Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 137403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de José Ignacio Fumaneri, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 137.403, "Fumaneri, José Ignacio. Recurso de inaplicabilidad de ley en causa nº 110.527 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 14 de octubre de 2021, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia de unificación de penas dictada en el marco de la causa n° 246/08 (Registro interno n° 2.474) del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó a José Ignacio Fumaneri a la pena única de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la de reclusión perpetua impuesta por el mismo órgano en el año 2020 y la de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Azul en el año 2015.
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante la citada instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación digital de 24-V-2022); el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio del día 14 de junio de 2022.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 29-III-2023), dictada la providencia de autos el día 27 de abril de 2023 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor denunció, como único agravio, la errónea aplicación del art. 5 del Código Penal y la violación al principio de legalidad por haberse impuesto a Fumaneri la pena de reclusión, la que -según entiende- constituye una clase de pena derogada, configurándose así el vicio de arbitrariedad al apartarse el sentenciante injustificadamente de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema en discusión (art. 18, Const. nac.).
A partir de una reseña de los agravios llevados por la defensa ante la instancia intermedia y de los fundamentos esgrimidos por la Casación sobre el punto, adujo que el órgano revisor pasó por alto la alegación que esa parte desarrolló con sustento en que la Corte federal en los precedentes "Méndez, Nancy Noemí", "Gorosito Ibáñez, Carlos Ángel", "Esquivel Barrionuevo, Víctor Carlos" y "Spósito, Oscar Edelmiro", resolvió que "...la pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660". Con ese marco, estimó que el pronunciamiento impugnado resultó arbitrario por carecer de debida fundamentación al no brindar "...razones novedosas que hiciera ineludible apartarse de lo resuelto por el más Alto Tribunal de la Nación sobre el punto".
Añadió que los argumentos utilizados por el órgano revisor habían sido esgrimidos por el señor Procurador General de la Nación al dictaminar en la causa "Equitanti", donde la Corte federal declaró improcedente el remedio extraordinario deducido por el Ministerio Público Fiscal; y que en el precedente "Esquivel Barrionuevo" el mismo Tribunal decidió remitirse al considerando 8 del caso "Méndez" donde se sostuvo la virtual derogación de la pena de reclusión por la ley 24.660, sin efectuar consideración alguna en punto a la constitucionalidad del art. 24 del Código Penal o de la pena de reclusión.
Afirmó que la imposición de una pena que estaría derogada en nuestro ordenamiento jurídico configuró la violación palmaria al principio de legalidad (art. 18, Const. nac.).
Además, advirtió sobre el deber de los jueces inferiores de conformar sus decisiones a los criterios del mentado tribunal nacional y se refirió a la carencia de fundamentación que su desatención puede acarrear (conf. CSJN Fallos: "Cerámica San Lorenzo"; "Balbuena" y "Martins, Raúl Luis").
En suma, solicitó que esta Corte "...case el fallo impugnado y declare erróneamente aplicada la pena de reclusión impuesta a Fumaneri".
II. Coincido con el señor Procurador General: el agravio no prospera.
III.1. En el recurso de casación, la señora defensora oficial de Fumaneri, con similares planteos a los aquí traídos, había cuestionado que se haya impuesto al nombrado la pena de reclusión argumentando que la Corte federal la ha considerado en inveterada jurisprudencia como virtualmente caída en desuetudo, a partir de la inexistencia de diferencias prácticas en la ejecución de las penas privativas de libertad.
III.2. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación Penal -a través del voto del juez doctor Natiello, que concitó la adhesión simple del juez doctor Kohan- rechazó dicho reclamo.
Para así decidir, sostuvo que la cuestionada sanción sigue contenida en el Código Penal, desde que su art. 5 la prevé y no ha sido derogada, y que el art. 57 del citado cuerpo legal considera a la pena de reclusión como la más grave contenida en el derecho represivo argentino.
Estimó que de la estructura de dicho cuerpo legal se puede colegir que subsisten, pese a la sanción de la ley 24.660, diferencias entre las dos especies de pena privativas de la libertad (prisión y reclusión), y que las mismas están plasmadas, entre otros, en los arts. 13, 26, 44 y 46 que "...establecen prístinas diferencias entre los alcances de uno y otro instituto, brindándose claros ejemplos del tratamiento diferenciado entre ambos (p. ej., en la fijación de las escalas fijadas para el grado de tentativa de los delitos castigados con penas perpetuas -quince a veinte años en el caso de la reclusión y diez a quince años en el de la prisión-)".
Añadió que tales diferencias permanecen inalterables, aun cuando la ejecución diaria de la pena de reclusión sea idéntica en la práctica a la de la pena de prisión. Explicó que lo determinante para dirimir el planteo formulado no es tanto la discusión sobre la forma de compensación de la pena de reclusión con la prisión preventiva, sino las consecuencias que la declaración de inconstitucionalidad del art. 24 del Código Penal proyecta sobre la aplicación del art. 7 de la ley 24.390, vigente en su redacción original al momento del hecho, y como el legislador ha previsto diferencias entre ambos institutos en los casos apuntados, otra de las cuestiones en que se plantean divergencias está en el ámbito de aplicación de la ley 24.390.
Continuó señalando que "...la hermenéutica correcta de las disposiciones antes citadas con la previsión del art. 7 de la ley 24.390 debe ser aquella que estima que los condenados a pena de reclusión no se encuentran favorecidos por el cómputo privilegiado del que gozan los condenados a pena de prisión (en particular el denominado 'dos por uno'), estableciéndose aquí una nueva diferencia entre ambos institutos".
En esa dirección, destacó que la interpretación de la defensa no resulta acertada con la hermenéutica apuntada, puesto que del análisis del fallo "Méndez" de la Corte federal "...lo que se ha declarado inconstitucional (aunque no es doctrina de CSJN dado que votaron en tal sentido tres Magistrados -puesto de relieve por los Dres. Petracchi, Maqueda y Zaffaroni- de los seis votantes) es el cómputo diferenciado que se hacía por medio de las disposiciones del art. 24 del Código Penal en cuanto a una forma más gravosa de considerar la prisión preventiva más, la equiparación que allí se hace, en nada se puede considerar como un otorgamiento de beneficios adicionales. Vale decir que lo que fue alcanzado por la inconstitucionalidad fue el cómputo más gravoso, pero ello no puede traducirse en forma automática en la concesión de beneficios no autorizados por la ley, como ser el 'cómputo privilegiado' al que antes [se] hiciera referencia" (el destacado figura en el original).
En ese sentido citó un extracto del precedente P. 68.706, sentencia de 4-X-2006 de esta Suprema Corte.
Asimismo, dijo que la recurrente no había brindado razones tendientes a explicar acabadamente de qué modo las condiciones de los establecimientos carcelarios, a las que se refirió en su presentación, se relacionarían con las reglas de determinación de la sanción punitiva, ni cuál sería su vínculo con la magnitud del injusto o la culpabilidad de los autores.
En suma, concluyó que "...de la vigencia de la pena en cuestión y de la inexistencia de diferencias en el marco de la ejecución de la misma, ello redundaría en inexistencia de perjuicio, por lo que el reclamo decae".
IV. De lo reseñado en los párrafos que anteceden emerge que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Lo así resuelto es coincidente con la doctrina de esta Suprema Corte, a partir del precedente P. 102.332 (sent. de 22-IV-2009), en el que este Tribunal reconoció que la nota de infamante que llevaba la cuestionada sanción -conforme lo estipulado en el art. 6 del Código Penal- había sido relevante en el momento de la consagración legislativa del ordenamiento penal, mas no en la actualidad donde el trabajo intramuros se encuentra regulado de una manera bien distinta y sin estipulaciones concretas que lo asimilen a la situación contemplada en la aludida norma. En ese sentido, se remitió al Capítulo VII Trabajo (arts. 106 a 132, especialmente art. 107 inc. 2, ley 24.660). A su vez se sostuvo que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y por ende de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno ponen en jaque el distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello con más el mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento demuestran que siguen existiendo pautas sustantivas que denotan que la pena de reclusión es más onerosa que la de prisión (arts. 13, 26, 44 y concs., Cód. Penal y, antes de su modificación, también el art. 10).
En cuanto al invocado precedente "Méndez" de la Corte federal cabe señalar que dista del presente en punto a su plataforma jurídica. Según se desprende del considerando 2 de ese fallo, tanto el voto general como el de los doctores Belluscio, Boggiano y Highton de Nolasco la cuestión discutida en esa causa se vinculaba con el cómputo de la pena una vez firme la sentencia y la invalidez del art. 24 del Código Penal, en cuanto establece que por dos días de prisión preventiva se computará uno de reclusión, al considerar la defensa que así se consagraba un mecanismo de compensación de la prisión preventiva irracional frente a las sucesivas leyes de ejecución que establecieron la equiparación de las penas privativas de libertad. Con ese telón de fondo se señaló -ver considerandos 6 y 7 de ambos sufragios- que la Cámara Nacional de Casación Penal había incurrido en una deficiente fundamentación que descalificaba al fallo como acto judicial, en tanto -so pretexto de un estado de preclusión o cosa juzgada notoriamente extraño a las constancias de la causa- no examinó la validez constitucional de la desigual imputación de la prisión preventiva a la reclusión, cuestión propia de la etapa de ejecución y ajena al ámbito del recurso contra la sentencia condenatoria. Tal situación resuelta en el citado precedente, sobra decir, es por completo diversa a la de estos autos.
En la sentencia de cita se agregó que, incluso teniendo en cuenta lo explicitado en el considerando 8 del voto general -doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni-, no puede colegirse que la pena de reclusión hubiese quedado derogada tácitamente del ordenamiento sustantivo penal, y que "...habida cuenta las consideraciones formuladas a mayor abundamiento en la sentencia apelada, la acertada decisión del tribunal oral que corrigió el cómputo [...], dado que la pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión..." (causa P. 102.332 cit., e.o.; a cuyas manifestaciones adicionales también cabe remitirse, conf. causa P. 120.481, sent. de 7-XII-2016).
Incluso, con posterioridad, la Corte Suprema falló in re "Miranda" (sent. de 26-XII-2019), dejando en claro la subsistencia de ambas especies de pena privativa de la libertad, con la especificación de que en la actualidad la pena de reclusión se ejecuta de igual manera que la pena de prisión (cons. 21, voto de la mayoría).
En cualquier caso, corresponde señalar que tanto los precedentes "Méndez" como "Miranda", tienen en común el examen de una cuestión diversa a la que aquí nos ocupa. Efectivamente, en aquellos se trató de que, como las personas condenadas a pena de reclusión no tienen un régimen carcelario propio, ni establecimientos reservados para ellos, ni están sujetos a condiciones de detención distintas que aquellas personas condenadas a pena de prisión, no debe corresponderle un abono de tiempo en prisión preventiva diferencial, más desventajoso. Esto es, la decisión versó en tales fallos de la Corte federal en relación con una norma específica del Código Penal -art. 24- referida al abono de la prisión preventiva, pero nada predica sobre las otras diferencias que subsistirían entre ambas especies de pena. Por lo tanto, lo allí resuelto no se vincula directamente con la cuestión que aquí interesa, sino sobre la racionalidad de ese tratamiento o cómputo diferenciado del tiempo cumplido en prisión preventiva, según fuese la especie de pena que luego recaía, cuando ya no existen las diferencias otrora previstas para su ejecución.
En la causa P. 126.413 (sent. de 23-V-2017), se añadió que "...en la economía del mentado régimen sancionador, las diferencias entre ambas especies de pena exceden la relativa a la mayor intensidad en la ejecución material de la reclusión. Esta siempre expresó un contenido más gravoso, marcado por diferencias normativas que, pese a la identidad en la ejecución actual, aún subsisten y dan sentido a la diferenciación (v.gr. arts. 13, 26, 44 y 46, Cód. Penal)".
"La reclusión es, entonces, la pena más grave de las que componen el catálogo del Código Penal (art. 5), pues muchos otros matices que no se relacionan directamente con las condiciones materiales en las que debía cumplirse, permiten distinguirla de la de prisión y acentúan ese cariz diferencial y más severo".
"En suma, solo en lo que atañe a la modalidad de su ejecución, la distinción ha perdido vigencia, mas no desde un plano simbólico y, tampoco, desde otras condiciones relativas a su ejecución material, por ejemplo, las consecuencias más severas que resultan de su imposición en relación con determinados institutos que dan sentido a su concepción como pena distinta y más grave que la de prisión".
"De otro lado, la cantidad de reformas operadas en el Código Penal con posterioridad a la sanción de la ley 24.660 en las que se conmina con la pena de reclusión diversos tipos penales (v.gr. leyes 25.061; 25.087; 25.188; 25.601; 25.742; 25.816; 25.882; 25.886; 25.890; 25.892; 25.893; 25.928; 26.394; 26.524; 26.791 y 26.842), impide considerar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada sea extensible sin más al caso que nos ocupa, ello particularmente ante la ausencia de razones que expliciten el alcance de dicha doctrina (conf. voto de la doctora Kogan en P. 102.332 cit.)" (causa P. 126.413, cit.).
Por último, la denuncia de afectación del principio de legalidad se sustentó en la alegada inexistencia de diferencias entre ambas especies de penas privativas de libertad -reclusión y prisión-, de lo cual resulta, conforme lo ya expuesto, que el razonamiento del señor defensor partió de una errada interpretación del tema en debate, por lo que también debe ser desestimada (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de José Ignacio Fumaneri, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:49:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 09:00:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:52:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:18:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:22:22 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 13:46:54 hs. bajo el número RS-75-2024 por SP-GUADO CINTIA.
Fin de la sentencia