Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 134856
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 134.856, "Guananyay, Nicolás Ángel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 95.237 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 14 de noviembre de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de Nicolás Ángel Guananyay contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio calificado criminis causae (v. fs. 146/156 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 165/190 vta.), el que fue declarado parcialmente admisible por el órgano intermedio (v. fs. 191/193 vta.), lo que no mereció objeción de la defensa (v. fs. 202).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 205/210 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 212) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitida la impugnación -así como también que del informe de fs. 202 surge que la defensa oficial no dedujo queja- se reseñarán los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En dicho marco, el señor defensor oficial denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva respecto de los arts. 47 y 80 inc. 7, ambos del Código Penal, así como la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.
I.1. En cuanto a la calificación legal del hecho, recordó que esa defensa viene sosteniendo que el designio de la banda era cometer un robo y que por ello fueron encapuchados, pues de haber querido matar no se hubieran cubierto los rostros (v. fs. 175).
Argumentó que el exceso en el que eventualmente incurrió alguno de los coautores -conforme art. 47, Código Penal- debe correr por cuenta de quien efectuó el disparo mortal, y que ante la inexistencia de dolo directo en el accionar de su asistido, el encuadre del hecho en los términos de homicidio criminis causae solo podría serle atribuido al autor del disparo. Destacó que de las constancias colectadas en autos no surge clara la dinámica de los hechos y que, en el peor escenario con relación a Guananyay, se debió recalificar en los términos del art. 165 del Código Penal (v. fs. cit.).
Alegó que no existe ningún elemento objetivo que acredite que el deceso de la víctima era uno de los designios de la banda, y que -si como lo aduce el órgano revisor- a su defendido lo tenían claramente identificado en el barrio, se preguntó cómo podía afirmarse que perpetrara el hecho con el fin de facilitar su consumación y evitar la futura identificación que podría realizar la víctima (v. fs. 175 vta.).
Señaló que claramente estaríamos en presencia de un exceso en los términos del art. 47 del mismo cuerpo legal que en modo alguno puede serle reprochado al nombrado (v. fs. cit.).
En su criterio, lo resuelto no es más que una interpretación extensiva del reproche penal, toda vez que da por sentado que Guananyay asumió algo que no está probado, en referencia al efectivo empleo del arma y al uso de ella con fines lesivos (v. fs. 176).
Insistió en que la falta de certeza sobre el eventual dolo directo que requiere la figura de homicidio criminis causae , lleva a encuadrar los hechos -al menos respecto del nombrado- en los términos del artículo 165 del Código Penal, en función del 47 del mismo código (v. fs. cit.).
Adujo que, en el caso, no se acreditó con grado de certeza la ultraintención que prevé la figura aplicada, ni que el disparo haya sido con esa intención o el homicidio cometido fuera conexo con otro delito, o que lo haya hecho o querido su defendido, aun representándose posible ese disparo (v. fs. 176 vta.).
Por último, postuló que el tiro fue en respuesta a la resistencia brindada por la víctima. Resistencia que debe ser estimada a los fines de dar por acreditada la contingencia del homicidio, para y en el desapoderamiento, en los términos de lo dispuesto por el art. 165 del Código Penal (v. fs. 177 vta.).
I.2. En lo que atañe a la pena de prisión perpetua impuesta a Guananyay, adujo que dicho extremo no fue objeto de la fiscalización casatoria, a tono con la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" (v. fs. 184 vta. y 185).
Afirmó que el órgano revisor se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin brindar fundamentos válidos para ello (v. fs. 185 y vta.).
Con base en la relevancia que cabe asignar a la magnitud del contenido ilícito del hecho en el proceso de mensura penal, arguyó que el art. 80 del Código Penal no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversa característica o envergadura, trayendo a colación lo resuelto en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros mencionados (v. fs. 185 vta. y 186).
Alegó que, si bien su parte oportunamente peticionó la inconstitucionalidad de la pena a perpetuidad, siendo esa declaración la última ratio , existe la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a dicha pena, circunscribiéndola a una sanción numérica que no supere los 25 años de prisión (v. fs. 187).
Sostuvo que la única posibilidad para compatibilizarla con todo el ordenamiento es efectuar una interpretación a favor de la persona condenada, de conformidad con lo regulado en el Estatuto de Roma, según el cual el monto máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada a los derechos humanos es de 30 años de prisión (v. fs. 187 y vta.).
En consecuencia, pidió que se case el fallo impugnado por arbitrario y se dicte una nueva decisión determinándose que el límite temporal de la pena de prisión perpetua posee un alcance numérico, equivalente a los veinticinco (25) años de encierro y, de no ser ello receptado, se declare entonces su inconstitucionalidad (v. fs. 189 y vta.).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 205/210 vta.).
III.1. En lo que es de interés para resolver el agravio sobre la calificación legal, la Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos: "...el día 28 de junio de 2017, siendo aproximadamente las 19:00 horas, en el predio sito sobre ruta 21 donde funciona la parrilla denominada 'El Montecito' y una carbonería, situada a trescientos metros de la rotonda Querandí, de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza; al menos seis sujetos de sexo masculino encapuchados -dos de ellos menores de edad-, mediante la utilización de sendas armas de fuego, previo ingresar al citado predio y con el objeto de apoderarse de los bienes ajenos a su propiedad, intimidaron a Ricardo Domingo Veneri en momentos en que este salía del interior de su domicilio con el objeto de recoger mercadería que tenía en su automóvil, para seguidamente obligarlo a ingresar a su domicilio, más precisamente a la zona del patio y jardín donde, como consecuencia de la resistencia por él ofrecida y con el objeto de consumar el desapoderamiento, le efectuaron un disparo de arma de fuego en su espalda, que le provocó lesiones de tamaña gravedad, que de inmediato causaron su deceso. Seguidamente, entraron [...] la misma vivienda donde, mediante la utilización de tales armas de fuego y violencia, consistente en tomar del cabello a la señora Jaqueline Patricia Navarro, quien se encontraba junto a sus dos hijos mellizos de dos años de edad y embarazada de seis meses, y a quien además amenazaban con matarle a un hijo si no entregaba todo el dinero que poseía, se apoderaron ilegítimamente de la cantidad aproximada a los trescientos mil pesos en dinero en efectivo, documentación varia, teléfonos celulares, alhajas, relojes y otros efectos personales, para seguidamente fugarse del lugar, logrando disponer del botín" (fs. 148 vta. y 149).
En orden a la denuncia de errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal y la inobservancia del art. 47 del mismo plexo normativo, se advierte que el tribunal intermedio abordó similar planteo al ahora examinado.
El revisor señaló inicialmente que el tribunal de mérito fundamentó la calificación legal especificando que la conexión ideológica y subjetiva que requiere el delito de homicidio criminis causae , a partir de considerar que los coautores ingresaron a la finca con fines de perpetrar el robo y, ante la resistencia de Veneri, cometieron el homicidio, recreando -a tal efecto- lo dicho por los testigos de cargo Wilcke y Rodríguez en cuanto a que el imputado manifestó que la víctima "...se quiso hacer el héroe, se abalanzó sobre uno de mis compañeros y el que estaba al lado mío le dio un corchazo" para concluir que "...los seis delincuentes usufructuaron la muerte provocada de Veneri para consumar minutos más tarde el desapoderamiento planificado" (fs. 152 vta.).
Luego estimó que el planteo de la defensa era insuficiente, en coincidencia con la sentencia de grado sostuvo que el homicidio fue cometido para evitar la resistencia de la víctima y que ello les permitió a los miembros del grupo delictivo consumar el despojo perpetrado (v. fs. cit.).
Expresó que si bien la figura aplicada requiere una necesaria vinculación subjetiva con otro delito, la preordenación no es indispensable "...pudiendo surgir el designio motivante de la conducta sin una profunda y previa reflexión, como decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho" y que ello acontece en el caso, toda vez que "...el homicidio se comete cuando la víctima decide enfrentar al agresor, con el fin de facilitar su consumación y evitar la futura identificación que podría realizar la víctima" (fs. 153).
Adunó a ello, que "...resulta razonable inferir de la circunstancia de concurrir los coautores portando armas de fuego que el matar a la víctima estaba incluido en el plan, ante la posible resistencia de la misma, siendo indiferente que el disparo lo haya perpetrado otra persona y no el imputado, pues este asumió que las armas se emplearían ante tales circunstancias" (fs. cit.).
Concluyó señalando que "...el artículo 165 del C.P. comprende los homicidios que son el resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo que, en tanto suceso eventual, altera el designio del ladrón. Así, en presencia de dolo -como en el 'sub lite'- el homicidio se subsume en alguna de las finalidades enunciadas en el artículo 80 inc. 7 del Código Penal" (fs. ídem).
III.2. Frente a lo así decidido, estimo que se ha probado el dolo de matar contra la humanidad de Ricardo Domingo Veneri, así como que ese obrar tuvo como ultrafinalidad el claro propósito de asegurar el resultado del desapoderamiento. De modo tal que la conclusión del juzgador de privilegiar la aplicación de la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal, a tenor de las circunstancias ya referidas más arriba y comprobadas, resulta acertada y conforme a derecho, pues este Tribunal ha resuelto que "Para que resulte aplicable la figura del inc. 7º del art. 80 del Código Penal debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (causa P. 47.611, sent. de 4-V-1993).
En efecto, en el caso se halla probada la hipótesis fáctica relacionada con el supuesto previsto en el inc. 7 del citado art. 80, toda vez que, según llega el pronunciamiento del tribunal, el hecho tuvo por finalidad matar al nombrado Veneri a fin de "consumar el desapoderamiento". En consecuencia, el evento resultó incluido por la citada normativa, al acreditarse la conexión subjetiva final de dar muerte a otro.
La mención del recurrente a que es en virtud de la resistencia brindada por la víctima que el autor procedió a efectuarle un disparo no es un argumento válido, puesto que esta Suprema Corte ya ha explicitado que si la muerte se produce a consecuencia de la resistencia (o intervención) de la víctima (o terceros) esa circunstancia no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada (conf. causas P. 117.199, sent. de 4-XI-2015; P. 121.266, sent. de 17-V-2017; P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 128.192, sent. de 9-V-2018; e.o.).
Lo expuesto precedentemente alcanza para desestimar la aplicación al caso de la figura del art. 165 del digesto sustantivo.
Sentado ello, también resulta insuficiente el reclamo por el que la defensa pretende excluir la acreditación de la faz subjetiva de la coautoría funcional con sustento en que la decisión de la muerte constituyó un exceso del autor del disparo que no puede serle atribuido a Guananyay.
En efecto, el recurrente no logra revertir la decisión de las instancias previas en cuanto al alcance del plan común comprensivo del resultado muerte de la víctima ante la posible resistencia de aquella, el que se infiere a partir de la circunstancia de concurrir los coautores portando armas de fuego.
Respecto del asunto de quién efectuó el disparo mortal, esta Corte tiene dicho -y resulta aplicable al presente- que desarticular la coautoría funcional y exigir la acreditación de la causación física en cada tramo fáctico de la ejecución del delito es negar aquella categoría de participación -en sentido lato- pues el dato esencial de la coautoría funcional es justamente la división de tareas (causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009 y P. 123.527, sent. de 26-X-2016).
Por lo demás, se entiende que "...la decisión común es el vehículo que determina la conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (conf. por muchos, Stratenwerth; Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, t. 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría cuando quien ejecuta junto con otro u otros el evento criminoso lo hace en virtud de un acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de los demás y distribución de funciones. Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de las demás formas de intervención a través de pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o 'colectivo'. Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (conf. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993)" (conf. doctr. -en lo pertinente- causas P. 82.042, sent. de 30-III-2005; P. 98.727, sent. de 2-VII-2008 y P. 104.036, sent. de 11-V-2011).
IV. Finalmente, el agravio vinculado con la declaración de inconstitucionalidad de la pena perpetua, tampoco es de recibo ya que fue introducido por la defensa recién en el memorial durante el trámite casatorio (v. en especial fs. 131/134).
Adviértase que, del contenido del recurso de casación, surge que el defensor oficial -en lo que concierne a la determinación de la pena- cuestionó la valoración de ciertas pautas agravantes y reclamó la aplicación del mínimo legal de la escala penal (v. fs. 108 vta./110 vta.); es decir que no contenía aquel reclamo.
El tribunal revisor sostuvo que los nuevos motivos de agravio que habían sido introducidos por la defensa oficial ante esa instancia, eran extemporáneos. Citó en sustento el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como también diferentes precedentes de este Tribunal (v. fs. 155 y vta.).
Sintetizó que "...aquello que no fue cuestionado en el recurso originario, llega firme ante esta Sede, no correspondiendo el tratamiento de aquellos puntos de la sentencia que la parte consintió, aunque sea tácitamente, pues consentimiento implica conformidad" (fs. 155 vta.).
Lo así decidido se corresponde con el criterio de esta Corte, con arreglo al cual el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP -audiencia de informes o la presentación de memorial-) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
En tal entendimiento, le asiste razón al tribunal intermedio en cuanto a que el novedoso planteo expuesto en el memorial resulta extemporáneo (doctr. art. 451, tercer párr., CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; P. 123.704, sent. de 18-X-2018; e.o.).
Y si bien el recurrente no se apresta a invocar ningún argumento en pos de salvar la evidente extemporaneidad de su solicitud, no está de más señalar que la potestad y el ejercicio de la atribución que los magistrados poseen de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional (conf. mis votos, causas L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004; B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingo contra Municipalidad de Morón. Amparo", sent. de 5-V-2010; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; A. 70.619, "Avelleyra", sent. de 11-II-2016; e.o.), no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. mis votos, causas P. 95.853, "S., J. M.", sent. de 12-VI-2013; P. 117.284, "Selva, Karina Bibiana", sent. de 29-XII-2014; P. 102.725, "Parra, Vilma Gabriela", sent. de 24-VI-2015; P. 126.168, "Moreyra, Mario Silvestre", sent. de 5-IV-2017; e.o.).
A todo evento, la aludida pretensión de que la pena perpetua no podrá superar los veinticinco (25) años de prisión, o en su defecto deberá declararse su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena y de los fallos de la Corte Suprema de la Nación cabe inferir que -aun para el caso de las penas perpetuas- deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN "Ibáñez", sent. de 14-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 17-XII-2006 y P. 94.377, sent. de 18-IV-2007); por lo cual, no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, CPP).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron tambié
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