Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 119418
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 119.418, "Álvarez, Ramón Eduardo S/ Recurso de inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley y nulidad en causa n° 44.815 -y su acum. n° 44.812- del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de octubre de 2012, rechazó -en lo que interesa destacar- los recursos homónimos interpuestos por las defensas de Ramón Eduardo Álvarez y Ángel Gabriel Ayala contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás que condenó, al primero de los nombrados, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio y autor del de resistencia a la autoridad, en concurso real, y al segundo, a la de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio (v. fs. 391/410).
Los defensores particulares de Álvarez, interpusieron en un mismo escrito los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 433/458, causa P. 119.418), mientras que el señor defensor oficial, hizo lo propio merced al recurso de nulidad incoado en favor de Ayala (v. fs. 516/519 vta., causa P. 124.522), siendo concedidos por esta Suprema Corte los de inaplicabilidad de ley y nulidad respecto de Álvarez, y el de nulidad en favor de Ayala, ordenándose el pase en vista a la Procuración General (v. fs. 528/531).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 589/595 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de resistencia a la autoridad?
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor del procesado Álvarez?
2ª) ¿Lo es el extraordinario de nulidad deducido en favor del mismo?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad también interpuesto en favor de Ayala?
4ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Previo al tratamiento del recurso interpuesto por los defensores particulares, esta Corte deberá analizar si se encuentra o no vigente la acción penal en orden al delito de resistencia a la autoridad que concurre en los términos del art. 55 del Código Penal con el de homicidio simple, por los que fuera responsabilizado Ramón Eduardo Álvarez.
II. El hecho aquí en juzgamiento data del 28 de noviembre de 2007 (v. fs. 273 vta.) por lo cual el caso se rige, en cuanto a la prescripción de la acción penal, por la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005; art. 18, Const. nac.) que modificó los párrafos cuarto y quinto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo del primero de ellos la expresión "secuela del juicio", como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal, por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e").
Es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el sólo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, sent. de 23-II-2005; e.o.).
Por su parte, si bien en su momento participé de la doctrina de la "acumulación" en los supuestos de concurso real como el de autos, la denominada "tesis del paralelismo" se encuentra ahora prevista expresamente en el Código Penal luego del dictado de la ley 25.990 (art. 67 cit., párr. final, Cód. Penal), de modo que no caben dudas sobre su aplicación (conf. causas P. 85.858, sent. de 28-XII-2005; P. 77.178, sent. de 14-V-2008; P. 70.829, sent. de 31-X-2007; P. 105.339, sent. de 16-XII-2009; e.o.).
III. Bajo esas consideraciones, aun tomando como último hito a la sentencia de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de fs. 391/410, dictada el 25 de octubre de 2012, hasta el presente ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2, en relación con el delito tipificado en el art. 239, ambos del Código Penal, sin que se verifique la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a" (ley 25.990) -actual sexto párrafo inc. "a", según ley 27.206, Boletín Oficial de 10-XI-2015- del mismo cuerpo legal, a tenor de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal (v. fs. 608/610) y de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 624).
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto de Ramón Eduardo Álvarez en orden al delito de resistencia a la autoridad (arts. 55, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 239, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con la sola indicación del criterio que tuve oportunidad de plasmar al votar la causa P. 64.341 (sent. de 6-VIII-2003), respecto de que la prescripción de la acción penal corre y opera paralela y separadamente para cada delito, aun cuando exista entre ellos una relación concursal -interpretación consagrada en el art. 67 quinto párrafo del Código Penal, según texto de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005)- adhiero a lo resuelto en el voto del Juez Negri, y por tanto, doy el mío con igual alcance también por la afirmativa.
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Dejando a salvo mi criterio respecto a la prescripción de la acción penal en el caso de concurso real de delitos, conforme lo expuesto en causa P. 79.797, "Vasallo", sentencia de 28-V-2003 que considero diferente al caso de concurso ideal, adhiero en lo pertinente a los fundamentos expresados en su voto por el doctor Negri en este caso, por considerar que corresponde declarar respecto de Ramón Eduardo Álvarez la extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de resistencia a la autoridad del que fuera considerado autor penalmente responsable (arts. 55, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990- y 239, Cód. Penal).
Voto así por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Dado el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, no corresponde que me expida con relación a los agravios vinculados con el delito de resistencia a la autoridad y con la determinación de la pena (v. fs. 453/454 vta.).
I. Los defensores particulares denuncian la existencia de absurdo valorativo en la acreditación de la autoría responsable de Ramón Eduardo Álvarez en el homicidio.
Aducen que al no haber podido fundar el decisorio en la declaración de la víctima, Alcides Percara, la Casación debió valorar los otros testimonios y elementos que componen la prueba, y no lo hizo. A tal fin -señalaron- "...procedió en parte a tergiversarla y en parte a sacarla de contexto" (fs. 440 vta.).
En concreto, alegan que los testimonios de cargo de Ferreyra y Binda, sólo acreditan que la víctima llegó al campo del primero en una camioneta, pero no que, aun cuando hubiera sido la misma de Álvarez "...que ésta haya salido del campo de éste, con Percara encima", y que en el caso de que así hubiera sucedido, que el imputado interviniera en la golpiza, o bien, consentido o conocido que la víctima fuera golpeada (v. fs. 440 vta. y 441).
Explican que allí radica el absurdo, dado que el tribunal tiene por cierto que Álvarez participó del hecho con prescindencia de que no está acreditado que fuera una de las personas que conducía la camioneta que abandonó a Percara. Concluyen que, aún si se dijera que éste facilitó la camioneta a los agresores, tal circunstancia lo convertiría, en la peor de las hipótesis, sólo en encubridor, pero nunca en homicida (v. fs. 441).
Afirman que la única prueba es el testimonio de Percara, el que -en su parecer- "...ha ingresado al debate de manera ilegítima". Traen a colación los precedentes "Castillo Petruzzi c/ Perú" y "Lori Berenson Mejía" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 441 vta.).
Expresan que los testimonios de Ferreyra y Binda no son suficientes para probar la participación de su asistido porque los comprenden las generales de la ley, dado que lo habían denunciado por una retención de caballos de propiedad de su madre, y además, porque se trata de testigos de oídas (v. fs. 442).
Asimismo destacan que dichos testimonios no se corroboran con el resto de las constancias de la causa, toda vez que los efectos secuestrados no tienen vestigios compatibles con el delito, no se han secuestrado ropas ni otros elementos que contengan sangre que permita presumir que Álvarez intervino en el hecho, no se confeccionó croquis ni acta de inspección ocular del lugar del hecho y no se hallaron rastros hemáticos en la camioneta (v. fs. 442 vta. y 443).
Alegan que el médico Marinatti afirmó que la víctima no estaba en condiciones de declarar por lo que la valoración debió hacerse con muchísima precaución.
Concluyen que la falta de fundamentación de la sentencia por parte de la Casación importa la afectación a la garantía de la doble instancia del art. 202 inc. 3 del Código Procesal Penal, y del debido proceso e inviolabilidad de la defensa, estando frente a una nulidad absoluta (v. fs. 444).
Por otra parte, critican los fundamentos mediante los que el sentenciante descartó la posición de los peritos de parte acerca de la causa eficiente de la muerte de la víctima (v. fs. 445/446 vta.).
Afirman que de la reseña efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los médicos Balestrino y Fernández, surge que Percara no tenía ninguna lesión cuando se lo operó en la zona hipocondríaca derecha, donde se aloja la arteria hepática, por detrás del hígado (v. fs. 446 vta. y 447).
En el mismo sentido, cuestionan la valoración efectuada por el tribunal del testimonio del médico neurólogo Brandolisio, por cuanto éste sostuvo "...que las lesiones constatadas en la autopsia pueden tener como causa otras primarias", y de la médica terapista Cogo quien afirmó que Percara "...era un paciente crítico, al que le ocurrió algo agudo" (fs. 447/448). Añaden que la afirmación del tribunal en punto a que la historia clínica "armoniza" con la prueba recabada, no es una referencia cierta, en el entendimiento de que las lesiones de los golpes recibidos no revestían gravedad suficiente como para poner en peligro la vida de Percara (v. fs. 448 vta. y 449).
Por último, critican la valoración de los dichos de los doctores Marinatti y Caro, en tanto advierten una diferencia sustancial entre ambos, pues mientras Caro atribuyó la rotura de la arteria a los golpes en la zona abdominal, Marinatti la relacionó con la presión arterial por debilitamiento vascular (v. fs. 449 y vta.).
En definitiva, sostienen que la opinión de los peritos de parte ha sido suficientemente demostrativa de que la muerte no obedeció a una complicación del estado secuelar de la víctima "...sino a la existencia de un hecho puntual interecurrente aportado por la ruptura de la arteria hepática, facilitada por la existencia de una patología previa padecida" (fs. 452 vta.).
II. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 589/595 vta.).
III. Coincido con su opinión.
III.1. La decisión del a quo, lejos de desnaturalizar el derecho al recurso del imputado en los aspectos señalados (autoría), otorgó debido tratamiento a dicho extremo y a los planteos referidos al mismo.
De la materialidad ilícita determinada por el juzgador de grado, surge que "...el 28 de noviembre de 2007, pasado el mediodía, Ramón Eduardo Álvarez y Ángel Gabriel Ayala -junto a por lo menos otra persona no individualizada-, en el predio donde se domiciliaba el primero de los nombrados y laboraba el segundo, ubicado en la intersección de Dámaso Valdez y avenida Rucci de San Nicolás, golpearon a Alcides Percara causándole múltiples lesiones a consecuencia de las cuales la víctima resultó con múltiples traumatismos y falleció luego de haber sido intervenida quirúrgicamente y de permanecer internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Felipe por el lapso de cinco días" (fs. 273 vta.).
Frente a similares cuestionamientos a los aquí traídos (v. fs. 310/334), el órgano revisor -en lo esencial-, coincidió con el tribunal de sentencia en cuanto formó convicción respecto a la materialidad ilícita enrostrada e intervención de ambos imputados a partir de las declaraciones testimoniales prestadas por Lorenzo Miguel Ferreyra y Noemí Haydee Binda (v. fs. 400).
Luego de repasar la declaración de ambos, consideró que acierta el tribunal en cuanto a los motivos y circunstancias que guiaron a la víctima hacia el campo del acusado Álvarez, su avistado regreso al campo de Ferreyra en la camioneta de aquél, de la cual fue arrojado por sus empleados identificando a Ayala como uno de ellos (v. fs. 400/402).
Enlazó las declaraciones de los efectivos policiales "...Miguel Ángel Guaymás, su compañero José Alejandro Cabaña, en cuanto acompañaron a Ferreyra y su madre hasta el campo de su propiedad, quienes le relataron que su empleado fue en busca de un caballo y, Álvarez junto a otros empleados, lo habían golpeado; ubicando en el interior del predio a Percara tirado boca arriba, dolorido, por lo que fue trasladado velozmente hasta el hospital, en ambulancia escoltada por un patrullero" (fs. 402).
Adunó a ello las declaraciones del personal del Destacamento "La Emilia" Leonardo Andrés Ré y Gladis N. Tadeei, y del galeno Ariel G. Salazar, quien detalló "...el lugar y ubicación en que encontrara a una persona viva con múltiples traumatismos, rostro desfigurado y hematomas, procediendo a inmovilizarlo y trasladarlo hacia el nosocomio en forma rápida con colaboración policial" (fs. 402 vta.). Recordó que el órgano de juicio acreditó el estado de lucidez de la víctima conforme las declaraciones de la enfermera de cirugía -Beatriz Prexel-, la médica Luciana Virgillito y su colega Marinatti confirmando su informe de fs. 10 incorporado al debate (v. fs. 402 vta.).
Asimismo brindó las razones por las cuales la defensa no se vio privada del derecho de controlar la declaración de la víctima. En tal sentido, expresó que "...si la prueba urgente e impostergable se recibe en un tiempo en que los ahora condenados no eran impuestos de la condición de imputados y de los derechos que les asistían como tales, es una petición de principio decir que la defensa se vio privada del derecho de controlar la declaración de la víctima que, a poco, falleciera" (fs. 403).
Con relación al análisis del nexo causal entre las lesiones padecidas y la causa de la muerte, consideró que el tribunal efectuó un razonamiento prolijo y lógico. En esa senda, reseñó las declaraciones de los médicos que realizaron la cirugía, Balestrino y Fernández (v. fs. 403 vta.), a la del neurólogo Brandolisio (v. fs. 403 vta. y 404) quién destacó que las lesiones constatadas en autopsia pueden tener como causa otras primarias ya que el politraumatismo que sufriera es la patología más grave debido a la multiplicidad de lesiones en varios órganos.
Ello fue complementado con la declaración de la especialista en terapia intensiva, las constancias de historia clínica, así como la declaración de los médicos Marinatti y Caro, así como de la perito anatomopatóloga Villoldo (v. fs. 404/406).
Coincidió asimismo con los motivos por los que se rechazó la postura descripta por los peritos de parte. En especial, reparó en las conclusiones de la aludida perito anatomopatóloga acerca de que resulta posible distinguir un aneurisma -reconocido por la parte como causa del óbito- de una laceración, y que el primero de los cuadros no fue hallado en el caso (v. fs. 406 vta.).
En definitiva, sostuvo que la certeza alcanzada permitió concluir que Percara recibió una golpiza productora de múltiples traumatismos que ocasionaron en la zona abdominal la ruptura de colon sigmoide, lesión que revistió carácter mortal, y su necesaria intervención quirúrgica de urgencia (v. fs. cit.).
III.2. De tal forma, el tribunal intermedio al abordar los reclamos, aun cuando se remitió esencialmente a los fundamentos del tribunal de origen por coincidir con los mismos, se ocupó de responder las impugnaciones, atendiendo a los agravios llevados a su sede, explicó las razones por las que se rechazaron las pretensiones de la defensa y los motivos por las que compartía las conclusiones de la instancia anterior en cuanto a la certeza de la autoría de Álvarez en el homicidio.
En lo que respecta a la aducida incorporación ilegítima al debate de la declaración de la víctima, tampoco prospera. El tribunal revisor abordó y desestimó el planteo que ahora se reitera, sin que los fundamentos expuestos hayan sido considerados y rebatidos por la defensa, que no se hace cargo de la argumentación específica empleada por la casación a los fines de validar la declaración que esa parte reputase ilegal (v. fs. 402 vta. y 403).
De tal forma, no se ha acreditado que el a quo, haya incurrido en arbitrariedad o absurdo, ni por ende, violado las garantías constitucionales denunciadas, o que haya desconocido hechos de la causa para fundamentar la autoría responsable de Álvarez (arts. 18, Const. nac. y 495, CPP).
Más allá de que la parte expresa su oposición a la actividad valorativa, no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Por el contrario, se aprecia que los cuestionamientos esgrimidos no pasan de ser una opinión personal discrepante con el criterio sustentado por el a quo. Y como es sabido, el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (causas P. 102.516, sent. de 20-VIII-2008; P. 101.759, sent. de 18-XI-2009; P. 104.310, sent. de 25-IX-2009; P. 117.860, resol. de 19-III-2014 y P. 117.680, resol. de 26-III-2014).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Los defensores particulares de Ramón Eduardo Álvarez en el recurso extraordinario de nulidad denunciaron la violación de los arts. 168 segundo párrafo y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 455).
Conforme lo dictaminado por la Procuración General estimo que la impugnación no puede prosperar.
II.1. Por un lado, denuncian transgredido el segundo párrafo del citado art. 168, con fundamento en que en el fallo recurrido "...únicamente medió un voto, y la simple adhesión del otro juez, el que no dio su opinión como lo exige la Constitución y su adhesión produce la nulidad por carecer de fundamentación" (fs. cit.). De tal modo -sostiene- "...se trató solamente de una adhesión que contraría el espíritu de la norma y por supuesto priva a [su] parte del derecho de ser juzgado por los integrantes del tribunal colegiado..." (fs. cit.).
Sin embargo este Tri
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.