Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128740
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.740, "Carabajal, Ricardo Ariel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 74.859 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de agosto de 2016, rechazó el recurso homónimo incoado por la defensa de Ricardo Ariel Carabajal contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio calificado criminis causae (arts. 45, 55, 166 inc. 2, párrafo segundo y 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. 52/63 vta.).
Contra esa decisión, se alzó la señora defensora oficial adjunta mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/80), la que fue declarada parcialmente admisible por parte del tribunal intermedio (v. fs. 87/90 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 100/105 vta., dictada la providencia de autos a fs. 106 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Atento el acotado marco en que quedó abierta la competencia de esta Corte conforme los términos de la resolución de admisibilidad que luce a fs. 87/90 vta., consolidada a partir del rechazo del recurso de queja interpuesto por la parte (expediente P. 128.614 RQ que corre por cuerda a la presente), he de abordar sólo los agravios desarrollados en los puntos V.A y V.C del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a estudio (v. esp., fs. 68 vta./72 vta. y 76 vta./79 vta.).
II.1. En el primer punto de embate, la defensa denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 68 vta.); pues considera que las afirmaciones que surgen del fallo recurrido para sostener ese encuadre legal "...no se compadecen con las constancias de la causa" (v. fs. cit. vta./69 vta.).
A partir de los dichos contestes de los testigos presenciales estima que la figura agravada del art. 80 inc. 7 del Código Penal sólo podía endilgársele al coautor prófugo, quien "...por exclusiva decisión, efectuó el disparo que provocó el deceso" de la víctima, excediéndose así del plan original, lo que determina que dicha acción no debe imputarse a su asistido (v. fs. 70 y vta.).
Refiere que el fallo "...parte de una premisa falsa" al sostener la intervención de su pupilo en la producción de la muerte de Duarte. Sostiene que "El tramo fáctico en que se produjeron los disparos no fue observado por ninguno de los testigos", por lo que la aseveración de que "...ambos sujetos [...] dispararon contra la humanidad de Martínez Duarte carece de todo sustento y [...] está reñida con las reglas de la lógica" (v. fs. cit. vta.).
A su criterio, de la prueba reseñada "...sólo puede obtenerse como conclusión válida que Carabajal fue a robar conforme el plan convenido con su consorte", y que "...cuando la víctima forcejeó con él, le sacó el arma y corrió hacia donde se encontraba el otro sujeto, [...] lo siguió desarmado e, inmediatamente se escucharon disparos" y que "...no hubo solución de continuidad entre la corrida de Martínez Duarte y tales disparos" (v. fs. cit.).
Por ello, estima que es erróneo aplicar las reglas de la coautoría (art. 45, Cód. Penal) por la inexistencia de un plan común de homicidio (v. fs. cit.), con apoyo en doctrina de esta Corte en torno a la aplicación de la figura en trato (causas P. 114.722, sent. de 3-X-2012 y P. 47.611, sent. de 4-V-1993).
Tras aludir a los requisitos subjetivos y objetivos que se deben cumplir para tener por acreditada la coautoría funcional, y con base en la ausencia de prueba de "...un plan común para matar" denuncia que el fallo ha incurrido en violación al principio de culpabilidad por el hecho (arts. 18 y 19, Const. nac.; v. fs. 72).
Por todo ello, solicita se declare erróneamente aplicado el art. 45 en función del art. 80 inc. 7 del Código Penal y se encuadre la conducta de Carabajal en los términos del art. 166 inc. 2 segundo párrafo del mismo ordenamiento legal. Agregó que, a todo evento, sólo podría imputarse a su asistido el delito de homicidio en ocasión de robo en los términos del art. 165 del código de fondo, citando los precedentes P. 86.527 y P. 114.722 de esta Corte en apoyo de tal premisa (v. fs. cit. y vta.).
II.2. De modo subsidiario, se agravió contra la decisión que desestimara el planteo de inconstitucionalidad de la pena de carácter perpetuo impuesta en el caso, al entender que constituyen un trato inhumano que aniquila la posibilidad de resocialización, finalidad esencial del tratamiento penitenciario y, en consecuencia, violentan los arts. 5.2. y 5.6. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 76 vta.).
Destacó que, dado el carácter dinámico de la interpretación y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, "...no sólo atiende a los modos de penar, sino también a la proporcionalidad de las penas" (v. fs. 77, el subrayado figura en el original). Citó el caso "Mendoza y otros v. Argentina", sentencia de 14-V-2013, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también "Vélez Loor vs. Perú", sentencia de 23-XI-2010 (v. fs. 78).
Sentado ello, entendió que el monto de pena fijado a Carabajal resulta "...desmesurado e ilógico, generando en consecuencia- un gravamen constitucional" (v. fs. cit. vta.).
Finalmente, trajo a colación el Estatuto de Roma, ratificado por nuestro país mediante la ley 26.200, a partir del cual a su criterio- "...es imperativo encaminar la exégesis del monto adecuado de pena, teniendo como máximo el que está previsto internacionalmente, esto es, 25 años de pena privativa de libertad" (v. fs. cit. vta./79 vta.).
III. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del remedio interpuesto (v. fs. 100/105 vta.).
IV. Coincido en que el recurso no puede prosperar.
IV.1. En cuanto al primer planteo cabe señalar que el tribunal de la instancia tuvo por probado que "...el día 19 de julio de 2014, siendo aproximadamente las 21.00 horas, un sujeto del sexo masculino, junto a otra persona del mismo sexo, actualmente prófugo e inindividualizado, irrumpieron en el domicilio de la calle [indicada] del barrio Santa Catalina, partido de Lomas de Zamora, vivienda ubicada en la parte trasera del terreno, y mediante intimidación con armas de fuego sobre su morador Antonio Martínez Duarte, se apoderaron ilegítimamente de su teléfono celular [...] documentación personal [...] y dinero en efectivo, pero ante la resistencia de la víctima, los imputados, a fin de consumar el delito contra la propiedad le efectuaron numerosos disparos con las armas que portaban para darle muerte, causándole heridas de tal gravedad que le produjeron su deceso, para luego darse a la fuga [...] con el producto de lo sustraído" (v. fs. 10 y vta.).
Asimismo, cabe destacar que se tuvo por demostrada la participación de Carabajal en el hecho descripto, el que se le endilgó en carácter de coautor funcional, y fue calificado del modo indicado en los antecedentes de la presente (v. fs. 15/20 vta. y 22 y vta.).
Frente al cuestionamiento de la parte en torno a la aplicación de la figura agravada de homicidio (art. 80 inc. 7, Cód. Penal), el órgano intermedio en lo que interesa destacar- afirmó que "...conforme la valoración de la prueba analizada surge que la decisión de Carabajal y el coautor no identificado, de disparar y matar a la víctima Martínez Duarte se dio cuando éste intentó defenderse y desarmar a Carabajal, siendo que inmediatamente salió de la pieza y fue ultimado por numerosos disparos a corta distancia, circunstancias que no dejan dudas de la intención homicida, ni que su muerte tenía como objetivo consumar en el caso el delito contra la propiedad", agregando que "...la preordenación de la muerte a la finalidad delictiva no supone una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano, sino que el art. 80 inc. 7° del C.P. sólo exige que, en el ánimo del autor(es), en el momento del hecho, el fin delictuoso actúe como motivo específicamente determinante del homicidio" (fs. 59 vta.).
Agregó que para tener por configurado el tipo agravado en cuestión "...no se requiere premeditación sino sólo decisión, la cual puede incluso producirse de improviso en la ejecución del hecho mismo" (fs. 60).
IV.2. Lo cierto es que pese a denunciar la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, los cuestionamientos plasmados en la impugnación están dirigidos a la valoración probatoria merced a la cual se arribó a la plataforma fáctica imputada, y sólo transitivamente a la significación jurídica de la misma. Aquella temática relativa a la fijación de los hechos y su prueba- resulta ajena al conocimiento de esta Corte en el marco de la vía extraordinaria emprendida, conforme las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar, que los embates del recurrente contra el decisorio en crisis, además de no controvertir los fundamentos vertidos por la casación, no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (doctr. art. 495, CPP).
En particular, acerca de su postura de que la subjetividad concreta que reclama la figura en trato sólo podía atribuirse al co-encartado prófugo, por haber sido su asistido desapoderado del arma con que concurriera munido al escenario del crimen, justo antes del descenlace mortal, no logra desmerecer la afirmación del a quo relativa a que "...la decisión de Carabajal y el coautor no identificado, de disparar y matar a la víctima Martínez Duarte se dio cuando éste intentó defenderse y desarmar" al nombrado, "...siendo que inmediatamente salió de la pieza y fue ultimado por numerosos disparos a corta distancia, circunstancias que no dejan dudas de la intención homicida, ni que su muerte tenía como objetivo consumar en el caso el delito contra la propiedad" (fs. 59 vta.).
En consecuencia, no advierto que la parte haya logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva a cargo del tribunal recurrido (art. 80 inc. 7, Cód. Penal) a partir del modo en que ha sido delimitado el objeto de imputación.
Y si bien incluye entre sus alegaciones la tacha de arbitrariedad (v. fs. 71), fuera de señalar su opinión diversa y de sugerir interpretaciones alternativas de la prueba no ha desarrollado argumentos que permitan verificar la existencia de tal vicio (art. 495, cit.).
Debe señalarse que el objeto de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234), nada de lo cual ha sido aquí puesto en evidencia.
A todo evento, es dable destacar que lo resuelto por el tribunal intermedio se adecua a la doctrina legal de esta Corte, en tanto sostiene que "Para que resulte aplicable la figura del inc. 7° del art. 80 del Código Penal debe demostrarse la existencia en el ánimo del autor de cualquiera de las finalidades que contempla" (causas P. 115.594, sent. de 13-VIII-2014; P. 115.671, sent. de 3-IX-2014; P. 114.997, sent. de 10-XII-2014; P. 118.830, sent. de 18-III-2015; P. 120.309, sent. de 2-XII-2015; e.o.) y puntualmente que "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito" (conf. causas P. 100.416, sent. de 12-III-2008; P. 101.265, sent. de 30-III-2011; P. 98.240, sent. de 14-XI-2012; P. 113.545, sent. de 19-XII-2012; P. 106.440, sent. de 31-X-2012; P. 111.820, sent. de 31-VII-2013; P. 116.777, sent. de 8-VII-2014; P. 114.997, sent. de 10-XII-2014; P. 120.850, sent. de 9-IX-2015 y P. 116.797, sent. de 14-X-2015; e.o.).
IV.3. Por otra parte, la arista argumental por la cual se sostiene que Carabajal no resultó autor de los disparos que pusieron fin a la vida de la víctima, y se cuestiona el grado de participación del mismo por no evidenciarse un plan común para matar por parte de los implicados (solicitando se declare la errónea aplicación al caso del art. 45 en función del art. 80 inc. 7, ambos del Código Penal), resulta asimismo insuficiente (art. 495, CPP).
En efecto, tras confirmar la existencia de un acuerdo para robar con, al menos, un arma de fuego, el tribunal intermedio estimó "...acertados los postulados de la sentencia" respecto de la mecánica de los hechos y que Carabajal fue uno de los sujetos que ingresara armado con fines de robo a la vivienda, sustrayendo el teléfono de la víctima con más la exigencia violenta de dinero. También en cuanto que Carabajal se quedó amenazando a Antonio Martínez Duarte y a las menores E. y D., mientras el otro sujeto fue hasta la vivienda delantera a traer por la fuerza a Juan López Ayala, Jorgelina López Ayala y Manuel López Ayala, existiendo por tanto una coautoría funcional durante la etapa ejecutiva del hecho, pues cada uno realizó un aporte de tal entidad que resultó necesario para su comisión, otorgando a ambos el dominio total de la acción, y así los intervinientes tuvieron el co-gobierno del suceso (fs. 57 vta. y 58).
Luego de efectuar consideraciones teóricas sobre la coautoría funcional señaló que "El aspecto subjetivo se encuentra constituido por la decisión común hacia el hecho, esto es que los coautores estén de acuerdo para obrar conjuntamente; mientras que el aspecto objetivo está configurado por la ejecución de esa decisión mediante la división de tareas" (fs. cit. y vta.).
Sentando lo anterior, concluyó que, en el caso, "...la circunstancia de que fueron dos las personas que intervinieron en el ilícito y la modalidad de su accionar conforme se determinó en el fallo- revela un acuerdo de voluntades que quedó evidenciado claramente a partir de la prueba reseñada por los sentenciantes" (fs. cit. vta.).
Agregó que, "En ese contexto debe ser analizado el instinto de la víctima [...] de desarmar a Carabajal y poner fin al robo, logrando salir de la pieza donde estaban reducidas las víctimas, seguido por [el nombrado], oportunidad en la que le efectuaron [...] numerosos disparos a corta distancia que le causarían la muerte" (fs. cit. vta.).
Así las cosas, como bien lo puntualiza el señor Procurador General, "...las particularidades del aporte de cada uno de los coautores pierde la relevancia que la defensora pretende asignarle pues, como es sabido, la coautoría funcional permite reunidos los extremos que exige su aplicación- la atribución recíproca de las consecuencias correspondientes a la conducta de cada uno de los coautores" (fs. 103 vta. del dictamen respectivo).
IV.4. Por último, la denuncia de afectación al principio de culpabilidad por el hecho (arts. 18 y 19, Const. nac.), resulta extemporánea.
Al deducir el recurso de casación (v. fs. 29/33), en lo que interesa destacar, la entonces defensora oficial planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 en concurso real con el 166 inc. 2, ambos del Código Penal, solicitando se subsumieran los hechos en los arts. 79 y 163 inc. 2 del mismo ordenamiento legal. Luego, al presentar la memoria que autoriza el art. 458 del digesto ritual, la señora defensora interviniente sumó agravios relativos a la participación de su pupilo en el hecho endilgado, concluyendo que en todo caso sólo cabía endilgarle la figura del art. 165 del Código Penal (v. fs. 40 vta./41 vta.); nada dijo en relación con la afectación del principio constitucional antes mencionado.
De tal manera, dicho argumento no se llevó en la oportunidad prevista en el art. 451 del ritual ni en la memoria (art. 458, CPP), por lo cual tampoco fue abordado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 52/63 vta.).
Resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que los agravios de índole constitucional deben introducirse en la primera oportunidad posible circunstancia que no aconteció en el presente- y que el pretendido cariz federal de los cuestionamientos no puede excepcionar tal exigencia formal (conf. causas P. 124.156, resol. de 21-XII-2016; P. 113.553, resol. de 31-VII-2013; P. 108.456, resol. de 19-III-2014; P. 122.063, resol. de 13-V-2015, entre muchas otras de esta Corte; CSJN causa M. 88. XLV; RHE "Martínez, Walter L., Godoy, María Angélica y Galli, Miguel L. s/ falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas causa 3255/08-", sent. de 12-IV-2011).
V. El agravio articulado en subsidio por la impugnante, tampoco es de recibo.
V.1. En el trámite ante casación, la defensa de Carabajal, al completar los agravios dirigidos a cuestionar el monto de la pena impuesta (art. 458, CPP), solicitó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua (v. fs. 41 vta./43 vta.).
V.2. Frente a ello, el órgano casatorio observó, en primer lugar, que "...el plafón que sustenta los postulados" de la defensa "...sería la prohibición de las penas perpetuas en sentido estricto, es decir que el cuadro constitucional, integrado por los diversos instrumentos internacionales mencionados, conllevaría la inconstitucionalidad de las penas 'realmente' perpetuas" (fs. 60 vta. y 61), premisa que reputó errada, "...en tanto nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica de cese de la coerción personal en cierto momento de la ejecución de la pena, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones" (fs. cit.).
Por otra parte, consideró que tampoco resultaba válida la afirmación de que la sanción impuesta al acusado sería "cruel, inhumana y degradante" en razón de "su eternidad", al ponderar que más allá de la vía utilizada- se trataba de un planteo prematuro, pues el eventual perjuicio del imputado "...se produciría a todo evento- cuando se estime procedente el acceso a la libertad condicional, momento en el cual recién prosperarían las incidencias en el sentido en que se postulan" (fs. cit.).
Recordó que, debido a la importancia del tema, y "...con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes [...], resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza [la] actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" (fs. cit y vta.).
Consideró importante destacar como imprescindible que el "...enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional" (fs. cit. vta.), premisa no abastecida en el caso.
En definitiva concluyó que la pretensión no podría ser atendida, "...desde que no se ha evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada, en tanto no mereció ninguna objeción que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 7 del C.P., no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado" (fs. cit. vta. y 62), o que "...sea desproporcionada o irracional desde la óptica constitucional postulada por el quejoso- con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado".
Agregó que "...se participen o no de las críticas vinculadas
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