-V-2008, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal) que "...no está de más recordar que el autor que ha experimentado el encierro que importa la condena, y a pesar de ello, reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce (Fallos: 308:1938). Ese desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)".
Por último, resulta oportuno recordar que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del ordenamiento jurídico (conf. CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 316:842 y 324:920; e.o.); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca al derecho o la garantía constitucional invocada (conf. CSJN Fallos: 315:923; 321:441 y cons. 21° del voto en disidencia de los doctores Belluscio, Boggiano y Maqueda, in re , "Provincia de San Luis v. Estado Nacional s/ acción de amparo", sent. de 5-III-2003). Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con no menos fuertes fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema, de modo tal que si el recurrente no demuestra cuál es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no cabe atenderlo (conf. Fallos: 306:1597 y, en especial 325:1201, in re , "T.V. Resistencia S.A.I.F. v. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/daños y perjuicios", sent. de 28-V-2002, disidencia del doctor Adolfo R. Vázquez, cons. 8°; causa P. 100.629, sent. de 6-V-2009).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al punto III.2. del voto de la colega que abre el acuerdo, excepto a las consideraciones formuladas en el último párrafo del mismo.
Con ese alcance, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia