Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135992
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.992, "Pereyra Villafañe, Gastón Orlando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 100.690 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de febrero de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que condenó a Gastón Orlando Pereyra Villafañe a la pena de veinte años de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de tercera reincidencia, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple (debió decir: "agravado por el empleo de arma de fuego", conforme lo consignado en el fallo revisor) y portación de arma de guerra agravada en concurso real (hecho 1; causa 390/19-1975) con portación ilegal de arma de guerra agravada (hecho 2; causa 1.298/19-1994), ambas en concurso real -arts. 41 bis, 55, 79 y 189 bis, apartado 2, párrafos cuarto y octavo del Cód. Penal-.
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue declarado parcialmente admisible por la citada Sala de la Casación en orden a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva (v. resol. de 12-X-2021), y contra la parcela de la decisión denegada la parte no presentó queja (v. informe actuarial de 23-XII-2021).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La defensa oficial denuncia la errónea aplicación del art. 55, en función de las figuras típicas contenidas en los arts. 79 y 189 ( rectius : 189 bis) apartado 2, párrafos cuarto y octavo, todos del Código Penal, y la consecuente arbitrariedad del fallo por apartamiento de las constancias de la causa -arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional- (v. fs. 6 del recurso en tratamiento).
Explica, frente a lo afirmado por el tribunal intermedio en orden a que no se encuentra negada en el caso la utilización de un arma de fuego en relación con el homicidio -art. 79 del Código Penal- y que su presencia no aparece como necesaria para configurar el mencionado ilícito, que ello no es óbice para que "...verificada la comisión del delito de homicidio mediante un arma de fuego, su portación integre una única acción y queda, en todo caso, absorbida -vg. principio de consunción- por la conducta mayor tipificada de mayor disvalor, en el caso, de homicidio" (fs. 8 y 9, rec. cit.).
Alega, luego de reseñar los fundamentos expuestos por el Tribunal de Casación, -por un lado- que las consideraciones efectuadas en su decisión respecto a que el art. 79 del Código Penal no alude a medio comisivo específico alguno, nada aporta a la necesidad de fundamentar la autonomía de las conductas ilícitas a subsumir, y -por otro- que el argumento basado en el testimonio prestado por el testigo Maico Esteban Longo de haber visto a Pereyra Villafañe portar una pistola en su cintura de indudable poder ofensivo, importa un manifiesto y arbitrario apartamiento de las constancias de la causa, pues el mismo no observó una portación de arma en la "...secuencia previa al ataque fatal" (fs. 8 y 9, rec. cit.).
Insiste, en ese discurrir, que el enunciado del fallo en crisis según el cual el citado testigo Longo observó a Pereyra Villafañe portando un arma en su cintura, resulta sesgada y fragmentada, dado que a su asistido se le imputó en la materialidad ilícita la portación previa o coetánea al homicidio, pero no una portación posterior a la ejecución del mismo (v. fs. 9 y 10, rec. cit.).
Precisa que a los fines de la aplicación de las reglas inherentes al concurso material -art. 55 del Código Penal- entre el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la figura de portación del arma utilizada en el primero de los ilícitos -hecho 1-, exige que la circunstancia inherente a tener el arma en su poder se produzca con autonomía respecto del delito contra la vida, puesto que lo que se procura establecer en esos supuestos es la condenación conjunta de dos o más hechos (v. fs. 10, rec. cit.).
Indica que lo que quedó acreditado en el caso fue que "...sin solución de continuidad el imputado interceptó a la víctima, discutió y le profirió dos disparos con el arma que -evidentemente- portaba al menos en ese momento, desconociéndose si el arma le pertenecía a [su] defendido, en cuanto no se determinó cómo llegó allí, cómo se desarrolló el enfrentamiento entre él y quien resultara víctima, como asimismo si descartó el arma o corrió portando la misma todavía en condiciones de aptitud para utilizarla", por lo cual entiende que imputarle la figura típica de la portación ilegal de arma de guerra agravada en concurso real se apoya -a su criterio- en conjeturas que no cuentan con el debido respaldo probatorio (v. fs. 11, rec. cit.).
Añade que "La simultaneidad temporal de las conductas típicas atribuidas a [su] pupilo impide considerar que estemos ante un segundo hecho -distinto del ataque homicida narrado- que derive en la aplicación de las reglas del concurso real" (fs. cit., rec. cit.).
Entiende que la portación del arma en cuestión en el momento previo al homicidio enjuiciado podría ser considerada como una conducta coetánea con el momento de ejecución de aquel ilícito que se agrava por ser cometido con arma de fuego, por lo que -en su análisis- la concurrencia sería meramente aparente, o bien como un acto preparatorio del homicidio agravado que denotaría una concurrencia ideal (v. fs. 12 y 13, rec. cit.).
Sostiene, en definitiva, que no se ha verificado una portación del arma autónoma e independiente de aquella que permitió consumar la conducta típica del delito de homicidio, por lo cual solicita que la aplicación del art. 55 del Código Penal respecto a la portación ilegal del arma de fuego debe ceder (v. fs. 13, rec. cit.).
Expresa, también, que no desconoce la doctrina de esta Suprema Corte que cita mediante la transcripción parcial de diversos fallos, vinculada con que es legalmente admisible la integración de un concurso real entre robo calificado por el uso de armas y tenencia de arma de guerra (en el caso, mutatis mutandis , respecto de homicidio y portación ilegal de arma de guerra), pero alega que esta última figura legal por su carácter de delito de peligro abstracto de carácter permanente, requiere la demostración de un "... momento consumativo propio y distinto del tipo penal con el cual se predique la concurrencia en forma real" y ello, a su criterio, no se encuentra abastecido con la conducta de su asistido a quien únicamente se le imputa el ataque proferido mediante el arma de fuego a la víctima que culminó con su muerte, sin noticia alguna sobre alcances y características de una portación anterior autónoma (el destacado figura en el original; v. fs. 13 y 14, rec. cit.).
Solicita, por lo expuesto, que el individualizado hecho 1 quede abarcado en su totalidad por el tipo penal de los arts. 79 y 41 bis del Código Penal sin injerencia de modalidad concursal alguna, o en su caso, que solo concurra en forma ideal en los términos del art. 54 del citado digesto sustantivo, debiéndose proceder a recalificar en definitiva las conductas atribuidas a Pereyra Villafañe bajo la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -hecho 1- en concurso real con el delito de portación ilegal de arma de guerra -hecho 2-, con la consecuente readecuación de la pena a las nuevas escalas penales involucradas (v. fs. 14 y 15).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en que el recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar inicialmente que, tal como lo reconoce el recurrente en el remedio en trato (v. esp. fs. 5 y 6, recurso cit.), el cuestionamiento sobre la calificación legal del hecho 1 por inexistencia de concurso real entre el delito de portación ilegal de arma de guerra agravada y el de homicidio consumado con el arma portada no fue oportunamente llevado a conocimiento del tribunal intermedio en el recurso de casación, sino que la defensa lo introdujo -como nuevo motivo de agravio- recién en la mejora del mismo (v. fs. 55/63). No obstante ello, lo cierto es que el Tribunal de Alzada lo abordó (v. esp. fs. 2 y 15, sent. casatoria), por lo cual estimo que importaría un rigorismo inadmisible su desestimación por su referida extemporaneidad (conf. doctr. causas P. 85.655, sent. de 25-III-2009; P. 115.594, sent. de 13-VIII-2014; e.o.).
III.2. De otra parte, es menester recordar que conforme el alcance con el que fue admitida la impugnación extraordinaria en abordaje (v. resol. de tribunal intermedio de fecha 12-X-2021), así como también del informe actuarial referido en los antecedentes del cual surge que la defensa oficial no dedujo queja, el conocimiento de esta Suprema Corte se encuentra en el caso ceñido a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 55 en función del 79 y 189 bis, apartado 2, párrafos cuarto y octavo, todos del Cód. Penal-.
III.3. Ahora bien, comparto lo expuesto por el señor Procurador General (v. esp. fs. 1 vta., dictamen cit.) en cuanto a que la incorrecta aplicación de las normas sustantivas mencionadas viene acompañada de la denuncia de arbitrariedad por apartamiento de las constancias de la causa y ambas se encuentran inescindiblemente ligadas, por tanto la no concesión del recurso en el tramo referido a la arbitrariedad traería consigo la ruptura en la unidad conceptual de la argumentación del recurrente, lo que demuestra la necesidad de analizar íntegramente el planteo formulado y reseñado en el apartado I de la presente (conf. CSJN Fallos: 340:1149; doctr. causas P. 133.182, resol. de 11-III-2020; P. 133.631, sent. de 13-IV-2021; P. 135.382, sent. de 13-VII-2022; P. 135.057, sent. de 13-IX-2022; e.o.).
IV. Sentado ello, en lo que aquí importa destacar para dar solución al caso, el juzgador de grado tuvo por acreditada la siguiente materialidad ilícita -hecho 1-: "...el día 13 de marzo del año 2016 siendo aproximadamente las 15:00 hs. en la intersección de la calle 505 esquina 506 del B° de Villegas de la Localidad de Ciudad Evita, Partido de La Matanza, un sujeto de sexo masculino interceptó el paso de Manuel Alejandro Insaurralde, donde luego de mantener una discusión con este último y con expresas intenciones de matar, efectuó sobre su humanidad al menos dos disparos con una pistola calibre 40 que portaba en ese acto sin la debida autorización legal para ello, impactando uno de ellos en el tórax y otro en el muslo provocándole con este accionar un shock hipovolémico y su inmediata muerte (Hecho N° 1 - causa ppal. nro. 390/19-1975; IPP nro. 05-00-9655-16)" (el destacado figura en el original; fs. 514 vta. y 515, sent. del tribunal de mérito).
Sostuvo, en orden al encuadre legal asignado a dicho evento -hecho 1-, que era constitutivo de los delitos de homicidio simple (debió decir: "agravado por el empleo de arma de fuego", conforme lo consignado por el tribunal casatorio; v. fs. 1 del fallo en revisión) y portación ilegal de arma de guerra agravada, en concurso real, por el cual el procesado Pereyra Villafañe debía responder como autor responsable -arts. 41 bis, 45, 55, 79 y 189 bis, apartado 2, párrafos cuarto y octavo del Código Penal- (v. fs. 532 y vta. y 536/537, sent. de origen).
Expresó, con relación al delito contra la vida en juzgamiento, que dada la utilización de un arma de fuego de considerable calibre, las zonas de impacto -tórax y muslo- y las restantes circunstancias fácticas mencionadas en el veredicto condenatorio, no permitía abrigar duda alguna de la existencia del dolo homicida del autor, y que ello tornaba correcta la calificación jurídica sostenida por el fiscal en su alegato final (v. fs. 532 vta., en relación con fs. 515 -sent. de origen-).
Estimó, en lo concerniente a la figura típica de portación ilegal de arma de guerra agravada, que -tal como lo entendió acreditado en el marco de esta causa- al menos en dos oportunidades el encausado Pereyra Villafañe había detentado armas de fuego, cargadas y en condiciones de inmediato uso, sin la debida autorización para portarla (v. fs. 532 vta. y 533) y, luego de reseñar los plurales antecedentes condenatorios que registraba el nombrado que obstaban a que portase armas sin la debida autorización (v. fs. 533/534), aclaró que el supuesto contemplado en el art. 189 bis, segundo apartado, párrafo octavo, del Código Penal -aplicado al caso- de ningún modo afectaba el principio ne bis in ídem , en tanto que el propósito de dicha norma no es la doble valoración del hecho por el cual Pereyra Villafañe fue condenado con anterioridad, sino más bien, ponderar el nuevo comportamiento desplegado por el imputado (que denota una peligrosidad concreta) y su falta de internalización al mandato que engloba la norma pese a la advertencia anterior que el Estado le hizo con la imposición de una sanción anterior, y concluyó que -a partir de las circunstancias expuestas- se infiere la existencia por parte del encausado de un mayor desprecio por el bien jurídico protegido (v. fs. 534 y vta.; sent. de origen).
V. A su turno, el Tribunal de Casación Penal -en lo que aquí interesa destacar- rechazó el agravio introducido por la defensa oficial en la mejora del recurso de la especialidad por el cual había cuestionado la calificación legal del hecho 1 que fue reseñada en los antecedentes (v. esp. fs. 2 y 15, sent. casatoria), con sustento en que "...a diferencia, por ejemplo, del tipo penal de robo calificado, que alude al empleo de 'armas', vocablo que ineludiblemente comprende a las armas de fuego, los tipos penales de los artículos 79 y 90, por caso, del Código Penal no aluden específicamente a ningún medio comisivo en particular. Desde esta óptica, entonces, y a diferencia del tipo del artículo 166, la utilización de armas de fuego en los supuestos de los artículos 79 y 90, todos del C.P., no se encuentra negada, pero su presencia no aparece como necesaria para configurar el delito", a lo que añadió, que "En el caso [...] el testigo [Maico Esteban] Longo observó a Pereyra [Villafañe] portando una pistola en su cintura [...], de indudable poder ofensivo, con lo cual se han verificado para el hecho 1 las dos acciones típicas atribuidas en la sentencia (arts. 79 y 189 bis, apartado segundo, párrafos cuarto y octavo del Código Penal), siendo tres los hechos determinados de la sentencia final" (fs. 15).
VI. Como lo adelanté, el recurso en trato no puede prosperar, pues los argumentos traídos por el señor defensor oficial adjunto para descalificar el pronunciamiento del tribunal intermedio, resultan insuficientes (art. 495, CPP).
De la reseña efectuada en el acápite V se advierte que el tribunal casatorio justificó -al igual que su antecesor- el concurso material que concurría en el caso por las razones que expuso -conforme arts. 41 bis, 55, 79 y 189 bis, apartado segundo, párrafos cuarto y octavo, del Cód. Penal (hecho 1)-, rechazando el agravio de la defensa.
En efecto, luego de efectuar diversas consideraciones en orden a que el tipo penal de homicidio simple no alude específicamente a ningún medio comisivo en particular, destacó que, en el caso el mencionado testigo Longo observó a Pereyra Villafañe portando una pistola en su cintura, de indudable poder ofensivo, y halló verificadas las dos acciones típicas al momento de encuadrar normativamente el mencionado hecho 1.
Es así que, la defensa técnica se desentiende de los argumentos brindados por la Casación en torno a los cuales cimentó su postura favorable a que la tenencia ilegítima del arma de guerra en cuestión -circunstancia fáctica respecto de la cual esta Corte no le compete ingresar, excepto la configuración de supuestos de absurdo o arbitrariedad, no demostrados en la especie (art. 494, CPP)- se verificó no solo de un modo coetáneo con el delito de homicidio agravado que le fuera enrostrado a Pereyra Villafañe, sino también de una manera autónoma, perfeccionándose de tal forma el ilícito contra la seguridad pública. Por lo que, en razón de los distintos bienes jurídicos vulnerados -la seguridad pública y la vida-, el tribunal a quo concluyó que correspondía convalidar la solución concursal material aplicada en la instancia de origen (art. 495, CPP).
A su vez, el recurrente dejó sin relacionar la doctrina de esta Corte que transcribió en su escrito impugnativo con los fundamentos empleados por el órgano revisor para dar sustento a su decisión sobre dicha cuestión -relación concursal real (art. 55, Cód. Penal)-, por lo que esa parcela de la queja también debe ser desestimada por razones de insuficiencia (art. 495, cit.).
En síntesis, la queja solo revela un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del colega ponente, doctor Genoud, en cuanto predica la insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio.
El Tribunal de Casación, a tenor de la materialidad fáctica acreditada respecto del denominado hecho I, convalidó la solución concursal establecida entre el delito de homicidio simple con la agravante genérica del empleo de arma de fuego y el de portación de arma de guerra calificada (arts. 41 bis, 55, 79 y 189 bis apdo. 2, párrs. cuarto y octavo, Cód. Penal).
Merced a la consideración global de las constancias probatorias de la referida situación de hecho, que tuvo por víctima a Manuel Alejandro Insaurralde, en línea con igual estimación de la parte acusadora (v. alegato final del representante fiscal), el a quo ponderó no solo la portación de una pistola calibre 40 que el imputado detentó sin la debida autorización legal en ocasión de efectuar al menos dos disparos sobre la humanidad de aquel, previa discusión, impactando uno de ellos en el tórax y otro en el muslo provocándole con este accionar un shock hipovolémico y su inmediata muerte (hecho 1-causa ppal. 390/19-1975; IPP 05-0-9655-16), sino además, que el testigo Maico Esteban Longo declaró haber visto a Pereyra Villafañe portando una pistola en su cintura inmediatamente después de haber presenciado la discusión previa entre dos sujetos y la víctima y haber escuchado un par de detonaciones de arma de fuego. De ese modo reputó verificado para el hecho 1 las dos acciones típicas atribuidas en la sentencia (arts. 79 y 189 bis, apdo. segundo, párrafos cuarto y octavo, Cód. Penal), siendo, en definitiva, tres los hechos determinados de la sentencia final (v. fs. 15).
La defensa se desentiende de la afirmación del tribunal revisor de que la tenencia ilegítima del arma de guerra -en razón de la descripción fáctica sobre la que no le compete a esta Corte adentrarse, salvo vicio de absurdo o grosera arbitrariedad no demostrada- tuvo lugar no solo coetáneamente al delito de homicidio sino también de manera autónoma, habiendo de ese modo perfeccionado el delito contra la seguridad pública, por lo que en razón de los distintos bienes jurídicos afectados (la seguridad común y la vida) correspondía convalidar la solución concursal aplicada en la instancia previa.
Por ello, del modo en que fue articulada la impugnació
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