Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136087
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Juan Alberto Bottegal, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.087, "S., M. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 101.682 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de marzo de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de M. D. S., contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de abuso sexual agravado por ser un sometimiento gravemente ultrajante y por el vínculo -víctimas I. L. S. y M. M. S.-, abuso sexual agravado por ser un sometimiento gravemente ultrajante, por ser el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años -víctima L. B. C.-, todos en concurso real entre sí; y en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por el vínculo -víctimas I. L. S. y M. M. S.-, y promoción de la corrupción de menores agravada por ser el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años -víctima L. B. C.-, a su vez en concurso real entre sí.
Contra esa decisión, el defensor particular del imputado, doctor Juan Alberto Bottegal, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal de Alzada por resolución del 7 de diciembre de 2021 lo declaró parcialmente admisible, sólo en cuanto denuncia la inobservancia o errónea aplicación del art. 125 del Código Penal (v. fs. 118/120 vta.).
Frente a ello, la parte no dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. A tenor del alcance de la resolución de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley solo corresponde analizar el agravio relativo a la denuncia de infracción de la ley sustantiva (art. 125, Cód. Penal), habiendo quedado marginados de dicho examen los restantes planteos federales, sin que la defensa dedujera recurso de queja contra esa decisión.
I.2. Sentado ello, dicha parte objeta que la conducta atribuida a S. encuadre en el delito de corrupción de menores, pues -en su opinión- no se acreditó la concurrencia de todos los elementos típicos que reclama esa figura penal.
Pone de manifiesto, luego de transcribir pasajes del fallo impugnado, que "...no todos los actos de abuso sexual necesariamente reúnen los requisitos del tipo en cuestión, pues de lo contrario las diversas formas de abuso sexual inevitablemente llevarían incursa la corrupción".
Razona que cualquier hecho contra la integridad sexual tiene potencialmente la capacidad de producir graves trastornos en la psiquis de la víctima, pero no es eso lo que exige el mentado art. 125 del Código Penal.
Asevera que no se ha demostrado en autos que la conducta desplegada por S. haya sido objetivamente idónea para corromper la sexualidad de las víctimas, "...ni mucho menos que el imputado haya tenido en miras la posibilidad de depravar a la víctima".
Agrega que "...el solo hecho de que la víctima del abuso sea sometida a tocamientos sexuales prematuros no alcanza para configurar el delito de corrupción aunque se hubieran registrado algunos trastornos consecuentes en la psiquis de la víctima, si no median, a su vez, otros elementos que permitan establecer que el autor procuró, a través de actos idóneos, instalar en ella una determinada práctica en ese sentido".
Explica que desde el punto de vista subjetivo se requiere la acreditación del conocimiento y la voluntad del autor de provocar el peligro de depravación en el sujeto pasivo. Es decir, debe estar en sus planes la concreción de ese estado o bien la aceptación de la posibilidad de que ello ocurra utilizando esas actividades como medios.
En su parecer, la decisión del órgano casatorio resulta solo una reiteración de los fundamentos expuestos por el tribunal de grado, lo que resulta arbitrario por falta de análisis, dando a la cuestión una fundamentación aparente.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso.
Coincido en que el recurso no prospera.
III.1. El tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que durante el año 2005 y hasta el año 2012, en distintas oportunidades, en la vivienda ubicada en la calle … … n° … -entre Sáenz Peña y José María Paz- de la localidad de Moreno, partido del mismo nombre, y en la casa de la calle José Ingenieros del barrio Marín, de General Rodríguez, M. D. S. abusó sexualmente de los menores L. B. C. -quien contaba en esa época entre seis y doce años de edad- e I. L. S. y M. M. S. -desde muy temprana edad, sin poder precisarse la misma, y hasta sus seis y siete años respectivamente-, cuando el agresor se encontraba a solas con los infantes. Los actos abusivos perpetrados consistieron en practicarle sexo oral a la niña L. B. C. y obligarla a que esta se lo practicara a su vez; masturbarse y apoyar su miembro viril en el cuerpo de aquella eyaculando en su espalda para luego esparcir el semen en distintas partes; y tocamientos en la zona vaginal, todo lo cual se reiteró en el tiempo, cuando la progenitora de la víctima no se hallaba en la casa, y valiéndose de amenazas ("matar a su madre y a sus hermanitos"). Asimismo, respecto de los niños I. L. S. y M. M. S., el acusado los obligaba a que se practicaran sexo oral entre ellos, y hacerlo de igual forma a los perros que se hallaban en la vivienda; los tocaba en sus zonas genitales cuando los higienizaba y a I. L. S. le llegó a introducir un palo en el ano, así como otros objetos. Aseveró el sentenciante que dichos actos abusivos, repetidos y desplegados en el tiempo, constituyeron una conducta que tenía por finalidad alterar el normal desarrollo de la sexualidad tanto de sus hijos como de la hija de su pareja, teniendo especial consideración no sólo las características apuntadas sino la edad de los menores agredidos (primera cuestión del veredicto).
Consideró al imputado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por ser un sometimiento gravemente ultrajante y por el vínculo -víctimas I. L. S. y M. M. S.-, abuso sexual agravado por ser un sometimiento gravemente ultrajante, por ser el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años -víctima L. B. C.-, todos en concurso real entre sí; y en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por el vínculo -víctimas I. L. S. y M. M. S.-, y promoción de la corrupción de menores agravada por ser el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años -víctima L. B. C.-, a su vez en concurso real entre sí (arts. 40, 41, 45, 54, 55, 119 segundo y cuarto párrafo incs. "b" y "f" y 125 primero y tercer párrafo, Cód. Penal).
III.2. Frente a ello, la entonces defensa oficial del imputado S., en lo que importa, se quejó de la aplicación del delito de corrupción agravada (art. 125, Cód. Penal) por entender que no se había determinado cuál de las formas que prevé la ley resulta aplicable al caso, sea como facilitación o promoción. Denunció que no se había verificado el elemento subjetivo de la figura legal. Solicitó la absolución de su asistido respecto a este ilícito.
III.3. El Tribunal de Casación, en lo que importa, rechazó los agravios de la defensa encaminados a cuestionar la calificación legal del delito de corrupción de menores.
Señaló, en primer término, que el órgano de mérito valoró la declaración de la damnificada L. B. C., recibida en la audiencia de debate, quien brindó detalles relativos a los actos abusivos perpetrados por el acusado, quien era "su padrastro [y padre de] sus hermanos". Puntualizó las ocasiones en que fue sometida sexualmente, los lugares de la casa donde tuvieron lugar los abusos y las oportunidades que S. aprovechaba para agredirla: "...la tironeaba del brazo a la cama, ella le decía que no quería, la obligaba a chuparle el pene y no quería [...] Le hacía poner su ropa favorita o la ropa de su mamá, sin ropa interior y la hacía desfilar [...] la hacía ponerse en cuatro, y le frotaba su pene con sus partes, tiraba todo su semen en su espalda y lo esparcía [...] abrió sus glúteos y acabó allí [...] tenía once años, estaba muy asustada [...] él la amenazaba te voy a matar a tu mamá, o a tus hermanitos [...] le tocaba la vagina o le metía los dedos".
Asimismo, se meritó la grabación de Cámara Gesell, a los menores I. L. S. y M. M. S., ambos hijos del imputado. El primero de ellos contó que "...él [en referencia al imputado S.] nos hacía chuparle el pito [...] la última vez me puso un palo en el culo...les decía que le toquemos el pito, y él nos tocaba a nosotros [...] me llevó a su cama...y me dijo dame un beso I., y le salió un líquido raro blanco...le salió del pito [...] le decía que chupemos el pito a un perro...que violemos al perro...tenían dos perros [...] nos hacía chuparnos el pito entre M. [su hermano] y yo [...] nos hacía de todo [...] una vez tuve que chuparle el culo al perro...". El menor de los hermanos varones, M. M. S. también declaró bajo el mecanismo citado: "...los hacía hacer cosas, los hacía que se chupe el pito entre él y mi hermano [...] les hacía chuparle el culo y el pito al perro, y él se quedaba mirando, les pegaba para que no les digan nada a su mamá [...] nos hizo meter el dedo a mi perro".
Remarcó que el juzgador entendió que los datos aportados por los niños resultaban concordantes entre ellos, siendo creíbles y sinceros en sus relatos y ponderando que habían brindado gran cantidad de detalles contextualizados sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Tuvo en consideración que también fue valorada la declaración de M. A. F. -madre de los menores agredidos- quien, en la audiencia de juicio, narró de manera pormenorizada la forma y las circunstancias en que tomó conocimiento de los sucesos abusivos, de las amenazas que M. S. había dirigido a su hija L., la denuncia efectuada oportunamente y lo que escuchó de boca de sus hijos más chicos en cuanto a las prácticas sexuales con animales a que el acusado los obligaba. Incluso "...descubrió que M. le chupaba el pene a I. [...] en la habitación de ellos". Señaló los aspectos violentos de la relación que la unía con el imputado y rememoró con detalle la ocasión en que este la prendió fuego, producto de lo cual tuvo el cuarenta por ciento de su cuerpo -incluyendo brazos, cuello y la cara- quemado.
Agregó los dichos en el debate de la psicóloga Andrea Laura Gallo, quien expuso acerca de las condiciones en que habían declarado los menores I. y M., los hechos narrados por los infantes y, por último, detalló aquellos aspectos que rodeaban de credibilidad a las declaraciones de los niños: "...no se trataba de relatos breves sino con muchos detalles, se verificaron los criterios de validez, los abusos relatados eran creíbles, no eran narraciones inventadas y cumplían con las pautas de veracidad".
También, computó las manifestaciones de la psicóloga licenciada Raquel Elena Disefeld, que trató a los niños durante un tiempo prolongado y escuchó de los menores las narraciones de las prácticas sexuales entre ellos y con animales, y los profundos síntomas y secuelas que pudo verificar en ambos. Se explayó respecto de los test administrados y consignó no haber hallado indicadores de fabulación ni relatos construidos.
Explicó que se determinaron un cúmulo de elementos que sustentaban la mentada calificación, a saber: que la descripción de los hechos que se hiciera ya durante la Investigación Penal Preparatoria, y que el representante del Ministerio Público Fiscal expusiera en la etapa del juicio, era precisa en cuanto a que los actos abusivos perpetrados por S. hacia los menores llevaban a alterar el normal desarrollo psicosexual de las víctimas. Que dichos actos, teniendo en cuenta la edad de los menores agredidos y las características de excesos, perversidad, humillación entre los niños, inclusión de animales en actos sexuales forzados, entre otros ya relatados, evidenciaban una clara intención en el sujeto activo, que conllevaba a que inexorablemente se trastocara el normal desarrollo de los damnificados en la esfera psicosexual.
Indicó el revisor que el delito en trato no requiere la precisa verificación del estado de corrupción, sino que este se promueva o facilite a través de la conducta del agente, con independencia de que aquella se logre o no. Manifestó que este tipo de delitos se consuma al amparo de la intimidad, no requiere un dolo directo de corromper, ya que es formal de simple actividad y atiende al peligro que para las víctimas entraña el acto corrupto con independencia de sus resultados, "...siendo típicos los actos idóneos, como lo fueron, para tales fines".
Recordó que el actual ordenamiento "…suprimió el dolo específico, sobre cuya base se montara el agravio, siendo el mismo genérico, y consistente en la consciente y voluntaria actuación del autor en procura de la depravación de la víctima".
Aseveró que las probanzas que formaron convicción cargosa en el sentenciante, ilustran la entidad corruptora de las conductas de S. a través de las diversas prácticas abusivas con las tres víctimas menores. Ello, concluyó, refleja sin lugar a dudas el dolo de corromper que contiene la figura en cuestión.
IV. Frente a lo así fallado se advierte conforme lo marcó el señor Procurador General, que la defensa incurre en un viraje argumental que obsta a la procedencia de su reclamo (doctr. art. 451, CPP).
Nótese que en el recurso de casación la defensa oficial se disconformó con la aplicación del delito de corrupción de menores agravada y planteó que no correspondía encuadrar los sucesos en la figura prevista en el art. 125 del Código Penal por considerar que no estaba acreditado el aspecto subjetivo de la figura (dolo específico). Sin embargo, ahora la defensa particular centra sus críticas en que la conducta desplegada por S. no fue objetivamente idónea para corromper la sexualidad de las víctimas, cuando ello no estuvo en el foco de sus objeciones.
No obstante, cabe destacar que, en línea con lo decidido, tiene dicho esta Corte que "...no teniendo el art. 125 del Código Penal por núcleo la referencia a quien corrompiere sino a quien 'promoviere' o 'facilitare' la corrupción, el tipo no requiere, entonces, que se produzca la concreta corrupción. Pero, en el otro extremo, no basta con la pura actividad de ejercitar actos idóneos para corromper. Promover significa 'iniciar', 'comenzar', 'empezar', 'dar principio a una cosa', 'adelantar' algo -'procurando su logro'-, 'mover', 'llevar hacia delante'. De modo que para perfeccionarse este núcleo no es necesario que se concrete la corrupción, pero no es suficiente que se realicen actos idóneos para ello: se requiere que el autor inicie (comience, empiece, dé principio, mueva, lleve hacia adelante) la corrupción del sujeto pasivo. Y facilitar significa crear las condiciones para que ello sea posible o pueda hacerse 'sin mucho trabajo' o pueda 'suceder con mucha probabilidad'" (conf. causas P. 117.524, sent. de 1-VII-2015; P. 131.393, sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
Por todo lo expuesto y de conformidad con la plataforma fáctica que arriba firme a esta instancia, el recurso no prospera pues no logra desbaratar la calificación legal asignada (doctr. art. 495, CPP). Es que tanto el aspecto objetivo sobre prácticas sexuales abusivas que, por las características de su realización -perversión, humillación, prácticas entre hermanos y con participación de animales-, como el conocimiento del autor (dolo) respecto de tales circunstancias (aspecto subjetivo), permiten concluir en la concurrencia de sus presupuestos típicos.
En consecuencia, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (doctr. art. 496, CPP).
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Juan Alberto Bottegal, por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2022 13:54:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2022 14:09:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 12:41:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:00:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:53:45 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 10:22:59 hs. bajo el número RS-151-2022 por SP-VARVERI LUCIANO JOSE.
Fin de la sentencia