Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 132981
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Gustavo Adolfo De Simone, por su labor ante esta instancia, en 14 jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.981, "Acosta, Lucas Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 90.682 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de octubre de 2018, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Lucas Javier Acosta, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado criminis causae por haber sido perpetrado para asegurar los resultados en concurso ideal con robo calificado por el uso de arma de fuego (arts. 54, 80 inc. 7 y 166 inc. 2 párrafo segundo, Cód. Penal; v. fs. 122/132 con relación a fs. 77/95).
El señor defensor particular, doctor Gustavo Adolfo De Simone, interpuso -de manera electrónica- los recursos extraordinarios de nulidad y, subsidiariamente, de inaplicabilidad de ley (v. fs. 141/144). El Tribunal intermedio solo concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 145/148 vta.), decisión que no fue controvertida por la parte (v. informe de fs. 163).
Oído el señor Procurador General a fs. 165/167 vta., dictada la providencia de autos a fs. 168 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurrente denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y solicitó la recalificación en los términos del art. 165 del Código citado. Afirmó que ni de la sentencia de mérito ni de la revisora surge "...una motivación y fundamentación que no sea más que aparente dado que se basa en consideraciones generales sin hacer referencia concreta alguna a elementos que surjan con la claridad necesaria en [esa] instancia" (fs. 142 vta.).
Hizo una distinción entre el homicidio criminis causae, el que -según refirió- requiere la flagrante intencionalidad de cometer el injusto, y la figura del homicidio en ocasión de robo que se aplicaría cuando la muerte ocurriese por un acontecimiento eventual, en tanto en este último supuesto el autor "...se representa mentalmente cometer un delito de robo [...] pero no se representa la muerte de la víctima del delito" (fs. cit.).
Con referencia al marco probatorio producido en el debate y atendiendo a las circunstancias constatadas en el caso concreto, señaló que debía estarse a una interpretación respetuosa de las garantías de legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 36, DADDH; 11.1.2. DUDH y 8.2, CADH; v. fs. 143).
Sostuvo que uno de los testigos había recordado que el procesado Lucas Javier Acosta "...tenía una gorra negra, una campera, [...] un arma en la mano...Y [...] SANGRE EN EL ROSTRO", y le había dicho "...MIR[Á] LO QUE ME HIZO" refiriéndose a la víctima. Destacó que hubo una pelea, que la víctima tenía un gran porte físico y que solía estar armado con una cuchilla. A partir de ello, elaboró un cuadro de situación en el que -según afirmó- estuvo presente la "violencia" y en donde su asistido recibió "lesiones" y que, por ello, "hipotéticamente" habría disparado contra la víctima provocándole la muerte (v. fs. 143; las mayúsculas están presentes en el original).
Concluyó que, en el caso, no se acreditó la ultraintención de matar que exige el art. 80 inc. 7 del Código Penal, por lo que solicitó la recalificación del ilícito en los términos del art. 165 del Código citado (v. fs. 143 vta.).
II. Al igual que el representante del Ministerio Público (v. dictamen de fs. 165/167 vta.), estimo que el recurso debe ser rechazado.
III.1. Cabe destacar que pese a la denuncia de errónea aplicación de ley sustantiva, los argumentos que trae la parte refieren al mérito asignado a los elementos de prueba tenidos en cuenta por las instancias anteriores y, de tal manera, procuran una reinterpretación de los mismos para así obtener la recalificación menos gravosa pretendida, materia que excede el acotado ámbito de conocimiento de esta Corte en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en trato (doctr. art. 494, CPP).
III.2. Y, si bien el recurrente también adujo hallarse comprometidas razones de carácter constitucional -v.gr.: principios de legalidad, culpabilidad y presunción de inocencia- en la labor interpretativa que llevó a cabo el tribunal revisor (v. fs. 143), esos argumentos resultan ser fruto de una reflexión tardía en tanto no fueron expuestos en el recurso casatorio, por ello corresponde su rechazo (art. 451, CPP).
III.3. En particular, la defensa, no se hizo cargo de la fundamentación brindada por el tribunal intermedio para sostener la calificación legal finalmente aplicada ni demostrar el error que le endilga al fallo en revisión, quedando sus conjeturas en el ámbito de los hechos y las pruebas, sin que se verifiquen presupuestos que excepcionen la inabordabilidad que dichas materias presentan para esta Corte (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, el tribunal a quo -mediante el voto fundado emitido por el doctor Mancini, que concitó la adhesión simple del doctor Kohan-, comenzó por describir la materialidad infraccionaria acreditada en la instancia previa según la cual "...el día 25 de abril de 2016, siendo aproximadamente las 6.00 horas, en circunstancias que Claudio Sebastián Verón conducía el vehículo marca Fiat modelo Siena dominio GML-301 que utilizaba como remis de la agencia 'El Parador' de la localidad y partido de Escobar, llev[ó]o a cabo un viaje con un pasajero de sexo masculino. En el trayecto desde Colectora Oeste km. 51 entre Bolivia y Artigas de la ciudad referida hasta la intersección de las calles Buen Ayre y 18 de julio de la localidad de Garín del mismo partido de Escobar fue intimidado con un arma de fuego -del tipo escopeta calibre 16 marca 'Carlos Rasetti' número de serie 68604 recortada- por el pasajero que fue luego identificado como Lucas Javier Acosta, quien en el lugar próximo a la calle Santa fe entre Pedro de Mendoza y Juan de [G]aray de Garín, hizo descender a Verón del rodado y a fin de lograr su propósito de sustraerle sus pertenencias le efectuó un disparo a una distancia menor a 50 cm. Que impactó en su hemitórax izquierdo, provocándole lesiones en su pulmón y corazón, que le produjeron un paro cardio respiratorio traumático que desencadenó la muerte inmediata. Así el sujeto pudo lograr su cometido apoderándose de elementos de valor tales como aparato de telefonía celular marca LG de color negro táctil con pantalla rota, documentación personal de la víctima, un gato hidráulico, una aspiradora de color rojo y gris, un GPS, extrayendo el autoestéreo y dos parlantes de color negro con rojo, entre otras cosas. Luego el sujeto introdujo el cuerpo de Verón en el baúl del auto para posteriormente conducir y trasladar el vehículo hasta abandonarlo en la intersección de las calles Buen Ayre y 18 de julio de Garín, dándose posteriormente a la fuga del lugar, apoderándose de los elementos sustraídos" (fs. 124/125).
Seguidamente, en lo que interesa para el caso, confirmó el encuadre legal al señalar que "La forma en que el Tribunal [de la instancia de origen] tuvo por acreditada la ultrafinalidad en la comisión del homicidio que exige el art. 80 inc. 7° del C.P. no aparece adolecer del vicio de arbitrariedad ni de ningún quiebre lógico, careciendo las alegaciones defensistas de entidad para conmover este tramo del juicio sentencial pues, en definitiva, resultan simples divergencias subjetivas sobre el valor de los elementos de prueba arrimados a la causa" (fs. 130). Inmediatamente refirió que "El tipo penal contenido en el artículo 80 inciso 7° del Código Penal exige que el autor enlace causal e ideológicamente el homicidio a otro hecho típico con la específica finalidad de preparar, facilitar, consumar, ocultar, asegurar los resultados, procurar la impunidad o por el hecho de no haber logrado el fin propuesto. El subjetivismo requerido en la norma en trato se refiere a finalidades externas al homicidio mismo, para cuya obtención éste se representa como un medio", y añadió que "...no es necesaria, una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, bastando simplemente una preordenación resuelta, la que se da cuando el autor sin deliberación alguna se ha determinado a matar para o por uno de los motivos señalados por la ley (conf. [esa] Sala, Causa N° 14.678, 'P., M. L. s/ recurso de casación', rta. 14/2/2008, y sus citas)" (fs. 130 vta.).
A lo expuesto agregó que "Cuando el mentado artículo de la ley sustantiva requiere que el homicidio haya sido cometido 'para' preparar, consumar u ocultar otro delito o asegurar sus resultado o procurar la impunidad, está indirectamente exigiendo un dolo directo en la conducta homicida, puesto que para la configuración de la agravante resulta indispensable que aquellas finalidades se persigan con la fuerza del propósito y ello presupone que el medio que el autor juzga indispensable para alcanzarlas sea también buscado con dicha intensidad", extremo que consideró debidamente acreditado en el fallo a partir de la prueba valorada, y destacó que en el caso "...se verifica el nexo causal entre el desapoderamiento y el homicidio, surgiendo de los hechos probados la conexión final, pues la muerte se produjo para lograr la impunidad del robo, ante la resistencia de la víctima y su conocimiento, ya que Acosta había estado en la remisería esperando la llegada de un auto" (fs. 130 vta. y 131).
Concluyó que la calificación legal en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal resultó ajustada a derecho y adecuada a los hechos que se tuvieron por acreditados (v. fs. 131).
III.4. De la reseña efectuada no se advierte la ausencia de motivación alegada por la defensa (v. fs. 142 vta.), e insiste de manera dogmática que el desenlace fatal se produjo a consecuencia de una "pelea" o "situación de violencia" entre imputado y víctima (fs. 143), volviendo a negar que en el ánimo del imputado Acosta hubiese existido la intención de matar. Tampoco explica la fundamentación aparente endilgada al fallo revisor cuando, en el caso, se verificó el nexo causal entre el desapoderamiento y el homicidio, y que de los hechos probados surgió la conexión final, pues la muerte se produjo para lograr la impunidad del robo ante la resistencia de la víctima y su conocimiento, ya que Acosta había estado en la remisería esperando la llegada de un auto (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
III.5. Cabe recordar que esta Corte ha resuelto que "Para que resulte aplicable la figura del inc. 7º del art. 80 del Código Penal debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (conf. doctr. causas P. 47.611, sent. de 4-V-1993; P. 115.352, sent. de 5-XI-2014; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 118.031, sent. de 26-VIII-2015; P. 118.389, sent. de 22-VI-2016; P. 123.249, sent. de 22-XII-2017; P. 121.141, sent. de 27-VI-2018; P. 121.364, sent. de 11-VII-2018; P. 124.523, sent. de 15-VII-2018; P. 130.622, sent. de 18-VIII-2020; e.o.). Puntualmente, respecto del art. 80 inc. 7 del Código Penal, tiene dicho este Tribunal que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. doctr. causas P. 34.495, sent. de 6-II-1987; P. 53.150, sent. de 11-III-1997; P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 101.265, sent. de 30-III-2011; P. 98.240, sent. de 14-XI-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 114.076, sent. de 9-IV-2013; P. 120.309, sent. de 2-XII-2015; P. 121.412, sent. de 14-XII-2016; P. 125.367, sent. de 13-XII-2017; P. 130.739, sent. de 21-XI-2018; P. 131.772, sent. de 20-XI-2019; P. 132.303, sent. de 26-II-2020; e.o.), y también ha decidido reiteradamente que la posible coexistencia en el acusado del propósito de defenderse frente a la reacción de la víctima -como lo esgrimió el recurrente-, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé la norma citada (conf. doctr. causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018; P. 122.858, sent. de 19-IX-2018; P. 129.796, sent. de 28-XI-2018; P. 129.566, sent. de 29-V-2019; e.o.).
En definitiva, en el caso se halla probada la hipótesis fáctica relacionada con el supuesto previsto en el inc. 7 del citado art. 80, toda vez que, según lo constató el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal, el hecho tuvo por finalidad matar al nombrado Claudio Sebastián Verón "...para lograr la impunidad" en relación con el delito que acababa de cometer -robo calificado por el uso de arma de fuego- (v. esp. fs. 130/131 vta.). En consecuencia, el evento resultó incluido por la citada normativa, al acreditarse la conexión subjetiva final de dar muerte a otro.
Conforme los fundamentos vertidos, el requisito típico quedó debidamente acreditado, sin que la parte logre conmover los sólidos argumentos brindados, aunque adversos a su pretensión (art. 495, CPP).
Lo expuesto precedentemente alcanza para desestimar la aplicación al caso de la figura del art. 165 del digesto sustantivo.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Se regulan los honorarios profesionales correspondientes al doctor Gustavo Adolfo De Simone, por su labor ante esta instancia, en 14 jus (art. 31, ley 14.967), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia