Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78257
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.257, "Coria, Nicolás Gustavo contra Provincia de Buenos Aires y otro sobre reconocimiento de derechos. Recurso de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la decisión de primera instancia que había admitido la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos ordenando a la Dirección General de Cultura y Educación provincial que lo designe en el cargo de portero de escuela que le había sido asignado por acto público y la condenó a abonar al actor el cuarenta por ciento (40%) de los haberes devengados y no percibidos desde que el actor debía tomar posesión del cargo hasta la fecha en que lo ocupe efectivamente, utilizando como base del cálculo el sueldo actual de la categoría del agente, con más la aplicación de la tasa del 6% anual (v. sent. de 22-III-2022).
Disconformes con dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, los cuales fueron concedidos oportunamente por la Cámara actuante (v. resol. de fecha 7-VII-2022). Con fecha 14 de marzo de 2023 este Tribunal rechazó, por encontrarlo insuficientemente fundado, el deducido por la parte actora, llamando autos para resolver el de la demandada.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En las presentes actuaciones el señor Nicolás Gustavo Coria, a través de letrado patrocinante, promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se le reconozca su derecho a ser incorporado al cargo de portero de escuela, al cual dice haber accedido por acto público, solicitando —a su vez— el pago de los salarios retroactivos adeudados desde el momento en que debió haber comenzado a trabajar, con más una indemnización por daño moral.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta e imponer las costas a la demandada vencida.
En primer lugar, delimitó el debate a la determinación de si correspondía reconocer al actor el derecho a ingresar al cargo de portero de escuela como así también si resultaba procedente el pago de los salarios caídos y el daño moral reclamado.
Para así decidir comenzó por traer el plexo normativo aplicable, en particular la legislación provincial en materia de protección integral para las personas con discapacidad (ley 10.592).
De este último destacó que a la par de crear un Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SeCLaS) para las personas con discapacidad, estableció que su dictamen debía ser considerado en el ingreso a la Administración Pública (cfr. arts. 10 y 12, ley 10.592).
De este modo entendió que la Dirección de Salud Ocupacional, al momento de dictaminar, debió —por imperio legal— tener en cuenta lo dictaminado por el SeCLaS (Servicio de Colocación Laboral Selectiva para personas con discapacidad) y, si este organismo específico había informado que el joven Coria se encontraba en condiciones de desempeñarse en el cargo de portero de escuela, luego se imponía una fundamentación mayor si su opinión no era coincidente, debiendo dar explicaciones suficientes del por qué consideraba que —pese al informe favorable mencionado y aún a otro más emitido por la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)— el actor igualmente no era apto para ocupar dicho puesto.
Así concluyó que tal actuar administrativo resultaba carente de motivación circunstancia que imponía su descalificación.
En consecuencia, resolvió hacer lugar a la pretensión, ordenar la designación del actor en el cargo de portero que le había sido asignado por acto público, y con respecto a la pretensión indemnizatoria, teniendo en cuenta las particulares circunstancias y con criterio de prudencia y equidad, lo fijó en un 40% de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha que le hubiera correspondido tomar posesión del cargo y hasta su efectiva instalación en él, ello con base en el salario actual que le correspondiese al momento de la sentencia, como manera de salvaguardar el derecho a propiedad del actor, adicionando a tal monto los intereses aplicando la tasa del 6% anual.
Finalmente, con relación al daño moral entendió que no se encontraba probado correctamente en autos, toda vez que no se había producido prueba alguna tendiente a acreditar la entidad objetiva del daño invocado —arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial—.
III. Apelado el fallo por ambas partes, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado como así también el interpuesto por la actora, confirmando de ese modo en todas sus partes el fallo recurrido.
Para así decidir, el doctor Spacarotel, cuya tesis concitó la adhesión de la doctora Milanta (el doctor De Santis votó en disidencia), luego de explayarse sobre la prueba rendida en la causa (v. pto. II.1. de su voto), hizo referencia al marco jurídico que consideró aplicable al caso y a su debida interpretación. En este punto, destacó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos de las personas con discapacidad; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS); los arts. 75 inc. 23 de la Constitución nacional (junto con los arts. 14, 16, 28 y 43) y 36 inc. 5 de la Constitución provincial; la ley 22.431 (que creó el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas); la ley provincial 10.592 (arts. 1, 10 y 12), particularmente en cuanto a la obligación del Estado de generar políticas públicas y medidas de acción positiva vinculadas al derecho al trabajo y los planes y programas efectivos de rehabilitación vocacional y laboral para dichos sectores vulnerables de la sociedad.
En tal sentido, destacó que el acto administrativo que impidió el ingreso a la Administración Pública del actor, quien se presentó a un concurso público para acceder al cargo de portero de escuela en la localidad de Morón, siendo el mismo asignado de manera inicial por las autoridades competentes se funda en un dictamen en el que no figuran —en absoluto— los motivos o fundamentos para impedir la asunción en el cargo del señor Coria, pese a contar con dos informes previos favorables que resaltaban que su disminución visual no era obstáculo para ejercer debidamente el cargo.
Manifestó, asimismo, que luego de serle notificado el dictamen, "inmediatamente después la Administración dispuso remitir las actuaciones al archivo por el plazo de 5 años. Es decir, cerró el procedimiento sin que el Sr. Coria hubiera sido convocado para ejercer su derecho de defensa" (pto. 3.b. del voto de referencia).
Por todo ello, la Cámara actuante —por mayoría— concluyó que de las constancias de la causa, reseña normativa efectuada y circunstancias fácticas del caso, era dable considerar —tal como lo considerara el juez de grado— que la declaración como "no apto" para desempeñar las tareas propias del cargo, con motivo de su discapacidad, una vez designado, no se encontraba debidamente motivada y vulneraba su derecho de defensa (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), y por ende no resultaba ajustada a derecho.
IV. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado denuncia que la Cámara realiza una interpretación absurda respecto del escrito de apelación ordinario, como asimismo la existencia de absurdo valorativo y violación de la ley en cuanto a la confirmación de la condena al pago de "salarios adeudados" en favor del actor, ante la carencia de aptitud para el desempeño de esa función específica por ser una "persona no vidente" ( sic ), violando el principio constitucional de idoneidad para el ejercicio de empleos públicos e interpretando erróneamente las normas sobre cupo laboral por discapacidad.
IV.1. El primer agravio denunciado por la recurrente es la absurda designación de portero de escuela de niños a una persona "no vidente", con la consecuencia "peligrosa" respecto de la seguridad de los estudiantes ( sic punto VI.1. del escrito recursivo).
En este punto, expresa la Fiscalía de Estado que el mencionado vicio de absurdo consiste, sencillamente, en que una "persona no vidente" (con "discapacidad visual total", sic ) no puede estar a cargo de controlar el ingreso y egreso de personal y alumnos, así como de la identidad de los adultos que vayan a retirar a los menores, "con el riesgo obvio que eso encierra" (v. pto. VI.1.). Agrega que, a este respecto, el voto mayoritario de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata construye una interpretación sesgada de las normas que garantizan el cupo laboral para las personas con discapacidad, siendo que estas tienden a "evitar discriminaciones injustificadas y garantizar el acceso al trabajo a personas con dificultades", en la medida en que no sean incompatibles con la tarea concursada. Pero ello —continúa— no puede implicar que se avale el ingreso al empleo público de alguien que no está en condiciones de cumplir dicho cometido concreto, como en el caso. Destaca que, en este punto, los jueces no pueden desentenderse de los efectos que conllevan sus sentencias en la vida real de las personas.
IV.2. El segundo agravio invocado consiste en la violación de la ley de cupos y la designación de personas con discapacidad en cargos públicos, de conformidad con la ley 10.592.
En este punto, asegura que la sentencia recurrida incurre en los vicios denunciados en este acápite, particularmente de lo dispuesto en el art. 8 de la ley citada, al designar personas con discapacidad en cargos públicos con desapego total por las condiciones de idoneidad para el cargo.
Destaca en este punto que existe una falla argumental en lo decidido por la mayoría de la Cámara, al pretender fundar su decisión en la invocación abstracta de los principios generales y tratados internacionales ligados a la protección de las personas con discapacidad, sin atender a las constancias particulares de la causa.
Considera que la afirmación dada con relación a que el dictamen de la Dirección Médica Ocupacional resultaría infundado deviene incorrecta, en tanto debió tenerse en cuenta la integración in aliunde de tal dictamen con el certificado de discapacidad del actor agregado a la causa, en donde figuran —claramente determinadas— cuáles son sus disfunciones visuales (v. pto. VI.2.).
IV.3. Prosigue la recurrente, denunciando la existencia de un vicio —asimismo— de violación de la ley, en este caso respecto de los arts. 16 de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución provincial, por cuanto ambos textos supremos consagran la idoneidad como principio constitucional básico para el acceso a los cargos públicos.
En tal sentido, señala que resulta un hecho objetivo de la causa que el señor Coria es una persona "no vidente", por lo cual no es apto para el desempeño del cargo, circunstancia que no requiere "ahondar más en la cuestión" (sic pto. VI.3.).
Recuerda que, tal como fuera señalado en el escrito de apelación, las tareas de un portero de escuela —que detalla— exigen habilidades especiales de percepción visual que se encontrarían ausentes en el caso bajo examen. Cita doctrina de autores y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este aspecto.
IV.4. El siguiente agravio esgrimido, se refiere a la existencia de un absurdo en la valoración de la prueba (cfr. art. 384, CPCC) y a la violación del art. 108 del decreto-ley 7.647/70, en cuanto el fallo atacado consideró que la declaración de "no apto" para el cargo por parte de la Administración no se hallaba debidamente fundada.
Refiriéndose a este tópico, expresa que la sentencia atacada no repara en que no se debe probar lo que constituye un "hecho evidente", esto es, que una persona "no vidente" no puede desempeñar un cargo en el que resulta un requisito ineludible contar con el sentido físico de la vista (sic pto. VI.4.).
Como respaldo de su posición, cita doctrina de esta Suprema Corte respecto del absurdo valorativo.
IV.5. Continúa la Fiscalía de Estado impugnando la sentencia de Cámara, esta vez desde la óptica de la errónea aplicación de los arts. 2 inc. "e" y 4 de la ley 10.430 y 10 de la ley 10.592, en cuanto regulan el acceso a la Administración Pública provincial.
Al respecto, expresa que —además de lo ya argumentado— el pronunciamiento atacado desconoce la potestad legal de la repartición médica (Dirección de Salud Ocupacional) para determinar si una persona posee aptitud psicofísica para desempeñarse en el cargo determinado.
Agrega que, el hecho de que no se haya tenido en cuenta el informe divergente de SeCLas, en modo alguno modifica la realidad de los hechos, ya que —de todos modos, dice— el actor no posee la aptitud física demandada por el cargo en cuestión.
IV.6. Finalmente, la recurrente denuncia la violación del art. 17 de la Constitución nacional al condenar a la Provincia a pagar los salarios caídos sin que hubiera existido en el caso una relación previa de empleo público que le diera fundamento.
Explica, en este punto, que el actor nunca hizo posesión efectiva del cargo de portero, por lo que nunca hubo un derecho al salario que sirviera de antecedente para la condena al pago de "salarios caídos", como en los casos de separación ilegítima de un agente público. Cita al respecto doctrina legal de este Tribunal.
Por último, considera asimismo improcedente la condena indemnizatoria a "valores actuales", puesto que —según afirma— sigue rigiendo legalmente la prohibición de indexar las deudas dinerarias, con imposibilidad de actualizar los créditos de todo tipo (cfr. art. 10, ley 23.928). Desarrolla el tema con referencia a precedentes de esta Suprema Corte y de su par nacional para fundamentar su posición, así como en los arts. 765 y 766 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
V. El recurso no prospera.
V.1. Con independencia de lo que correspondiera manifestar respecto del resto de los agravios, adelanto que el recurrente estructura la mayor parte de su impugnación sobre la base de una premisa que no logra acreditar debidamente.
Al respecto, resulta oportuno señalar que es doctrina de esta Suprema Corte que las cuestiones de hecho y prueba por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019; e.o.), vicio que si bien invoca la recurrente lejos está de encontrarse configurado.
En efecto, la Fiscalía de Estado sostiene que el actor padece una discapacidad visual total que le impide desempeñarse como portero de escuela, siendo inidóneo para el cargo. De este modo sostiene que la demanda debió ser rechazada.
Ahora bien, el extremo alegado no ha sido acreditado por la demandada. Por el contrario, limita su impugnación a afirmar que el señor Coria padece una "discapacidad visual total (no vidente)" (pto. VI.1. del recurso en tratamiento), o bien "ceguera total" (sic pto. VI.4.); denuncia que no pasa de un mero enunciado.
En efecto, del certificado de discapacidad que la Fiscalía de Estado utiliza como elemento de configuración de la supuesta motivación in aliunde de la voluntad administrativa para declarar "no apto" al actor —obrante a fs. 13 del sub lite —, surge que el señor Nicolás Gustavo Coria tiene un diagnóstico de "Visión subnormal de ambos ojos Nistagmo y otros movimientos irregulares. Albinismo" (certificado conforme ley 22.431, de fecha 4-VII-2016).
Tal discapacidad, como surge también de los antecedentes del caso (v. fs. 13/24 del expte. judicial) no le impidió cursar sus estudios de escuela primaria y secundaria (EGB completo), ni trabajar en diferentes comercios en atención al público.
Asimismo, la entrevista funcional realizada por el SeCLaS el día 20 de septiembre de 2017 reveló que "no se evidencian limitaciones motoras ni sensitivas" y que "distingue rostros a media distancia", destacando también que posee independencia en las actividades de la vida diaria y en comunidad. Con motivo de ello, el organismo concluyó que "se encuentra en condiciones de desempeñarse en el puesto (para el que) que ha sido designado" (fs. 22/23 del sub examine ).
Es de destacar que el citado organismo (SeCLaS), perteneciente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y creado por el art. 12 de la ley 10.592, posee como funciones específicas ser el responsable "...de la administración del sistema de empleo, examinando las condiciones existentes en el mercado laboral y adoptando medidas para asegurar la colocación de las personas con discapacidad". Asimismo, como dispone el propio art. 10 citado por la recurrente, su dictamen tiene un valor equivalente al de la dirección médica creada por el régimen estatutario específico a los fines de la evaluación psicofísica que determina los ingresos a la planta administrativa.
En la especie, la mayoría del Tribunal de Alzada evaluó estas mismas pruebas y, concluyó —en concordancia con el juez de primera instancia— en la falta de motivación suficiente del dictamen de la Dirección de Salud Ocupacional que diera lugar a la actuación administrativa enjuiciada, la que no ha sido revertida por las alegaciones del recurrente.
La valoración de estos elementos probatorios, y los fundamentos jurídicos dados por la Cámara —y relatados supra— no resultan entonces conmovidos por las simples manifestaciones desplegadas por la recurrente, en tanto se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar —y reiterar— su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo.
Como se ha dicho, es necesario demostrar que lo concluido por el tribunal es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "Lopez", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernandez", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Los argumentos vertidos en el recurso deducido lejos se hallan de demostrar el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (conf. arts. 279 y 384, CPCC).
V.2. Seguidamente, y como se anticipó en el presente voto, los agravios vinculados con la violación del principio de idoneidad para el acceso a los cargos públicos y del sistema de la ley 10.592, tampoco pueden prosperar en tanto resultan subsidiarios al planteo medular que no tuvo acogida.
Así, no habiéndose acreditado el absurdo que permita revisar el presupuesto fáctico (es decir la idoneidad o no del actor para el cargo), pierden pues virtualidad las afirmaciones de la Fiscalía de Estado que parten de esa premisa.
Del mismo modo, el ataque referido a la supuesta violación de la ley de cupos y la designación de personas con discapacidad en cargos públicos, de conformidad con la ley 10.592, carece de asidero.
Ello así ante la falta de
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