Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135923
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Leonardo Gastón González y Osvaldo Andrés Lobo, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor José Luis Somoza por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.923, "González, Leonardo Gastón y Lobo, Osvaldo Andrés s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 98.057 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de diciembre de 2020, rechazó los recursos homónimos interpuestos por las defensas de los coimputados contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Leonardo Gastón González, Osvaldo Andrés Lobo y Emanuel Alberto Lafuente a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores del delito de homicidio simple (hecho 1), en concurso real con el de hurto simple (hecho 2) -este último solo con relación a Lafuente a título de autor-.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en favor del imputado Lafuente, y el defensor particular, doctor José Luis Somoza, en favor de los mencionados González y Lobo, interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, habiéndose declarado admisible solo el segundo por el tribunal intermedio. Presentada queja por la vía denegada, esta Suprema Corte la desestimó mediante resolución del 30 de diciembre de 2021 dictada en la causa P. 135.833-Q.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa particular de Leonardo Gastón González y Osvaldo Andrés Lobo denunció la errónea aplicación del art. 79 y la inobservancia del art. 81 inc. 1 "b", todos del Código Penal. Luego de efectuar una reseña de los argumentos dados por el tribunal revisor, entendió que no se brindó respuesta adecuada a las cuestiones que esa parte introdujo, sobre ese extremo, en el recurso de casación.
Recordó que ante la instancia intermedia alegó que más allá de cómo se hubiera iniciado la pelea entre todos sus intervinientes "...lo cierto es que se trató de una pelea callejera entre dos grupos antagónicos [...] que inexorablemente y en la persona de cada uno de sus protagonistas, tuvo como propósito causar lesiones en sus oponentes".
Dijo que -en su parecer- "...se ha infringido el daño querido (sic), pero ha sobrevenido otro -no querido- la muerte de uno de los contrincantes, como consecuencia de la imprevisión, surgiendo así la culpa respecto de este resultado, al no preverse las consecuencias conjeturables del acto ejecutado", y que para dilucidar si la muerte fue -o no- el resultado buscado "...solo podemos afincarnos en el medio empleado para provocarla".
También agregó que, independientemente del poder lesivo de cada golpe, estos fueron ejecutados con el propio físico del agresor sin utilización de arma alguna que aumentara racionalmente su poder ofensivo y que, fueran estos efectuados con los puños o con puntapiés, tuvieron por fin vencer en la pelea sin prever efectos letales. Expresó que "...tal situación no ha sido representada por el o los agentes como basamento de su intención, muy por el contrario la falta de previsión justamente en torno a la factibilidad de la relación causal con el resultado muerte, es la que constituye la culpa en la figura penal propuesta".
Con invocación de doctrina de autor y jurisprudencia de un tribunal de otra jurisdicción, concluyó que el órgano revisor, partiendo de la premisa de que el medio empleado debía provocar la muerte, no solo incurrió en el error de presumir el dolo, sino que -además- contrarió los principios expuestos por esa parte y la doctrina invocada, terminando por convertir en letra muerta el art. 81 inc. 1 "b" del Código Penal y extendiendo erróneamente la aplicación del art. 79 a supuestos claramente contenidos en el tipo de homicidio preterintencional.
En definitiva, solicitó que se recalifique el hecho en los términos expuestos y que se imponga una pena ajustada a derecho, conforme la escala penal prevista en el art. 81 y las normas de los arts. 40 y 41, todos del Código Penal.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General, el recurso no prospera.
III.1. En lo que resulta de interés para resolver la impugnación en examen, el tribunal del juicio tuvo por acreditado con relación al denominado "hecho 1" que el 29 de julio de 2017 "Siendo aproximadamente las 01,30 hs., en la intersección de las calles Juan Cruz Varela y Armonía, de la localidad de Villa Dorrego [...] al menos tres sujetos del sexo masculino, con la clara intención de darle muerte, le aplicaron a Michael Ayala Acosta, diversos golpes de puño y patadas por la zona de la cabeza y el tórax, produciéndole lesiones de tal magnitud, que a la postre desencadenaron en su óbito".
En cuanto a la calificación legal, subsumió el hecho aludido como homicidio simple, y para descartar el planteo de la defensa acerca de la aplicación de la figura de homicidio preterintencional (art. 81 inc. 1 "b", Cód. Penal) sostuvo -en lo esencial- que en el delito preterintencional se da unicidad de acción y de resultados, uno querido y otros no, y que para establecer que faltó el dolo en el resultado excedido, solo tenemos un recurso objetivo: examinar el medio de comisión empleado por el agente. Si ese medio es adecuado para ocasionar el resultado, habrá delito conforme a la intención; y si ese medio no debía razonablemente ocasionar el resultado más grave producido, entonces no existió tal propósito.
Añadió que el homicidio preterintencional se demuestra no solo por la inadecuación del medio que el agente usó, sino por no haber empleado el que realmente era capaz de producir la muerte.
Con relación al caso, expresó que "...examinando el medio empleado, es decir, puntapiés dirigidos a zonas vitales y de alta vulnerabilidad del cuerpo de la víctima (cabeza y tórax), son indudablemente un medio razonable para ocasionar la muerte".
III.2. Por su parte, el Tribunal de Casación, en respuesta a idéntica crítica sobre la postulada aplicación del art. 81 inc. 1 "b" del Código Penal, resolvió que "...dirigir patadas al tórax y cabeza de la víctima, exige al agente, cuanto menos representarse la muerte de la persona a la que se ataca" y que "La norma exige que el medio empleado no deba razonablemente causar la muerte, y es en ese punto en donde se descarta de raíz el insólito motivo [de agravio]".
Concluyó que "...si los acusados querían causar un daño en el cuerpo de Michael, el mismo ya se había producido con la primera trompada, pero el ataque posterior, mediante patadas en cabeza y tórax, en momentos en que estaba en el piso, lo aleja de la figura del homicidio atenuado, colocándolos, incluso, al límite de cometido con alevosía -artículo 80 inciso 2 del Código Penal-, dada la imposibilidad de oponer resistencia por parte de la víctima".
IV. De la reseña precedente se advierte que la Casación se ocupó -contrariamente a lo dicho por el recurrente- de explicar y fundar por qué en el caso no correspondía la aplicación de la figura atenuada de homicidio preterintencional.
Lo cierto es que la defensa reedita -en lo sustancial- los argumentos llevados a la instancia intermedia, desentendiéndose palmariamente de lo efectivamente debatido y resuelto sobre el punto por ese tribunal, lo que hace que el agravio resulte insuficiente (art. 495, CPP).
En realidad, las referencias a que -en el caso- los golpes efectuados con los puños o con puntapiés fueron dirigidos a vencer en la pelea lesionando al oponente sin prever que alguno de ellos tuviera efectos letales, aun cuando tales golpes se hayan provocado en zonas vitales y de alta vulnerabilidad, constituyen, bajo el ropaje de cuestionamientos a la aplicación de la norma de fondo, cuestiones de hecho y prueba, ajenas -en principio- a la competencia reglada de esta Corte (conf. causas P. 98.632, sent. de 18-VI-2008; P. 102.233, sent. de 25-III-2009; P. 103.238, sent. de 9-XII-2009; P. 104.804, sent. de 3-III-2010; e.o.).
En tal sentido, este Tribunal ha expresado que escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de la Suprema Corte los agravios que, bajo la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de lo sucedido y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal asignada al hecho, en función de entender que no se encuentra fehacientemente acreditado el elemento subjetivo de la figura en trato (doctr. art. 494, CPP).
En síntesis, el planteo de la defensa se presenta meramente como un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Leonardo Gastón González y Osvaldo Andrés Lobo, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Se difiere para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor José Luis Somoza por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/08/2023 09:19:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2023 09:59:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2023 14:45:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:16:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:21:12 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/09/2023 14:28:42 hs. bajo el número RS-111-2023 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia