Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 133287
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio y parcialmente la sentencia impugnada en el nivel correspondiente a la calificación legal en lo concerniente al hecho individualizado como nº 2, y se reenvían estos autos al origen a efecto de que se emita un nuevo fallo ajustado a derecho (conf. doctr. art. 492 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.287, "Vallejos, Gustavo Adrián s/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 92.417 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Torres, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2019, rechazó por improcedente el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que -en lo que interesa- condenó a Gustavo Adrián Vallejos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por alevosía, y mediante la utilización de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (arts. 41 bis, 55, 80 inc. 2 y 189 bis inc. 2 cuarto párrafo, Cód. Penal y 448, CPP; v. fs. 170/178 vta.).
Contra esa decisión el entonces defensor de confianza del encausado Vallejos, doctor Luis Alberto Deuteris, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/200).
Asimismo, el imputado efectuó una presentación -en forma pauperis- por la que manifestó interponer recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley contra la aludida decisión del órgano casatorio -ver especialmente fs. 207- (v. fs. 207/218). Seguidamente, el procesado revocó el patrocinio letrado de su anterior defensor y designó en su reemplazo a la doctora María Elena Vizcaychipi (v. fs. 222), quien presentó un escrito a los fines de "...mejorar y encauzar técnicamente la presentación de [su] ahijado procesal" -ver especialmente fs. 228- (v. fs. 228/243).
El tribunal intermedio declaró parcialmente admisible el primigenio remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/200), deducido en favor del nombrado Vallejos para el tratamiento del agravio relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva y desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de nulidad deducido en forma pauperis por el nombrado (v. fs. 247/252 vta.). Deducida queja contra la inadmisibilidad del aludido recurso extraordinario de nulidad, esta Suprema Corte la desestimó mediante resolución de 15 de abril de 2020 dictada en la causa P. 133.255-Q (v. fs. 274).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 276/279 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 281) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular parcialmente de oficio la sentencia recurrida?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El interrogante planteado debe responderse afirmativamente, pues en el marco en que quedó abierta la competencia de este Tribunal -conforme el juicio de admisibilidad de fs. 247/252 vta.-, la deficiencia que ostenta la sentencia impugnada impide dar respuesta al agravio sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, propuesto por la defensa de Gustavo Adrián Vallejos.
II.2. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, conforme el voto emitido por el juez doctor Natiello y la adhesión simple del doctor Kohan, en respuesta a uno de los planteos esgrimidos por el entonces defensor particular de Vallejos, en razón del cual había cuestionado el encuadre legal del hecho bajo análisis en el entendimiento de que no se habían acreditado los presupuestos que requiere la calificante "alevosía" prevista en el art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. esp. fs. 97/98 vta. -recurso de casación-), sostuvo -esencialmente- que "...si bien cabe reconocer que la alevosía posee una naturaleza compleja en la que, además del aspecto objetivo relacionado con el modo de ejecución del hecho, requiere en el plano de la subjetividad del autor el aprovecharse con ese proceder de la indefensión de la víctima, lo cierto es que en el caso de autos ambos extremos surgen debidamente acreditados a partir de los elementos antes reseñados, en especial, el ataque sorpresivo a quien se encontraba dormido en virtud de un fuerte exceso de alcohol, incluso nótese que los miembros superiores de Bogado se encontraban maniatados (cfr. en el mismo sentido c n° 2618 'Almeijeiras' y n° 8178 'Bualo' Sala II, T.C.P. y n° 3362 'Di Camillo' de esta Sala I, entre muchas otras.)" (fs. 176 vta. y 177 -el destacado me pertenece-).
También el mencionado sufragio entendió, con cita de diversos precedentes de esta Corte, que "...a los fines alevosos no importa si la falta de peligro o la indefensión hayan sido generadas por el sujeto activo, bastando que actúe fuera de peligro y con indefensión de la víctima para poder tener por acreditado el aspecto subjetivo del ataque..." y concluyó que en el presente caso "...sin duda es lo que ha sucedido: el atacante se 'aprovechó' justamente del estado de indefensión en el que se encontraba la víctima, extremo éste que se corrobora plenamente por los dichos de los testigos presenciales señalados, del hecho y que conocía a ambos (víctima y victimario) sin que lo una relación de amistad con ninguno" (fs. 177).
Es así que, como corolario de los argumentos reseñados, se pronunció en favor de "...dejar incólume la significación jurídica dada al hecho enrostrado a Vallejos, rechazando el recurso de casación por improcedente (artículo 80 inciso 2º del Código Penal y 448 del Código Procesal Penal)" (fs. ídem).
II.3. En el recurso que abrió la competencia de esta Corte, el aludido defensor particular puso de resalto la circunstancia de que el tribunal intermedio en el desarrollo de la sentencia haya acreditado la mentada alevosía con "ligereza" (fs. 187 y vta. y 196), en la medida que afirmó que tanto los elementos objetivos como los subjetivos propios de la figura actuada -art. 80 inc. 2 del Código Penal- se encontraban verificados en el caso "...por imperio de [la] mención de situaciones que no se han materializado en autos, tales como que el occiso sea Bogado cuando fue Páez, y que [éste] estuviera dormido, alcoholizado y maniatado cuando ninguna de tales circunstancias existieron ni se verificaron en este proceso" (fs. 196).
A su vez, con apoyo en doctrina de autor -que citó-, explicó que en la configuración de la alevosía lo fundamental es que el hecho se haya cometido valiéndose de la situación de indefensión o buscándola "...siendo que el dolo del autor debe comprender que tanto los medios, el modo como las circunstancias son aprovechados de modo que tiendan directamente a asegurar el fallecimiento de la persona, con el fin de lograr una muerte sin riesgo" (fs. 196 vta.).
Concluyó que en la causa "...no se ha podido acreditar de ningún modo que quien resulte autor de la muerte de Páez haya elegido los modos y los métodos a fin de que el nombrado perdiera la vida y es lo que pretendo se resuelva al tiempo de fallar en este recurso" (fs. 196 vta. y 197).
A su turno, la defensora particular del imputado -doctora María Elena Vizcayhcipi-, profundizó en línea con lo indicado en los párrafos precedentes (v. fs. 228/243).
III. De la reseña efectuada se puede advertir que el tribunal intermedio -a través del voto del juez preopinante, doctor Natiello, con la adhesión simple del juez Kohan- refrendó la subsunción jurídica de la alevosía respecto del hecho nº 2 a partir de una serie de consideraciones teóricas referidas a la configuración de la citada calificante, pero lo hizo con apoyo especial en una descripción fáctica que no encuentra anclaje en las comprobaciones de la causa.
Y aun cuando pueda compartirse o no el criterio teórico empleado por el tribunal revisor para descartar el planteo del recurrente sobre esa cuestión, lo cierto es que la magnitud del vicio señalado -por su absoluta falta de correlación con las particularidades propias del evento en juzgamiento- constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el debido proceso y descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional, imponiendo su anulación oficiosa (conf. doctr. causas P. 52.025, sent. de 12-III-1996; P. 56.371, sent. de 24-VI-1997; P. 80.350, sent. de 10-IX-2003; P. 82.084, sent. de 9-X-2003; P. 87.019, sent. de 19-VII-2006; P. 85.290, sent. de 19-XII-2007; P. 96.978, sent. de 27-VIII-2008; P. 74.132, sent. de 22-XII-2008; P. 90.035, sent. de 1-IX-2010; P. 105.577, sent. de 23-X-2010; P. 107.901, sent. de 24-VIII-2011; P. 117.017, resol. de 9-IV-2014; e.o.)
Ello, por otra parte, no permite a esta Suprema Corte decidir acerca de la correcta o incorrecta aplicación de la ley y, por ende, resolver los planteos formulados en el recurso en trato (conf. causa P. 57.494, sent. de 2-IX-1997).
Además, tiene dicho este Tribunal que es un requisito constitucional tanto que las resoluciones judiciales se encuentren debidamente fundadas y motivadas (arts. 1 y 18, Const. nac.), a fin de evitar que ella sólo pueda ser inferida de la voluntad del juzgador, como que no contenga una motivación contradictoria, en salvaguarda del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio (conf. doctr. causas P. 60.947, sent. de 2-X-2002; P. 64.566, sent. de 8-II-2006; P. 107.901, cit.; P. 113.936, sent. de 15-V-2013; P. 126.199, sent. de 22-II-2017). La situación planteada en autos, en función de la señalada falta de correlación entre las circunstancias propias del hecho n° 2 en juzgamiento que arriban firmes (v. reseña en el apdo. II.1. de la presente) y la base fáctica tenida especialmente en consideración por el órgano casatorio para justificar su decisión de confirmar el encuadramiento legal del ilícito en el tipo previsto en el art. 80 inc. 2 del Código Penal (v. acápite II.2.), se encuentra enmarcada en dicha doctrina y resulta de aplicación al caso.
IV. Corresponde, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia impugnada en el nivel correspondiente a la calificación legal en lo concerniente al hecho nº 2 y reenviar los autos al Tribunal de Casación Penal para que, integrado con jueces hábiles, proceda a dictar una nueva sentencia conforme a derecho (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Pettigiani.
Si bien el Tribunal de Casación se refirió al homicidio de Diego Páez –hecho nº 2- al tratar las objeciones de la defensa de Vallejos sobre la prueba de la autoría, no sucedió lo mismo al resolver el planteo sobre la calificación legal.
Cuando debía ocuparse de las circunstancias fácticas que podrían justificar el encuadre en la agravante de alevosía, aunque expresó referirse al "caso de autos", describió un suceso que nada tiene que ver con el objeto de este proceso, tal como lo ha explicado el colega que me precede en la votación.
En el recurso de inaplicabilidad de ley se denunció (invocando equivocadamente el art. 80 inc. 7 del Cód. Penal en lugar del inc. 2) la falta de dolo del autor y lo mismo se alegó en el recurso de casación, pero en estas condiciones no es posible resolver el planteo. En el dictamen de la Procuración General se considera que se trató de un error involuntario de la Casación al conceptualizar la alevosía, pero tal explicación no basta para justificar la validez del fallo, muy especialmente cuando se trata de la revisión de una condena que impuso una pena perpetua.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la primera cuestión también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Pettigiani y a las apreciaciones brindadas por el colega doctor de Lázzari.
En consecuencia, también doy el mío por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se anula de oficio y parcialmente la sentencia impugnada en el nivel correspondiente a la calificación legal en lo concerniente al hecho individualizado como nº 2, y se reenvían estos autos al origen a efecto de que se emita un nuevo fallo ajustado a derecho (conf. doctr. art. 492 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
Fin de la sentencia