Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135109
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.109, "J., R. G. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 105.657 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 29 de diciembre de 2020, rechazó el recurso de la especialidad presentado por el señor fiscal general adjunto, doctor Cosme Iribarren, contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que, el 3 de julio de 2020, revocó la decisión del Juzgado de Garantías n° 3 que había desestimado el planteo prescriptivo de la defensa, y en consecuencia declaró extinguida la acción penal del delito imputado a R. G. J. tipificado como abuso sexual a persona menor de trece años agravado por resultar gravemente ultrajante para la víctima, por el vínculo, por estar encargado de la guarda y la educación y por la convivencia preexistente (v. fs. 42/44 vta.).
Contra lo así decidido, la fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Daniela Bersi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/60 vta.), el cual fue admitido por la referida sala del Tribunal de Casación Penal por resolución de 27-IV-2021 (v. fs. 64/66).
Oído el señor Procurador General, quien se pronunció por la procedencia del reclamo (v. fs. 85/87 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 89) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Daniela Bersi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denunció apartamiento de la doctrina legal del Máximo Tribunal nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulneración del principio de supremacía constitucional y errónea aplicación del art. 62 del Código Penal (v. fs. 53 vta.).
Sostuvo que el Tribunal de Casación aplicó en forma errónea la ley sustantiva (arts. 2, 62, 63 y 67, Cód. Penal) y la Constitución nacional (art. 18) al declarar la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de abuso sexual perpetrados contra una mujer cuando era menor de edad (v. fs. 50 vta.).
Adujo que dicho temperamento adoptado se encuentra claramente en contraposición con los principales tratados y convenciones de derechos humanos que el Estado argentino ha ratificado y por lo cual ha comprometido su voluntad de investigar y sancionar a los responsables (v. fs. cit.).
Explicó que el modo en que se interpretó el art. 62 del Código Penal se alza directamente contra la obligación asumida por el estado argentino al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, por cuanto el presente proceso involucra a una mujer -que al momento de la ocurrencia de los hechos- era menor de edad, presunta víctima de delitos contra la integridad sexual (v. fs. cit.).
Asimismo, incumple con el deber de garantía asumido por el país en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dada la entidad de los hechos materia de investigación; y en el punto tratándose la víctima de una niña, deben ser tenidas en cuenta las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado argentino en la investigación y sanción de estos graves hechos (v. fs. 51).
I.2. Relató la recurrente que las conductas que se le enrostran al aquí imputado R. G. J. habrían ocurrido en el interior de su domicilio de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, en varias oportunidades, en días y horarios aún no determinados, entre los años 1998 y 2006, en que abusó sexualmente de su hija D. E. J., nacida el 8 de marzo de 1996, en circunstancias en que la niña se quedaba bajo su cuidado (v. fs. 53 vta.).
Tal como se desprende de la denuncia efectuada por la señora J. el día 4 de noviembre de 2018, los hechos habrían sucedido cuando era una niña en los términos del art. 1 de la Convención de los Derechos del Niño y en atención a esa circunstancia -por su condición de niña y de mujer víctima de abuso sexual- es considerada vulnerable (v. fs. 54).
Tal quehacer fue tipificado como constitutivo del delito de abuso sexual a persona menor de trece años agravado por resultar gravemente ultrajante para la víctima, por el vínculo, estar encargado de la guarda y la educación y por la convivencia preexistente (art. 119 párrafos 1, 2 y 4, incs. "b" y "f", Cód. Penal). Oportunamente la jueza de garantías interviniente resolvió denegar el pedido de extinción de la acción penal por prescripción interpuesto por la defensa del imputado J., bajo un fundamento de carácter convencional.
La magistrada sostuvo que, si bien al momento de la comisión del hecho materia de imputación la normativa interna no contemplaba la suspensión de la prescripción durante la minoría de edad de la víctima, el Estado argentino ya había ratificado instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) y la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante los cuales asumió el compromiso de investigar delitos que afecten a niños, niñas y mujeres y garantizar un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido puntualizó que dichos compromisos asumidos por el Estado impiden priorizar una disposición de derecho interno y no acatar el mandato efectivo de la normativa internacional con jerarquía constitucional (v. fs. 54 y vta.).
I.3. Interpuesto el recurso de apelación por parte de la defensa, la Cámara de Apelación y Garantías -por mayoría- resolvió que no correspondía la aplicación de la ley 27.206 en forma retroactiva al caso sometido a decisión, puesto que violaría el principio de legalidad, por lo cual se encontraba vedada su aplicación ex post facto al no ser más beneficiosa para el imputado.
En consecuencia, el Tribunal de Alzada concluyó que la acción se encontraba prescripta, dado que la ley aplicable al caso resulta ser la 25.990, por constituir una ley más benigna en los términos del art. 2 del Código Penal, sin el tramo incorporado por la ley 27.206, invocada por el juzgador de origen. De tal modo y considerando que el hecho cesó de cometerse cuando la víctima cumplió trece años, habría prescripto el 8 de marzo de 2018 y la denuncia fue efectuada en noviembre de ese mismo año (v. fs. 55).
Para resolver en ese sentido la Cámara invocó los principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal, exponiendo que no podrían ser aplicadas al caso las leyes 26.705 y 27.206, modificatorias de los presupuestos del instituto de la prescripción de la acción penal respecto de esta clase de delitos, por tratarse de normativa más gravosa para el imputado en función de aquellas que se encontraban vigentes al momento de los hechos.
I.4. Esa decisión fue recurrida por el señor fiscal general adjunto del Departamento Judicial de San Isidro (v. fs. 55). En su presentación argumentó que debe darse estricto cumplimiento a la obligación internacional asumida por el Estado argentino al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632), así como la Convención de los Derechos del Niño, en razón de la minoridad de la niña víctima. Denunció asimismo la incorrecta aplicación de la ley penal (v. fs. cit.).
El fiscal planteó que el dictado de las leyes 26.705 y 27.206 constituyeron una acción del Congreso nacional destinada a responder a los deberes emanados de la Constitución nacional y las convenciones internacionales referidas, argumentando que el dictado de aquellas significó la positivización de derechos fundamentales que ya existían y no se encontraban garantizados (v. fs. 55 vta.).
Solicitó asimismo un control de convencionalidad y constitucionalidad entre las normas de derecho interno y las de rango internacional citadas, requiriendo un juicio de ponderación entre los derechos.
I.5. La Sala I del Tribunal de Casación rechazó el reclamo deducido al considerar que lo resuelto por la Cámara, al revocar la decisión de la instancia y declarar la extinción de la acción penal por prescripción, era derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa (v. fs. 56).
Ello así pues la retroactividad de la ley penal sólo permite su aplicación en los casos en que la norma es más benigna para el imputado, lo que, a simple vista, no es precisamente la circunstancia que rodea al presente caso.
I.6. En el remedio bajo estudio, la recurrente sostiene que en atención al principio de supremacía constitucional (art. 31, Const. nac.) y la doctrina sentada por el Máximo Tribunal las normas de inferior jerarquía deben ser interpretadas de tal modo que no violenten otras de superior jerarquía. Y si de todas las interpretaciones posibles, ninguna resultara armónica con el bloque de constitucionalidad federal, entonces tal norma debería ser declarada inconstitucional (v. fs. 56 vta.).
Cita el fallo "Ekmekdjian c/ Sofovich" de la Corte Suprema y "Almonacid Arellano vs. Chile" de la Corte Interamericana, en cuanto a que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3.1. y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1 y 25) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f"), son operativos y su cumplimiento no puede depender del dictado de leyes internas que los reglamenten (v. fs. cit.).
Puntualiza que el interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva, exigen que las normas internas sobre prescripción de la acción penal sean delimitadas en el presente caso con el fin de resguardar derechos de mayor jerarquía, por lo que consideró que se impone la continuidad de la investigación penal (v. fs. 57).
Al efecto destaca que la investigación llevada adelante aquí por el Ministerio Público Fiscal no incurrió en mora o desinterés en la persecución del delito atribuido al imputado, sino que, luego de formulada la denuncia (2018), se adoptaron diversas medidas investigativas tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de averiguación de la verdad (v. fs. 57 vta.).
Refiere que la "demora" de la víctima en realizar la denuncia responde a obstáculos estructurales dados frente a la imposibilidad de denunciar oportunamente los hechos en buena medida debido a su triple condición de vulnerabilidad: edad, género y condición de victimización temprana (100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad; v. fs. 57 vta.).
De otro lado añade que como el proceso penal se inició recientemente, en el caso no se encuentra en juego el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (v. fs. 59 y vta.).
En contraposición a ello, explica que sí está en juego el derecho de acceso a la justicia de la víctima frente a la declaración de prescripción de la acción por el mero transcurso del tiempo, en circunstancias en que aquella no tenía al alcance de manera visible y palpable el ejercicio de ese derecho.
Agrega que el juego armónico de la normativa internacional y del derecho interno, exige que frente a los delitos cometidos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes por parte de los adultos responsables que debían velar por su cuidado, se garantice a las víctimas que puedan ejercer sus derechos una vez finalizadas las circunstancias internas y externas que les impedían dar a conocer lo que desde pequeñas/os las/os había atormentado (v. fs. 59 vta.).
Resalta que "...si no hay denuncia, no hay proceso, y si no hay proceso, la idea de plazo razonable se desdibuja, ya que no hay juicio y el plazo razonable debe tenerse en consideración para tramitar el juicio; no cuando éste no está iniciado" (fs. 60).
Solicita por último se declare la arbitrariedad de la sentencia impugnada, se deje sin efecto la decisión que considera extinguida la acción penal por prescripción y se ordene la continuación de la causa.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al reclamo (v. fs. 85/87 vta.).
III. Sin embargo, el carril extraordinario incoado resulta insuficiente para revertir lo decidido (conf., mutatis mutandi , causas P. 132.967 y P. 133.029, sents. de 30-VIII-2021; art. 495, CPP).
IV. Las denuncias de violación a los arts. 19 y 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño; 4 inc. "c" y 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden prosperar (conf. art. 495, cit.).
IV.1. Cabe recordar que tal como lo puso de manifiesto el Tribunal de Casación Penal, y conforme tiene dicho esta Suprema Corte en numerosos precedentes, las leyes que regulan la prescripción de las acciones penales están alcanzadas por el principio de legalidad (conf. arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 2, Cód. Penal; causa P. 118.546, sent. de 6-V-2015, entre muchas otras, con especial sustento en arraigada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Mirás" -Fallos: 287:76-, especialmente, cons. 6° y 7° y "Arancibia Clavel" -Fallos: 327:3312-; e.o.).
A su vez, el Tribunal de Alzada, remitió a lo resuelto en el precedente n° 97.344, "Ruvituso, Omar Luis s/recurso de casación" (sent. de 26-XII-2019, reg. 1.273/19), donde se resolviera una situación idéntica a la planteada en autos, argumentando que, en el caso, mediante el cual se persigue penalmente un delito común, no se vislumbran razones para excepcionar el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.; v. fs. 43 vta.), el que solo cede frente "...a la aplicación de una ley más benigna para el imputado, de conformidad con el art. 2 del CP" (fs. cit. del voto del juez Maidana con la simple adhesión del juez Carral a fs. 44).
Por ello, concluyó que "...corresponde la aplicación del régimen de prescripción que se encontraba vigente al momento de la supuesta comisión de los hechos, y declarar extinguida la acción penal por prescripción del hecho tipificado como abuso sexual a persona menor de trece años agravado por resultar gravemente ultrajante para la víctima, por el vínculo, estar encargado de la guarda y la educación y por la convivencia preexistente" (fs. 43 vta. y 44).
IV.2. Ahora bien, conforme se advierte de la reseña de agravios, la parte dejó completamente incontrovertida esta parte del fallo, sin réplica respecto de la afectación del principio de legalidad (arts. 18, Const. nac.; 9, CADH; 15, PIDCP y 2, Cód. Penal). Por el contrario, dirigió sus críticas a sostener que no se violó el plazo razonable de duración del proceso cuando ello no tiene ninguna incidencia en la solución del caso pues la extinción de la acción penal se fundó exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos objetivos de la prescripción, regulados en los arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2, 71 inc. 1, 72 inc. 2, 119 y concordantes del Código Penal (t.o. según ley 25.990).
IV.3. De igual manera la parte insiste dogmáticamente en la responsabilidad internacional del Estado sin hacerse cargo de la colisión de derechos de idéntica jerarquía puesta de manifiesto por el sentenciante, todo lo cual pone en evidencia la insuficiencia del reclamo, al desentenderse de ese particular fundamento (art. 495, cit.).
IV.4. Tampoco explica los motivos por los cuales el Estado habría incumplido los deberes que emergen de los arts. 4 inc. "g" y 7 incs. "b", "c" y "f" de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En lo que atañe a la afectación del derecho a un recurso sencillo y rápido ante tribunales competentes (conf. art. 4 inc. "g", cit.), cuál sería la atingencia siendo que, por el contrario, la problemática que plantea el caso radica en la posibilidad de mantener la vigencia de la acción penal a pesar de haber transcurrido más de doce años desde la comisión de los hechos investigados hasta el momento en que la víctima instó la acción penal. La cita dogmática del art. 7 incs. "b", "c" y "d" tampoco resulta eficaz, pues la declaración de prescripción de la acción penal por sí misma no evidencia la violación de los deberes asumidos por el Estado. La parte debió -al menos- vincular el régimen legal de ejercicio y extinción de la acción penal dependiente de instancia privada aplicado (conf. arts. cits., Cód. Penal, t.o. 25.990) con las particularidades de lo acontecido en el expediente y dar motivos suficientes que demuestren que el plazo legal de doce años desde la comisión de los hechos no configuró un medio legal razonable para que el Estado pueda actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Por ello, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (doctr. arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:00:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:23:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:00:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:20:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:25:58 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 11:58:04 hs. bajo el número RS-17-2022 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia