Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132814
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.814, "Figueredo, Pablo Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nro. 82.467 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 30 de noviembre de 2017, rechazó por improcedente el recurso deducido por la señora defensora oficial, doctora Mariana Kodric, en beneficio de Pablo Alejandro Figueredo, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, que lo había condenado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, y declaración de reincidencia, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía y el empleo de arma de fuego y, en definitiva, a la pena única de prisión perpetua, comprensiva de la mencionada y de la de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, dictada por el mismo tribunal en la causa 4.209 en orden al delito de robo calificado por efracción -arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 56, 58, 80 inc. 2 y 167 inc. 3, todos del Código Penal- (v. fs. 60/71).
Esa decisión fue impugnada por el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, quien impetró recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 77/90 vta., siendo admitido -de manera parcial- por el tribunal casatorio a fs. 95/99.
Oído el señor Procurador General a fs. 116/119, dictada la providencia de autos el 9 de octubre de 2020 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme el juicio de admisibilidad llevado a cabo por la Sala I del Tribunal de Casación (v. fs. 95/99) de los planteos formulados por la defensa, únicamente el vinculado con la errónea aplicación de la ley sustantiva es el que ha sido admitido; y si bien el alcance de esa decisión -como destaca el señor Procurador General en su dictamen- fue discutido, la queja formulada fue rechazada por esta Corte mediante resolución dictada el 6 de noviembre de 2019 en la causa P. 131.974-Q (v. fs. 141).
Con los contornos trazados por el juicio de admisibilidad practicado por el órgano intermedio es que será entonces abordado el recurso extraordinario local.
II. El recurrente denunció la arbitraria y errónea aplicación al caso del art. 80 inc. 2 del Código Penal.
Expresó que al igual que el judicante de grado, el Tribunal de Casación infringió las reglas de la sana crítica y el principio in dubio pro reo al determinar el presupuesto fáctico que lo condujo a calificar el homicidio por alevosía (v. fs. 88 vta. y 89).
Adujo que la verificación del estado de indefensión de la víctima se basó esencialmente en la sola comprobación del ardid con que ella fue citada al lugar, siendo que, según afirmó, "…no es la emboscada la que conduce a la alevosía, pues, aunque se hubiera procurado el encuentro con la víctima mediante mensajes de texto engañosos, no se ha comprobado la situación de indefensión de la misma al momento del ataque" (fs. 89). Agregó que "tampoco basta el haber tomado por sorpresa a la víctima, pues aunque se describa que el ataque fue sorpresivo y la víctima se encontrara desprevenida, aguardando en el interior de su camioneta, ello resulta como con cualquier otro homicidio con arma de fuego, cometido por un sujeto del cual no espera que dispare, teniéndolo enfrente" (fs. 89 y vta.).
Recordó haber argumentado que más allá de la sorpresa a la que se refirió el órgano intermedio, lo absolutamente relevante para determinar la concurrencia del elemento objetivo propio del actuar alevoso recae en la posición de indefensión de la víctima, a su entender, aquí no verificada. Pues, quien -como ella- conduce un automotor bien pudo utilizarlo como instrumento de huida, de la agresión o como medio de defensa, por lo que -desde su punto de vista- no puede afirmarse que, en las condiciones comprobadas del caso, la víctima se encontrase en una situación objetiva de indefensión (v. fs. 89 vta.).
En suma, solicitó que el recurso extraordinario sea acogido favorablemente a fin que se dicte u ordene el dictado de un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 90 y vta.).
III. Coincido con el señor Procurador General pues, como él, entiendo que el recurso debe ser rechazado.
III.1. Al interponer el recurso de casación -en lo que aquí interesa- la defensa cuestionó la acreditación de la existencia de los requisitos indispensables para la aplicación de la figura del homicidio agravado por alevosía previsto en el art. 80 inc. 2 del Código Penal. En particular, objetó la concurrencia de elementos que permitiesen tener por acreditado el "obrar sin riesgo" propio de la mentada agravante (v. fs. 30/31).
Por su parte, el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación en el memorial presentado ante esa sede solicitó el cambio de calificación legal -a remolque del principio que establece que en caso de duda debe resolverse en favor del imputado- en tanto, según afirmó, no pudo determinarse ni la efectiva situación objetiva de indefensión de la víctima, ni la posibilidad objetiva del autor de conducirse sin riesgo para sí (v. fs. 55/56).
III.2. El sentenciante intermedio reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por acreditada en los siguientes términos: "…el día 11 de abril de 2014 siendo aproximadamente las 20.30hs., en la calle Fragata Sarmiento entre Piñeiro y 18 de octubre de la localidad de José C. Paz, [Prov.] de Buenos Aires, en ocasión que Sergio Gastón Medina había citado previamente mediante engaños a través de mensajes de texto a Ramón Alexis Benítez González en dicho lugar, cuando este se encontraba esperando a Andrea Barraza a bordo de su camioneta marca Ford Ecosport Ptte. IRA-520, desprevenido e indefenso, Pablo Alejandro Figueredo a instancias de Medina -en cuanto a la comisión en contra de aquel de un ataque armado- tomó por sorpresa a Benítez González y sin peligro para su integridad física, le disparó con un arma de fuego, en reiteradas oportunidades, al menos cinco veces, impactando tres disparos en su humanidad y provocándole su fallecimiento" (fs. 64).
Al tratar el agravio de la defensa vinculado con la calificación legal, el órgano recurrido señaló que la figura aplicada agrava la conducta del que matare a otro cuando empleare medios o formas en la ejecución del suceso criminal que tiendan directa y especialmente a asegurar el acto delictivo sin riesgo para el autor. Destacó al estado de indefensión de la víctima como requisito en el plano objetivo, y el obrar sobre seguro -sin el peligro que pueda significar la reacción de la víctima o de un tercero en oposición a la agresión- desde el plano subjetivo (v. fs. 67 vta.).
Para descartar el planteo sobre la inexistencia del requisito objetivo de la agravante aplicada, indicó que el sentenciante verificó de manera correcta que en el caso el imputado fue al acecho de una víctima desprevenida, que había caído en la trampa de una falsa cita amorosa, y que "aun cuando al estar aguardándola detenido en su camioneta hubiera percibido la presencia o la aproximación de su atacante, tampoco esperaba de parte de este su accionar violento, a la vez que para el agresor la sorpresa no se veía comprometida con la revelación de su propia presencia, de manera tal que hasta el comienzo de ejecución del ataque mismo, la víctima permanecía desprevenida recibiendo de inmediato cinco disparos directos a través de la ventanilla y la puerta del automotor lo que refleja una acción ejecutada sobreseguro […] y que en función de lo antes reseñado no deja de encuadrar en la calificante impuesta por la sola circunstancia que el vehículo se haya desplazado chocando contra un árbol" (fs. 68 y vta.).
Concluyó que el estándar establecido en el art. 210 del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración probatoria se encontraba satisfecho y que ello permitía rechazar las alegaciones de la defensa vinculadas con el principio in dubio pro reo , por cuanto la duda, como posición del juez respecto de la verdad, no surgía de los fundamentos dados por el judicante, ni de los argumentos utilizados en el recurso (v. fs. 68 vta.).
III.3. Las críticas de la defensa a lo decidido por el órgano intermedio respecto a la configuración del homicidio alevoso en los términos del art. 80 inc. 2 del Código Penal, en rigor, se limitan a expresar su oposición a lo resuelto en sentido diverso a sus pretensiones, con particular crítica a que se hubiera acreditado el actuar sobre seguro del imputado para terminar con la vida de Ramón Alexis Benítez González.
Aun cuando los reparos referidos a la determinación del hecho y la valoración de la prueba pueden hallarse imbricados con la correcta subsunción legal, es sabido que -por regla- no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti invocados, salvo supuestos de excepción que no aparecen demostrados (conf. doctr. causas P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013 y P. 110.347, sent. de 23-XII-2013). Porque, quien recurre en modo alguno ha logrado justificar que las comprobaciones fácticas del caso importen un desajuste en lo concerniente a la adecuación legal actuada, que conlleve a su descalificación como acto jurisdiccional válido.
En ese sentido, la pretensión de modificar ese encaje normativo -dejando sin efecto la agravante aplicada- debido a que el estado de indefensión de la víctima habría encontrado sustento exclusivamente en la comprobación del ardid con que ella fue citada al lugar, es insuficiente para demostrar la arbitrariedad que alega.
Es que la parte deja incontrovertidos los fundamentos expuestos por la casación para estimar acertada la calificación legal, los que no se circunscribieron únicamente a la comprobación de que el occiso fue citado a la escena del crimen mediante mensajes engañosos tendentes a concertar una falsa cita amorosa, sino que a ello se añadió el carácter sorpresivo del ataque hasta el mismo inicio de su ejecución -al ponderar el judicante que "…aun cuando al estar aguardándola detenido en su camioneta hubiera percibido la presencia o la aproximación de su atacante, tampoco esperaba de parte de este su accionar violento, a la vez que para el agresor la sorpresa no se veía comprometida con la revelación de su propia presencia…" (fs. 68)-, y la cantidad de disparos efectuados. El déficit apuntado resulta revelador de la insuficiencia recursiva (art. 495, CPP).
Frente a ese modo de ejecución del homicidio, provocando el agresor -merced a una cita engañosa- que la víctima concurriera hacia el lugar escogido por el atacante, para obrar así sobre seguro, o al menos, hallarse en situación más ventajosa para la perpetración de su designio letal, con sorpresa para la "presa", y en esas circunstancias, en que aguardaba al acecho, aparecer frente a ella y efectuarle la importante cantidad de disparos referidos causándole inmediatamente la muerte, el recurrente no logra evidenciar el desacierto alegado.
En consecuencia, corresponde rechazar el reclamo de la defensa, en tanto no se demostró la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 2, Cód. Penal).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 16:00:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/10/2021 17:11:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 07:52:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:54:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 11:05:47 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/10/2021 11:59:54 hs. bajo el número RS-121-2021 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia