Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135145
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.145, "Ortega, Rubén Abel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.115 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 11 de septiembre de 2020, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor particular de Rubén Abel Ortega contra el veredicto de culpabilidad -dictado por unanimidad en el marco de un juicio por jurados- y la posterior sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Necochea que había condenado al nombrado a la pena de veinticuatro años de reclusión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por tratarse de un femicidio y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 42, 44, 45 y 80 incs. 1 y 11, Cód. Penal; v. fs. 519/552 con relación a fs. 346/376).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor particular del imputado -doctor César Raúl Sivo- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 559/610), el que fue declarado parcialmente admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 620/632 vta.) y, contra la parcela de la decisión denegada, la parte presentó queja, que fue concedida por este Tribunal (v. fs. 657/658 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 665/680), dictada la providencia de autos (v. fs. 689) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa particular de Rubén Abel Ortega esgrimió los siguientes motivos de agravio.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea conformación del jurado y la violación de la garantía constitucional de ser juzgado por un órgano imparcial e independiente (v. fs. 570 vta.).
Alegó que, frente al cuestionamiento de esa parte sobre múltiples fallas en el proceso de selección del jurado, la postura adoptada por el órgano revisor "...parece desconocer los principios generales que guían al juicio por jurados y los fundamentos específicos de las recusaciones con y sin causa" (v. fs. 572 y vta.).
I.1.a. Para una mejor comprensión, efectuó un análisis de cada una de las falencias detectadas, comenzando por lo que -en su parecer- importó un forzamiento de los interrogatorios y violación del principio acusatorio y adversarial (v. fs. 572 vta.).
En prieta síntesis, recordó que en la audiencia preliminar la defensa había propuesto presentar un formulario con un cuestionario a los postulantes sorteados y que ello no fue receptado por la jueza, pero a pocos días del juicio se les solicitó por correo electrónico las preguntas que quisieran integrar en el formulario (v. fs. cit.).
Explicó que, como no se había podido notificar a la totalidad de los postulantes y otros tantos no habían concurrido el día del comienzo de la audiencia, entabló conversaciones con las partes acusadoras fuera del recinto, con quienes coincidieron acerca de la recusación con causa de al menos dos de los postulantes y que le informaron dicha circunstancia a la jueza, pues sumadas a las recusaciones sin causa que estaban facultados a ejecutar, no podría iniciarse el juicio; pero que la directora del debate decidió iniciar la audiencia y les solicitó comenzar con las recusaciones con causa, para así determinar si el juicio podría comenzar (v. fs. 572 vta. y 573).
Destacó que jamás aceptó de ninguna forma desistir de los interrogatorios correspondientes a los postulantes, y que -por el contrario- siempre marcó que necesitaba interrogar al venire para ejercer las recusaciones (v. fs. 573).
Transcribió -en lo pertinente- los audios del debate y afirmó que la jueza impuso su decisión "...por la ascendencia de su cargo y calidad de directora de la audiencia" acerca de la necesidad de escuchar a los postulantes número 10 y 82, por sobre el consenso de las partes en cuanto habían acordado que no era necesario escuchar sus fundamentos (v. fs. 573 vta. y 574).
En definitiva, concluyó que "Intentar indagar a los jurados en búsqueda de información -con el evidente interés de rechazar las recusaciones- denota una parcialidad que es totalmente inadecuada, máxime si se tiene en cuenta la relevancia de la etapa del procedimiento" (fs. 574 vta.).
I.1.b. Luego, cuestionó el rechazo de las recusaciones con causa esgrimidas (v. fs. 575).
Señaló que esa parte había recusado a la jurado número 2 y, de modo similar, a la número 59 por haber asumido una postura sobre el caso a partir de relevamientos periodísticos previos, lo cual fue rechazado por la jueza, cuyo criterio fue convalidado por la instancia intermedia con apoyo en el caso Skilling v. United States de la Corte de Estados Unidos (v. fs. 575 y vta.).
Al respecto, argumentó que las noticias no llegaron de forma involuntaria a conocimiento de esas jurados, sino que ellas fueron a su encuentro y, por otra parte, entendió que el precedente aludido se encuentra en espacios diametralmente opuestos al caso en trato (v. fs. 575 vta. y 576).
En esa misma dirección, criticó el rechazo a la recusación de la jurado número 5 que se trataba de una psicóloga, la que se había fundado en el temor fundado y objetivo de que su calidad profesional pueda ponerla en una posición de ascendencia respecto de los demás jurados (v. fs. 576/577).
Agregó que la circunstancia de que "...la mentada jurado que era psicóloga no haya participado del juicio a causa de haber sido recusada [sin] causa no puede ser esgrimido como un fundamento para quitar fuerza al agravio de la defensa, sino todo lo contrario" (fs. 577 vta.).
Asimismo, se refirió a otras candidatas a jurado que habían sido víctimas de violencia de género, cuya recusación fue rechazada. Ante ello, enfatizó que "...no es lo mismo que te preocupe la violencia contra la mujer, a que tu principal preocupación -de todas las existentes- sea la violencia contra la mujer; no es lo mismo reprobar los homicidios a haber sufrido el homicidio de un familiar cercano. No es lo mismo malquistarse por la impunidad, que afirmar reiteradamente que ' me revienta que alguien que va a juicio no lo metan preso '..." (fs. 579).
Finalmente dijo que la decisión impactó en la utilización de las recusaciones sin causa de esa parte, no pudiendo disponer de ese recurso legal con la extensión que verdaderamente se hubiera querido (v. fs. 580).
I.1.c. De seguido, objetó la imposibilidad de realizar preguntas a los postulantes de manera anticipada a plantear las recusaciones sin causa (v. fs. 580).
Afirmó que no fue como lo presentó el órgano revisor que la defensa hubiera acordado entrevistar solamente a los postulantes que le generaran dudas (v. fs. 580 y vta.).
En lo medular, sostuvo que "...nunca hubiera consentido el reemplazo de los interrogatorios por los formularios, de haber estado en conocimiento que estos eran sustitutivos de los primeros y no complementarios" (fs. 580 vta.).
Expresó que la jueza les quitó la posibilidad de saber si alguno de los postulantes podía ser parcial, injusto o inadecuado para integrar el jurado, y señaló que los formularios eran una radiografía superficial que sirve como herramienta para guiar interrogatorios, no las bases de datos con las que realizar los planteos (v. fs. 581).
Luego de repasar -en extenso- lo decidido sobre la cuestión en la instancia revisora y vincularlo con lo sucedido en la audiencia (v. fs. 581/584), dijo que lo que hacía dudar a la defensa respecto de la parcialidad de los ciudadanos que integraron finalmente el jurado, era la serie de defectos procesales que se subsiguieron en la etapa de selección, y que carecía de lógica solicitar a la defensa que realice algún tipo de valoración personal sobre los jurados sin haber accedido a interrogarlos, y luego de que hayan entregado un veredicto de culpabilidad sobre el acusado (v. fs. 584).
I.1.d. Por último, se refirió a las recusaciones sin causa y la posterior conformación íntegra del venire . Estimó que dicha falencia del proceso de selección se relacionó con la necesidad de la jueza de grado de realizar el juicio como sea, sin resguardo de las formas y la justicia del veredicto (v. fs. 584).
En resumen, consideró que "...es inconcebible que el venire se conforme con personas una vez agotado el procedimiento de depuración previsto a través de las recusaciones sin causa", y que ello denotaba la falta de conocimiento de las finalidades de cada uno de los mecanismos de recusación, e invocó doctrina de autor en aval de su postura (v. fs. 584 vta.).
I.2. En segundo término, denunció la violación de las normas de las instrucciones y su impacto en la aplicación errónea de los arts. 40, 80 inc. 11 y 41 bis del Código Penal (v. fs. 585 vta.).
I.2.a. Por un lado, cuestionó las instrucciones brindadas al jurado sobre la inimputabilidad y la emoción violenta.
En cuanto a la primera, recordó que "...la discusión central se daba respecto de no haberle expresado al jurado que declarar a una persona inimputable no significa dejarla impune, algo que puede dar algún tipo de confusión con el vocablo 'no es delito' utilizado" (fs. cit.).
Respecto de la segunda, adujo esencialmente que el concepto de "provocación suficiente" no había sido trabajado ni presentado por esa parte, y consideró que la magistrada realizó un reduccionismo en su instrucción tendiente a que el jurado proceda a descartar la posibilidad de la emoción violenta (v. fs. 586 y vta.). En aval de su postura, invocó doctrina de autores (v. fs. 586 vta. y 587).
Alegó que para dilucidar si las circunstancias del hecho fueron las adecuadas para generar la emoción violenta de Ortega, el jurado "...debió estar instruido con una explicación completa de los elementos del tipo redactada en lenguaje claro y accesible para la acabada comprensión de cada uno de los integrantes" (fs. 587 vta.).
Frente a lo decidido por el órgano revisor en orden a la mención del defensor sobre la educación recibida por parte del jurado, apuntó que "...la decisión de optar por la celebración de un juicio por jurados fue tomada por el Sr. Ortega y acompañada por la defensa, y que la instrucción formal de los jurados no hace a sus aptitudes para componerlo y adoptar decisiones justas" en tanto su capacidad se acota en la comprensión que puedan tener respecto de las instrucciones redactadas por la jueza que dirigió el debate (v. fs. 588 y vta.).
I.2.b. Por otra parte, objetó la imposición de un orden de votación para abordar la resolución del caso en violación de las reglas del debido proceso (v. fs. 588 vta.).
A partir de la transcripción de las aludidas instrucciones finales, advirtió que el primer punto de votación era justamente la hipótesis más gravosa para su asistido (v. fs. 589/590 vta.).
Alegó que "...la imposición de un orden de votación deteriora y perjudica la posibilidad de que el jurado delibere, discuta, se tome el tiempo necesario para racionalizar la decisión que procederá a adoptar y que definirá la vida de una persona" (fs. 590 vta.).
I.2.c. Finalmente, denunció la falta de deliberación en el tiempo que insumió a los jurados adoptar una decisión, que fue tan solo de cuarenta minutos, lo que no se compadecía con la idea de un análisis individual y un tratamiento de cada una de las cuestiones sometidas a estudio (v. fs. 592).
Concluyó afirmando que el tribunal revisor incurrió en la errónea aplicación del art. 448 bis del Código Procesal Penal por haber violado la jueza de grado la garantía del debido proceso y la normativa dispuesta por el art. 371 bis y ter del mismo cuerpo legal (v. fs. 593 y vta.).
I.3. Como tercer motivo de agravio, el recurrente denunció el apartamiento manifiesto de la prueba producida en el debate (v. fs. 593 vta.).
Luego de efectuar diversas consideraciones acerca de que dicho planteo constituye uno de los motivos especiales para la interposición del recurso de casación (conf. art. 448 bis, CPP), alegó que, conforme la calificación legal del hecho, el juez de casación mínimamente debía tener acreditado que los disparos efectuados hacia la víctima se produjeron con el conocimiento y la voluntad de causar su muerte, y que esta última no fue alcanzada por circunstancias ajenas a su voluntad (v. fs. 594).
Estimó que allí residía el principal obstáculo, pues existían ciertos aspectos de los hechos que no permitían acceder a dicha premisa con relación al elemento volitivo del nombrado (v. fs. 594 y vta.).
Repasó la materialidad ilícita conforme las estipulaciones acordadas por las partes y afirmó que, de acuerdo a la prueba rendida, aparecían al menos dos alternativas más racionales que las escogidas por el jurado, evidenciando que hubo un apartamiento de la prueba producida (v. fs. 594 y vta.).
Cuestionó que el órgano revisor, lejos de dar respuesta a sus planteos, decidiera cercenar las posibilidades de revisión haciendo conjeturas y conjugando las premisas erróneamente. En tal sentido, indicó que el doctor Borinsky realizó valoraciones que nunca habían sido planteadas en el debate por ninguno de los testigos ni por las partes (v. fs. 594 vta.).
Advirtió la ausencia de logicidad en la construcción del veredicto, con base en que la víctima estaba viva porque Ortega había cesado en su accionar y, con todas las posibilidades de ultimarla, no lo hizo (v. fs. 595).
Enfatizó que no podía desconocerse que Ortega era un celoso patológico; y cuestionó que se dijera que la defensa había centrado su reclamo en dicha circunstancia como "fuente de todos los problemas". En aval de su posición, repasó diversos extractos del informe preliminar del psiquiatra, doctor Dimauro, de la licenciada Rosario Azcoiti y del doctor Gerardo Porto, y concluyó que era indudable que la patología que sufría Ortega tuvo un grado superlativo en lo sucedido el día los hechos (v. fs. 595 y vta.).
Criticó, además, que el sentenciante dudara del cansancio del acusado en el momento de los hechos a partir de sus propios dichos, así como de las constancias de episodios de dolores precordiales que había tenido el nombrado en días anteriores (v. fs. 596). Señaló que la víctima reconoció en su testimonio que, cuando el imputado aflojó, ella pudo escapar, y ello -a juicio del recurrente- descarta que pueda existir dolo en dicha secuencia del relato (v. fs. 596 vta.).
Explicó que el punto de quiebre se dio cuando Ortega, al llegar a la puerta de su casa, la encontró cerrada con la intención de que no pueda entrar. Con apoyo en la testimonial de la vecina Haag -que transcribe- y la de Mariani, concluyó que resulta más que claro que el obrar de su asistido no fue para nada reflexivo y que no tomó recaudos para pasar desapercibido o tomar a la víctima por imprevisto (v. fs. 597 y vta.). Afirmó que el argumento del juez que descarta el pedido de una ambulancia por parte de Ortega tendría sentido si Astudillo hubiera perdido la vida, pero como no cumplió sus designios, carece de razón lo antedicho (v. fs. 597 vta. y 598).
Para concluir, reiteró que Ortega tuvo todas las posibilidades para matar a su esposa y no existieron impedimentos para concretar su cometido, más que su propia voluntad, y aseveró que el juez se apartó de la manda del art. 448 bis del Código de forma, inmiscuyéndose arbitrariamente en cuestiones que no le son propias y que esta Suprema Corte debe enmendar (v. fs. 598 y vta.).
I.4. Luego, denunció la incorrecta aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 599).
I.4.a. De modo liminar, indicó que la jueza de instancia, al momento de dar tratamiento a las atenuantes y agravantes, rechazó unas y viabilizó otras siempre pivoteando argumentalmente sobre la violencia de género. Advirtió que tal agravante ya había sido contemplada por el legislador en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal, y que nada habilitaba al juzgador a volver a endurecer la pena correspondiente al caso concreto de manera irracional y arbitraria, incurriendo en una doble valoración prohibida (v. fs. 599 y vta.).
Alegó, además, que la aplicación de la modalidad de reclusión no tiene utilidad práctica por fuera de agravar la pena (v. fs. 600). En concreto, reclamó que "...no hay mayor fundamento para hacer uso de esta modalidad ejecutiva de la pena más allá de la posibilidad que habilita de utilizar una escala penal más elevada, lo que es una aplicación contradictoria con los principios de nuestro ordenamiento jurídico" (fs. 601).
I.4.b. Por otra parte, cuestionó las pautas atenuantes no valoradas.
Inicialmente señaló que, si bien la relativa a la ausencia de antecedentes del imputado había sido recogida por la instancia intermedia, ello no se vio reflejado en la sentencia, pues no disminuyó la pena ni ordenó el reenvío al origen a tal efecto (v. fs. 601 vta.).
Con relación a la vinculada con la disminución de la capacidad de culpabilidad por el obrar irreflexivo del imputado, afirmó que el hecho de que se lo haya declarado imputable "...no obsta al condicionamiento que el trastorno comprobado - y reconocido en la sentencia de primera instancia- de su personalidad importó a la hora de actuar" (fs. 603 vta.).
En cuanto al buen concepto informado en otros ámbitos de frecuencia del imputado, rescató la opinión disidente vertida sobre el punto por el señor juez Violini, y alegó que "...se vuelve a utilizar perjudicialmente el concepto de violencia de género -en su vertiente doméstica- para descartar que pueda entenderse que Ortega goza de un buen concepto que merezca valorarse como atenuante" (fs. 604 vta.). En tal sentido, añadió que "El punto es lo que cuentan de Ortega los testigos neutrales, los que subjetivamente no están comprometidos con el hecho" (fs. cit.).
De seguido, con referencia a la colaboración que prestó el imputado inmediatamente después del hecho al personal policial que arribó al lugar, criticó que el juzgador fundó su rechazo mediante valoraciones subjetivas de la personalidad de Ortega, y, en su lugar, reclamó que lo que debe observarse es que en dicha instancia no obstruyó el accionar policial ni judicial, y que en forma posterior jamás entorpeció la investigación penal, colaboró en la reconstrucción del hecho e incluso ayudó económicamente a la familia desde el encierro cautelar (v. fs. 605 y vta.).
Finalmente, se refirió a la corresponsabilidad del Estado en los hechos por la inoperancia de sus efectores. En lo esencial, expresó que ni Ortega ni Astudillo contaban con herramientas propias para resolver el conflicto y que la ayuda de las agencias del Estado podría haber encauzado la cuestión y presumiblemente no se hubiera llegado al penoso resultado si alguna hubiese tomado un mínimo de atención (v. fs. 605 vta.).
Culminó señalando que Ortega no tenía los mecanismos ni las herramientas internas para evitar lo acaecido, pero sí el Estado y no intervino a tiempo, de allí que -en su parecer- debería resolverse en su favor la aplicación de dicha pauta atenuante (v. fs. 608).
I.4.c. Por último, denunció la errónea aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal (v. fs. 608 vta.).
En tal sentido, resumió que la solución pregonada en ambas instancias "...no contiene un grado de razonabilidad válido por cuanto convalidan como tentado el tramo delictivo respectivo al tipo penal -femicidio- al mismo tiempo que aplican la pena correspondiente al delito consumado al tramo punitivo correspondiente al medio utilizado para cometerlo -violencia por arma de fuego- lo que los habilita a
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