Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128497
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, se casa la sentencia de fs. 57/63 vta. en el nivel de la individualización de la pena, y se remiten los autos al órgano revisor a fin de que -con intervención de una sala habilitada- dicte una nueva decisión ajustada a derecho, acorde a los lineamientos aquí vertidos (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.497, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 63.417 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI, seguida a M., M. D.".
La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2014, hizo lugar al recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de M. D. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que -en el marco de un juicio abreviado- lo había condenado a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por tratarse del encargado de la guarda y por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima y abuso sexual agravado por tratarse del encargado de la guarda, por resultar gravemente ultrajante para la víctima y por el vínculo, en concurso real entre sí. En consecuencia, casó parcialmente la sentencia de grado, en cuanto al monto de pena impuesta, en tanto la instancia pese a excluir el delito de corrupción de menores (art. 125 segundo párrafo, Cód. Penal), no impactó en la determinación de la sanción aplicada y, en definitiva la redujo a diez años de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo incólume el resto de lo resuelto (v. fs. 57/63 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante dicho tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/70), el que fue declarado admisible por el tribunal recurrido por contener planteos de pretensa índole federal y de aplicación de ley sustantiva (arts. 54, 40 y 41, Cód. Penal; v. fs. 140/141 vta.).
A fs. 143/145 vta., la señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación presentó revocatoria contra el auto de concesión del recurso. A fs. 146/147 el tribunal intermedio rechazó la revocatoria intentada.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 159/160), dictada la providencia de autos (v. fs. 161) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación, doctor Carlos Arturo Altuve, denuncia que el a quo incurrió en absurdo y arbitrariedad al disminuir injustificadamente la pena impuesta a M..
Sostiene que sin rebatir los fundamentos otorgados por el tribunal de mérito en oportunidad de fijar el monto original de la sanción y basándose en una desacertada interpretación del art. 54 del Código Penal y su impacto en la determinación de la pena aplicada, decidió reducirla por la sola circunstancia de haberse descartado del encuadre legal acordado por las partes -en el acuerdo de juicio abreviado-, el delito previsto en el art. 125, segundo párrafo del Código Penal, que concurría idealmente con los injustos de abuso sexual agravado, "...dejando de este modo a la sentencia huérfana de debida fundamentación, vicios que permiten descalificarla -en la porción que se recurre- como acto jurisdiccional válido, conculcando de tal modo la manda contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional (según causas P. 78.083, P. 92.582), como así también, ha violentado los artículos 106 del C.P.P. y 40 y 41 del CP" (fs. 66 vta. y 67).
Reproduce fragmentos del fallo impugnado (v. fs. 67 vta.), y reitera que la decisión del órgano intermedio se basó exclusivamente "...en la consideración, contraria a la brindada por el Tribunal de origen [...] pese a que el concurso desarticulado era ideal -y no real- por lo que la escala penal aplicable no resultaba en modo alguno alterada" (fs. 68).
Considera que "El deber de debida fundamentación no se abastece por la exclusiva referencia al viraje legal respecto del acuerdo alcanzado por las partes [...] esa sola circunstancia debe implicar un impacto en la determinación de la sanción aplicada al imputado, cuando no se ha ocasionado con ello una variación de la escala [penal] aplicable, la que permanece incólume, omitiendo brindar otros parámetros que conduzca[n] a tal conclusión" (fs. 68).
Aduce que el tribunal revisor omitió declarar arbitraria la pena fijada en la instancia (v. fs. 68 vta.); y con cita del precedente P. 82.043 de este Tribunal, remarca que "...tratándose de un concurso ideal de delitos, y quedando en pie el de pena mayor, es esa escala que ha de tenerse en cuenta..." (fs. 69).
II. El señor Subprocurador General estimó que el recurso es procedente (v. fs. 159/160). Coincido con su dictamen.
III. Los antecedentes del caso dan cuenta que a raíz del acuerdo al que arribaron el imputado, la defensa y la fiscalía de imprimir a los autos el trámite de juicio abreviado, pactaron tanto la pena (doce años de prisión) como la calificación legal (arts. 54, 55, 119 segundo párrafo en función del cuarto párrafo inc. "b" y 125 segundo párrafo, todos del Cód. Penal) abuso sexual agravado por tratarse del encargado de la guarda, por resultar gravemente ultrajante para la víctima y por el vínculo, en concurso ideal con corrupción de menores agravada -ver fs. 2-.
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes dictó sentencia en la que declaró admisible tal propuesta (v. fs. 3 y vta. y 4/11), pero "...excluyo el delito de corrupción de menores agravada (art. 125, párr. 2°, del Cód. Penal) que concurriría idealmente en ambos casos, toda vez que no todos los actos de abuso sexual necesariamente reúnen los requisitos del tipo en cuestión, pues de lo contrario las diversas formas de abuso sexual inevitablemente llevarían incursa la corrupción" (fs. 9 y vta.); y al momento de determinar la pena, confirmó la pactada "...sin que influya en la ponderación del monto de la pena la exclusión de la figura de corrupción de menores, en tanto la misma concurría en forma ideal con los hechos por los que en definitiva resulta[ba] condenado..." (fs. 10 vta.).
III.2. La defensa interviniente presentó recurso de casación en el que denunció la falta de fundamentación en el proceso de cuantificación del monto punitivo el que consideró elevado, señalando que al momento de resolver el tribunal de la instancia, no había tenido en cuenta la carencia de antecedentes penales como tampoco la personalidad borderline del imputado; entendiendo que la sentencia cuestionada resultaba, por ello, arbitraria e irrazonable (v. fs. 28/33).
A fs. 41/43 la señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación sostuvo los agravios originales y agregó que no concurrían elementos suficientes para tener por acreditados los hechos imputados.
Posteriormente, y luego de comparecer el imputado frente al a quo , de lo cual se labró un acta (v. fs. 50 y vta.), la citada defensora presentó un nuevo escrito denunciando la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal; y, solicitó la valoración de la adicción a las drogas de su asistido y su arrepentimiento; asimismo, denunció la vulneración de los principios acusatorio, reformatio in pejus , culpabilidad, y proporcionalidad (v. fs. 51/55).
Al abordar los reclamos de la defensa, la casación luego de descartar el planteo de arbitrariedad en cuanto a la determinación de la pena impuesta, señaló que el tribunal originario había homologado solo parcialmente la calificación propuesta por las partes, y "No obstante, pese al viraje legal respecto del acuerdo alcanzado, ello de modo alguno impactó en la determinación de la sanción aplicada a M. y, por consecuencia, es[t]e planteo merece ser atendido en esta sede". En base a lo expuesto, teniendo en cuenta las constancias de autos, el acuerdo celebrado, así como los parámetros contenidos en los arts. 40 y 41 del Código Penal, redujo la pena, la que fijó en diez años de prisión (v. fs. 61 y vta.).
Paralelamente, desestimó los nuevos motivos de agravios introducidos en el memorial y en la presentación de fs. 41/43 y 51/55, en base a la doctrina del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 61 vta.).
IV. El recurso prospera.
Como se advierte de la reseña efectuada, el órgano intermedio no expuso ningún argumento que permita advertir las razones por las que juzgó excesiva la pena impuesta ya que, sin descalificar el sustento argumental de lo decidido en la instancia, sólo hizo referencias de modo genérico a las constancias de la causa y a las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, sin identificarlas ni precisar la incidencia de las mismas en su conclusión.
Para más, frente a los nuevos motivos de agravios llevados por la defensa en sendas presentaciones de fs. 41/43 y 51/55, el a quo sostuvo que "...no siendo cuestiones introducidas con la interposición del recurso de casación originario, su conocimiento se encuentra vedado [a ese Tribunal] por no tratarse de un desarrollo de las razones que provocaran su intervención sino distintos, conforme lo dispuesto por el art. 434 y doctrina del art. 451 -último párrafo- del CPP (SCBA P. 58.417, P. 59.379, P.75.534, P.77.329, P. 78.901, P. 81.725, P. 83.841, P. 85.049, P.91.185, e/o)" (fs. 61 vta.).
De modo que la disminución de pena -más allá de su acierto o error- se halla huérfana de las debidas explicaciones y fundamentos ante el contenido de la sentencia de juicio, constituyéndose -en consecuencia- en un pronunciamiento arbitrario (doctr. art. 18, Const. nac.; conf. causas P. 125.718, sent. de 2-III-2018; P. 129.166, sent. de 7-II-2018; e.o.).
Al resolver de tal modo ha otorgado sólo un fundamento aparente a la decisión, incurriendo en déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria, por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado debiendo reenviarse las actuaciones para que, jueces habilitados dicten un nuevo fallo conforme a derecho (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, se casa la sentencia de fs. 57/63 vta. en el nivel de la individualización de la pena, y se remiten los autos al órgano revisor a fin de que -con intervención de una sala habilitada- dicte una nueva decisión ajustada a derecho, acorde a los lineamientos aquí vertidos (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia