Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129233
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Hugo Cesar Goya, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Facundo Fernández por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"GOYA, HUGO CÉSAR S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 80.688 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.233-RQ, caratulada: "Goya, Hugo César s/ Recurso de queja en causa N° 80.688 del Tribunal de Casación, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 13 de junio de 2017, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que, a su vez, había rechazado el recurso de la especialidad incoado contra la decisión de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que confirmó la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba formulada a favor de Hugo César Goya (v. fs. 2/4).
Para así resolver, sostuvo que el recurrente "falla al demostrar el carácter de definitivo -o equiparable a tal- del pronunciamiento impugnado que dogmáticamente invoca" (fs. 3).
De seguido expuso, con cita de la causa P. 111.582 y P. 115.582 de este Tribunal que las "resoluciones como la atacada -confirmatorias del rechazo de un pedido de suspensión de juicio a prueba- no pueden considerarse definitivas en los términos del artículo 482 del Código Penal, puesto que no terminan la causa no hacen imposible su continuación ya que (…) suponen la obligación de continuar sometido a proceso" (fs. cit. y vta.).
Por último, expuso que la invocación de garantías constitucionales y o arbitrariedad "no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada".
II. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Facundo Fernández, articuló recurso de queja (v. fs. 13/14 vta.).
Alegó que lo decidido por la casación se contrapone con la doctrina del plenario de ese Tribunal (v. fs. 13 vta.).
Sostuvo que -contrario a lo afirmado por el a quo- la denegatoria de suspensión de juicio a prueba reviste el carácter de definitiva. Además, señaló que se plantearon cuestiones federales suficientes tales como violación de los principios de legalidad, "pro homine" y igualdad. Trajo a colación los precedentes "Norberto" y "Acosta Alejandro" de la CSJN (v. fs.13 vta./14).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Ello, en tanto, tiene dicho esta Corte que la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causa P. 104.366, resol. de 4-II-2009; P. 109.251, resol. de 3-III-2010; P. 111.313, resol. de 19-XII-2012; P. 115.978, resol. de 28-VIII-2013; P. 122.548, resol. de 16-VII-2014; P. 124.101, resol. de 4-11-XI-2015; P. 121.986, resol. de 22-XII-2015; P. 124.803, resol. de 29-XII-2015; P. 124.556, resol. de 9-III-2016; P. 124.801, resol. de 16-III-2016; P. 119.558, resol. de 6-IV-2016; P. 124.179, resol. de 18-V-2016; P. 123.980, resol. de 10-VIII-2016; P. 124.794, resol. de 31-VIII-2016; entre otros).
La defensa no removió con eficacia dicho obstáculo formal.
Finalmente, la denuncia de afectación de garantías constitucionales tampoco resulta hábil para cambiar la suerte de lo decidido. Sobre el punto, cabe recordar que las pretensas cuestiones federales traídas no suplen la ausencia de definitividad (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
IV. Por último, y en lo que hace a la regulación de honorarios, cabe destacar que de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Hugo Cesar Goya, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Facundo Fernández por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2534
Fin de la sentencia