Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133291
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.291, "B., A. H. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° 43.035 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 17 de diciembre de 2013, por mayoría, declaró prima facie de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de daño y amenazas simples, reenvió a la instancia de origen a efectos de que, recabados los informes pertinentes, confirme lo allí decidido, o caso contrario eleve nuevamente las actuaciones a esa sede (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 cuarto párrafo inc. "e", 149 bis primer párrafo primera parte y 183, Cód. Penal). Asimismo, rechazó el recurso homónimo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a A. H. B. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, único subsistente, a tenor de lo antes decidido, sin repercusión en la pena por tratarse de una indivisible (v. fs. 63/70).
Por decisión del 9 de abril de 2018, el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes, integrado por los doctores Barski, Tillet y Larroque, declaró definitivamente la extinción por prescripción de la acción penal de los delitos de daño y amenazas simples, que le fueran impuestos a A. H. B. y remitió los autos a la Sala I del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 80).
Contra el fallo del Tribunal intermedio, el señor defensor oficial ante el referido órgano interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/98 vta.), que fue concedido por la Sala recurrida (v. fs. 103/105).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 120/123 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 125) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, del que se da cuenta en los antecedentes, la defensa oficial denunció violación a la garantía de la revisión amplia de la sentencia condenatoria (arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; CSJN, Fallos: 328:3399, "Casal"; 328:3741, "Martínez Areco" y C.927.XLIV, "Recurso de hecho. Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398", sent. de 5-VI-2012; v. fs. 92 vta.).
Aseveró que no se dio tratamiento a los planteos de la defensa referentes a la violación del principio de legalidad, en tanto la instancia incorporó un requisito que la norma no prevé a fin de no valorar las circunstancias extraordinarias de atenuación requerida, y la arbitrariedad por carencia de fundamentación (v. fs. 93).
Indicó que el tribunal recurrido otorgó un inadecuado tratamiento, utilizando fórmulas dogmáticas, siendo que la cuestión había quedado reducida a determinar si la previsión del art. 80 último párrafo del Código Penal, sólo permite la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación cuando refieren a la relación entre víctima y victimario, o se trata de una norma cuyo alcance determinará el juez en cada situación concreta dadas las numerosas alternativas que pueden plantearse en la casuística (v. fs. 93 vta.).
Atribuyó arbitrariedad a la sentencia que impugna, en tanto -sostiene- se basa en afirmaciones dogmáticas para dejar sin revisión los planteos de la defensa, efectuando solo una exploración formal, inadecuada en los términos de la normativa supralegal citada, con menoscabo al debido proceso legal (v. fs. 94 y vta.).
Por todo ello, solicitó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrada, dicte una nueva sentencia conforme a derecho sobre la cuestión discutida (v. fs. 95).
I.2. Subsidiariamente, planteó la violación al principio de legalidad (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 9, CADH; 15 apdo. 1, PIDCP; 11 apdo. 2, DUDH; 11 y 25, Const. prov..; v. fs. 95 cit.).
Luego de traer a colación lo normado por el art. 80 del Código Penal -en lo que aquí interesa- expuso que el principio de legalidad otorga extensión precisa y determinada en la definición de las figuras delictivas, lo que implica un límite a los actores penales, prescribiendo la máxima taxatividad de sus contenidos.
Afirmó que el texto de la ley "...no exige condición alguna para la configuración de las circunstancias extraordinarias de atenuación" (fs. 97 vta.)
Concluyó que la exigencia incorporada por los tribunales, o cuanto menos, tener incidencia entre ambos, desnaturaliza la norma penal configurando la afectación constitucional denunciada (v. fs. 96).
II. El señor Procurador General dictaminó aconsejando el rechazo del remedio incoado (v. fs. 120/123 vta.), opinión que comparto.
III. La decisión del a quo respecto del pronunciamiento de la instancia cumple con los estándares emergentes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de agravio llevados a su conocimiento.
III.1. En ocasión de ejercer la defensa del acusado en el juicio, dicha parte solicitó se calificara el suceso como homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 último párrafo, Cód. Penal), con basamento en el informe psiquiátrico producido por el doctor Julio Roberto Zazzali, ampliado en la audiencia de debate (v. fs. 5 vta./6 vta.).
III.2. El Tribunal de juicio tuvo por acreditado -como Hecho III- que "...el 27 de septiembre de 2007, entre las 17.00 y las 21 horas, en el interior de la finca situada en la calle D… …, entre sus similares Corrientes y Misiones, de la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno (B), L. T. B. fue ultimado salvajemente por su progenitor, que le asesto ocho (8) puñaladas, hallándose el agresor detrás del infortunado impúber, cinco (5) de las cuales resultaron letales, en tanto provocaron un paro cardio-respiratorio traumático secundario a shock hemorrágico irreversible por lesiones cardiopulmonares y hepáticas incompatibles con la vida, luego de lo cual el perpetrador habría intentado quitarse la vida, infringiéndose lesiones en el tórax, al parecer con la misma arma empleada rato antes: una cuchilla de doble filo, con una hoja de aproximadamente doce (12) centímetros de longitud, que fue hallada junto al cadáver del menor, cuando el personal policial actuante logró ingresar a la vivienda junto a los dueños de la misma, colaterales del progenitor de la víctima" (fs. 11 vta.).
Calificó el suceso como homicidio calificado por el vínculo y se opuso a la subsunción pretendida por la defensa, con basamento en el informe producido por el doctor Julio Roberto Zazzali, por entender que "...las circunstancias especiales de atenuación deben verificarse entre víctima y victimario o, cuando menos, tener incidencia directa entre ambos". Citó doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Casación en apoyo de su postura (v. fs. 19 vta. y 20).
Especificó que esta circunstancia no se verifica en autos "...toda vez que la frustración del enjuiciado tenía su génesis en la ruptura de la relación sentimental con V. V. Q., la separación de ambos y la férrea negativa de ella en retomarla, habiendo utilizado B. a su pequeño hijo L. T., como factor de presión hacia aquella, y que, repudiando una presunta relación sentimental con un tercero negada por Q. en la audiencia, aunque confirmada por su hermano D. S. Q. [...], lo determinó a tomar aquella represalia hacia la remisa fémina, con una acción extrema y desmesurada que, además, postergó el vínculo de sangre con su hijo, inocente víctima de su frustración, ajeno al distanciamiento de sus progenitores, de ahí pues que no corresponde aplicar en el presente caso la previsión contemplada en el último párrafo de art. 80 del C.P." (fs. 20).
III.3. Contra ello la defensa en el recurso de casación, en lo que aquí interesa, se agravió por no haberse tenido en consideración las circunstancias extraordinarias de atenuación contempladas en el art. 80 último párrafo del Código Penal. Cuestionó que el Tribunal de origen desestimara su aplicación señalando que dichas circunstancias operan entre víctima y victimario, condición que la ley no impone. Alegó déficit de motivación (art. 106, CPP). Sostuvo que se descartó la conclusión del perito psiquiatra relativa a que el imputado B. sufrió "...un trastorno transitorio incompleto de origen afectivo", lo que conducía a su pertinencia (fs. 27 vta./30).
Por su parte, el señor defensor oficial adjunto de Casación presentó memorial y agregó que la forma de decidir del a quo, con relación a las circunstancias extraordinarias de atenuación, afectaba el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.), en tanto la letra de la ley no exige que las mentadas circunstancias se limiten al vínculo entre el sujeto activo y el pasivo (v. fs. 49).
III.4. Como respuesta a ese puntual planteo de la defensa, el órgano intermedio señaló que "...configura una simple reedición de la que fuera llevada ante el tribunal de juicio y que fuera rebatido con bastos argumentos por aquel" (fs. 66 y vta.)
Señaló que el recurrente debió hacerse cargo de aquellos fundamentos "...y no intentar poner nuevamente en tela de juicio dicho ítem a través de argumentos contradictorios y meramente dogmáticos que no logran hacer mella en lo decidido" (fs. 66 vta.).
Destacó que los jueces de mérito trataron y dieron un pormenorizado detalle respecto de cómo se encontraban vinculados la víctima y victimario "...señalando que, la ruptura sentimental entre el imputado y su pareja V. Q., y la férrea negativa de ésta en retomarla, hizo que A. B. utilizara a su hijo, L. T., como factor de presión para que Q. diera marcha atrás en su decisión y retomar la relación entre ambos. Dicha negativa determinó al aquí imputado a tomar una represalia, eligiendo para ello dar muerte a su hijo, víctima totalmente inocente de la frustración de esa relación sentimental" (fs. cit.).
Concluyó así que "...la fundamentación dada por el 'a quo' resulta[ba] adecuada para rechazar dicha circunstancia extraordinaria (art. 80 inc. 1, último párrafo, -a contrario-)" (fs. 66 vta. y 67).
De la reseña efectuada se aprecia que la Casación desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó la petición de la parte, la descartó y, en el marco de los motivos formulados, proporcionó las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio. El recurrente no ha logrado evidenciar la restricción cognoscitiva denunciada en función de la doctrina y jurisprudencia que cita.
El órgano intermedio no se limitó a sostener que los planteos llevados a su conocimiento por la defensa eran una mera reedición de los postulados en la instancia previa, sino que además constató cuestiones fácticas y coincidió con las conclusiones sobre la calificación legal efectuada por el Tribunal de juicio, descartando de este modo la interpretación propuesta por la defensa.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el precedente "Casal", en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias, no obstante la disconformidad de la parte con lo resuelto.
De otro lado, el reclamo subsidiario del recurrente vinculado con la violación al principio de legalidad (v. fs. 95/98) resulta extemporáneo desde que no fue llevado a conocimiento del tribunal intermedio (doctr. art. 451, tercer párrafo, CPP; conf. causas P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 96.980, sent. de 7-II-2007; P. 98.419, sent. de 2-VII-2008; P. 95.851, sent. de 14-V-2008; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 103.442, sent. de 29-XII-2008; P. 100.872, sent. de 15-IV-2009; P. 102.166, sent. de 22-VI-2009; P. 107.711, sent. de 6-X-2010; P. 105.743, sent. de 20-X-2010; P. 104.982; sent. de 22-X-2010; entre muchas otras).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2021 16:45:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 18:37:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 19:33:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 09:51:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 09:53:56 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia