Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129479
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto (art. 486, CPP -texto según ley 14.647-).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan , Genoud , Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.479, "Ovando, Eduardo Manuel s/ Recurso de nulidad e inaplicabilidad de ley, en causa n° 57.955 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de febrero de 2014, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, que -en el marco de un juicio abreviado-, por un lado, declaró la nulidad del reconocimiento fotográfico por exhibición de álbumes de modus operandi , y de aquellas actuaciones que fueron el resultado directo de la mencionada diligencia y, por ende, dictó veredicto absolutorio respecto de Eduardo Manuel Ovando por el delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditado, hecho cometido el 1 de abril de 2005 en perjuicio de Eduardo Horacio Boloqui (causa n° 4020); por otro, lo condenó a la pena de tres años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, por ser autor responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo en modo alguno tenerse por acreditada, hecho ocurrido el 28 de abril de 2006 también en perjuicio de Eduardo Horacio Boloqui (causa n° 4021). En consecuencia, revocó la parcela del fallo que declaró la nulidad de los reconocimientos fotográficos y dictó el veredicto absolutorio de Ovando, y ordenó el reenvío de las actuaciones al tribunal de origen a fin de dictar un nuevo pronunciamiento con relación al hecho objeto de la causa mencionada, teniendo en cuenta el límite que impone el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes (v. fs. 62/74, en relación con fs. 1/23).
El señor defensor oficial adjunto de Casación, el doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 99/105), y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 106/120), que fueron admitidos por el órgano intermedio, y en particular el segundo a los fines de tratar el planteo fundado en la violación del principio non bis in idem , conforme la inteligencia brindada a dicha garantía por doctrina de la Corte federal que el a quo invocó en sustento de su decisión (cfr. CSJN Fallos: "Weissbrod"; "Polak" y "Kang, Yong Soo"; v. fs. 121/123 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 130/135 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 136) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia de la que se diera cuenta en los antecedentes, interpuso recurso extraordinario de nulidad el señor defensor adjunto ante esa instancia (v. fs. 99/105).
Luego de señalar que la decisión cuestionada era equiparable a sentencia definitiva, en tanto ocasionó en su asistido un perjuicio actual e inminente consistente en el peligro de ser sometido a una doble persecución penal (violación al ne bis in idem, v. fs. 99 vta. y 100), se ocupó de la fundamentación y procedencia del recurso.
Indicó que al momento de interponer el memorial del art. 458 del Código Procesal Penal, esa parte peticionó la inadmisibilidad del recurso fiscal incoado contra la porción del fallo de origen que había declarado la absolución de su pupilo en orden al delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditado (causa n° 4020), cuestión que -a su criterio- no tuvo respuesta alguna por parte del Tribunal intermedio, siendo que entre ellas también había planteado la inconstitucionalidad de las normas que habilitaban el recurso del acusador (v. fs. 102/103 vta.).
Además, señaló que la falta de tratamiento de esa cuestión esencial obstaculizó la correcta solución del caso, lo que determina -a su vez- la arbitrariedad de la sentencia cuestionada, derivándose de ello la existencia de una cuestión federal (v. fs. 104).
II. En el dictamen de la Procuración General se aconsejó el rechazo del planteo por improcedente, en el entendimiento de que el tribunal casatorio no estaba obligado a tratar aquellas cuestiones que las partes no le habían sometido oportunamente (conf. doctr. art. 451, CPP; v. en particular fs. 132 y vta. del dictamen).
III. A mi juicio el recurso extraordinario de nulidad ha sido mal concedido.
III.1. Tiene dicho esta Corte que las vías recursivas previstas en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o a las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b", Const. prov.; 19 y 482, Cód. cit.; conf. causas P. 114.030, resol. de 29-V-2013; P. 114.346, resol. de 14-VIII-2013; P. 117.717, resol. de 13-XI-2013; P. 118.621, resol. de 7-V-2014; e.o.).
Así las cosas, la decisión del Tribunal de Casación Penal de revocar la fracción de la sentencia dictada por el tribunal criminal -en cuanto había absuelto a Eduardo Manuel Ovando como consecuencia de la nulidad dispuesta respecto del reconocimiento fotográfico por exhibición de álbumes de modus operandi -, ordenando el reenvío a la instancia anterior para que se dicte un nuevo pronunciamiento en relación con el hecho objeto de la causa n° 4020 correspondiente a la IPP n° 265.264/05, no constituye sentencia definitiva.
III.2. Tampoco representa un supuesto de equiparación a ella, en tanto que, por sus efectos, lo resuelto no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiera tutela judicial inmediata (conf. causa P. 107.701, resol. de 9-XII-2010; e.o.).
III.3. Finalmente, las pretensas cuestiones federales traídas en el recurso en examen no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (CSJN Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; e.o.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad deducido a fs. 99/105.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto de Casación, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo en contra de la sentencia que fuera reseñada en los antecedentes recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por medio del cual cuestionó la facultad recursiva del Ministerio Público Fiscal y tachó de arbitrario el pronunciamiento por indebida fundamentación y quebrantamiento a la garantía del non bis in ídem , con afectación a la defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley (arts. 16, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH; 14.7, PIDCP; 29, 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 106/120).
I.1. A su criterio, el pronunciamiento que fuera dictado por el tribunal de mérito se encontraba ajustado a derecho y la presentación articulada por el representante fiscal no fue más que una mera discrepancia subjetiva respecto del resultado obtenido en la citada sentencia que no debió habilitar la vía impugnativa, con el consecuente perjuicio irrogado a su parte (v. fs. 110 vta./111 vta.).
I.2. Luego sostuvo que, al haberse hecho lugar al recurso de casación incoado por el fiscal, se vulneraron las garantías de defensa en juicio, imparcialidad, ne bis in idem , igualdad, debido proceso, pues -a su entender- recurrir un fallo es un privilegio consagrado constitucional y convencional sólo a favor de la persona más débil de la relación procesal: el imputado (v. fs. 114 y vta.).
I.3. Por otro lado, adujo que la sentencia resulta arbitraria por indebida fundamentación y quebrantamiento del ne bis in idem ; con afectación de la defensa en juicio y debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.4, CADH; 14.7, PIDCP; 29, 168 y 171, Const. prov.; v. fs. 115).
En sustento de su postura se refirió al caso "Green vs. United States", 355 U.S. 184-1957, de la Corte de Estados Unidos, receptado en parte por nuestro Alto Tribunal federal en el precedente "Alvarado", como también al caso "Loayza Tamayo" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando algunos fragmentos de esos pronunciamientos (v. fs. 115/116).
A partir de ellos infirió que "...si un vicio es advertido recién en la oportunidad de sentenciar y no ha sido causado por el imputado, la garantía contra el doble juzgamiento impedirá que se declare a esa altura una nulidad y el tribunal deberá pronunciarse con y sobre lo que tiene, por ejemplo absolviéndolo por un hecho que se omitió indagar o acusar y condenándolo por los otros incluidos en dichos actos procesales" (fs. 116).
Por lo dicho, solicitó se revoque el decisorio cuestionado y se confirme el veredicto absolutorio (v. fs. 116 vta.).
I.4. Finalmente, sostuvo que más allá de las cuestiones señaladas, el fallo del Tribunal de Casación Penal resulta arbitrario por estar basado en afirmaciones genéricas que no bastan para sustentar el pronunciamiento, en vulneración al principio in dubio pro reo (v. desarrollo de fs. 116 vta./119).
II. En la reseña de antecedentes quedó precisado el juicio de admisibilidad llevado a cabo por el Tribunal de Casación mediante la resolución indiscutida que obra a fs. 121/123 vta. De manera que la materia que debe examinar esta Corte quedó circunscripta a la denuncia de violación de la garantía de non bis in idem , y no otra. Entonces, en coincidencia -en esta parcela- con el rechazo que propicia el señor Procurador General en su dictamen -ver en particular fs. 133 vta./135-, el reclamo no procede por insuficiencia (art. 495, CPP).
III. Conforme fue reseñado en los antecedentes, el a quo se expidió -por mayoría- por la procedencia del recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, revocó el veredicto absolutorio dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata a favor de Eduardo Manuel Ovando respecto de la causa n° 4020, con reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 62/74).
Para resolver de ese modo, el voto del señor juez Celesia que formó la mayoría consideró que la nulidad que había sido decretada y a consecuencia de ella la absolución de Ovando, no podía sostenerse por dos razones.
Por un lado, por cuanto acordaba con la postura doctrinaria que sostiene que no es posible confundir "reconocimiento" con "recorrido" fotográfico, ya que -según dijo- el primero, que es el que regula el art. 261 del Código Procesal Penal, se debe llevar a cabo en los casos y con los requisitos que presuponen la individualización previa de una persona determinada; en cambio, el recorrido fotográfico que practica la policía tiene como fin orientar la pesquisa para individualizar al sospechoso cuando se lo desconoce absolutamente o se tienen datos insuficientes para suponer de quien se trata (v. fs. 69). Agregó que el procedimiento de recorrido fotográfico, no constituye un acto ilegítimo salvo que se pruebe un ocultamiento malicioso, o la inducción o coacción para señalar a determinados sujetos, lo que no había ocurrido en el caso. Indicó que dicho medio de prueba constituye "...un acto introductorio, informativo y orientativo de la investigación que encuentra respaldo en las atribuciones conferidas por el artículo 294, inciso 7, del C.P.P. en cuanto habilita a la policía a dirigir interrogaciones a los testigos, en el marco de su obligación de investigar que se desprende de la doctrina del art. 293 del C.P.P." (fs. 69 vta.). Destacó que tampoco advertía actividad ilegal alguna por parte del personal policial en relación con la facultad de reunir las fotografías (conf. arts. 2.b y 23, ley 25.326 y 26 inc. "h", ley 12.155).
Por otro, se refirió a la exigencia de la notificación previa a la defensa -argumento sobre el cual el tribunal del juicio fundó la nulificación-, y señaló que dicha diligencia no se rige por el art. 257 y siguientes del Código de rito, que en todos los casos se refiere a situaciones en las que el presunto imputado está previamente identificado, sino que se enmarca en lo normado por el art. 293 y siguientes del citado cuerpo legal en tanto se lleva a cabo cuando todavía no existe ninguna persona imputada, y por ende no son atendibles las críticas que se centran en supuestas inobservancias a las formas de su realización (v. fs. 70 y vta.). Reparó en que, aun cuando se considerara necesaria dicha notificación, su omisión, en el caso, no habilitaba la nulidad decretada por cuanto no se había demostrado un perjuicio concreto sufrido por dicha parte (v. fs. 71 vta.), el cual no sólo no fue alegado sino que además la defensa consintió el sometimiento de la causa a un juicio abreviado, con lo cual avaló que el juzgador dictara sentencia con todas las constancias que hasta ese momento obraban en el expediente, entre ellas la diligencia que el a quo consideró, oficiosamente, nula (v. fs. 72).
Por lo expuesto, concluyó que correspondía revocar el fallo en cuanto había declarado la nulidad del reconocimiento fotográfico por exhibición de álbumes de modus operandi instrumentado en causa n° 4020, y de los distintos actos procesales consecuentes, ordenando el reenvío de la causa al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento en relación con el hecho objeto de la causa mencionada, teniendo en cuenta el límite que imponía el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes (v. fs. 73).
IV. Como adelanté el reclamo no es de recibo.
IV.1. La afirmación de la parte de que en el caso se ha violado el ne bis in idem , trayendo a colación fragmentos de diversos pronunciamientos (caso "Green vs. United States", 355 U.S. 184-1957, receptado por la CSJN en el Fallo "Alvarado" -voto en disidencia de los Ministros Petracchi y Bossert-; y caso "Loayza Tamayo", sent. de 17-IX-1997, Serie C, n° 33, párrafos 66/77, CIDH), evidencia la ausencia de todo intento por explicar que la situación de aquellos sea parangonable a ésta según pregona (doctr. art. 495, CPP).
En efecto, en "Alvarado" se discutía sobre una posible reedición total del juicio, "...esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa)", cuando -según constante jurisprudencia de ese cuerpo- por imperio de los principios de progresividad y preclusión "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece" (cons. 6° y 9° del voto de los Jueces Petracchi y Bossert).
Aquí, en cambio, se trata de un fallo dictado en el marco de un juicio abreviado, que sitúa al caso en una situación muy diversa a la citada. El recurrente no advierte que la revocación de la sentencia absolutoria de origen no importa la reedición del debate oral, ni de las etapas a las que se aluden en el precedente invocado, siendo diferentes las contingencias de uno y otro (conf., mutatis mutandi , causas P. 126.673, sent. de 28-IX-2016; P. 128.993, sent. de 26-XII-2018; e.o.).
El caso "Loayza Tamayo" también difiere esencialmente del presente pues como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos la nombrada había sido absuelta en un fallo que adquirió firmeza luego de haberse interpuesto contra él los recursos respectivos (cons. 69). Por ese motivo, la Corte estimó que el intento posterior de juzgarla por los mismos hechos, pero bajo una figura penal distinta violaba la garantía prevista en el art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se aprecia, esto no debe confundirse con el caso aquí en tratamiento, en el que no hubo una absolución firme, y en el que el reenvío dispuesto por la casación determina considerar el hecho objeto de la causa teniendo en cuenta el límite impuesto por el acuerdo de juicio abreviado arribado por las partes.
Tampoco explica la incidencia que pudiera tener en la presente el caso "Green v. United States" (355 U.S. 184, 1957), en particular ante el diferente régimen que tiene la double jeopardy en los juicios por jurados en los Estados Unidos, junto con las contingencias causídicas tan disímiles.
Resumiendo, la parte se ha limitado a citas parciales que no contienen un análisis de los principios sentados en los precedentes en los que intenta apoyar su postura.
Los planteos se dirigen a cuestionar la habilitación legal que faculta al Ministerio Público Fiscal por medio del recurso de casación, a alzarse contra las sentencias absolutorias que repute arbitrarias (v. fs. 35 vta., rec. casatorio), cuya doctrina tiende a resguardar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias comprobadas de la causa (doctr. art. 18, Const. nac. y CSJN Fallos: 328:4580, "Morel", cons. 5° y sus citas; e.o.).
Entonces, si bien corresponde tener presente los principios de progresividad y preclusión, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal en casos como el presente.
Por lo demás, el enjuiciado Ovando -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (art. 495 cit.; conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto (art. 486, CPP -texto según ley 14.647-).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 495, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia