Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 149044
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 140.944, "Tolosa, Sergio Sebastián s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 129.376 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, a través del pronunciamiento dictado el día 29 de diciembre de 2023, rechazó el recurso de la especialidad incoado por la defensa oficial de Sergio Sebastián Tolosa contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, que —el día 12 de octubre de 2023— confirmó el auto de la Presidenta del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes que aprobó el cómputo de pena practicado por el actuario del que surge que el nombrado estaría en condiciones temporales de acceder eventualmente a la libertad condicional el día 10 de junio de 2043, sin hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 16 del Código Penal.
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida sede casatoria, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue admitido por el Tribunal de Alzada por resolución del día 10 de abril de 2024.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen digital de 5-XII-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa oficial denuncia arbitrariedad de la sentencia por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal (arts. 18 y 33, Const. nac. y 171 Const. prov.), a la vez que infringe el derecho al recurso al haber constituido la intervención del Tribunal de Casación un mero tránsito aparente, que no ha dado respuesta a los agravios de la defensa (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP).
Afirma que en el recurso de casación se abogó por la inconstitucionalidad de los arts. 13 y 16 del Código Penal, como así también la violación de los principios constitucionales que establecen que las penas deben perseguir fines de resocialización y readaptación social. No obstante, el revisor rechazó el recurso realizando un análisis superficial de los planteos formulados, omitiendo expresarse a cabalidad sobre el fondo del asunto.
Estima violada la doctrina emergente del precedente P. 80.280 de esta Corte —el que transcribe parcialmente—, pues, aun cuando reconoce que el supuesto fáctico de aquel no resulta idéntico al presente, "...la doctrina legal que reafirma, no es más que la exigencia, trasladable a cualquier pronunciamiento judicial —con mayor razón ante uno que versa sobre el cómputo efectuado para determinar el vencimiento de una pena de prisión perpetua, con todo lo que ello abarca— de fundamentación mínima, como garantía de resguardo contra decisiones basadas en la sola voluntad del juzgador".
Asimismo, alude a la violación de la prohibición de tormentos (art. 18, Const. nac.) y la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 5.1 y 5.2, CADH).
Insiste en que la respuesta punitiva dada por Casación —en aplicación del art. 13 del digesto sustantivo— consagra para Tolosa una situación que importa el agotamiento de su expectativa vital en la cárcel. En particular, enfatiza que la pena impuesta conlleva las siguientes consecuencias: a) desconoce la finalidad resocializadora (art. 5.6, CADH); b) se desentiende del carácter de persona del condenado y c) resulta ser inhumana y degradante.
Afirma que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana, siendo incompatible con la prohibición de toda especie de tormento (conf. doctr. CSJN causa G.239.XL "Giménez Ibáñez") y que, dentro del sistema republicano, toda pena debe tener un límite temporal.
Entiende que la imposibilidad de que el condenado recupere algún día su libertad resulta inconstitucional y que el pronunciamiento recurrido —en tanto confirmó lo resuelto por el tribunal de origen que determinó que Tolosa podría acceder a la libertad condicional transcurridos treinta y cinco años desde su detención (al no haber sido declarado reincidente)— viola el principio de legalidad, pues omite aplicar el límite impuesto por la ley 26.200 y el Estatuto de Roma que, a su juicio, resulta ser la única salida posible para no vulnerar los derechos de su asistido.
Entiende que la ley 26.200, que incorporó al orden jurídico interno el Estatuto de Roma, derogó las reformas al Código Penal tanto de la ley 25.928 —que elevó a cincuenta años de prisión el máximo de la escala penal prevista para el concurso real—, como la ley 25.892 —que reformó el art. 13 del mismo digesto, disponiendo en treinta y cinco años el tiempo exigido para habilitar el pedido de la libertad condicional en penas perpetuas—.
Concluye que, si bien a Tolosa se le impuso la pena de prisión perpetua, corresponde compatibilizar su duración con las penas aplicables en la ley 26.200 para los delitos más graves (de máximo contenido injusto) y a las previsiones de los arts. 77 y 110 inc. 3 del Estatuto de Roma, el que prevé una reducción de la pena, a veinticinco años, en los casos de prisión perpetua, la que debe ser entendida como un equivalente a la libertad condicional en el caso concreto. Por ello, peticiona que se fije la fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua en ese tope (25 años).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar la impugnación. Coincido con lo dictaminado.
III. El recurso es insuficiente (conf. art. 495, CPP).
Para una mejor comprensión del caso corresponde formular una breve reseña del derrotero procesal de la causa.
III.1. De las actuaciones digitalizadas, se desprende que la jueza de trámite del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Mercedes, el día 8 de septiembre de 2023, aprobó el cómputo de pena practicado en autos. Allí surge que por sentencia dictada el día 14 de septiembre de 2010 por ese órgano en la causa 322/00, se condenó a Sergio Sebastián Tolosa (Molina) a la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable de los delitos de incendio y homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas —en concurso ideal—, y ambos hechos en concurso real. Recurrido el fallo, el Tribunal de Casación Penal, por sentencia definitiva del día 25 de agosto de 2014, lo casó parcialmente, obliterando la calificante de alevosía, dejando incólume el resto del pronunciamiento, sin mutar la pena. Tal decisión adquirió firmeza el día 2 de febrero de 2023. El nombrado en el marco de la IPP 09-02-238.733-08 fue detenido el 10 de junio de 2008, coerción que se convirtió en prisión preventiva el 11 de julio de 2008, sin que hasta la fecha hubiera recuperado su libertad, por lo que podría obtener la libertad prevista en el art. 13 del Código Penal, el día 10 de junio de 2043.
III.2. Contra tal cómputo, la defensa oficial del condenado dedujo recurso de apelación en el que se agravió por la falta de fijación de fecha de vencimiento de la pena, y que se la hiciera pender de dos condiciones: a) la concesión de la libertad condicional y b) que transcurran cinco años a partir de esa fecha, sin que el beneficio haya sido revocado. Sostuvo la necesidad de fijar una fecha en la que el condenado pueda recuperar efectivamente su libertad, y que el tiempo que debe transcurrir para que ello suceda es el establecido en la ley 26.200, por la cual se implementó el Estatuto de Roma, es decir el tope es de veinticinco años de encierro. A su entender, de no ser así se estaría afectando el principio de proporcionalidad y se violaría el principio de la ley penal más benigna, a tenor de lo establecido en el art. 12 de la mencionada ley 26.200. A todo evento, estimó que debía vencer a los treinta años. Seguidamente, expresó que el plazo de treinta y cinco años establecido en el art. 13 del Código Penal, además de contravenir el Estatuto de Roma, es contrario a la finalidad que persigue el instituto. Pues, ese período de tiempo condena a la persona a estar en prisión casi el resto de su vida, lo que torna a la norma inconstitucional, por contrariar el principio de reinserción social, lesionar la intangibilidad de la persona humana en virtud de los graves trastornos de personalidad que generan, todo lo cual es incompatible con el art. 18 de la Constitución nacional. Solicitó la revocación del cómputo aprobado, por no ajustarse a los estándares constitucionales y convencionales que rigen la materia. En subsidio, sostuvo que, siendo que Tolosa se encuentra privado de su libertad desde el día 10 de junio de 2008, y que —conforme al art. 13 del Código Penal— a los treinta y cinco años podrá obtener la libertad condicional, lo que acaecerá el día 10 de junio de 2043, transcurridos cinco años desde ese momento, es decir el día 10 de junio de 2048, deberá tenerse por cumplida la sanción impuesta, no pudiendo durar ésta más de cuarenta años. Peticionó que, de no admitirse otra interpretación se declare la inconstitucionalidad del mentado art. 13 y también del art. 16, ambos del Código Penal, por las razones esgrimidas.
III.3. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, rechazó el recurso y confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena cuestionado, sin hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad de los arts. 13 y 16 del Código Penal (v. resol. digital de fecha 12-X-2023).
Para así decidir sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que Tolosa resulta pasible de obtener —oportunamente— el beneficio de la libertad condicional, luego de lo cual, y a resultas del cumplimiento de las condiciones de tal instituto durante el período de cinco años, se extinguirá la sanción punitiva impuesta.
Con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Alvarez", sentencia de 22-VIII-2019, explicó que la mutación de una pena, de perpetua a temporal, carece de base legal considerando que no existen motivos para sostener que, en la especie, nos encontramos ante un supuesto de pena sin límite temporal.
En otro orden y para desestimar el agravio sustentado en que sin límite temporal certero el encierro podría superar el impuesto por la ley 26.200 y el Estatuto de Roma destacó que la normativa que cita la recurrente tiene previsto que para el supuesto de que se produzca la muerte de una persona —tal el caso de autos— la pena será de prisión perpetua.
Agregó que el art. 12 primer párrafo de la mentada ley, establece que la pena aplicable a los delitos previstos en los arts. 8, 9 y 10 "...en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación..."; es decir, que es la misma ley 26.200 la que prevé la posibilidad de que exista una pena que sea mayor a los veinticinco años de prisión. Y de suyo afirmó que el Estatuto de Roma no resulta óbice para interpretar el agotamiento de la pena a perpetuidad de la forma que prevé la normativa del Código Penal.
Descartó, asimismo, la petición de inconstitucionalidad del art. 13 del Código de fondo en virtud de lo excesivo que se presenta el término de treinta y cinco años y la presunta dificultad de que después de tanto tiempo pueda obtenerse un pronóstico de reinserción social favorable.
En esa senda apuntó que el fundamento dado por la defensa resulta genérico e hipotético, pues en el caso concreto no se encuentra acreditada la postura planteada.
Indicó que han sido los legisladores, en el uso de las facultades que le asignó la Constitución nacional, quienes han establecido un nuevo criterio de política criminal que implica aumentar a treinta y cinco años el término previsto para que una persona, condenada a prisión perpetua, pueda solicitar el instituto de la libertad condicional. Siendo ello así, resulta ajeno al control judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (CSJN Fallos: 253:362; 257:127; 300:642; e.o.). Y, añadió, si bien el Poder Judicial se encuentra facultado para evaluar y considerar la compatibilidad de la política criminal con la Constitución nacional, esa facultad conferida a este Poder del Estado no abarca la evaluación de la conveniencia, ni del acierto de esa política criminal escogida por el Congreso de la Nación.
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del Código sustantivo, por considerar que justamente la norma cuestionada hace que una pena indivisible sea determinable, y con ello, consecuentemente, que la pena de reclusión o prisión perpetua prevista en el Código de fondo armonice con el resto de la normativa nacional e internacional, especialmente, en cuanto a la finalidad de las penas.
Agregó que el principio de igualdad ante la ley consiste en tratar de la misma forma lo que es igual o, dicho en otras palabras, violar la igualdad ante la ley es actuar de distinta manera ante situaciones que son equivalentes. Ello, además de disponer también la supresión de prerrogativas de sangre y de nacimiento, no admitiendo fueros personales ni títulos de nobleza (art. 16, Const. nac.).
Bajo tales premisas confirmó el auto que aprobó el cómputo de pena respecto de Sergio Sebastián Tolosa.
III.4. En el embate casatorio la defensa solicitó que se fije un tope máximo de duración de la pena de prisión perpetua, en el cual el penado pueda recuperar definitivamente su libertad, aun en el caso en que no sea beneficiado con la libertad condicional, que entiende que debería ser a los veinticinco años conforme la ley 26.200, o a lo sumo, a los treinta años, en función de la limitación consagrada en el Estatuto de Roma, es decir el día 10 de junio de 2033 o en su caso el día 10 de junio de 2038. En subsidio requirió se haga lugar a la modificación del cómputo de pena aprobado, disponiendo que agotará indefectiblemente su pena a los cuarenta años a partir de su detención, haciendo una interpretación armónica de los ya citados arts. 13 y 16, con independencia de si le fue otorgada o no la libertad condicional, asimismo, cuestionó la constitucionalidad de tales disposiciones del Código Penal.
III.5. De tal modo, arribamos al fallo del Tribunal de Casación cuestionado en la impugnación bajo estudio (sent. de 29-XII-2023).
El señor juez Kohan, que concitó la adhesión del doctor Natiello, indicó que el recurso de casación impetrado contra el auto dictado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías interviniente que confirmó el cómputo de pena que fuera aprobado por el órgano de grado, resulta inadmisible (cfr. art. 450, CPP), tal como esa Sala viene sosteniendo en numerosos precedentes (causas 99.773 y 101.510; e.o.).
Sin perjuicio de ello, verificó una cuestión federal suficiente, quedando el tribunal habilitado para conocer en el remedio, logrando la apertura excepcional de esa instancia, toda vez que, la problemática se centra en la constitucionalidad de los arts. 13 y 16 del Código Penal normativa que tiene relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso.
En esa senda desestimó la pretensión de la defensa referida a la declaración de inconstitucionalidad del lapso temporal de treinta y cinco años previsto por el art. 13 del Código Penal para acceder a la libertad condicional en supuestos de condena a prisión perpetua, con invocación de precedentes de esa Sala (causa 102.109, sent. de 15-VII-2020, la que transcribió en sus partes pertinentes; e.o.).
Para así decidir expresó que en el sistema penal argentino la perpetuidad de las penas no es tal debido a que, si bien pueden ser indeterminadas no son infinitas y se extinguen —salvo supuestos de excepción— con la obtención de la libertad condicional y el cumplimiento de las condiciones impuestas, y que "...resulta imposible fijar de antemano la duración de la misma por su propia naturaleza, no solamente porque lo perpetuo es [...] lo que dura para siempre, cualidad que llevaínsita su inconmensurabilidad, sino, en especial, por el régimen de cumplimiento que la torna variable. Pero al mismo tiempo, la legislación determina que en la mayoría de los casos las penas perpetuas no revisten tal carácter y, en cambio, tengan finalización". Dijo además que "...las penas perpetuas tienen previsto su agotamiento a partir de la concesión de la libertad condicional" y que "...es la propia ley la que les pone término".
Agregó que "El simple cotejo con la práctica y con la lectura de los textos legales revela que la mayoría de las penas perpetuas se extinguen luego de obtenida la libertad condicional y que el único obstáculo para que ello ocurra sería la reincidencia, siendo que tal limitación es solo preliminar y no es lo que se verifica en la aplicación del plexo normativo en forma armónica, [...] por cuanto existe la posibilidad de obtener la libertad condicional, si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 13 del Código Penal, transcurridos treinta y cinco años de condena (con anterioridad a la sanción de la ley 25.892 era de veinte años), o, de mediar reforma legislativa en el futuro que haga variar dicho lapso en menos".
También señaló, en lo que aquí interesa, que "...la ley 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, permite por su artículo 17 la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad al condenado a pena perpetua que haya cumplido en detención quince años".
Luego de citar doctrina de autores sobre el tema, precisó que, salvo la prohibición contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, de las previsiones de los tratados incorporados a la Constitución nacional no surge que aquellas sean incompatibles con la aplicación de una pena de prisión perpetua, dado que "...si cumpliendo el recaudo de brindar una potencial soltura, se permite válidamente aplicar la pena de prisión perpetua a un menor de edad, con más razón [...] no pugna con la normativa constitucional que ella se vea conminada para el delincuente mayor cuando [...], no sólo no existe norma alguna en el plexo constitucional que lo prohíba, sino que tampoco surge implícita su contradicción con los derechos humanos que aquél tutela y siempre que se respete —al igual que en el caso de aquellas temporales determinadas— la integridad de la persona condenada...". Invocó los arts. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanas o degradantes; así como trajo a colación lo resuelto sobre el tema por el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Destacó también que las penas de prisión perpetua no resultan ser un obstáculo a la resocialización del condenado, pues del art. 1 de la ley 24.660 surge que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad"; y que durante dicho tiempo de encierro, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad debido a que "...todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla".
Además, aseguró que tampoco se
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.