Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 136086
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 136.086, "Vanrrel, Jorge Alberto. Recurso de nulidad en causa n° 99.531 del Tribunal de Casación Penal, Sala V", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres, Maidana.
De las actuaciones digitalizadas se desprende que la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de marzo de 2021, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Jorge Alberto Vanrrel contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del departamento judicial de La Plata, que lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por lesiones y por el empleo de arma de fuego en concurso real con falsa denuncia (v. fs. 74/81).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 84/87 vta.), el cual fue declarado admisible por resolución del tribunal intermedio (v. fs. 88/89).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor, con invocación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, denunció la omisión de tratamiento de diversas cuestiones esenciales en el nivel de la determinación de la pena, las que detalló al efectuar una reseña de los antecedentes relevantes de la causa.
En primer término, recordó que la defensora oficial de la instancia en el recurso de casación, entre otros planteos, cuestionó que se haya descartado la atenuante vinculada con "...la falta de afectación al bien jurídico propiedad" mediante una justificación -en su criterio- retórica y carente de real fundamentación, habiendo desarrollado los motivos por los cuales solicitó que dicha circunstancia fuese valorada positivamente (v. fs. 85).
Luego, expresó que en el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 62/67) la defensa, además de mantener los agravios y tachar a la sentencia condenatoria de arbitraria por irrazonabilidad en la determinación de la pena impuesta, criticó la valoración de los antecedentes condenatorios como pauta agravante de la pena, por entender que se vulneraban las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, ne bis in idem , pro homine , reserva, intervención penal mínima, culpabilidad, derecho penal de acto y proporcionalidad de la pena, como así también que se conculcaron los fines de esta, por lo cual, debería ser descartada (v. fs. 85 y vta.).
Alegó que el órgano revisor omitió toda mención y tratamiento de cierta parte del recurso de casación y del planteo efectuado en el citado memorial (v. fs. 86).
Sostuvo que "...aún cuando se considere que el pedido de modificación de la pena impuesta a Vanrrel ha sido rechazado [...], lo cierto es que en dicha respuesta el órgano revisor ha omitido expedirse sobre la totalidad de los agravios planteados por la Defensa" (fs. cit.).
Destacó que ponderar positivamente la atenuante rechazada por el juzgador de origen y que el descarte de la pauta agravatoria de la pena en los términos propiciados en el memorial, importaban un beneficio de su defendido que al menos debió merecer respuesta.
Estimó que, de tal modo, se conculcó el art. 168, segundo párrafo -primera parte- de la Constitución provincial, vulnerándose el derecho de defensa -derecho a ser oído- y el debido proceso en el marco del derecho de revisión de la sentencia de condena (íd.).
Añadió que la denunciada falta de tratamiento de cuestiones esenciales impidió el ejercicio de una adecuada revisión de la sentencia, en tanto habría obstaculizado el desarrollo de una correcta estrategia recursiva, lo que determina la arbitrariedad de la decisión cuestionada (v. fs. 86 y vta.).
En suma, solicitó la anulación del fallo en crisis por omisión de tratamiento de las cuestiones oportunamente planteadas, y que se disponga el reenvío de las actuaciones para su debido examen (v. fs. 86 vta. y 87).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no prospera (conf. art. 493, CPP).
III.1. Para comenzar, cabe señalar que el tribunal de mérito, al decidir -en lo que aquí importa- acerca de la verificación de la pauta atenuante postulada por la defensa concerniente a que "no hubo lesión al bien jurídico propiedad", en la tercera cuestión del veredicto, resolvió que "...la tentativa contiene una reducción autónoma en el Código Penal (art. 44, CP). Y si bien aquí [...] es de aplicación un tipo delictivo que no admite la tentativa [-en referencia a su interpretación del art. 166 inc. 1 del Código Penal que aplicó-], lo cierto es que fue decisión del legislador, al tipificar figuras complejas que soslayan las reglas generales de los concursos, determinar la primacía de una de las conductas por sobre la otra, de modo que, el tipo se configura ya con la producción del resultado lesivo que motiva la agravante, sin requerir la consolidación de lo que la Defensora reclama como atenuante...", y que "Tampoco puede perderse de vista que, en el caso, la grave lesión corporal padecida por Longo se produce, precisamente, en un contexto en donde aquel buscó frustrar el apoderamiento ilegítimo [...]. Por definición, una atenuante es toda aquella circunstancia que conlleva -por alguna razón loable- un reproche menor, justamente en el intento de Longo por conservar el 'objeto de bien jurídico', sufre una lesión a su integridad que justifica subsumir la conducta de Vanrrel en un tipo agravado, volviéndolo acreedor de una sanción más intensa" (fs. 31 y vta.).
III.2. En el recurso de casación, en lo que aquí interesa, la defensa había cuestionado el "descarte de la atenuante vinculada a la falta de afectación al bien propiedad", entendiendo que se había incurrido en una "justificación retórica y carente de real fundamentación" (v. fs. 54). Agregó que en este supuesto "ninguna lesión hubo a dicho bien" (fs. cit.).
III.3. Por otra parte, del fallo impugnado resulta que el tribunal intermedio al expedirse en torno a la crítica sobre la calificación legal aplicada en los términos del art. 166 inc. 1 del Código Penal, sostuvo que "...El elemento básico del tipo se define por las lesiones graves o gravísimas, con prevalencia sobre el hecho del robo, lo que lleva a considerar que el bien jurídico tutelado es primordialmente la integridad física de la persona en privilegio respecto del patrimonio. // La figura prevista en el mencionado artículo configura un delito complejo e inescindible, distinto de los elementos que lo componen y donde no se castigan separadamente los tipos penales que lo integran, pues las lesiones allí previstas se han fundido con el delito patrimonial y en este sentido la acción queda tipificada con la mera producción de aquéllas, con prescindencia de la consumación del desapoderamiento. // Es decir, no interesa que la violencia causante de la lesión coincida con la culminación exitosa del proceso dirigido al apoderamiento de la cosa, pues el delito se perfecciona con la ofensa a la propiedad -con independencia de si ésta prospera o queda en grado de tentativa- y con la producción de las lesiones..." (fs. 78 vta. y 79).
Luego, en contestación al planteo sobre el tratamiento conferido a la ponderación de atenuantes, el órgano revisor se expidió con relación a la improcedencia de la referida al buen concepto del imputado (v. fs. 79/80 vta.).
IV.1. Frente a lo así resuelto, en igual dirección a la propiciada por el dictamen de la Procuración, estimo que el tribunal intermedio al decidir que correspondía la aplicación del art. 166 inc. 1 del Código Penal con sustento en que el delito se perfecciona con la ofensa a la propiedad -con independencia de si esta prospera o queda en grado de tentativa- y con la producción de las lesiones, convalidó implícitamente los motivos que llevaron al tribunal de mérito a descartar la procedencia de la pauta atenuante relativa a que "...no hubo lesión al bien jurídico propiedad".
Resulta de la decisión adoptada que la cuestión vinculada con el agravio sobre la atenuante pretendida y que el recurrente consideró omitido quedó abordada implícitamente por el órgano revisor, al haber convalidado la interpretación efectuada en el fallo del tribunal de mérito sobre la naturaleza del bien jurídico afectado en el suceso en juzgamiento.
En efecto, a partir de un análisis armónico de la sentencia como acto complejo (conf. mutatis mutandi doctr. causas P. 90.257, sent. de 19-IX-2007; P. 130.019, sent. de 5-VI-2019; P. 134.031, sent. de 25-XI-2021; P. 133.343, sent. de 10-XI-2022; e.o.), más allá de alguna desprolijidad en la reseña de los agravios, se advierte que el Tribunal de Casación Penal desplazó el planteo mediante el cual la defensa pretendía una atenuación de la sanción ante la alegada falta de afectación al bien jurídico "propiedad". Es decir, al coincidir el a quo con el tribunal originario en que la "integridad física" es el bien tutelado por la figura legal aplicada en el caso desplazó cualquier consideración relativa a la interpretación que la defensa efectuó en aval de su pretensión, no resultando de esa manera de resolver la vulneración a la manda contenida en el art. 168 de la Constitución local como así lo entendió el impugnante (causas P. 126.764, sent. de 19-IX-2018; P. 130.019, sent. de 5-VI-2019; P. 134.031, sent. de 25-XI-2021; e.o.).
Cabe señalar que esta Suprema Corte ha establecido que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis de conjunto conlleva un implícito rechazo del planteo, o su desplazamiento, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad, doctrina aplicable al caso (conf. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; P. 116.699, sent. de 1-VI-2016; P. 129.018, sent. de 14-VIII-2019; P. 132.314, sent. de 27-VIII-2020; P. 132.095, sent. de 20-X-2020; e.o.).
A ello corresponde agregar que el modo en que el recurrente planteó el agravio evidencia que no lleva como destino la denuncia de una "omisión" de tratamiento sino la crítica sobre la forma en que tal cuestión fue tratada, sellando así de manera adversa la suerte del reclamo en tratamiento. El acierto o la amplitud con que se resolvió escapa al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas P. 69.388, sent. de 13-XII-2000; P. 70.628, sent. de 28-VIII-2002; P. 88.249, sent. de 8-VII-2008; P. 115.066, resol. de 12-III-2014; e.o.).
IV.2. Igual temperamento cabe adoptar con relación al planteo sobre la valoración de los antecedentes condenatorios como pauta agravante de la pena, pues tal y como lo admite la propia parte, el mismo no fue llevado a conocimiento del Tribunal de Casación en el recurso respectivo. Recién fue alegado en una etapa procesal posterior, esto es, en el memorial sustitutivo de la audiencia que regula el art. 458 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, conforme arraigada doctrina de esta Corte, a la que cabe remitir, dicho órgano jurisdiccional no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párr., CPP, conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 103.655, resol. de 16-II-2011; P. 134.758, sent. de 19-XII-2022; e.o.).
V. Finalmente, la denuncia de arbitrariedad del pronunciamiento, así como las referencias a la inobservancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, resultan ajenas a la vía intentada y eventualmente subsanables por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas P. 110.072, resol. de 18-IV-2011; P. 107.461, resol. de 30-V-2012; P. 122.027, resol. de 8-IV-2015; P. 133.814, sent. de 27-X-2022; P. 134.758, cit.; e.o.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud por compartir sus fundamentos.
Solo estimo necesario dejar a salvo mi criterio respecto a la introducción de agravios de naturaleza federal por una vía diferente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido tengo dicho (conf. causas P. 63.922, "Cáceres", sent. de 10-V-2006; P. 136.096, "Bono", sent. de 23-III-2023; P. 136.937, "Tarraubella", sent. de 22-VIII-2023; e.o.), que por aplicación de la doctrina de "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), esta Corte, en su carácter de Superior Tribunal de la causa, no puede inobservar el deber de dar una respuesta -más allá de los límites formales que establece la regulación de la vía elegida- cuando se trate de agravios federales oportunamente interpuestos, pues ello es lo que le permite al impugnante cumplir con el indicado recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
De todos modos, aun con la salvedad apuntada la solución no varía, pues la denuncia de arbitrariedad en rigor de verdad se corresponde con el planteo de la presunta omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, objeto de la vía de nulidad articulada. Es decir, el recurrente, a la vez de argumentar su agravio por el tasado motivo del art. 168 de la Constitución provincial, también alude a la causal de arbitrariedad que, en similar sentido, elaboró la Corte nacional a partir de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. De modo que, la omisión denunciada redundaría en uno de los supuestos que la doctrina de la Corte federal ha edificado sobre el punto (omisión de tratamiento de cuestiones relevantes para la justa decisión del litigio, conf., en lo pertinente, mi voto en causa P. 126.827, sent. 11-IV-2018).
De manera que se trata de un único motivo que, aunque haya sido simultáneamente argumentado también por la invocación de dicha doctrina de arbitrariedad, se ve alcanzado por la respuesta brindada por el colega al que estoy adhiriendo, por cuanto a que: el agravio sobre la ofensa a la propiedad no lleva como destino la denuncia de una "omisión" de tratamiento sino la crítica sobre la forma en que tal cuestión fue tratada; mientras que, la valoración de los antecedentes condenatorios como pauta agravante de la pena no fue llevado ante el revisor en modo oportuno por lo tanto, no estaba obligado a su tratamiento.
En síntesis, tanto por la doctrina local edificada respecto a la causal del art. 168 de la Constitución provincial en función de la vía del art. 491 del Código Procesal Penal, como por invocación de un supuesto de arbitrariedad por omitir dar respuesta a un planteo oportuno y esencial, el agravio no prospera. En cuanto a esta última doctrina cabe agregar que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la invalidación de una sentencia con base en la denuncia de arbitrariedad es siempre de carácter excepcional y solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional, lo que, como llevo dicho, no se verifica en este caso.
Con este agregado, adhiero a mi colega y también voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Genoud. Simplemente, más allá de que la calificación legal impuesta por el tribunal de origen –y confirmada por la Casación- no llega cuestionada a esta instancia, dejo a salvo mi opinión sobre la consumación del delito previsto en el art. 166 inc. 1 del Código Penal (v. mi voto en causa P. 130.158, sent. de 17-IX-2020).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Maidana, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza -por mayoría de fundamentos- el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (doctr. art. 493 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:09:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:13:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:08:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 16:06:24 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:32:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:28:12 - JOFRE Lucia - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 09:05:57 hs. bajo el número RS-128-2024 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia