Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132815
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.815, "Gómez, Luis Rafael, Lascano, Sergio Ezequiel, Pérez, Julio Marcelo y Vallejos, Emilio Lucas s/ Recurso de inaplicabilidad de ley en causa nº 81.167 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que condenó a Luis Rafael Gómez a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio calificado criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo y en lugar poblado y en banda (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párrafo primero y 167 inc. 2, Cód.
Penal), declarándolo reincidente por segunda vez; a Sergio Ezequiel Lascano a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de homicidio criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo y en lugar poblado y en banda, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párrafo primero, 167 inc. 2 y 189 bis apartado segundo tercer párrafo, Cód. Penal); a Julio Marcelo Gastón Pérez a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo y en lugar poblado y en banda (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párrafo primero y 167 inc. 2, Cód.
Penal), a su vez le impuso la pena única de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de ocho años de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental en causa n° 2.861 y acumulada n° 2.915 en orden a los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda en concurso ideal y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real, declarándolo reincidente (arts. 50 y 58, Cód. Penal); y a Lucas Emilio Vallejos a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de homicidio criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente calificado por su comisión con arma de fuego apta para el disparo y en lugar poblado y en banda –hecho I en causa n° 4.522- (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párrafo primero y 167 inc. 2, Cód.
Penal), a su vez, le impuso una pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma blanca y por haber sido cometido con la participación de un menor de edad en grado de tentativa -hecho II en causa n° 4.542- (arts. 41 quater, 42 y 166 inc. 2 párrafo primero, Cód. Penal), finalmente, le impuso la pena única de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de las anteriores y de la de tres años de prisión en suspenso aplicada en la IPP 06-00-004493-13 por los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego inapta en concurso ideal con abuso de arma en concurso real con el de tenencia de arma de fuego de uso civil, revocando la condicionalidad dispuesta (v. fs. 133/157 con relación a fs. 69/88 vta.).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo a favor de los encartados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/196 vta.) y de nulidad (v. fs. 197/201).
Por resolución del tribunal intermedio, el 14 de febrero de 2019, solo se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 205/208 vta.). Contra esa decisión, el señor defensor oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 302/305 vta.), mientras que por resolución del 26 de diciembre de 2019 (causa P. 132.494-Q), esta Suprema Corte la admitió y concedió el remedio extraordinario de nulidad (v. fs. 310/312).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 316/324 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 326 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Por razones metodológicas habré de alterar el orden de tratamiento de los recursos conforme fueran articulados.
II. Cabe destacar que, sin perjuicio del error material en el que incurrió el recurrente al referir que el recurso de nulidad había sido interpuesto a favor de "Alfredo Julio Daniel Sánchez" (v. fs. 197), se entiende que el mismo fue incoado en beneficio de Luis Rafael Gómez, Sergio Ezequiel Lascano, Julio Marcelo Gastón Pérez y Emilio Lucas Vallejos.
En la vía extraordinaria en análisis, la defensa denunció que el tribunal revisor omitió el tratamiento de una cuestión esencial y vulneró la doctrina de esta Corte sentada en causa P. 117.574 (v. fs. 198 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación Penal no trató, ni siquiera de manera implícita, el agravio llevado de manera oportuna ante su instancia vinculado con la violación al principio de congruencia en la que habría incurrido el tribunal del juicio al condenar a sus asistidos por el delito previsto en el art. 80 inc. 8 del Código Penal, pese a no haber sido motivo de imputación por parte del Ministerio Público Fiscal.
Agregó que dicha omisión en el tratamiento de una cuestión esencial generó un perjuicio concreto para los imputados afectando de manera sustancial el derecho de defensa y a obtener la revisión del fallo por un tribunal superior (arts. 18, Const. nac. y 8.2.h, CADH; v. fs. 198 vta./200 vta.).
Tildó la decisión de arbitraria habida cuenta de que "[...]la omisión de cuestiones o temas conducentes oportunamente propuestas por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben[...] ser dejadas sin efecto" (fs. 200; el destacado figura en el original).
Por ello, solicitó la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y el consecuente reenvío de los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento en el que se aborde la cuestión planteada, en resguardo de las garantías constitucionales que habían sido quebrantadas (v. fs. 200 vta.).
III. El señor Procurador General consideró que debía hacerse lugar al recurso (v. fs. 320/322).
Coincido con él, el recurso prospera.
IV. A fin de comprender la solución a la que he arribado en el caso, habré de realizar una breve reseña del derrotero de las presentes actuaciones.
IV.1. El Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de La Plata tuvo por debidamente acreditado que, en horas del mediodía del 25 de mayo del 2013, cuatro sujetos de sexo masculino, munidos con armas de fuego –coactuando entre sí dentro de un plan común y con roles previamente asignados- irrumpieron en el local de supermercado Vea sito en calle 13 entre 71 y 72 de La Plata y, en momentos en que se apoderaban ilegítimamente del dinero de las cajas, un ocasional cliente –Juan Ignacio Gramigna- se identificó como policía dando la voz de alto a los fines de detener su accionar, oportunidad en la que le efectuaron al menos un disparo dirigido hacia su persona con la clara finalidad de acabar con su vida y procurar su impunidad, y el efectivo policial contrarrestó ese accionar efectuando disparos disuasivos que generaron la rápida huida de los sujetos a bordo de una de las motos en las que habían llegado, quedando la restante abandonada en el lugar (v. fs. 69 y vta.).
El suceso en cuestión fue calificado como homicidio agravado criminis causae cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición de miembro de la fuerza policial de la víctima en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por su comisión con arma de fuego apta para producir disparos y en lugar poblado y en banda (arts. 42, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 y 167 inc. 2, Cód. Penal).
En cuanto a la calificante del inc. 8 del art. 80 del Código Penal, el tribunal de juicio consideró que se habían acreditado los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la figura, circunstancia que había sido contemplada tanto en el requerimiento de citación a juicio como en los lineamientos y acusación final del señor agente fiscal, pues en todo momento resultó conocido que Juan Ignacio Gramigna revestía la calidad de funcionario policial, dada a conocer cuando dijo "alto policía" y esgrimió su arma reglamentaria; concluyendo de tal modo que no se afectaba ningún principio de raigambre constitucional (v. fs. 85 vta.).
IV.2. En el recurso de casación, la señora defensora oficial denunció la errónea calificación legal (art. 80 incs. 7 y 8, Cód. Penal) y la violación al principio de congruencia (v. fs. 102 vta./103 vta.).
Puntualmente, en lo que aquí interesa, consideró que el tribunal de origen se había equivocado al sostener que la aplicación de la agravante del inc. 8 del art. 80 del Código de fondo no violentaba ningún principio constitucional, ya que en ningún momento se acusó de intentar dar muerte a un funcionario policial por su función, cargo o condición (v. fs. 103).
Explicó que en la figura en cuestión el autor no solo debe conocer la condición de miembro de fuerza de seguridad, sino que también debe intentar matar motivado por la condición o el cargo que la víctima tiene o desempeña. Bajo ese entendimiento, aseguró que esa ultrafinalidad nunca había sido sometida a debate, lo que claramente vulneró el principio de congruencia y, con ello, el de defensa en juicio. Incluso, cuestionó que la condición de policía fuera evidente en tanto Gramigna se encontraba vestido de civil (v. fs. 103 y vta.).
IV.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal reseñó en el apartado "III.c)" de la sentencia el agravio vinculado con la errónea calificación legal. En esa oportunidad, dejó sentado que la defensa sostuvo que no se había hallado acreditado que las personas que ingresaron al supermercado efectuaran algún disparo y, menos aún, que estuviera direccionado hacia alguna persona; agregando que, aun suponiendo que hubiera existido algún disparo, el propio testimonio de Gramigna daba cuenta de que nunca supo si disparaban contra él, circunstancia que no acreditaba la intención homicida (v. fs. 136).
Culminó el apartado exponiendo que el impugnante consideraba que la calificación legal que correspondía al hecho era la de robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no se ha comprobado (v. fs. 136 vta.).
Seguidamente, abordó los planteos llevados por el recurrente conforme el orden que sigue: la materialidad ilícita (v. fs. 138/144 vta.); la coautoría responsable de los imputados (v. fs. 144 vta./149 vta.); la calificación legal (v. fs. 149 vta./150 vta.) y la determinación de la pena (v. fs. 150 vta./156).
Al tratar la parcela del escrito relativa a la calificación legal, el tribunal revisor se abocó primeramente a contestar la crítica contra el delito que fuera calificado como portación ilegal de arma de fuego de uso civil por el que se había condenado a Sergio Ezequiel Lascano junto a otros ilícitos (v. fs. 149 vta. y 150).
Seguidamente, con relación al homicidio agravado en grado de tentativa, sostuvo que se acreditó sobradamente que uno de los autores dirigió al menos un disparo contra Gramigna. Para ello, ponderó que el testigo víctima aclaró, resultando categórico en este punto, que uno de los sujetos que robaban el supermercado, luego de que se identificara como policía, lo apuntó con el arma y le efectuó un disparo, logrando el funcionario repeler la agresión (v. fs. 150).
Coincidiendo con el tribunal de origen, estimó que el disparo en cuestión tuvo el claro propósito de lograr la impunidad del robo que estaban llevando a cabo y también compartió los argumentos brindados por los sentenciantes para afirmar que resulta indiferente quién efectuó el disparo dada la coautoría funcional que imperaba entre los sujetos activos. Estimó que los cuatro autores del hecho acordaron un plan que llevaron a cabo con una clara división de roles y tareas con la particular circunstancia de que se encontraban armados. A su entender, al acordar el robo y consentir los medios –armas de fuego-, asumieron la posibilidad cierta de emplearlas poniendo en riesgo la vida de alguna persona (v. fs. 150 y vta.).
Así pues, el órgano intermedio afirmó la existencia del dolo que requiere la figura del homicidio y la consecuente conexión ideológica con el delito contra la propiedad. Añadió que, si bien no había sido motivo de agravio la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, toda vez que la parte comenzó su planteo con la mera ausencia de acreditación del dolo que requiere la figura del art. 79 del mencionado Código, lo cierto es que echando mano de la conexión ideológica propia del homicidio criminis causae, en el caso, se comprobaba específicamente el tipo subjetivo del delito de homicidio (v. fs. 150 vta.).
Por todo lo expuesto, mantuvo la calificación legal propiciada por el tribunal de origen.
V. De la reseña efectuada, se advierte claramente, en lo que aquí resulta de interés, que la asistencia técnica de los imputados había denunciado la vulneración al principio de congruencia por considerar que en ningún momento se los había acusado de haber intentado dar muerte a un funcionario policial por su función, cargo o condición (conf. art. 80 inc. 8, Cód. Penal), ni tampoco esa ultrafinalidad había sido sometida a debate, violentando el principio mencionado y, con ello, el de defensa en juicio (v. fs. 102 vta./103 vta.).
El tribunal revisor abordó los otros reclamos llevados por el recurrente, pero en ninguno de los pasajes que conformaron la sentencia impugnada –especialmente en el apartado donde trató la calificación legal- dio respuesta al concreto agravio que aludía a la violación al principio de congruencia y la afectación del derecho de defensa con relación al inc. 8 del art. 80 del Código Penal. Es más, ni siquiera fue enunciado como un planteo que la parte había llevado a conocimiento de ese órgano revisor.
De tal modo, compartiendo lo dictaminado por el señor Procurador General, se advierte que el a quo transgredió el art. 168 de la Constitución provincial al omitir el tratamiento de dicha cuestión esencial. Cabe recordar que el mencionado artículo exige que los tribunales de justicia resuelvan todas las cuestiones que les sean sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.
Conforme lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y devolver los autos a la instancia anterior para que, debidamente integrado, se brinde tratamiento al planteo cuyo abordaje fue preterido en el fallo en crisis (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Como primer agravio, el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva, en concreto, de los arts. 42 y 80 del Código Penal (v. fs. 182).
Refirió que el delito de tentativa de homicidio -más las calificantes que concurrieron- se tuvo por acreditado principalmente en base al testimonio de la víctima Juan Ignacio Gramigna, quien manifestó que uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego y escuchó una detonación, ante ello repelió la agresión y se dieron a la fuga. Según el recurrente, este relato no se condice con el de los testigos del hecho, quienes manifestaron haber escuchado detonaciones, pero ninguno aseveró haber visto que uno de los sujetos que ingresó con fines de robo hubiese disparado hacia la víctima, o que el disparo proveniente desde la línea de caja hacia adentro del comercio hubiese sido en dirección a donde se encontraba Gramigna (v. fs. 182/183).
Para sustentar su postura, indicó que el perito balístico en la audiencia de debate oral había manifestado que "...en el frente del comercio que era vidriado había múltiples orificios de entrada y salida producidos por arma de fuego" y que "...en la parte del fondo no recordó haber visto algún disparo", lo que deja en evidencia que la mayor cantidad de disparos fueron efectuados por Gramigna (de adentro del local hacia afuera), y que el único orificio que poseía trayecto distinto (de afuera hacia adentro) se ubicaba en la puerta del comercio y no en la zona del fondo del mismo. De esa forma, consideró demostrado que los hechos probados a partir del resultado de la prueba relevada por el tribunal criminal y por el revisor, no permite hacer aplicación del art. 80 del Código Penal con ninguna de las agravantes aplicadas (v. fs. 183 y vta.).
Sin perjuicio de lo expuesto, agregó que, aún de considerarse acreditado que uno de los imputados hubiera efectuado un disparo hacia la persona de Gramigna, tampoco había margen legal para aplicar la calificante del inc. 7 del art. 80 del Código Penal, en tanto se trató de un intento de robo con arma de fuego apta para el disparo (v. fs. 183 vta. y 184).
Al respecto, señaló que, según lo expresado por el Tribunal de Casación Penal, el plan común de los autores del robo no incluyó la muerte de alguna persona con dolo directo (de primer o segundo grado), lo que demuestra la errónea aplicación de la citada norma. En sustento de su postura citó los precedente P. 114.722, sentencia de 3-X-2012 y P. 50.161, sentencia de 30-IV-1996 de esta Corte (v. fs. 184/185).
Por último, alegó que el fallo impugnado vulneró el principio de culpabilidad por el hecho al haber recaído condena por el homicidio respecto del cual no todos los imputados tomaron parte en su ejecución, y que la misma garantía se transgredió a nivel de la tipicidad al imputarse una conducta pese a la inexistencia de vínculo subjetivo entre los encartados y el hecho reprochado (v. fs. 185 vta.).
Refirió que la hipótesis fáctica que tuvo por cierta el Tribunal de Casación Penal no permite revelar la existencia de un plan común entre los imputados que incluyera la muerte de alguna persona como fin o consecuencia necesaria para cometer el robo, y que la ultrafinalidad requerida por el art. 80 inc. 7 del Código Penal aparece como una opción incompatible con los hechos probados de la causa (v. fs. 185 vta.).
Agregó que también surge la errónea aplicación de aquella norma con relación al sujeto que efectuó el disparo de arma de fuego, ya que además de no haberse establecido la existencia de dolo directo respecto de ninguno de los imputados, se perd
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