Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 136892
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Marcos Alexis Segovia Ducek, con costas (art. 495 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.892, "Segovia Ducek, Marcos Alexis s/ Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 102.393 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria , Torres, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas, se desprende que el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dictó sentencia unificadora por la cual condenó a Marcos Alexis Segovia Ducek a la pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas.
Tal determinación resultó comprensiva de la condena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, que se le impusiera en esta causa (n° 2.338-1 del registro de ese tribunal), en orden a los delitos de encubrimiento agravado por provenir de un delito especialmente grave y actuar con ánimo de lucro, en concurso real con resistencia a la autoridad en concurso ideal con abuso de armas agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad (hecho I); y robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por haberse perpetrado en lugar poblado y en banda, secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de una de las víctimas y por la participación de tres o más personas, resistencia a la autoridad, abuso de armas doblemente calificado por el fin de procurar la impunidad para sí y por el carácter de miembros de las fuerzas policiales de las víctimas, y tenencia ilegítima de arma de guerra (hecho II), ambos hechos en concurso real entre sí. Y, asimismo, la condena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, recaída en la causa n° 4.375 del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, en la que se lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita y robo agravado por el empleo de armas, por su comisión en lugar poblado y en banda y por la causación de lesiones gravísimas, ambos en concurso real (cfr. arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 54, 55, 58, 105 en función del art. 80 incs. 6 y 7, 166 incs. 1 y 2, 167 inc. 2, 170 incs. 1 y 6 -texto según ley 25.742-, 189 bis cuarto párr. -texto según ley 25.086-, 210, 239 y 277 incs. 1 apdo. "c" y 2 apdos. "a" y "b" -texto según ley 25.246-, todos del Cód. Penal).
La defensa de Segovia impugnó esa decisión y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 29 de diciembre de 2020, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto.
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 18-II-2022); el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del día 14 de junio de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 15-II-2023), dictada la providencia de autos el día 16 de febrero de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció la errónea aplicación de los arts. 40, 41, 55 y 58 del Código Penal, afectación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, y la finalidad y readaptación social del condenado, al dictarse un pronunciamiento arbitrario (arts. 1, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac.; XXVI, DADDH; 8.2 "h" y 5.6, CADH; 14.5, PIDCP y 11, 15 y 25, Const. prov.).
Luego de una reseña de las sentencias condenatorias firmes por hechos que fueron juzgados por separado, el recurrente repasó la situación procesal de Segovia Ducek y sostuvo que -en el caso- debían unificarse dos condenas, una de diecisiete años de prisión y otra de trece años de prisión, con dos atenuantes y con tres agravantes. Recordó que el señor agente fiscal requirió la imposición de una pena única de veintisiete años de prisión -con precisión de agravantes y ninguna atenuante-; el imputado -por derecho propio con patrocinio letrado del señor defensor oficial-, consideró que debía imponerse una pena única de veinte años de prisión (conf. art. 55, Cód. Penal); finalmente, detalló que el tribunal de la instancia impuso una pena única de veinticinco años de prisión.
Refirió que el Tribunal de Casación no subsanó los déficits en el procedimiento de construcción de la pena única que se reclamaba, sino que, por el contrario, la confirmó pese a la falta de fundamentación y a remitirse en modo literal a los fundamentos aparentes dados en el fallo recurrido.
Afirmó que se desconocen los motivos que desembocaron en la imposición en concreto de una pena única de veinticinco años de prisión, y ello -a su juicio- es razón suficiente para declarar la nulidad de la sentencia revisora. A su vez, destacó las dificultades interpretativas que genera la aplicación del art. 58 del Código Penal las cuales fueron remarcadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. CSJN Fallos: 331:2343).
Reiteró que los hechos por los que se juzgó a Segovia estaban unidos materialmente y constituían un concurso real, pero se juzgaron separadamente en violación de las reglas de la mentada modalidad concursal, subsumiéndose el caso en los términos del art. 58 del Código Penal que establece la unificación de condenas "...cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación a dichas reglas"; y citó, en sustento de su postura, el precedente P. 94.132, sentencia de 10-VI-2009 de esta Suprema Corte.
Por lo expuesto, solicitó que se case la sentencia impugnada por errónea aplicación de los arts. 40, 41 y 58 del Código Penal en virtud de la falta de adecuada fundamentación y violación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad. Y, en ese marco, que se reenvíen los autos a la instancia anterior para que -previa audiencia de visu - imponga una sanción respetuosa de las garantías constitucionales mencionadas.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo del recurso interpuesto. Postura que comparto.
III. El embate relativo a que el tribunal casatorio dictó una sentencia arbitraria que confirmó un pronunciamiento que impuso como pena única veinticinco años de prisión, sin reparar en los planteos de esa defensa ni en la naturaleza de la unificación, no es de recibo.
III.1. Conforme surge de la reseña de antecedentes, el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Lomas de Zamora, a fin de atender el pedido fiscal, dictó sentencia de unificación de penas en el marco de la causa n° 2.338-1, y condenó a Marcos Alexis Segovia a la pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas (v. archivo digital adjunto -fs. 62 a 92 vta.- en oficio de 24-VI-2022).
III.2. En el recurso de casación, la defensa oficial denunció la inobservancia del art. 371 cuarto párrafo incs. 4 y 5 del Código Procesal Penal; la inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal y la errónea aplicación de los arts. 55 y 58 del citado Código fondal; además alegó la inobservancia del art. 5 inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; cuestionó la pena impuesta pues -a su juicio- se habría tratado de una unificación de sentencias, supuesto en el cual al menos dos hechos, en concurso real, debieron haber sido juzgados por un mismo tribunal, pero por alguna razón, fueron dictadas sentencias condenatorias por ante diversos tribunales y ambas adquirieron firmeza; destacó que los ilícitos fueron todos cometidos previos a la primera sentencia, concurriendo materialmente, por lo que ambos pronunciamientos se dictaron en violación de las reglas del concurso. Consideró que el caso debió resolverse aplicando las reglas relativas al concurso real de delitos en los términos del art. 55 del Código Penal; y que se utilizó el método de suma aritmética, imponiendo una pena en violación de la finalidad de la pena como reforma y readaptación social de los condenados.
Afirmó además que el quantum punitivo no fue suficientemente fundado, en tanto el tribunal efectuó una remisión genérica a los arts. 40 y 41 del Código Penal y a las pautas atenuantes y agravantes oportunamente mensuradas, violando de ese modo la culpabilidad y el grado de injusto cometido.
Explicó que esa parte había solicitado una pena de veinte años de prisión y acompañó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura (v. archivo digital cit.).
III.3. A su turno, el Tribunal de Casación Penal abordó el recurso deducido por la defensa y -por mayoría- lo desestimó (v. archivo digital -fs. 93 a 122 vta.- en oficio de 24-VI-2022).
El señor juez Borinsky, quien votó en segundo término pero obtuvo la adhesión del señor juez Maidana -tercer voto-, sostuvo que "...la sentencia de grado parte del respeto de las ilicitudes verificadas en ambos pronunciamientos, las calificaciones establecidas y las circunstancias sopesadas en ambas sentencias, en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, sobre la base de lo establecido por los artículos 55 y 58 del mismo Código"; agregó que "...los artículos 40 y 41 no establecen un sistema de sumas y restas de cantidades fijas de pena, por lo que la sentencia no incurre en violación a la normativa que se dice inobservada, ya que si bien dicha disposición no impone dicha metodología tampoco la excluye (cfr. SCBA 27-12-994 'Giménez'), por lo que va de suyo que el tribunal sentenciador no está obligado a adoptar el denominado método composicional cuando acude al llamado aritmético, que no es el caso, pues a la postre impuso una pena menor a la suma de las mismas y a la solicitada por el fiscal (de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas), por lo que lo relativo a la justa medida de la sanción, es la opinión de la defensa acerca de cómo debe individualizarse el reproche, pero ello no implica ni significa violación legal alguna (artículo 448 'a contrario' del Código Procesal Penal) que pueda provocar el control en esta Sede".
A su vez, destacó que "Partiendo de la premisa que la ley no establece un sistema específico de determinación de la pena a imponer, el proceso de unificación dentro de los parámetros fijados en ella, resulta del juego armónico de los artículos que se dicen erróneamente aplicados, y que en el caso se respetan".
Por todos estos fundamentos, rechazó el recurso interpuesto.
IV.1. De la reseña efectuada, se puede advertir que el Tribunal de Casación Penal abordó los agravios llevados por la defensa de Segovia y los descartó, brindando fundamentos propios para confirmar el pronunciamiento que impuso como pena única veinticinco años de prisión. Para arribar a esa decisión, el tribunal revisor tuvo en cuenta que en el caso se ponderaron los delitos verificados en cada pronunciamiento a unificar, las calificaciones legales establecidas y las circunstancias atenuantes y agravantes sopesadas en ambas sentencias. A su vez, más allá de lo solicitado por el señor fiscal en la petición de unificación, el sentenciante de origen se remitió a dichas circunstancias e incluso impuso una pena menor a la solicitada por el acusador.
Los argumentos que trae la parte en el recurso extraordinario, además de ser una reedición de los agravios llevados en el recurso de casación, constituyen meras opiniones contrarias al criterio del juzgador sin lograr evidenciar el vicio que le endilga al fallo recurrido.
Cabe destacar que el mero disenso o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo desde el ángulo de la técnica del carril intentado (causas P. 130.029, sent. de 16-V-2018; P. 131.620, sent. de 4-XII-2019; P. 131.910, sent. de 19-IX-2020; P. 134.484, sent. de 30-VI-2022; e.o.). Media, pues, insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.2. Sobre lo expuesto, cabe mencionar que esta Suprema Corte ha dicho que no viola lo dispuesto por el art. 58 del Código Penal la sentencia unificatoria que se remite a las circunstancias agravantes y atenuantes declaradas en las condenas a unificar. Pues, dado que esas circunstancias son hechos -por ejemplo, el buen concepto vecinal, la pluralidad de víctimas, etcétera- no podría la sentencia unificatoria alterarlos y sostener que el imputado tiene un mal concepto vecinal o que la víctima ha sido una sola. Lo que sí puede hacer el fallo de unificación es dar un peso distinto a esas circunstancias (conf. causa P. 129.738, sent. de 27-II-2019).
También se ha resuelto que la resolución que para unificar las penas respectivas las suma lisa y llanamente, no siendo el caso de autos como bien lo refiere el tribunal intermedio, no incurre por esa sola circunstancia en violación del citado art. 58 pues si bien esta disposición no impone dicha metodología, tampoco la excluye (conf. doctr. causas P. 97.971, sent. de 13-XII-2006; P. 104.743, sent. de 15-IV-2009; P. 105.351, sent. de 10-VI-2009; e.o.).
IV.3. Finalmente, coincido con el señor Procurador General en que la denuncia vinculada con que el tribunal revisor no atendió los agravios sobre la violación de diferentes principios constitucionales -proporcionalidad, culpabilidad y resocialización-, además de resultar meramente dogmática en tanto la parte no brindó una acabada vinculación con lo debatido y resuelto en el caso, tampoco logra evidenciar su compromiso desde que el órgano casatorio descartó el planteo llevado -conforme los argumentos reseñados- concluyendo en que lo relativo a la justa medida de la sanción, era una opinión de la defensa acerca de cómo debió individualizarse el reproche, pero que ello no implicó ni significó "...violación legal alguna [...] que pueda provocar el control en [esa] Sede".
En tal sentido, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones o argumentos bastando que se hagan cargo de los conducentes para la decisión del litigio (CSJN Fallos: 291:62 y 306:479; en igual sentido esta Suprema Corte, causas A. 70.972, sent. de 15-V-2013; A. 70.838, sent. de 22-V-2013; P. 117.337, resol. de 31-VII-2013; B. 58.938, sent. de 30-V-2012; e.o.; ibíd.).
Por todo lo expuesto, no habiéndose demostrado los déficits atribuidos al fallo en crisis, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Marcos Alexis Segovia Ducek, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/05/2023 13:05:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 14:54:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:27:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 18:33:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 08:19:14 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/05/2023 08:30:28 hs. bajo el número RS-51-2023 por SP-SANTUCCI ROMINA ELISABET.
Fin de la sentencia