Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 138283
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de José Sebastián Billordo, se deja sin efecto el fallo dictado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal de fecha 29 de octubre de 2021, y se devuelven las actuaciones a esa instancia para que se canalice nuevamente la admisibilidad del recurso de casación de conformidad con lo aquí decidido (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, teniendo en cuenta que lo acontecido en el caso ha demostrado un incumplimiento a los deberes correspondientes al doctor Marcelo Fabián Fuche como abogado defensor de José Sebastián Billordo que ocasionó un estado de indefensión a su asistido, se dispone poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente, a sus efectos.
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Marcelo Fabián Fuche por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 138.283, "Billordo, José Sebastián. Recurso de inaplicabilidad de ley en causa n° 112.043 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan , Soria , Genoud .
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de octubre de 2021, declaró admisible la queja y rechazó por extemporáneo el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de José Sebastián Billordo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul que lo condenó -en el marco de un juicio abreviado y en lo que importa destacar para el caso-, a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda.
Frente a tal decisión, el defensor particular, doctor Marcelo Fabián Fuche, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 7-XI-2021), el cual fue declarado admisible por el tribunal intermedio mediante resolución de 8 de febrero de 2023.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 31-VII-2023), dictada la providencia de autos el 2 de agosto de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El defensor particular denunció ante esta Corte la vulneración del derecho de defensa en juicio de su asistido y del derecho a la doble instancia. Destacó que la sentencia del tribunal revisor, que declaró extemporáneo el recurso de casación interpuesto contra la condena, resulta arbitraria, en tanto no se detuvo a analizar los argumentos de esa parte ni la doctrina de la Corte nacional sobre la necesidad de adecuar a derecho la voluntad recursiva de la persona imputada.
Señaló que la casación no explicó "...cómo es posible que una persona privada de su libertad, al notificarse de la sentencia condenatoria, manifestase expresamente su voluntad recursiva, agregando, al firmar, la palabra 'APELO', y esa voluntad del imputado carezca de todo valor procesal y constitucional, toda vez que [...] el criterio de la Corte Suprema de Justicia Nacional exige que esa resolución deba ser canalizada mediante el pertinente recurso de casación, sin que pueda obturar su procedencia el plazo de interposición".
Agregó que el tribunal de grado no intimó a esa parte para que presentara el recurso antes del vencimiento del plazo bajo apercibimiento de correrle traslado a la defensa oficial; en ese contexto -a su juicio-, al existir una petición del imputado, no debió declararse extemporáneo el recurso.
En sustento de su postura citó los precedentes "Moreira, Luis Daniel s/ su presentación" (Fallos: 343:2181), "Palacios" (Fallos: 331:2520), "Schenone" (Fallos: 329:4248) y "Godoy, Matías Rafael" (causa G. 746. XLVII. RHE, sent. de 25-II-2014), todos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Concluyó que "...la decisión del imputado privado de su libertad de impugnar una sentencia condenatoria en su perjuicio, obliga a las partes y al Estado a proveer esa decisión, y a canalizarl[a] jurídicamente de forma idónea, independientemente del tiempo que deba transcurrir hasta que esa voluntad sea canalizada razonablemente dentro del proceso penal...".
II. La Procuración General propuso el rechazo de la impugnación (v. dictamen digital de 31-VII-2023). Sin embargo, considero que el recurso debe prosperar, pues en el caso se ha soslayado la manifestación impugnativa de José Sebastián Billordo desde su lugar de detención dirigida a la revisión del fallo de condena por parte del tribunal intermedio.
III. Liminarmente, cabe efectuar un breve repaso de lo acontecido en el caso, conforme surge tanto de las actuaciones digitalizadas en Augusta como de la Mesa de Entradas Virtual (MEV).
III.1. El Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul, por sentencia dictada el 8 de abril de 2021 en el marco de un juicio abreviado y en lo que importa destacar para la solución del caso, condenó a Billordo a la pena de tres años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda.
III.2. El defensor particular se notificó de la sentencia en igual fecha y acompañó la reserva de acudir ante Casación el 12 de abril de 2021; el tribunal de origen tuvo por anunciada en término dicha reserva con fecha 14 de abril de 2021; por su parte, el imputado fue notificado en su lugar de detención el 14 de abril de 2021, y manifestó su voluntad de impugnar consignando la palabra "apelo"; finalmente, el doctor Marcelo Fabián Fuche presentó el recurso de casación el día 15 de julio de 2021.
Mediante resolución dictada el 16 de julio de 2021, el tribunal de la instancia decidió declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de casación articulado por la defensa particular de Billordo (v. archivos digitalizados en escrito presentado el 29-VII-2021).
III.3. Por otro lado, conforme surge de la MEV, en el marco de la causa 3.383 de trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul, el 12 de julio de 2021 se declaró la firmeza de la sentencia dictada por esa instancia y se ordenó -en lo que importa destacar para el caso- el correspondiente cómputo de pena respecto de José Sebastián Billordo; el 13 de julio de 2021 se libró cédula al doctor Marcelo Fabián Fuche y oficio a la unidad carcelaria para notificar al condenado sobre el cómputo.
IV.1. De las contingencias consignadas precedentemente, debe especialmente destacarse que: el defensor de confianza (doctor Marcelo Fabián Fuche) presentó oportunamente la reserva de que acudiría ante casación en fecha 12 de abril de 2021; el imputado se notificó de la sentencia de condena en su lugar de detención y manifestó en ese mismo acto su voluntad de apelarla; posteriormente, el 12 de julio de 2021, se declaró la firmeza del fallo y se ordenó el correspondiente cómputo de pena, decisión que fue notificada a la defensa y al imputado (13 de julio de 2021); el día 15 de julio el defensor particular presentó el correspondiente recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo mediante resolución de 16 de julio de 2021.
De ese modo, Billordo fue privado del ejercicio del derecho a que su condena sea ampliamente revisada a través de un recurso por un tribunal superior cuando existió una manifestación de voluntad al respecto (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; conf. CSJN "Casal", Fallos: 328:3399), derecho que le asiste sea que se trate de un procedimiento común o de uno especial como lo es el juicio abreviado sustanciado en estos autos (conf. causa P. 90.327, sent. de 1-III-2006).
La irregularidad descripta debió motivar al Tribunal de Casación Penal a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa en la etapa recursiva -de conformidad con la doctrina de la Corte nacional sobre el punto- pues, a pesar de que el defensor presentó un recurso que fue declarado inadmisible por extemporáneo, no podía pasarse por alto la expresa manifestación de voluntad del imputado detenido de recurrir la sentencia de condena.
En el caso, no puede pedirse al imputado que ensaye, además de la manifestación de voluntad recursiva, argumentos jurídicos, pero sí debe exigirse a su defensor que cumpla con dicha carga de manera efectiva (conf., mutatis mutandis , CSJN "Schenone", cit.), lo que acá evidentemente no aconteció.
Cabe recordar que el derecho a contar con una defensa técnica idónea y eficaz responde a la necesidad de lograr una mayor igualdad de posiciones entre el órgano de persecución penal del Estado y el imputado. En dicho marco, "Una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en un presupuesto de la validez del procedimiento y, en fin, de la sentencia". Por ello, "...el defensor representa un instrumento idóneo para la realización del ideal de equiparar las posibilidades entre el acusador y su acusado, en miras a una decisión judicial" y resulta obligatorio en todo proceso penal (Maier, Julio B. J.; Derecho Procesal Penal: Fundamentos , Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016, pág. 548).
En definitiva, la asistencia técnica con la que contó José Sebastián Billordo al momento de la interposición del recurso de casación fue deficiente e ineficaz, pues omitió canalizar la voluntad impugnativa de su asistido en tiempo oportuno, aun cuando había anticipado la presentación de la impugnación con la correspondiente reserva.
En efecto, "...no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor" (CSJN Fallos: 310:1934; 327:103; 331:2520 y 342:122).
IV.2. Por lo demás, conviene añadir que esta Suprema Corte (conf. causa P. 120.799, resol. de 1-VI-2016, entre muchas otras) sostuvo - mutatis mutandis - que no podían ser soslayadas las especiales circunstancias del caso si el imputado fue anoticiado en su lugar de detención del fallo que le era adverso y manifestó su intención de recurrirlo consignando la expresión "apelo", pese a lo cual la defensa particular no cumplió con el deber que le impone su ministerio.
De allí que la actuación del defensor particular importe una clara afrenta a la garantía constitucional de la defensa en juicio en la etapa recursiva (doctr. CSJN "Schenone", cit.; y, en lo particular, mutatis mutandis , causa P. 97.228 -y su acum. P. 96.039-, resol. de 22-IX-2010). Pues, al no sustanciar el recurso en tiempo oportuno, omitió cumplir mínimamente con la labor técnica que es de su incumbencia.
Y como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente indicado, si bien en principio no compete a los jueces subsanar deficiencias técnicas de los abogados en sus presentaciones, irregularidades como las descriptas precedentemente deben motivar a los tribunales a tomar los recaudos necesarios a los efectos de salvaguardar la integridad del derecho de defensa y la voluntad recursiva del imputado, puesta de manifiesto desde su lugar de detención (conf. "Schenone", v. cons. 10° y 11°).
Así las cosas, al haberse tenido por extemporánea la presentación del recurso de casación a favor de Billordo, se generó, en el caso, una nueva violación al derecho de defensa del acusado con clara mengua del debido proceso (arts. 18, Const. nac. y 10, Const. prov.).
IV.3. En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido, dejar sin efecto el pronunciamiento dictado el 29 de octubre de 2021 por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y devolver las actuaciones a la instancia anterior para que se analice nuevamente la admisibilidad del recurso de casación de conformidad con lo aquí decidido.
IV.4. Por último, teniendo en cuenta que lo acontecido en el caso ha demostrado un incumplimiento a los deberes que correspondían al doctor Marcelo Fabián Fuche como abogado defensor de José Sebastián Billordo, en tanto ocasionó un estado de indefensión a su asistido, se impone poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente tal circunstancia a sus efectos, adjuntando testimonios de las partes pertinentes de la causa.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de José Sebastián Billordo, se deja sin efecto el fallo dictado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal de fecha 29 de octubre de 2021, y se devuelven las actuaciones a esa instancia para que se canalice nuevamente la admisibilidad del recurso de casación de conformidad con lo aquí decidido (art. 496 y concs., CPP).
Asimismo, teniendo en cuenta que lo acontecido en el caso ha demostrado un incumplimiento a los deberes correspondientes al doctor Marcelo Fabián Fuche como abogado defensor de José Sebastián Billordo que ocasionó un estado de indefensión a su asistido, se dispone poner en conocimiento del Colegio de Abogados correspondiente, a sus efectos.
Se difiere, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales correspondientes al doctor Marcelo Fabián Fuche por su labor ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2024 10:06:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2024 11:37:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2024 13:07:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 11:54:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:14:42 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 13:12:35 hs. bajo el número RS-17-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia