Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.773, "T., M. M.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa nº 85.569 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de octubre de 2019, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Morón que había condenado a M. M. T. a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante cometido en perjuicio de una menor de trece años de edad agravado por la situación de convivencia preexistente -dos hechos-, abuso sexual gravemente ultrajante cometido en perjuicio de una menor de trece años de edad agravado por la situación de convivencia preexistente -cuatro hechos-, ello en concurso ideal con promoción de la corrupción de un menor de dieciocho años, todo ello en concurso real entre sí (hechos 1, 2, 3 y 4); abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con promoción de la corrupción de un menor de dieciocho años (hecho 5); y abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de ascendiente del autor -dos hechos- en concurso ideal con promoción de la corrupción de un menor de dieciocho años agravado por la calidad de ascendiente del autor, en concurso real entre sí (hecho 6). En consecuencia, excluyó una circunstancia agravante (aprovechamiento del domicilio de las menores para cometer el injusto) y fijó la sanción del nombrado para los delitos antes descriptos en veintinueve años y diez meses de prisión (arts. 40, 41, 54, 55, 119 párrs. primero, segundo, tercero y cuarto apdo. "b" y 125 párrs. primero y tercero, Cód. Penal; v. fs. 328/344).
Frente a esa decisión, el señor defensor adjunto ante aquella instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 350/354 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. fs. 355/356 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 364/366), dictada la providencia de autos (v. fs. 370) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal por considerar que no se encontraban dados los elementos típicos de esa figura penal.
Alegó que no concurría prueba categórica de la materialidad ilícita de la corrupción, pues no existía un psicodiagnóstico que avale lo que el juzgador tuvo por acreditado, ni había sido agregado elemento alguno que permitiera verificar la tipicidad objetiva, esto es, que las menores hubieran sido depravadas en su sexualidad. Agregó que no surgía indicio alguno de daño o perjuicio grave en la sexualidad de las víctimas y que, por más que el accionar del imputado hubiera resultado idóneo, ello no significaba necesariamente que hubiera alterado su normal desarrollo sexual.
Asimismo, cuestionó el encuadre legal de los hechos pues, a su criterio, no se había probado el aspecto subjetivo del delito de corrupción de menores, en tanto no se acreditó el dolo directo del autor de "...conocer y querer que la acción que ejecuta provoque o facilite el estado de corrupción -además del conocimiento de la menor edad reclamada por la figura básica o agravada- no bastando que el acto consumado sea potencialmente idóneo para producir la depravación sexual de la menor...". Bajo ese entendimiento, aseveró que debía existir un acto consciente, voluntario y orientado hacia el desvío sexual de las víctimas por parte del autor (v. fs. 353 vta.).
A su vez, afirmó que la interpretación normativa realizada por el a quo para tener por abastecida la tipicidad subjetiva del delito vulneró el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, ya que "...al establecer la configuración del delito de corrupción interpret[ó] automáticamente que los actos de abuso consumados contra las menores resulta[ba]n potencialmente idóneos para facilitar su corrupción sexual" (fs. 353 vta. y 354).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera (v. fs. 364/366).
III. Inicialmente es necesario aclarar que el auto que admitió la vía de inaplicabilidad de ley solo lo hizo por infracción a la ley sustantiva, esto es, la vinculada con la aplicación al caso del art. 125 del Código Penal (v. fs. 355/356).
Con ese alcance, serán abordados los agravios.
IV. Los tribunales jurisdiccionales intervinientes dieron por acreditados los siguientes acontecimientos: Hecho 1: "...durante principios del mes de enero de 2009, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] de la localidad de Libertad, partido de Merlo, M. M. T., aprovechando la situación de convivencia, la corta edad y la inmadurez sexual de AYZ, hija de su pareja, en circunstancias en que ambos se encontraban en la cama matrimonial vestidos con ropa interior, abusó sexualmente de la misma, subiendo a la niña encima de él, frotando sus genitales en el cuerpo de aquella, besándola en la boca, pasándole la lengua por la espalda y pidiéndole a la menor que también lo toque"; Hecho 2: "...entre el 23 de enero y el 23 de febrero de 2009, en la morada ya individualizada, M.
M. T., aprovechando la situación de convivencia, la corta edad y la inmadurez sexual de AYZ, en circunstancias en que el imputado se encontraba sentado en una silla, convocó a la menor y le tocó la vagina, le chupó el cuerpo y frotó sus genitales por la cola de la niña, obligándola a que hiciera lo mismo con él"; Hecho 3: "...durante los meses posteriores a febrero de 2009, también en el interior de la calle [...] M. M. T., aprovechando la situación de convivencia, la corta edad y la inmadurez sexual de AYZ, en circunstancias en que ambos se encontraban en la cama matrimonial y la menor fingía estar dormida, le tomó la mano y se la pasó por sus genitales frotándose, conducta que reiteró en al menos tres oportunidades"; Hecho 4: "...durante la primavera de 2010, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] de la localidad y partido de Ituzaingó, M.
M. T., aprovechando la situación de convivencia, la corta edad y la inmadurez sexual de AYZ, hija de su pareja y bajo amenazas de ‘si llegas a contar algo, voy a matar a tu mamá’, abusó sexualmente de la misma, mediante tocamientos en sus genitales"; Hecho 5: "...durante febrero de 2015, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] de la localidad de Libertad, partido de Merlo, M. M. T., pareja de la tía de la menor JBSF, aprovechando que la niña se había quedado a dormir en su casa, su corta edad y la inmadurez sexual de la misma, abusó sexualmente de ella, tomándole fuertemente las muñecas, tocándole los pechos y la cola por encima de su ropa, para acto seguido, introducir sus dedos en la vagina de la menor"; Hecho 6: "...durante el periodo que va entre enero de 2015 y octubre del mismo año, en el interior de la vivienda ubicada en la calle [...] de la localidad de Libertad, partido de Merlo, M.
M. T., abusó sexualmente mediante acceso carnal en cuanto menos dos oportunidades de su hija CMAT, aprovechando la situación de convivencia y bajo la amenaza de ‘si llegas a abrir la boca, la mato a tu mamá y a tu hermanito’" (fs. 329/330).
En lo que concierne al delito de corrupción de menores, el juzgador de origen sostuvo que, a partir de las declaraciones de las profesionales que entrevistaron a las víctimas y las conclusiones a las que arribaron en sus informes, "...se verifica la aplicación del tipo en trato respecto de los hechos que victimizaran a las niñas [...] experiencias traumáticas, perversas, reiteradas -como lo es en el caso en estudio-, acumulativas y sufridas en edades tempranas, no hacen más que mellar la constitución de la personalidad, afectando en definitiva el psiquisimo" (fs. 245 vta.).
Luego, agregó que esta figura no requiere en definitiva un resultado lesivo -peligro formal-, de modo que "...no es necesario que la víctima se corrompa, sino que los actos resulten idóneos para depravar", afirmando que las conductas que tuvo por demostradas alcanzaban a perfilar los aspectos materiales y formales requeridos por el tipo previsto en el art. 125 del Código Penal (v. fs. 246).
A su turno, el Tribunal de Casación Penal coincidió con su antecesor en que los hechos encuadraban, además, en el delito de corrupción de menores, "...que se define por las prácticas prematuras, excesivas y con entidad para afectar la salud sexual" (fs. 341).
Concluyó que, en el contexto de los abusos denunciados, las pruebas sobre las que formó convicción el tribunal "...ilustraban la entidad corruptora de las persistentes conductas de Toledo hacia las niñas, abasteciendo con ello el riesgo para el desarrollo sexual de las mismas, abarcado por la figura de corrupción por su edad (artículo 125 tercer párrafo del Código Penal), pues lo denunciado resultaba idóneo para alterar su salud sexual" (fs. 341 cit.).
V. Frente a lo así resuelto, el recurrente simplemente insiste con su tesis acerca de la necesidad de una efectiva lesión y la ausencia de intención de alterar el normal desarrollo sexual de las víctimas por parte de su asistido, pero deja sin réplica lo dicho por el a quo en cuanto afirmó que las prácticas a las que fueron sometidas las niñas se adecuaban a los presupuestos requeridos por el tipo penal en cuestión por tratarse de un delito de peligro.
De esta manera, se advierte que el impugnante solo expone un criterio discrepante, pero no se encarga de demostrar -desde la técnica recursiva- que el análisis y los fundamentos expuestos por el tribunal intermedio para convalidar el encuadre legal objetado, con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa, resulte erróneo (conf. art. 495, CPP).
Tiene dicho esta Corte (causas P. 34.247, sent. de 17-II-1987; P. 35.115, sent. de 26-IV-1988; P. 37.610, sent. de 15-XI-1988; P. 42.893, sent. de 7-XII-1993; P. 48.544, sent. de 28-XII-1995; P. 60.359, sent. de 12-VII-2000; reiterada en P. 66.349, sent. de 2-XI-2005 y P. 128.666, sent. de 20-III-2019) que el art. 125 del Código Penal no tiene por núcleo de referencia a quien corrompiere, sino a quien "promoviere" o "facilitare" la corrupción, por lo cual el tipo no requiere que se produzca la concreta corrupción.
Se trata de un delito que pretende reprimir esencialmente la comisión de actos de contenido sexual con aptitud suficiente para adelantar el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima.
En lo que hace a las acciones típicas, "promover" significa "iniciar", "comenzar", "empezar", "dar principio a una cosa", "adelantar" algo "procurando su logro", "mover", "llevar hacia delante". Por lo tanto, para que se perfeccione este supuesto no es necesario que se concrete la corrupción como resultado lesivo, sino que se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia delante) actos suficientemente idóneos tendientes a desviar el normal desarrollo psicosexual del sujeto pasivo.
Por su parte, "facilitar" significa crear las condiciones para que algo sea posible o pueda hacerse "sin mucho trabajo" o pueda "suceder con mucha probabilidad".
En cuanto a la tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso en el que el autor debe conocer la edad de la víctima y el contenido potencialmente corruptor de su conducta, así como también tener la voluntad de producir el acto idóneo para corromper.
No hay dudas de que los requisitos típicos enunciados se encuentran plenamente satisfechos en el caso, no solo por las características de los hechos y su reiteración, sino además por su precocidad (dada la corta edad de las niñas) y por la especial relación que unía a las víctimas con el imputado (hijastra, sobrina de su pareja e hija).
Así las cosas, la defensa no logra justificar la incorrección de la aplicación del tipo penal en cuestión, en referencia a que la interpretación que efectuó el sentenciante de sus presupuestos típicos se encuentre en contradicción con la doctrina de esta Corte. Las probanzas producidas durante la audiencia, en particular las declaraciones prestadas por las víctimas y los informes periciales psicológicos, permiten concluir, como lo hicieron las instancias anteriores, que los actos en cuestión tuvieron entidad e idoneidad suficiente para torcer el normal desarrollo de la sexualidad de niñas de tan corta edad, más allá de los abusos sexuales de los que resultaron damnificadas.
En consecuencia, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia