Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131071
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Kogan , Soria , Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 131.071, "Sandez, Roberto Facundo s/ recurso de inaplicabilidad de ley, en causa n° 84.181 del Tribunal de Casación Penal. Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de septiembre de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de Roberto Facundo Sandez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por su comisión criminis causae , todos en concurso real (arts. 40, 41, 42, 45, 50, 55, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párrafo 2, Cód. Penal; v. fs. 91/109 vta. con relación a fs. 12/30).
La señora defensora oficial adjunta ante aquella instancia, doctora Susana E. De Seta, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/125), que fue concedido por la citada Sala a fin de abordar las cuestiones federales articuladas con relación a la pena de prisión perpetua impuesta (v. fs. 127/129).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 149/151), dictada la providencia de autos (v. fs. 152), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Ante esta instancia extraordinaria la señora defensora oficial atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento recurrido por indebida fundamentación y afectación de la defensa en juicio y el debido proceso.
En ese contexto cuestionó la revisión encarada por el tribunal a quo en lo relativo al mantenimiento de la pena de prisión perpetua impuesta a su pupilo y afirmó que el encausado merece conocer el alcance de dicha sanción "...más allá del fijado por el legislador y de esta manera permitir ajustar el tratamiento resocializador y la posibilidad de obtener algún beneficio" y cuestionó la "falta de censura casatoria" sobre el asunto, en infracción del derecho a una revisión amplia de la condena (v. fs. 121/122).
Adujo que al margen de la presunta indivisibilidad de la prisión perpetua aquella guarda necesariamente una relación de directa proporcionalidad con el injusto reprochable por imperio del principio constitucional de culpabilidad y, por ende, el tribunal debió exponer "...porqué razones no se establece en el caso el vencimiento de la pena aplicada, ni habilita la fijación de una sanción menor" (fs. 122 vta.).
Desarrolló el concepto de reprochabilidad por el acto y sostuvo que "...en el análisis de extensión temporal de la prisión perpetua, se olvida el grado de culpabilidad", para luego referirse al sistema de agravantes y atenuantes de los arts. 40 y 41 del Código Penal, que sirven para precisar el grado del injusto y el de la culpabilidad (v. fs. cit.).
Como conclusión, planteó que corresponde brindar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua fijando una sanción numérica que no supere los veinticinco años de prisión, ateniéndose -en especial- a la regulación de los arts. 13 y 14 del Código Penal y a criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pena de muerte (v. fs. 122 vta./124).
Afirmó que, si se concluyese que la prisión a perpetuidad no habilita la interpretación propuesta en cuanto a su alcance numérico, deberá declararse su inconstitucionalidad por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 124).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso (v. fs. 149/151) y coincido con esa solución.
III.1. En el recurso de casación la defensa oficial de Sandez denunció -en lo que es de interés para el caso- la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal teniendo en cuenta que al acusado se le impuso prisión perpetua de manera que la declaración de reincidencia implica un encierro indefinido incompatible con los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 59/66) y con los principios -entre otros- de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad e igualdad (v. fs. 59 vta.).
III.2. El Tribunal de Casación Penal respondió a dichos planteos y, en primer lugar, sostuvo la validez de la reincidencia (v. fs. 98 vta./100).
Luego, si bien la recurrente no había requerido directamente la inconstitucionalidad de la pena perpetua sino la del art. 50 del Código Penal, de todos modos, se expidió por la compatibilidad de tal pena con las normas constitucionales, supeditándola a la condición de que "...se le conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre" (fs. 104 vta.).
Explicó que la perpetuidad de las penas no es tal en sentido estricto, ya que si bien "...pueden ser indeterminadas, no son infinitas y se extinguen, salvo supuestos de excepción, con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas" (fs. 100 vta.). Indicó que se trata de una pena "...indeterminada, o en el caso de la ley argentina, relativamente determinada, aunque no susceptible de ser precisada temporalmente a través de un término fijo. Esto se desprende claramente del artículo 16 del Código Penal, en la medida en que subordina la extinción de las penas perpetuas a la concesión eventual de la libertad condicional (reunidos los requisitos del artículo 13) y a su cumplimiento satisfactorio durante cinco años" (fs. 104 vta.).
Establecido este criterio, la Casación consideró el problema derivado de que el art. 14 del Código Penal veda la libertad condicional a los reincidentes y, en este aspecto, concluyó que para evitar graves inconsecuencias debe interpretarse que si "...el artículo 53 del Código Penal prevé la posibilidad de que los reincidentes múltiples obtengan la libertad condicional a partir de los cinco años de cumplimiento de la reclusión accesoria del artículo 52, [...] entonces no resulta coherente que los reincidentes simples, condenados a prisión o reclusión perpetua, no puedan acceder a ese beneficio..." (fs. 106).
Por lo tanto, para evitar tal inconsistencia y asegurar la compatibilidad de la pena perpetua con las normas constitucionales, resolvió que debe establecerse un límite por aplicación del art. 53 del Código de fondo: "Traducido lo dicho en cifras, a la vista de la ley vigente al momento del hecho, dicho plazo estaría constituido por los primeros veinticinco años de pena (lapso que abarca los veinte años de encierro sumados a los cinco subsiguientes que incuestionablemente deben ser cumplidos por todos los condenados -recordemos aquí la redacción del art. 13 del Código Penal que así lo establece-), más los cinco años posteriores a que opere dicho término, conforme la manda del art. 53 precitado" (fs. 107 vta.) -así, el Tribunal aplicó el art. 13 del Código Penal según el texto anterior a la ley 25.892, a pesar de que este último ya estaba vigente a la fecha de los hechos de autos, que datan del año 2015-.
En definitiva, falló -sin que en esta ocasión corresponda expedirse sobre la corrección de tal razonamiento- que "...los condenados a penas perpetuas que sean reincidentes pueden obtener el beneficio de la libertad condicional al cumplir treinta años de reclusión o prisión y, a partir de ello, transcurrido el plazo de cinco años sin que la libertad haya sido revocada, extinguir la pena por aplicación de lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16 y 53 del Código Penal" (fs. 108).
III.3. Queda en evidencia entonces que la recurrente ha mutado los motivos de agravio ya que mientras en la instancia intermedia peticionó la inconstitucionalidad de la reincidencia por haber sido declarada en conjunción con una pena perpetua, aquí impugna esta última y solicita que se fije una que no supere el máximo de veinticinco años de privación de la libertad. Por consiguiente, se trata de planteos tardíos (doctr. art. 451, CPP).
En cualquier caso, igualmente el a quo se expidió por la validez de la condena y estableció justificadamente -sea que se comparta o no su interpretación- qué reglas rigen la extinción de la prisión perpetua cuando se trata de un reincidente.
En cambio, en el recurso extraordinario la defensa no tomó en cuenta, en modo alguno, tal argumentación y, por lo tanto, no intentó ponerla en cuestión. Sus alegaciones son genéricas y dogmáticas, y no fueron vinculadas con lo específicamente resuelto en la sentencia atacada, esto es: que las penas perpetuas no son verdaderamente tales, que procede la libertad condicional, que el tiempo mínimo de cumplimiento para su obtención es de treinta años y que a partir de la liberación condicional se extinguen al cabo de cinco años.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del Juez de Lázzari.
En lo que aquí importa, y para el supuesto de que no se hiciera lugar al cambio de calificación legal pretendido, en ocasión de recurrir ante la sede casatoria, la defensa de Sandez denunció la inconstitucionalidad del art. 50 del Código Penal frente a la gravitación que cobra en el caso la declaración de reincidencia dictada en su contra ante la concreta aplicación de la pena de prisión perpetua. Pues por operatividad de dicho instituto esa pena "...implicará un encierro indefinido", con conculcación de los derechos constitucionales a los que hizo referencia merced a la falta de certeza respecto de cuándo se podrá reputar agotada (v. fs. 59 y sigs.).
El Tribunal de Casación en respuesta a dichos planteos sostuvo la validez de la reincidencia (v. fs. 98 vta. y 100) y se expidió -pese a no estar derechamente planteado por la parte- por la compatibilidad de la pena a perpetuidad con las normas constitucionales, en el entendimiento de que aun siendo indeterminada, es -en la ley argentina- relativamente determinable y, por ello "...resulta constitucional, siempre y cuando se le conceda a los condenados, a su debido momento, la oportunidad de retornar al medio libre" (fs. 104 vta.), con cita de la doctrina sentada en el precedente "Giménez Ibañez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguida en el mismo sentido por esta Suprema Corte (conf. causa P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; v. fs. 105).
Luego, y sin que quepa en esta ocasión referirse sobre la corrección de tal razonamiento, aludió a las previsiones del art. 13 del Código Penal antes y luego de la reforma de la ley 25.892, y como a través de su relación con los arts. 14, 16 y 53 del Código Penal, es posible arribar a una determinación del monto máximo de pena a partir del cual la establecida a perpetuidad debería reputarse agotada (v. fs. 106/108).
Queda en evidencia entonces que el planteo que ahora postula la defensa de Sandez relativo a que dicha pena no puede superar el máximo de veinticinco años de privación de la libertad es novedoso, y como tal debe reputarse tardío (doctr. art. 451, CPP), cuando, a la par, se desentiende de los argumentos expuestos por el tribunal intermedio para desestimar que la pena perpetua fijada junto con la declaración de reincidencia impida fijar su agotamiento (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia