Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132978
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.978, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 75.881 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Carral, Maidana .
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, integrada por los señores jueces Celesia y Ordoqui, el día 10 de agosto de 2017, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial de R. A. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro que, en cumplimiento del reenvío dispuesto por la misma Sala con distinta integración, lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. En consecuencia, luego de afirmar que se incumplió con el principio de ley más benigna (conf. art. 2, Cód. Penal), recalificó el hecho en la figura de abuso deshonesto y declaró la prescripción de la acción penal (conf. arts. 127, 59 inc. 3 y concs., Cód. Penal, t.o. según ley 23.077; v. fs. 45/49).
El señor Fiscal ante la aludida instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/63).
El órgano revisor admitió la impugnación en orden a la denuncia de arbitrariedad en la aplicación del art. 2 del Código Penal (v. fs. 93/95 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 116/124 vta., dictada la providencia de autos a fs. 126 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, denunció arbitrariedad en la interpretación del art. 2 del Código Penal, lo que derivó en la inobservancia del art. 119, segundo párrafo del Código Penal (t.o. según ley 25.087) y en la errónea subsunción de los hechos en la figura de abuso deshonesto con la consiguiente declaración de prescripción de la acción penal (v. fs. 55).
De seguido, describió el hecho que se tuvo por acreditado: "...en la finca de la calle [...] de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, específicamente en la zona del pasillo que une el baño con la cocina de dicha vivienda, el imputado M. abusaba sexualmente y lo hizo al menos en 15 oportunidades, de P. L. A., nacida el 24 de abril de 1990, entre los años 1998 y 2000, los abusos consistían en que cuando la menor salía de la pieza y se dirigía al baño la llamaba y aprovechándose de su preponderancia de edad y vínculo familiar que tenía con esta la arrinconaba contra la pared y allí comenzaba a besarla en la boca introduciéndole la lengua y también la manoseaba en la zona vaginal [...] introduciéndole los dedos en la misma zona" (fs. 60 y vta.).
Explicó que la prolongación de los acontecimientos durante aproximadamente dos años (1998-2000) exige subsumirlos en el segundo párrafo del art. 119 del Código Penal que establece la agravación del abuso sexual "por su duración" (t.o. según ley 25.087, B.O. de 14-V-1999; v. fs. 60 vta.).
Afirmó que "No nos encontramos entonces en la hipótesis del art. 2 del [Código Penal], que plantea únicamente un supuesto de un cambio de leyes entre el tiempo de comisión del delito y el de la condena o, eventualmente, el intermedio. Ni tampoco en los del art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del art. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues en dichos instrumentos se habla del 'momento de la comisión del delito' pero nada dicen si este momento se prolonga y rigen dos leyes distintas. Tenemos, pues, que dicha situación no está expresamente contemplada en el art. 2 del [Código Penal] que establece el principio de la ley más benigna, por lo que tal garantía no está en juego en el presente caso" (fs. 61 y vta.).
A continuación, manifestó que, teniendo en consideración "...la naturaleza jurídica del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración" se da un caso de coexistencia de leyes. A su entender, la Corte nacional se expidió sobre este tipo de casos en el fallo "Jofré" (sent. de 24-VIII-2004), al resolver que "Como una sola de estas leyes es la que se debe aplicar -porque uno es el delito cometido- [...] estamos ante un concurso aparente de tipos penales, pues necesariamente uno debe desplazar al otro, y en tal caso, debe primar la vigente en el último tramo de la conducta punible" (fs. 61 vta.). Resaltó que M. continuó ejecutando la conducta disvaliosa durante la vigencia de la ley 25.087 (B.O. de 14-V-1999) por lo que esta es la que debe aplicarse al caso. En su apoyo, recordó que la ley se reputa conocida por todos (conf. art. 20, Cód. Civ.) y que la norma posterior deroga a la anterior (v. fs. cit.).
Agregó que si en el caso de una "...acción continuada se modifica la ley durante la comisión del hecho, en razón [de] que esta forma delictual debe apreciarse jurídicamente como una acción, solo puede aplicarse la ley vigente al momento de realizarse el último acto del delito" (fs. 61 vta. y 62). A su entender, esta interpretación no viola el principio de ley más benigna ni el de interpretación restrictiva (v. fs. 62).
A su vez, manifestó que tampoco se afecta el principio de culpabilidad ni el de igualdad ante la ley pues no puede equipararse la situación de quien cesó de cometer el delito una vez que la conminación penal se tornó más severa con la de quien continuó con la ejecución a pesar de ello (v. fs. cit.).
Finalmente, dijo que teniendo en consideración que las conductas delictivas cesaron en el año 2000, aquí debe ubicarse el momento de comisión del delito; de ahí que encontrándose vigente para ese entonces la ley 25.087, los hechos debieron encuadrarse en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración.
Por todo lo expuesto, concluyó que desde el año 2000 (momento en que dejó de cometerse el delito) hasta el 2007 (año en que se hizo la denuncia) no transcurrió el plazo legal del art. 62 del Código Penal.
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso deducido (v. fs. 116/124 vta.).
III. No coincido con lo dictaminado, en tanto considero que la denuncia de arbitrariedad en la aplicación del art. 2 del Código Penal es improcedente (art. 496, CPP).
IV. Previo a ingresar al fondo del reclamo resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
IV.1. Con fecha 4 de diciembre de 2013, se celebró audiencia de juicio oral ante el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
En lo que aquí importa, del acta de debate surge que en los alegatos de cierre la Fiscalía solicitó la condena de M. por resultar autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización (introducción de dedos en la vagina de la víctima). Por su parte, la defensa oficial peticionó la absolución por falta de prueba suficiente y, en subsidio, requirió la subsunción de los hechos en la figura de abuso sexual simple (art. 119, primer párr., Cód. Penal, t.o. según ley 25.087; v. fs. 15/18, legajo 63.816).
El tribunal, en esa misma fecha, hizo un anticipo de veredicto y declaró la prescripción de la acción penal. En primer lugar, anuló parcialmente la acusación fiscal por haber ponderado un hecho nuevo (introducción de dedos en la vagina) que no había sido considerado al momento de la requisitoria ni en los lineamientos de apertura (v. fs. 18). Descartado ese tramo de la acusación, afirmó que el señor Fiscal no explicó cuáles fueron las circunstancias que tornaron gravemente ultrajante el abuso sexual. Por tales motivos, subsumió los hechos en la figura de abuso sexual simple prevista en el art. 119, primer párrafo del Código Penal y declaró la prescripción de la acción penal (v. fs. 18 y vta.).
En el veredicto, se relató el hecho imputado por el señor Fiscal: "...en la finca de la calle [...] de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, específicamente en la zona del pasillo que une el baño con la cocina de dicha vivienda, el [...] imputado M. abusaba sexualmente y lo hizo al menos en 15 oportunidades de P. L. A., nacida el 24 de abril de 1990, entre los años 1998 y 2000, los abusos consistían en que cuando la menor salía de la pieza y se dirigía al baño la llamaba y aprovechándose de su preponderancia de edad y vínculo familiar que tenía con esta la arrinconaba contra la pared y allí comenzaba a besarla en la boca introduciéndole la lengua y también la manoseaba metiéndole la mano [...] [en] la zona vaginal e introduciéndole los dedos en la misma zona..." (fs. 19 y vta.).
Sentado ello, se afirmó que, si bien con la prueba producida en el juicio se acreditó la materialidad ilícita, salvo lo que respecta a la introducción de los dedos en la zona vaginal -tramo de la acusación anulado-, la calificación correcta es la de abuso sexual simple ya que no se demostró que la duración o circunstancias de realización sobrepasaran la figura básica (conf. art. 119, Cód. Penal, t.o. según ley 25.087; v. fs. 19 vta./29 vta.).
El Ministerio Público Fiscal presentó recurso de casación.
IV.2. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, integrada por los señores jueces Mancini y Mahiques, el día 21 de octubre de 2014, hizo lugar al recurso fiscal (v. fs. 54/58 vta., legajo 63.816).
En primer lugar, revocó la nulidad parcial de la acusación por considerar que el hecho no varió de manera esencial, sino que fue descripto con más detalle. Agregó que la "...mayor precisión (en este caso, la introducción de un dedo) no refirió a particularidades que [...] tuvieran relevancia típica ya que la condición de gravemente ultrajante se basó en la duración temporal que la figura agravada contempla. Además, la circunstancia vinculada con la introducción de los dedos del imputado en la vagina de la damnificada no configura un hecho diverso al intimado [...] como tampoco constituye de por sí una agravante de la calificación legal" (fs. 55 vta. y 56).
De seguido, afirmó que el hecho descripto por la acusación debe tenerse por demostrado y subsumirse en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante (conf. art. 119, segundo párr., Cód. Penal, t.o. según ley 25.087; v. fs. 56/57). Explicó que la duración de aproximadamente dos años que tuvo el abuso sexual permite por sí encuadrar el hecho en el art. 119, segundo párrafo del Código Penal en tanto agrava el abuso sexual "por su duración". Agregó que también resultan típicamente relevantes las circunstancias de su realización en tanto deben evaluarse la edad de la víctima (entre ocho y diez años), la diferencia con la edad del imputado (que tenía veinticuatro años) y la cercana relación que los vinculaba (era la pareja de una de las hermanas de la víctima; v. fs. 57 y vta.).
Por tales motivos, afirmó que desde la fecha de la comisión del hecho (entre los años 1998 a 2000) hasta el primer llamado a declaración indagatoria (17 de septiembre de 2009) no transcurrió el plazo del art. 62 del Código Penal (v. fs. 57 vta.).
En definitiva, revocó la nulidad parcial de la acusación fiscal, así como la declaración de prescripción de la acción penal y reenvió las actuaciones para que se dictara "...veredicto a partir del nivel de la autoría responsable que le viene imputada a M. y, de corresponder, sentencia a partir de la calificación legal, la cual tanto como la exteriorización material del hecho ya quedaron [...] resueltas" (fs. 57 vta.).
IV.3. El señor defensor oficial, doctor Mario Luis Coriolano, luego de tomar conocimiento de la voluntad impugnativa de su asistido, hizo reserva de recurrir la calificación legal asignada por quebrantar el principio de legalidad (art. 18, Const. nac.; v. fs. 66/67).
IV.4. El día 25 de noviembre de 2015, el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro -con nueva integración-, en cumplimiento del reenvío, celebró audiencia de juicio oral (v. fs. 1/3 vta.).
En lo que aquí importa, descartó la cuestión previa planteada por la defensa oficial relativa a la afectación del art. 2 del Código Penal por haberse aplicado una ley posterior más gravosa (ley 25.087) y recordó que la calificación legal ya había sido resuelta por el Tribunal de Alzada.
IV.4.a. El día 2 de diciembre de 2015, dictó veredicto (v. fs. 4/9).
En primer lugar, recordó que conforme el pronunciamiento dictado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal, se tuvo por debidamente acreditada la materialidad ilícita.
En segundo término, aclaró que la tarea a cumplir se circunscribió exclusivamente a determinar la autoría o participación del imputado en los hechos. Destacó que luego de ponderar su descargo y la prueba testimonial incorporada por lectura -aclarando que "...por expresa opción ejercida por la [a]cusación y la [d]efensa, no medió contacto directo de los Juzgadores con la ofendida, como tampoco con otros testigos"-, se acreditó debidamente la autoría de M..
IV.4.b. En esa misma fecha, dictó sentencia (v. fs. 10/12).
En cuanto a la calificación legal, afirmó que los hechos deben encuadrarse en el art. 119, párrafo segundo del Código Penal (t.o. según ley 25.087), "...significación jurídica que ha sido incuestionablemente considerada por el Tribunal de Casación...".
Finalmente, condenó a M. a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
IV.5. Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso de casación, en el que, entre otros agravios, denunció la violación del art. 2 del Código Penal por considerar que correspondía subsumir los hechos en el art. 120 del mismo ordenamiento (t.o. anterior a la ley 25.087) y declarar la prescripción de la acción penal (v. fs. 19/23 vta.).
IV.6. El día 10 de agosto de 2017, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, integrada por los señores jueces Celesia y Ordoqui, hizo lugar al recurso de la defensa. En consecuencia, casó el fallo por inobservancia del art. 2 del Código Penal y declaró extinguida la acción penal por prescripción en orden al delito de abuso deshonesto (conf. arts. 127, 59 inc. 3 y concs., Cód. Penal, t.o. según ley 23.077; v. fs. 45/49).
En primer lugar, recordó el hecho que se tuvo por acreditado en la sentencia de condena (v. pto. IV.4.a.) y afirmó que la calificación legal asignada (art. 119, segundo párr., Cód. Penal, t.o. según ley 25.087) es desacertada pues "...en cuenta de la extensión temporal que abarcó la perpetración de los hechos (del año 1998 al 2000), debió advertirse [que] en ese lapso existió una sucesión de leyes que captaban las conductas disvaliosas de autos, situación que correspondía resolver aplicando el art. 2º del Código Penal, en cuanto establece la aplicación de la ley más benigna" (fs. 47).
Consideró que la materialidad ilícita que se tuvo por demostrada debe subsumirse en el art. 127 del Código Penal (t.o. anterior a la ley 25.087) por ser la ley más benigna. Puntualizó que dicha norma no contempla como agravantes circunstancias vinculadas con la duración del abuso y que la pena prevista es menor.
Por tales motivos, tomando en consideración que la causa se inició por la denuncia efectuada el día 27 de noviembre de 2007 respecto de hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000, en función de la calificación legal asignada (art. 127 cit.), transcurrió el plazo establecido en el art. 62 inc. 2 del Código Penal, según la ley 23.077 (v. fs. 47 vta. y 48).
En definitiva, casó el fallo por inobservancia del art. 2 del Código Penal y declaró la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de abuso deshonesto (v. fs. 49).
El día 19 de febrero de 2018, el señor Fiscal ante la aludida instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/63).
V. Ahora bien, de la reseña del trámite del expediente se advierten déficits procesales relevantes tanto en el accionar de las partes como en el de los órganos juzgadores que, si bien no incidirán en la solución del caso pues el principio que prohíbe la reformatio in pejus impide a este Tribunal adoptar medidas en contra del encausado cuando a pesar de que haya un recurso fiscal estas no hayan sido requeridas (conf. art. 18, Const. nac.), no pueden dejar de señalarse en función de su importancia.
V.1. Como primer punto, los términos en los que la Sala II del Tribunal de Casación Penal ordenó el reenvío para la celebración de un nuevo juicio oral (v. pto. IV.2.) quebrantaron el orden lógico y secuencial de las cuestiones a tratar en el veredicto y sentencia y dificultaron al señor juez del reenvío dar acabado cumplimiento a las garantías del debido proceso y la imparcialidad del juzgador (conf. art. 18, Const. nac.).
En efecto, por un lado, el tribunal de primera instancia tuvo que celebrar un nuevo juicio con cuestiones del veredicto -materialidad ilícita- y de la sentencia -calificación legal- ya establecidas por la casación, lo que acotó en extremo y de manera desordenada (conf. arts. 374 y 375, CPP, en sentido contrario) su ámbito de decisión. Por otra parte, en el juicio oral se incorporó por lectura la totalidad de la prueba, circunstancia que puso en tensión el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción (v. pto. IV.4.).
V.2. En segundo lugar, las problemáticas vinculadas a la aplicación de la ley en el tiempo y el pedido de subsumir los hechos en la figura de abuso deshonesto (conf. art. 127, Cód. Penal, t.o. anterior a la ley 25.087) no fueron planteadas debidamente.
Nada se dijo durante el primer juicio oral -pareciera que tampoco durante la investigación penal preparatoria, piezas que no constan en el legajo casatorio- (v. pto. IV.1.). El agravio se introdujo por primera vez en la celebración del segundo juicio oral y fue correctamente desestimado por el órgano de mérito con el argumento de que la calificación legal había sido fijada por el Tribunal de Casación (v. pto. IV.4.).
VI. Sin perjuicio de los defectos procesales señalados y dado que -reitero- no resulta posible adoptar ningún temperamento pues ello implicaría exceder la jurisdicción de esta Corte en perjuicio del imputado que llegó absuelto a esta instancia (conf. art. 18, Const. nac.), se examinará el fondo del reclamo.
El punto a dirimir en la presente consiste en determinar de qué manera debe interpretarse el art. 2 del Código Penal en cuanto establece "la ley vigente al tiempo de cometerse el delito" cuando se trata de un "delito continuado", cometido entre los años 1998 y 2000, período de tiempo durante el cual el Código Penal fue modificado por la ley 25.087 (B.O. de 14-V-1999) lo que impactó directamente en la calificación legal de los hechos.
Ahora bien, teniendo en consideración que el delito continuado no tiene recepción legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por ser producto de una creación jurisprudencial y doctrinaria, consecuencia lógica de ello es que dicha situación no fue prevista expresamente por el legislador en el texto del citado art. 2, configurándose un caso de difícil solución.
Frente a ello, se impone realizar una interpretación razonable de la norma que permita resolver el caso de manera armónica con los principios constitucionales de legalidad y ley más benigna (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 9.1, CADH; 15.1, PIDCP y 2, Cód. Penal).
Pero antes resulta necesario efectuar algunas aclaraciones sobre el delito continuado y las consecuencias que tuvo su aplicaci
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.